\u00abThe Spanish government can now shut down digital services without a court warrant as a \u00abthreat of public order.\u00bb As\u00ed empezaba el art\u00edculo con que EUobserver, uno de los peri\u00f3dicos digitales de referencia editados en Bruselas, explicaba la entrada en vigor, el pasado 6 de noviembre, del \u201cdecreto digital\u201d, o de lo que ya se conoce como el decreto de \u201cla patada en el servidor\u201d. Decreto por cierto que se ha convalidado con un considerable estruendo pol\u00edtico por parte de la Diputaci\u00f3n Permanente del Congreso de los Diputados el pasado 27 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n
Este real decreto-ley puede llevar no s\u00f3lo a Catalu\u00f1a sino tambi\u00e9n a Espa\u00f1a a un \u00abestado de excepci\u00f3n digital\u00bb. Con su aprobaci\u00f3n, se permite ahora cerrar servicios digitales (sitios web, aplicaciones, acceso a Internet\u2026) de manera preventiva, sin orden judicial, cuando exista \u201camenaza para el orden p\u00fablico\u201d. O por razones de \u201cseguridad nacional\u201d. O cuando una \u201cpresunta actividad [infractora\u201d\u2026 ] cree graves problemas econ\u00f3micos u operativos a otros proveedores o usuarios\u201d. Situaciones gen\u00e9ricas sometidas a la libre interpretaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n del Estado<\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de su aprobaci\u00f3n se reconoce por parte del propio Gobierno Espa\u00f1ol como la norma que impedir\u00eda la eventual \u00abseparaci\u00f3n digital\u00bb de Catalu\u00f1a. Es decir, el art\u00edculo 155 digital.<\/p>\n\n\n\n
Unos apuntes al respecto:<\/p>\n\n\n\n
Querer controlar internet o las redes de telecomunicaciones a trav\u00e9s del ya conocido #decretazodigital<\/em> o #leymordazadigital<\/em> proyecta una mala imagen internacional. No s\u00f3lo de Catalu\u00f1a sino tambi\u00e9n de Espa\u00f1a, equipar\u00e1ndose, con esta medida, a pol\u00edticas desarrolladas m\u00e1s propias de Estados autoritarios que de pa\u00edses plenamente democr\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n Internet tiene que ser un espacio de comunicaci\u00f3n y expresi\u00f3n libre de la informaci\u00f3n entre personas. Siempre que se haga de manera respetuosa, todo el mundo tiene que poder manifestar sus ideas y posicionamientos libremente, tambi\u00e9n en el espacio digital. En este sentido trabajan las diferentes entidades e instituciones de Catalu\u00f1a con el fin de dotar a la ciudadan\u00eda de las mejores infraestructuras tecnol\u00f3gicas y los mejores servicios digitales posibles.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea<\/a> se\u00f1ala que \u201ctoda persona tiene derecho a la libertad de expresi\u00f3n\u201d, y que este derecho \u201ccomprende tanto la libertad de opini\u00f3n como la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades p\u00fablicas y sin consideraci\u00f3n de fronteras\u201d. El Real Decreto-ley 14\/2019<\/a>, aprobado en uno de los Estados miembros, abre la puerta a vulnerar estos derechos fundamentales. El control preventivo de las comunicaciones viola derechos ciudadanos, condiciona la pr\u00e1ctica profesional y supone un ataque directo a la privacidad individual. El uso de la tecnolog\u00eda con esta finalidad s\u00f3lo es comparable a la censura que recuerda a sistemas autoritarios de otras \u00e9pocas<\/p>\n\n\n\n No se respetan derechos fundamentales y de las libertades p\u00fablicas de todos los ciudadanos espa\u00f1oles, como recoge el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola: \u201cSe garantiza el secreto de las comunicaciones y, especialmente, de las postales, telegr\u00e1ficas y telef\u00f3nicas, excepto resoluci\u00f3n judicial\u201d. Pues el real decreto-ley prev\u00e9 la intervenci\u00f3n de los servicios digitales e infraestructuras de red, sin orden judicial.<\/p>\n\n\n\n Las medidas adoptadas en este real decreto-ley impactan negativamente en la atracci\u00f3n de talento y la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y generan inseguridad jur\u00eddica. Limita a las empresas porque permite al gobierno espa\u00f1ol intervenir redes sociales, servidores y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas; y pone trabas al desarrollo de soluciones basadas en tecnolog\u00edas de registro distribuido.<\/p>\n\n\n\n Espa\u00f1a, pues, se pone a liderar la represi\u00f3n digital en Europa, alcanzando el nivel de estados como Turqu\u00eda o China. Por lo tanto, hay que combatirlo en todas las instancias pol\u00edticas, judiciales e internacionales. Es inadmisible que en la Europa del siglo XXI se aprueben estos medidas legales como esta, tal como ya ha manifestado en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n el Conseller de Pol\u00edticas Digitales y Administraci\u00f3n P\u00fablica, Jordi Puigner\u00f3.<\/p>\n\n\n\n La Carta catalana para los derechos y las responsabilidades digitales<\/a> aprobada por el Parlament de Catalunya es un claro ejemplo del trabajo que se est\u00e1 haciendo desde el Govern.<\/p>\n\n\n\n Esta carta nace en un marco donde las sociedades, protagonistas de los cambios que nos rodean, revisamos continuamente los grandes pactos con que definimos c\u00f3mo nos organizamos y convivimos. Actualmente, Internet y las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC) nos vierten hacia una nueva negociaci\u00f3n: c\u00f3mo seguimos defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales teniendo en cuenta las nuevas circunstancias de la era digital, c\u00f3mo nos hacemos corresponsables y c\u00f3mo cocreamos y consensuamos este nuevo gran pacto social. <\/p>\n\n\n\n Y el mundo digital no es un espacio aparte, ajeno al mundo que habitamos, sino que es una dimensi\u00f3n que aporta elementos nuevos y determinantes a nuestras vidas. Nos encontramos en un cambio de era, y por eso la Carta catalana para los derechos y las responsabilidades digitales tiene como punto de partida y marco de referencia la constante construcci\u00f3n de los derechos fundamentales para fijarse, m\u00e1s concretamente, en su evoluci\u00f3n en el \u00e1mbito digital. <\/p>\n\n\n\n La propuesta, pues, recoge derechos humanos aceptados hasta ahora, con su versi\u00f3n digital \u2013\u201cderechos digitalizados\u201d<\/em>\u2013 y, al mismo tiempo, explora derechos digitales nuevos, emergentes. El punto 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas defiende establecer \u201calianzas para los objetivos mundiales: fortalecer los medios para implementar y revitalizar las asociaciones mundiales para un desarrollo sostenible\u201d. Por eso, la Carta catalana para los derechos y las responsabilidades digitales tiene vocaci\u00f3n de contribuci\u00f3n al debate global. <\/p>\n\n\n\n La Carta considera ciudadan\u00eda a todas las personas del conjunto de la sociedad y parte de la premisa que ciudadanas y ciudadanos somos parte activa y no s\u00f3lo administrada. Tenemos que participar de la toma de decisiones que nos afectan. La era digital facilita este empoderamiento ciudadano. El Diccionario de la lengua catalana del Instituto de Estudios Catalanes define responsabilidad como la \u201ccapacidad de responder de alguna cosa, de garantizar la realizaci\u00f3n de una tarea, el cumplimiento de un deber, de dar raz\u00f3n.\u201d <\/p>\n\n\n\n Para disfrutar de cualquier derecho hace falta que las administraciones p\u00fablicas y las instituciones cumplan con la responsabilidad de poner todos los medios necesarios y auditables para garantizar el despliegue, as\u00ed como la comunicaci\u00f3n adecuada, la capacitaci\u00f3n para acceder f\u00e1cilmente y en poco tiempo, y la comprensi\u00f3n por parte de toda la ciudadan\u00eda. Asimismo, tienen la responsabilidad de exigir estas garant\u00edas a los actores implicados, y tienen que rendir cuentas ante una ciudadan\u00eda proactiva para la eficacia del despliegue de los derechos. <\/p>\n\n\n\n La Carta tambi\u00e9n entiende como responsabilidad el ejercicio del derecho de la ciudadan\u00eda de ser copart\u00edcipe, corresponsable. Una ciudadan\u00eda capaz, empoderada, ejerce esta corresponsabilidad, no con un conjunto de elecciones individuales, sino con la suma de aportaciones para la construcci\u00f3n colaborativa de un espacio com\u00fan de derechos y libertades compartidas. . <\/p>\n\n\n\n En cualquier caso, las responsabilidades tienen que ser ejercidas y exigibles, de acuerdo con la naturaleza y capacidad de impacto social de quien las tiene. Los derechos y las responsabilidades digitales propuestos se dirigen al conjunto de la sociedad, a todas las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, incluidas empresas, entidades sin \u00e1nimo de lucro e instituciones p\u00fablicas. Adem\u00e1s, es necesario velar especialmente por los derechos de las personas y de los colectivos potencialmente m\u00e1s vulnerables y con riesgo de discriminaci\u00f3n, as\u00ed como priorizar las tareas dirigidas a reducir la brecha digital.<\/p>\n\n\n\n Un grupo de trabajo inicial formado por profesionales y representantes civiles hemos elaborado la primera propuesta de redactado. El texto re\u00fane consenso gubernamental y c\u00edvico ya que incluye el trabajo colaborativo de activistas sociales y digitales, juristas, representantes p\u00fablicos, sector privado, personas expertas en relaciones internacionales y personal acad\u00e9mico e investigador.<\/p>\n\n\n\n La Carta catalana para los derechos y las responsabilidades digitales es pues una herramienta viva y en construcci\u00f3n constante. Abierta, inclusiva y siguiendo un modelo de gobernanza con pluralidad de actores (multi-stakeholderism), la propuesta entr\u00f3 recientemente en un primer periodo de participaci\u00f3n ciudadana y de revisi\u00f3n de personas expertas de todo el mundo. Ahora, el grupo de trabajo inicial estamos elaborando una nueva versi\u00f3n de la Carta que tiene en cuenta las contribuciones recibidas. Asimismo, se han detectado aportaciones que ser\u00e1n tratadas en grupos de trabajo m\u00e1s espec\u00edficos para poder ser incluida en futuras versiones.<\/p>\n\n\n\n De momento, aparecen los siguientes \u00e1mbitos de derechos y responsabilidades:<\/p>\n\n\n\n En todo el mundo, tambi\u00e9n en los pa\u00edses m\u00e1s desarrollados, si bien se ha avanzado mucho, todav\u00eda no se puede dar por consolidado el acceso universal a las TIC: ni a la infraestructura, ni al hardware, ni al software. Si entendemos Internet como un bien p\u00fablico global, este tiene que ser resiliente, y todas las personas tienen que poder acceder de manera estable y segura [1]<\/a><\/span><\/span>. <\/p>\n\n\n\n El ejercicio y la defensa de los derechos y las responsabilidades digitales, adem\u00e1s de un acceso universal a Internet, requieren nuevas estructuras democr\u00e1ticas. El modelo de gobernanza global de Internet, basado en sistemas de colaboraci\u00f3n con diversidad de actores, requiere una ciudadan\u00eda empoderada que, local y globalmente, defienda y contribuya a la construcci\u00f3n de los derechos humanos. Los poderes p\u00fablicos tienen que reconocer y garantizar los mecanismos para que la gobernanza de Internet y de la identidad digital corresponda a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Las TIC pueden se pueden utilizar para mejorar la calidad de los procesos de dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas y para fortalecer la legitimidad. Por eso, las administraciones p\u00fablicas, cooperando estrechamente con la sociedad civil y con una pluralidad de actores, y de manera inclusiva, tienen que seguir desarrollando formas de participaci\u00f3n ciudadana real en la toma de decisiones y el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas. Las instituciones p\u00fablicas tienen que poner estos mecanismos de participaci\u00f3n a disposici\u00f3n de la ciudadan\u00eda de manera abierta y auditable para cualquier persona, de acuerdo con los principios de privacidad por dise\u00f1o y por defecto.<\/p>\n\n\n\n Para alcanzar un Internet libre de censura, tambi\u00e9n con car\u00e1cter preventivo, el ejercicio del derecho de libertad de expresi\u00f3n y de informaci\u00f3n se tiene que defender tanto en el \u00e1mbito digital, como en el espacio fuera de l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n La Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos en 1948 ya reconoce que \u00abtodo el mundo tiene el derecho de participar libremente de la vida cultural de la comunidad, de disfrutar de las artes y de compartir los avances cient\u00edficos y sus beneficios\u00bb. M\u00e1s all\u00e1 de estos dos grandes grupos de conocimiento, artes y ciencia, la era digital pone de relieve un tercero, el tecnol\u00f3gico, que no constaba en la Declaraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Si las sociedades tienen que ser abiertas e inclusivas, todo el mundo tambi\u00e9n tiene que tener derecho a generar, distribuir y compartir conocimiento digital, es decir, aquel que permite dise\u00f1ar, entender, construir y evaluar los nuevos sistemas, aplicaciones y servicios de la era digital, como tambi\u00e9n las nuevas estructuras econ\u00f3micas, pol\u00edticas, sociales y los nuevos c\u00f3digos \u00e9ticos. El derecho y la responsabilidad de acceder al conocimiento tecnol\u00f3gico, libre y abierto, tiene que ser la base de la sociedad digital y la base de la soberan\u00eda de la ciudadan\u00eda en esta era.<\/p>\n\n\n\n El derecho a innovar en los diferentes \u00e1mbitos de la sociedad digital es un nuevo derecho humano universal y una responsabilidad propia de la ciudadan\u00eda en nuestra era. Internet no s\u00f3lo permite consultar el conocimiento existente (navegar) y compartirlo; permite, sobre todo, crear nuevo conocimiento, cocrearlo, adaptarlo, contrastarlo, hacer versiones, mejorarlo, escalarlo y distribuirlo libremente.<\/p>\n\n\n\n Siempre que se haga acceso y uso de los datos abiertos que son de inter\u00e9s p\u00fablico por favorecer la innovaci\u00f3n abierta, la investigaci\u00f3n y el conocimiento democr\u00e1tico, se garantizar\u00e1 el derecho a la privacidad de las personas. Eso requiere un contexto de soberan\u00eda personal sobre los datos propios donde, por dise\u00f1o, se defiende la privacidad de las personas y la transparencia de las instituciones.<\/p>\n\n\n\n Todo el mundo tiene el derecho y la responsabilidad de educarse y educar sobre y mediante las tecnolog\u00edas digitales y de los nuevos derechos y las nuevas estructuras sociales, econ\u00f3micas y culturales de la era digital. <\/p>\n\n\n\n Los sistemas basados en la inteligencia artificial en los \u00e1mbitos p\u00fablicos y privados tienen que ser fiables y se tienen que dise\u00f1ar de manera respetuosa con la privacidad y la \u00e9tica sobre la base de criterios de verificabilidad transparentes. La confianza en el desarrollo, el despliegue y el uso de estos sistemas se refiere, no s\u00f3lo a las propiedades inherentes de la tecnolog\u00eda, sino tambi\u00e9n a las cualidades sociot\u00e9cnicas, que implican la inclusi\u00f3n de todos los actores y procesos que forman parte del sistema durante todo el ciclo. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El punto 16 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas defiende \u00abpromover sociedades pac\u00edficas e inclusivas para conseguir un desarrollo sostenible, proporcionar a todas las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles\u00bb.<\/p>\n\n\n\n De manera que los organismos p\u00fablicos tienen que establecer mecanismos p\u00fablicos de salvaguardia de los derechos de la ciudadan\u00eda en el uso de desarrollos tecnol\u00f3gicos, y garantizar a todas las personas el acceso universal y efectivo a sistemas y mecanismos de resoluci\u00f3n de conflictos eficaces y eficientes, gratuitos y de respuesta r\u00e1pida. Estos mecanismos tienen que compensar las diferencias econ\u00f3micas, geogr\u00e1ficas y log\u00edsticas de las personas consumidoras y usuarias de desarrollos tecnol\u00f3gicos ante los desarrolladores y corporaciones tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n\n\n\n Hemos denunciado el contexto represivo en Catalunya<\/a>, pero la defensa de los derechos humanos, tambi\u00e9n en el \u00e1mbito digital, es una cuesti\u00f3n global que requiere un debate global. As\u00ed lo plantea el punto 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)<\/a>, que aboga por fortalecer alianzas mundiales para alcanzar los objetivos globales. Por eso contamos con un Avisory Board para la Carta, un grupo internacional de personas expertas en derechos humanos y sociedad digital.<\/p>\n\n\n\n Los derechos y las responsabilidades digitales (los propuestos en la Carta pero tambi\u00e9n los que hacen referencia al Real Decreto), afectan al conjunto de la sociedad, a todas las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, incluidas empresas, entidades sin af\u00e1n de lucro e instituciones p\u00fablicas. Todas las responsabilidades tienen que ser ejercidas y exigibles de acuerdo con la naturaleza y capacidad de impacto social de quien las tiene. <\/p>\n\n\n\n Y Catalunya tiene que ser tierra referente en el cumplimiento y defensa de los derechos y libertades digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00abThe Spanish government can now shut down digital services without a court warrant as a \u00abthreat of public order.\u00bb As\u00ed empezaba el art\u00edculo con que EUobserver, uno de los peri\u00f3dicos digitales de referencia editados en Bruselas, explicaba la entrada en vigor, el pasado 6 de noviembre, del \u201cdecreto digital\u201d, o de lo que ya se conoce como el decreto de \u201cla patada en el servidor\u201d. Decreto por cierto que se ha convalidado con un considerable estruendo pol\u00edtico por parte de la Diputaci\u00f3n Permanente del Congreso de los Diputados el pasado 27 de noviembre. 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