{"id":24971,"date":"2020-12-11T14:19:39","date_gmt":"2020-12-11T14:19:39","guid":{"rendered":"https:\/\/revistaidees.cat\/?p=24971"},"modified":"2020-12-11T14:19:40","modified_gmt":"2020-12-11T14:19:40","slug":"y-mas-alla-de-la-critica-que","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistaidees.cat\/es\/y-mas-alla-de-la-critica-que\/","title":{"rendered":"\u00bfY m\u00e1s all\u00e1 de la cr\u00edtica, qu\u00e9?"},"content":{"rendered":"\n

Durante los \u00faltimos a\u00f1os, sobre todo a ra\u00edz de la judicializaci\u00f3n del proc\u00e9s catal\u00e1n, hemos podido asistir a un uso err\u00e1tico e incluso arbitrario de los delitos de odio. Algunos de los atestados de la Polic\u00eda Nacional y de la Guardia Civil, como el que recoge la negativa de un mec\u00e1nico del Maresme a reparar veh\u00edculos policiales usados durante los episodios de la violencia policial del 1 de octubre, han llegado al l\u00edmite del rid\u00edculo. El discurso de incitaci\u00f3n al odio, figura desconocida por la mayor\u00eda social e incluso por la judicatura hasta entonces, ha pasado a ocupar portadas de peri\u00f3dicos, un espacio central en el debate pol\u00edtico. El peligroso uso para las libertades que ha hecho el Estado de esta figura durante estos \u00faltimos a\u00f1os ha generado un efecto p\u00e9ndulo, provocando un cierre de filas de las izquierdas en contra de esta herramienta legal<\/p>\n\n\n\n

Primera ronda: cr\u00edticas compartidas<\/h5>\n\n\n\n

Las cr\u00edticas a la criminalizaci\u00f3n del discurso de incitaci\u00f3n al odio o hate speech<\/em> han ido discerniendo las consideraciones ideol\u00f3gicas, hist\u00f3ricas, filos\u00f3ficas y jur\u00eddicas que las justifican. Y en su mayor\u00eda, han sido acertadas. La conclusi\u00f3n de fondo ha sido que las consecuencias negativas que puede llegar a comportar no compensan los beneficios colectivos que puede reportar. Como ideas subyacentes a todas las cr\u00edticas formuladas encontramos, por un lado, el riesgo de dejar en manos del Estado la definici\u00f3n y sobre todo la interpretaci\u00f3n de lo que se puede decir y lo que no, sabiendo que la tendencia de cualquier Estado es la de restringir los discursos que vayan en contra de los poderes f\u00e1cticos y de las formas de sentir mayoritarias. Y, por otro lado, el hecho de que no es leg\u00edtimo penar las ideas, solo las conductas, y que el odio es un sentimiento leg\u00edtimo, inseparable del derecho a la ideolog\u00eda y a articular una participaci\u00f3n pol\u00edtica coherente con la misma. El rosario de pol\u00edticos, activistas, maestros y m\u00fasicos condenados o encausados avala el fundamento de estas dos suspicacias centrales.<\/p>\n\n\n\n

Desde el prisma pr\u00e1ctico, se ha recriminado al delito de incitaci\u00f3n al odio que se haya usado la prohibici\u00f3n del discurso de incitaci\u00f3n al odio para perseguir la disidencia; que se haya confundido el delito de incitaci\u00f3n al odio con el de la incitaci\u00f3n al terrorismo; que la vaga redacci\u00f3n del art\u00edculo 510 del C\u00f3digo Penal pueda comportar la penalizaci\u00f3n de discursos leg\u00edtimos o que las penas de prisi\u00f3n de hasta cuatro a\u00f1os, si los discursos t\u00f3xicos se vehiculan a trav\u00e9s de las redes sociales, son desproporcionadas. Estas cr\u00edticas han cristalizado en dos posturas: las m\u00e1s radicales han reclamado la abolici\u00f3n del delito del art\u00edculo 510 del C\u00f3digo Penal (y de hecho de otros art\u00edculos, como el de ofensa a los sentimientos religiosos del art\u00edculo 525 del C\u00f3digo Penal con el que se pretend\u00eda condenar a las activistas de la procesi\u00f3n del \u201cco\u00f1o insumiso\u201d de Sevilla). Y las posturas m\u00e1s atenuadas, que han defendido la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 510 proponiendo una bater\u00eda de cambios que pasen por rebajar las penas, clarificar el redactado, a\u00f1adir una menci\u00f3n a la intencionalidad de quien comete el delito o eliminar la posibilidad de cometerlo mediante el fomento, la promoci\u00f3n o la incitaci\u00f3n \u201cindirecta\u201d al odio, la hostilidad, la discriminaci\u00f3n o la violencia [1]<\/a>1 \u2014 Laia Serra Perell\u00f3 (2018). \u00abDiscurso de incitaci\u00f3n al odio: An\u00e1lisis desde los derechos humanos y pautas interpretativas\u00bb. Estudio realizado en el marco del proyecto\u00a0Reconstruyendo garant\u00edas de los derechos humanos en la lucha contra el odio,\u00a0impulsado por el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya en colaboraci\u00f3n con SOS Racismo Catalunya. Editado en Barcelona, diciembre de 2018. Disponible en l\u00ednea.\n<\/span><\/span>.<\/p>\n\n\n\n

La \u00faltima novedad relevante sobre el delito 510 del C\u00f3digo Penal sobre incitaci\u00f3n al odio es la promulgaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda General del Estado de la Circular 7\/2019 [2]<\/a>2 \u2014 Circular 7\/2019, de 14 de mayo, de la Fiscal\u00eda General del Estado, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art\u00edculo 510 del C\u00f3digo Penal. Publicado en el \u00abBOE\u00bb n\u00famero 124, 24 de mayo de 2019. Disponible en l\u00ednea.\n<\/span><\/span>, que impone a los Fiscales de todo el Estado una interpretaci\u00f3n concreta del mismo. Esta Circular gener\u00f3 cierto alboroto inicial cuando se public\u00f3, pero acto seguido se ha consolidado sin resistencia. Incomprensiblemente, se ha destinado una enorme energ\u00eda cr\u00edtica hacia el redactado del art\u00edculo 510, pero no hacia esta Circular que consolida la interpretaci\u00f3n. Adem\u00e1s de las consideraciones pedag\u00f3gicas contenidas a lo largo de sus 41 p\u00e1ginas, a efectos sociales y pol\u00edticos, lo que m\u00e1s relevancia tiene es el hecho de que la Fiscal\u00eda por primera vez ponga negro sobre blanco respecto a su criterio a la hora de decidir qu\u00e9 discursos tienen que ser castigados y cu\u00e1les no.<\/p>\n\n\n\n

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Si la protecci\u00f3n de las personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados deja de ser el fundamento y la pauta interpretativa de la aplicaci\u00f3n de estos delitos, cualquier persona, con indiferencia de su estatus social, puede ser protegida por los delitos de odio. Esta es la explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 se ha protegido indebidamente a polic\u00edas, jefes de Estado y otras figuras p\u00fablicas<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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En un loable ejercicio performativo de \u201cneutralidad de Estado\u201d, la Fiscal\u00eda menciona que lo que se proh\u00edbe es \u201cun ataque al diferente como expresi\u00f3n de una intolerancia incompatible con la convivencia\u201d. Esta menci\u00f3n aclara la ra\u00edz de una de las grandes problem\u00e1ticas existentes en la aplicaci\u00f3n arbitraria del Art\u00edculo 510 del C\u00f3digo Penal. El fundamento para castigarlos no es la dignidad de las personas ni su derecho a la diferencia, ni siquiera la necesidad de castigar espec\u00edficamente las conductas que atentan contra la posibilidad de que las personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados puedan ejercer en condiciones de equidad sus derechos fundamentales. La Fiscal\u00eda descontextualiza la raz\u00f3n hist\u00f3rica de ser de los delitos de odio, como herramienta antidiscriminatoria, y les usurpa la condici\u00f3n de violencia pol\u00edtica, para convertirlos en un instrumento de garant\u00eda de la convivencia social. Si el criterio de penalizaci\u00f3n es de la proscripci\u00f3n de la intolerancia, cualquier actuaci\u00f3n motivada por el antagonismo y por la cr\u00edtica a la diferencia podr\u00e1 ser sancionada.<\/p>\n\n\n\n

Si la protecci\u00f3n de las personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados deja de ser el fundamento y la pauta interpretativa de la aplicaci\u00f3n de estos delitos, una primera consecuencia pr\u00e1ctica es que cualquier persona, con indiferencia de su estatus social, puede ser protegida por los delitos de odio. Esta es la explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 se ha protegido indebidamente a polic\u00edas, jefes de Estado y otras figuras p\u00fablicas o incluso a nazis y ultras con esta herramienta. Una segunda consecuencia es que se podr\u00e1n prohibir los discursos motivados por la \u201cintolerancia\u201d, con independencia de si su motivaci\u00f3n de fondo y su intenci\u00f3n es la de promover derechos y valores o bien, la contraria.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Segunda ronda: reflexiones autocr\u00edticas<\/h5>\n\n\n\n

Una primera autocr\u00edtica pasa por la toma de conciencia de quienes hemos estado protagonizando las cr\u00edticas a la prohibici\u00f3n de los discursos de incitaci\u00f3n al odio. La mayor\u00eda de opiniones y an\u00e1lisis que han sido divulgadas, proven\u00edan de profesionales expertos en derecho, filosof\u00eda, periodismo, sociolog\u00eda, entre otros, que hemos analizado la problem\u00e1tica sin admitir los privilegios desde los que hemos abordado esta problem\u00e1tica. Nuestros an\u00e1lisis han partido de la asepsia y de la comodidad de la distancia cr\u00edtica que permite el an\u00e1lisis te\u00f3rico. Con esto, nos hemos atribuido una autolegitimidad de la representatividad y de la solidez de nuestros puntos de vista cr\u00edticos, a la vez que hemos reproducido la habitual jerarqu\u00eda de fuentes de conocimiento sobre la materia teor\u00eda vis conocimiento situado. Nos tenemos que preguntar si las personas que hemos tenido altavoz somos representativas de la diversidad social, si nuestras posturas han abordado toda la dimensi\u00f3n de los delitos de odio y si nuestras cr\u00edticas buscaban defender nuestros derechos y valores normativos, o bien pon\u00edan en el centro el bienestar y los derechos de estos \u201cotros\u201d, los colectivos vulnerabilizados.<\/p>\n\n\n\n

El hecho de tener que afrontar en carne propia y de forma cotidiana los discursos de incitaci\u00f3n al odio, seguro que nos dar\u00eda una visi\u00f3n m\u00e1s completa de la dimensi\u00f3n de este fen\u00f3meno. A menudo se han esgrimido argumentos como el hecho de que nadie puede exigir el derecho a verse libre de cr\u00edtica, que la convivencia exige tolerar expresiones e ideas que nos incomodan o que hay que asumir que los derechos individuales encuentran su l\u00edmite en los derechos del resto de la colectividad. Estas cr\u00edticas pueden llegar a encubrir el desconocimiento de la violencia de la discriminaci\u00f3n y pueden llegar a frivolizar de manera da\u00f1ina las consecuencias de los discursos de incitaci\u00f3n al odio. Sus impactos no se reducen a una cuesti\u00f3n de bienestar o de honorabilidad individual, sino que afectan a la seguridad personal, a la conformaci\u00f3n de las identidades, a las decisiones vitales, a las oportunidades laborales, a la vida familiar o a la privaci\u00f3n del derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica de miles de personas. Quiz\u00e1s ser\u00eda conveniente reflexionar si la defensa de nuestra identidad social pasa por la reivindicaci\u00f3n de los derechos y los valores que reivindicamos o tambi\u00e9n pasa por el valor humano que atribuimos a los otros, por nuestra concepci\u00f3n de ciudadan\u00eda y por dar la misma importancia al compromiso de crear unas condiciones sociales en las que todas podamos ser parte activa de la construcci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

Una segunda reflexi\u00f3n se centra en la cr\u00edtica al uso de la herramienta en base a la ecuaci\u00f3n de \u201ccostes-beneficios\u201d. Un argumento habitual es que la interpretaci\u00f3n de los delitos de odio acaba comportando usos abusivos y por lo tanto, es mejor eliminarlos del C\u00f3digo Penal. Para empezar, ser\u00eda necesario, a la hora de hacer el c\u00e1lculo, ver de qu\u00e9 costes se habla y qu\u00e9 sectores sociales los asumen. Dicho esto, si sigui\u00e9ramos un criterio meramente utilitarista de an\u00e1lisis de las herramientas legales, nos podr\u00edamos llegar a plantear de qu\u00e9 sirve la legislaci\u00f3n sobre violencias machistas, si se tiene que aplicar en un sistema judicial patriarcal que lo interpretar\u00e1 de manera err\u00f3nea y a veces incluso contraproducente. Hay que recordar que cuando se introdujo el delito de feminicidio en varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, algunas de las primeras condenas se aplicaron a homicidios cometidos dentro de relaciones l\u00e9sbicas.<\/p>\n\n\n\n

Es cierto que las consecuencias derivadas del mal uso de cualquier delito son graves y no pueden dejar de tenerse en cuenta, pero resulta del todo incongruente que a nivel estrat\u00e9gico hayamos permitido que se instaurara la perniciosa interpretaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda. Esta ha aprovechado que, desde la reforma del C\u00f3digo Penal de 2015, que plasm\u00f3 la actual redacci\u00f3n del art\u00edculo 510, la sociedad civil organizada no haya sido capaz de articular un consenso social que fuerce otra concepci\u00f3n y sobre todo, otra interpretaci\u00f3n de los delitos de odio: la Fiscal\u00eda nos ha avanzado por la derecha. Har\u00e1 falta mucho trabajo colectivo para que, a base de casos judiciales, debates, art\u00edculos y conferencias, denunciemos que la Fiscal\u00eda \u2014el Estado\u2014, con el pretexto de velar por la igualdad (formal), est\u00e1 desnaturalizando aquellos delitos hasta el punto de aplicarlos en contra de las personas a las que tendr\u00eda que estar protegiendo. De momento parece que la \u00fanica estrategia en curso es la que sigue Podemos, que desde 2018 est\u00e1 procurando una reforma del C\u00f3digo Penal en materia de \u00abdelitos de expresi\u00f3n\u00bb que aborda la reforma del art\u00edculo 510. [3]<\/a>3 \u2014 Leonor Mayor Ortega. \u00abEl Congreso da el primer paso para reformar el C\u00f3digo Penal y evitar condenas como la del rapero Valtonyc\u00bb. Art\u00edculo publicado en La Vanguardia el 23 de octubre de 2018. Disponible en l\u00ednea.\n<\/span><\/span> <\/p>\n\n\n\n

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La respuesta del Estado se ha impuesto porque la sociedad civil y los actores sociales no nos hemos responsabilizado de articular mecanismos de neutralizaci\u00f3n de los discursos t\u00f3xicos<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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Una \u00faltima reflexi\u00f3n pasa por la admisi\u00f3n de que, m\u00e1s all\u00e1 de las cr\u00edticas al art\u00edculo 510 del C\u00f3digo Penal, han sido pocas las soluciones que desde las izquierdas hemos aportado a esta problem\u00e1tica. A pesar de esto, a veces incluso se han dado situaciones sangrientas, en las que se ha criticado ferozmente a los colectivos afectados porque pretend\u00edan frenar los discursos de incitaci\u00f3n al odio a base de sanciones administrativas y a trav\u00e9s de las nuevas leyes antidiscriminatorias, como las leyes LGTBI. Se puede creer firmemente que el establecimiento de estas sanciones no ser\u00e1 una medida efectiva, o incluso que su establecimiento puede acabar reforzando el poder de censura del Estado. Pero antes de lanzar cr\u00edticas tan duras, hay que reflexionar sobre si es justo que se atribuya a determinados colectivos vulnerabilizados el ser los responsables de dilapidar la libertad de expresi\u00f3n de este pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Cuestiones no resueltas<\/h5>\n\n\n\n

De nuevo, la respuesta del Estado, por la v\u00eda de la sanci\u00f3n, sea penal o administrativa, se ha impuesto porque la sociedad civil y los actores sociales no nos hemos responsabilizado de articular mecanismos de neutralizaci\u00f3n de los discursos t\u00f3xicos. Si cada vez que alguien tuiteara un contenido t\u00f3xico contra alg\u00fan colectivo \u2014como el transexual, la ciudadan\u00eda, los colectivos LGTBI\u2014 las entidades de derechos humanos y las instituciones atenuaran sus consecuencias, rechaz\u00e1ndolo p\u00fablicamente y apoyando al colectivo agraviado, probablemente aquel colectivo no se ver\u00eda conducido a la dicotom\u00eda entre no actuar y seguir soportando el efecto acumulativo de la discriminaci\u00f3n, o bien acudir a la judicializaci\u00f3n para responder a aquel tuit y disuadir tuits futuros.<\/p>\n\n\n\n

Este ejemplo se relaciona con una de las primeras cuestiones centrales no resueltas en el abordaje de los discursos de incitaci\u00f3n al odio: si se cuestionan las herramientas legales sancionadoras por sus efectos perniciosos y se exige a los colectivos vulnerabilizados que renuncien, la contrapartida pasa por estar dispuestos como sociedad a destinar grandes dosis de energ\u00eda y de compromiso por corresponsabilizarnos a la mitigaci\u00f3n de los efectos de estos discursos intoxicantes. En segundo lugar, tambi\u00e9n pasa por transformar el actual sistema de interacci\u00f3n social comunicativa, ya sea de los medios de comunicaci\u00f3n cl\u00e1sicos o de las redes sociales, para asegurar que emerjan las contra narrativas a los discursos intoxicantes y que los colectivos agraviados los puedan confrontar con ciertas posibilidades de \u00e9xito. Esta ser\u00eda la soluci\u00f3n a medio y largo plazo, pero no permitir\u00eda resolver los da\u00f1os cotidianos que est\u00e1n afectando a miles de personas de varios sectores sociales. Y de momento no parece que estemos avanzando en esta direcci\u00f3n; es m\u00e1s, se invierten muchos recursos al alimentar ciertos discursos para obtener r\u00e9ditos electorales o para lograr objetivos m\u00e1s pragm\u00e1ticos. Un ejemplo de esto es la monetizaci\u00f3n de la indignaci\u00f3n, que se alimenta del aumento de la distribuci\u00f3n de aquellos contenidos, aunque sea para denunciarlos.<\/p>\n\n\n\n

La otra cuesti\u00f3n no resuelta tiene que ver con un debate \u00e9tico, pol\u00edtico y jur\u00eddico que las izquierdas nos resistimos a afrontar. \u00bfProhibir discursos equivale a castigar ideas? \u00bfEl derecho a la libertad de expresi\u00f3n es un derecho en s\u00ed mismo \u2014una postura con cierto tinte liberal\u2014 o bien este derecho merece ser protegido si cumple su funci\u00f3n social a la hora de aportar al debate social y de promover los derechos colectivos? Esta \u00faltima postura es m\u00e1s cercana a la del Tribunal de Estrasburgo y a la llamada \u201cdemocracia militante\u201d. El consenso social al que lleguemos sobre estas preguntas determinar\u00e1 en gran parte los l\u00edmites que nos autoimponemos como sociedad a la hora de expresarnos. Mientras no nos aclaremos y tracemos una hoja de ruta propia, los l\u00edmites los seguir\u00e1 marcando el Estado, de forma cada vez m\u00e1s restrictiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Durante los \u00faltimos a\u00f1os, sobre todo a ra\u00edz de la judicializaci\u00f3n del proc\u00e9s catal\u00e1n, hemos podido asistir a un uso err\u00e1tico e incluso arbitrario de los delitos de odio. Algunos de los atestados de la Polic\u00eda Nacional y de la Guardia Civil, como el que recoge la negativa de un mec\u00e1nico del Maresme a reparar veh\u00edculos policiales usados durante los episodios de la violencia policial del 1 de octubre, han llegado al l\u00edmite del rid\u00edculo. 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