La cuesti\u00f3n catalana es coet\u00e1nea de la Espa\u00f1a contempor\u00e1nea. Al surgir el estado liberal y la industrializaci\u00f3n, el problema catal\u00e1n ya tens\u00f3 las costuras de las dos rep\u00fablicas y de la monarqu\u00eda, y estuvo en el origen de las dos dictaduras del siglo XX, condicionando la agenda pol\u00edtica espa\u00f1ola del primer tercio del siglo pasado. En lo que llevamos de siglo XXI, este contencioso at\u00e1vico ha mutado: se ha evidenciado con la emergencia de un movimiento independentista que pretende poner fin a la conllevancia en un contexto de crisis econ\u00f3micas peri\u00f3dicas y de deriva de las instituciones del Estado que est\u00e1 socavando los cimientos de un r\u00e9gimen del 1978 construido en base a la monarqu\u00eda, la reconciliaci\u00f3n y la autonom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Con todo, se tiene que decir que, contra un determinado estado de opini\u00f3n bastante generalizado, la agudizaci\u00f3n de la cuesti\u00f3n catalana no tiene que ver, solo, con el infeliz desenlace de la reforma estatutaria de 2006. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut fue el punto de ignici\u00f3n, si se quiere, pero no la causa eficiente de un rebrote tan en\u00e9rgico del problema, por decirlo en t\u00e9rminos aristot\u00e9licos. En 1978 los partidos catalanes mayoritarios (la izquierda tradicional y el nacionalismo de centro-derecha, para simplificar) priorizaron la democracia despu\u00e9s de 40 a\u00f1os de franquismo. A diferencia de 1931, la Generalitat provisional ni desafi\u00f3 la forma de gobierno en Espa\u00f1a ni cuestion\u00f3 el modelo territorial dise\u00f1ado por el constituyente, incluso cuando, un poco m\u00e1s tarde, los pactos auton\u00f3micos UCD-PSOE y la no-nata LOHPA \u2014respuesta en forma armonizadora a la amenaza que comport\u00f3 el golpe de estado del 23-F\u2014 acabaron imponiendo el caf\u00e9 para todos<\/em>. Catalunya se conform\u00f3 \u2014incluso se enorgulleci\u00f3\u2014 con liderar el piloto de la generalizaci\u00f3n auton\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n La agudizaci\u00f3n de la cuesti\u00f3n catalana no tiene que ver, solo, con el infeliz desenlace de la reforma estatutaria de 2006. La sentencia del Constitucional sobre el Estatut fue el punto de ignici\u00f3n, pero no la causa eficiente de un rebrote tan en\u00e9rgico del problema<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n Pero el tortuoso y avaro desarrollo del Estatut de 1979 \u2014de intensidad variable en funci\u00f3n del papel m\u00e1s o menos influyente del catalanismo en la gobernaci\u00f3n del Estado\u2014 puso de relieve el frenazo de la autonom\u00eda pol\u00edtica y la persistente, poderosa y alargada sombra de la extinta LOHPA. Y la primera derivada de esto, en t\u00e9rminos de autogobierno, fue la creciente administrativizaci\u00f3n de la autonom\u00eda: los traspasos pendientes por la resistencia pol\u00edtica y la actitud refractaria de las oligarqu\u00edas burocr\u00e1ticas instaladas en las altas esferas del Estado; las disputas en relaci\u00f3n a la lengua provenientes de una concepci\u00f3n constitucional supremacista del castellano y de la incomprensi\u00f3n ante el pluralismo cultural del Estado; la infrainversi\u00f3n acumulada en infraestructuras y, a consecuencia de esto, el esfuerzo hist\u00f3rico anticipador en forma de autopistas de peaje, etc. La segunda derivada, tanto o m\u00e1s profunda: la irrefrenable inercia centr\u00edpeta y radial del constructo auton\u00f3mico, el castellano-centrismo orteguiano de km 0, determinante de una pol\u00edtica, una econom\u00eda y un aparato judicial con la Puerta del Sol como punto de partida y de llegada.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n As\u00ed se fue partiendo poco a poco el pacto t\u00e1cito hist\u00f3rico que reservaba a Madrid la pol\u00edtica y dejaba los negocios a la industriosa Catalunya \u2014seg\u00fan lo que hab\u00edan teorizado Antoni de Capmany en C\u00e1diz o Vicens Vives\u2014. Una entente<\/em> que hab\u00eda favorecido no solo el proteccionismo anhelado por la burgues\u00eda industrial sino tambi\u00e9n un liderazgo econ\u00f3mico que hab\u00eda nutrido la autoestima catalana durante m\u00e1s de un siglo, desde la decadencia espa\u00f1ola finisecular. Mucho antes de o\u00edr los actuales lamentos de la Espa\u00f1a vaciada, el \u00abMadrid se va\u00bb de Pasqual Maragall ya hab\u00eda descrito crudamente esta situaci\u00f3n: la macrocefalia provocada por una capital hipertrofiada, con vocaci\u00f3n de megal\u00f3polis peninsular, n\u00facleo conc\u00e9ntrico de todo el poder y fagocitadora de recursos, funcionarios, inversiones culturales. El viraje de una parte del catalanismo hacia posiciones enrag\u00e9s<\/em> se explica, pues, tambi\u00e9n, por la sepultura de la Catalunya piamontesa pratiana, por la fatiga de un metal forjado durante d\u00e9cadas con una aleaci\u00f3n desigual, por la sensaci\u00f3n generalizada de fracaso despu\u00e9s de d\u00e9cadas de apelar a una Espa\u00f1a plural y diversa (aggiormanento<\/em> de la cl\u00e1sica divisa de \u00abreformar\u00bb y \u00abmodernizar\u00bb un Estado arcaizando y aislacionista de finales del siglo XIX). Y, no menos importante que esto, por el ocaso de la concepci\u00f3n federalizante del Estado, de larga tradici\u00f3n en Catalunya desde los tiempos de Pi i Margall y Almirall. No en balde, la deserci\u00f3n de maragallistas<\/em> o la \u00abdesafecci\u00f3n\u00bb advertida por Jos\u00e9 Montilla fueron la expresi\u00f3n de un enojo creciente, pero tambi\u00e9n de una aut\u00e9ntica epifan\u00eda al caerse la venda de los ojos despu\u00e9s de constatar la ausencia de genuinas vocaciones federales en Espa\u00f1a, el hecho de jugar el partido permanentemente en campo contrario.<\/p>\n\n\n\n El intento de reformar el Estatut \u2014ante la imposibilidad de modificar una Constituci\u00f3n virtualmente intangible\u2014, aprovechando uno de los contextos m\u00e1s propicios en a\u00f1os \u2014la sinergia entre el gobierno catalanista y de izquierdas y la Espa\u00f1a plural acu\u00f1ada por Rodr\u00edguez Zapatero\u2014, constituy\u00f3 para muchos la en\u00e9sima tentativa de conseguir el ensamblaje dentro de una Espa\u00f1a grande camboniana<\/em> rediviva. Se trataba de una rectificaci\u00f3n bimotor: se preconizaba un nuevo modelo de financiaci\u00f3n para apaciguar un problema enquistado y, juntos, un reparto del quantum de poder pol\u00edtico con m\u00e1s \u2014y m\u00e1s seguras\u2014 competencias (blindadas, se dijo), despu\u00e9s de constatar el abuso de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica, de la noci\u00f3n de inter\u00e9s general, de la ausencia de mecanismos de relaci\u00f3n intergubernamental o de la construcci\u00f3n jurisprudencial del Estado auton\u00f3mico por parte de un TC cada vez m\u00e1s decantado hacia posiciones jacobinas. Para los independentistas que estaban entonces en el Gobierno \u2014esc\u00e9pticos con la vocaci\u00f3n federalizante de la reforma\u2014, sin dejar de contribuir con suficiente af\u00e1n, esta operaci\u00f3n ten\u00eda que ser la prueba del algod\u00f3n (definitiva) federal.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed las cosas, dejando a un lado los errores en la trinchera catalana \u2014fruto del exceso de c\u00e1lculo partidista, no exento en muchos momentos del intento de hacer descarrilar el invento\u2014, y de la notable ingenuidad negociadora exhibida ante la experimentada parte estatal, el texto, a pesar de ser considerablemente depurado (Alfonso Guerra dixit), fue acordado, aprobado por las Cortes Generales y ratificado en las urnas. El resto de la historia es conocida: un TC groseramente politizado y con serios vicios de legitimidad se erigi\u00f3 en poder neoconstituente y refund\u00f3 la Constituci\u00f3n para desactivar gran parte del Estatut, con anulaciones, reinterpretaciones y m\u00faltiples admoniciones que han fijado la hoja de ruta del legislador estatal y del mismo alto tribunal. Este, que en los a\u00f1os siguientes se adentrar\u00eda en un espinoso jard\u00edn al forjar una doctrina ad hoc alineada con el resto de poderes del Estado para reprimir vigorosamente el proc\u00e9s<\/em>, actu\u00f3 en este caso con una ins\u00f3lita displicencia, con una total falta de deferencia hacia los actores de la reforma, hasta el punto de poner en cuesti\u00f3n no solo las aspiraciones de los representantes de la ciudadan\u00eda sino tambi\u00e9n la voluntad popular, generando un sentimiento colectivo que estaba entre la rabia y la frustraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Puestos a hacer ucron\u00edas, es muy probable que, si la reforma estatutaria hubiera prosperado, una nueva generaci\u00f3n de catalanes hubiera seguido buscando, como Di\u00f3genes con la l\u00e1mpara, o el ensamblaje definitivo o la independencia. Pero parece indudable que las cosas no se desarrollaron como vimos desde 2010. Con todo, parece inexorable que, despu\u00e9s de la sentencia del TC, el centro-derecha nacionalista, que se hab\u00eda a\u00f1adido tarde la reforma estatutaria y que todav\u00eda colaborar\u00eda durante tiempo con la derecha espa\u00f1ola una vez desplazado el tripartito de izquierdas, se acabar\u00eda moviendo hacia posiciones independentistas \u2014y este es el hecho m\u00e1s decisivo en la historia del catalanismo pol\u00edtico moderno\u2014 montado a espaldas del potente movimiento c\u00edvico que ya ocupaba las calles. En efecto, las manifestaciones multitudinarias, transversales e intergeneracionales de cada 11-S desde 2012 congregaron desde los independentistas de primera generaci\u00f3n hasta buena parte de las clases populares y medias castigadas por la crisis econ\u00f3mica. Los hijos de la vieja inmigraci\u00f3n, castellanoparlantes o con fuertes v\u00ednculos emocionales con el resto del Estado \u2014descendentes, muchos de ellos, de los votantes felipistas<\/em> de los a\u00f1os ochenta\u2014se identificaron con el objetivo de la independencia y mostraron su desconfianza con un Estado que menoscababa su progreso y bienestar. Nac\u00eda el independentismo del bienestar.<\/p>\n\n\n\n El viraje de una parte del catalanismo se explica, tambi\u00e9n, por la fatiga de un metal forjado durante d\u00e9cadas con una aleaci\u00f3n desigual, por la sensaci\u00f3n generalizada de fracaso despu\u00e9s de d\u00e9cadas de apelar a una Espa\u00f1a plural y diversa<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n Pero, al mismo tiempo que el objetivo de la independencia ensanchaba su base, dejando de ser el capricho de unas \u00e9lites pol\u00edticas aut\u00f3ctonas, esta meta no era compartida por la mitad de la poblaci\u00f3n, que se mostr\u00f3 leg\u00edtimamente refractaria, inmersa en un marco social o medi\u00e1tico impermeable a la tradici\u00f3n del catalanismo pol\u00edtico o la lengua propia del pa\u00eds. Surgi\u00f3 el embri\u00f3n perturbador de la extrema polarizaci\u00f3n que ha caracterizado la vida pol\u00edtica catalana de los \u00faltimos a\u00f1os. Mientras tanto, el Madrid pol\u00edtico estaba incr\u00e9dulo e inquieto ante la profundidad del cambio psicol\u00f3gico colectivo: el tr\u00e1nsito del catalanismo mayoritario desde la zona de confort del fatalismo y la queja resignada (la Catalunya desafortunada de la que hablaron Casals y Arrufat) al desaf\u00edo inc\u00f3modo en las instituciones y en la calle. El paradigma del victimismo pujolista<\/em>, inteligente y rentable combinaci\u00f3n de tensi\u00f3n identitaria y del \u201cpeix al cove\u201d (expresi\u00f3n que se utiliza para decir que algo es pan comido), ced\u00eda ante una nueva forma de pol\u00edtica en la que los gobiernos espa\u00f1oles ya no har\u00edan lo suficiente para apaciguar las intenciones catalanas con un arancel, un beneficio fiscal o una oportuna enmienda.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n Dos a\u00f1os despu\u00e9s de la manifestaci\u00f3n del mill\u00f3n de personas contra la sentencia del Estatut (10 de julio de 2010), que se apoder\u00f3 de las calles de Barcelona para reclamar un nuevo Estado de Europa, se produjo el portazo sonoro y abrupto de Mariano Rajoy a la propuesta de pacto fiscal de Artur Mas. Un grave tropiezo del gobierno espa\u00f1ol, pues este diluy\u00f3 el gradualismo pol\u00edtico de argumentos a favor del entendimiento, proyectando un nuevo escenario de cronificaci\u00f3n del problema. Fue la fecha de caducidad de aquel apriorismo cl\u00e1sico seg\u00fan el cual la fuerza pol\u00edtica nacionalista hegem\u00f3nica estaba llamada a manejar los hilos de la queja, pero sin cruzar las l\u00edneas rojas. Pero ya se sabe: cuando una puerta se cierra, se abre otra. La nueva mayor\u00eda independentista opt\u00f3 por plantear una consulta sobre el futuro pol\u00edtico del pa\u00eds, un m\u00e9todo que concitaba m\u00e1s apoyo social que la independencia, seg\u00fan todas las encuestas, y que ten\u00eda que ser necesariamente clarificador en la fase de conformaci\u00f3n de la voluntad previa a impulsar cualquier otra iniciativa m\u00e1s audaz. La Resoluci\u00f3n 5\/X del Parlamento de 23 de enero de 2013 fue el veh\u00edculo formal en el que se invocaba un derecho a decidir fundamentado en el principio democr\u00e1tico e inspirado en el ejemplo otros estados liberal-democr\u00e1ticos como Canad\u00e1 (Quebec) y el Reino Unido (Escocia).<\/p>\n\n\n\n La doctrina del derecho a decidir \u2014escasamente juridificada, excepto en Canad\u00e1 con la sentencia de la Corte Suprema de 1998 y la Ley de la claridad\u2014 quer\u00eda ser una combinaci\u00f3n astuta y equilibrada de legalidad y de legitimidad en un Estado de Derecho, partiendo de una concepci\u00f3n instrumental y utilitarista del derecho constitucional, a fin de permitir canalizar la voluntad popular dentro de una Constituci\u00f3n que no prev\u00e9 la eventualidad de una secesi\u00f3n pero s\u00ed el derecho fundamental de participaci\u00f3n. El Consejo Asesor para la Transici\u00f3n Nacional identific\u00f3, y el Parlamento explor\u00f3, hasta cinco v\u00edas para la convocatoria legal de una consulta, entre ellas un refer\u00e9ndum acordado, que fueron rechazadas por el gobierno espa\u00f1ol y por el TC.<\/p>\n\n\n\n La respuesta del independentismo fue la convocatoria de una consulta no referendaria del 9-N (2014) con una doble pregunta: \u00abQuiere que Catalunya devenga un Estado? En caso afirmativo, \u00bfquiere que este Estado sea independiente?\u00bb. El TC la suspendi\u00f3 a instancia del gobierno espa\u00f1ol. Aun as\u00ed, su conversi\u00f3n en un eufem\u00edstico \u00abproceso participativo\u00bb apenas pod\u00eda enmascarar la escueta fundamentaci\u00f3n y formalizaci\u00f3n jur\u00eddica de la iniciativa, ni las buenas dosis de voluntarismo: la ejecuci\u00f3n material estuvo en manos de 40.000 voluntarios y el registro de participantes no era previo sino din\u00e1mico, a medida que los votantes acced\u00edan al lugar de votaci\u00f3n. La consulta aparentemente fue \u201ctolerada\u201d por el gobierno espa\u00f1ol, pero lo fue porque el TC no incluy\u00f3 ning\u00fan requerimiento al presidente de la Generalitat ni aclar\u00f3 las actuaciones que quedaban suspendidas.<\/p>\n\n\n\n La doctrina del derecho a decidir quer\u00eda ser una combinaci\u00f3n astuta y equilibrada de legalidad y de legitimidad en un Estado de Derecho, a fin de permitir canalizar la voluntad popular dentro de una Constituci\u00f3n que no prev\u00e9 la eventualidad de una secesi\u00f3n <\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n Sin embargo, el 9-N evidenci\u00f3 una significativa movilizaci\u00f3n pol\u00edtica en favor del derecho a decidir una vez obstruida la v\u00eda del refer\u00e9ndum pactado o de la consulta no referendaria. Y las elecciones de 2015 adquirieron un car\u00e1cter plebiscitario, con el resultado de una mayor\u00eda favorable a iniciar un proceso que culminara con la independencia. La renovada mayor\u00eda independentista (sin llegar al 50% de los sufragios, pero con mayor\u00eda absoluta en la c\u00e1mara) expres\u00f3 \u2014ni que sea inicialmente\u2014 la voluntad de trasladar el debate y las principales decisiones pol\u00edticas a la sede parlamentaria (Resoluci\u00f3n 306\/XI, de 6 de octubre de 2016, y Moci\u00f3n 122\/XI, de 18 de mayo de 2017). De aqu\u00ed se deriv\u00f3 la carta del presidente Carles Puigdemont dirigida al presidente Mariano Rajoy (24 de mayo de 2017), en la que se reiteraba la voluntad de acordar un refer\u00e9ndum pactado. La falta de respuesta desencaden\u00f3 la aceleraci\u00f3n de los procesos parlamentarios que ten\u00edan que dar cobertura al refer\u00e9ndum del 1-O, subvirtiendo los procedimientos y los derechos de las minor\u00edas, desembocando en la aprobaci\u00f3n de la Ley del refer\u00e9ndum y la Ley transitoriedad jur\u00eddica y fundacional de la Rep\u00fablica, llamada a guiar el proc\u00e9s<\/em> hasta la definitiva \u00abdesconexi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n La fundamentaci\u00f3n de la Ley del refer\u00e9ndum era el principio democr\u00e1tico (art\u00edculos 2 y 3), pero en base a una interpretaci\u00f3n que se separaba de la de la Corte Suprema de Canad\u00e1, por ejemplo, pues de su resultado no se derivar\u00eda un proceso negociador sobre la manera de dar cumplimiento a la voluntad expresada democr\u00e1ticamente, sino una eventual declaraci\u00f3n unilateral de la independencia (DUI) si el n\u00famero de votos de los partidarios de la misma era superior al de los contrarios, y, en caso opuesto, contemplaba unas elecciones anticipadas (art. 4.4 y 4.5). La forma de valorar el resultado de la consulta (art. 4.4) tambi\u00e9n difer\u00eda de los criterios expresados por la Comisi\u00f3n de Venecia en su \u00abC\u00f3digo de buenas pr\u00e1cticas sobre refer\u00e9ndums\u00bb (2007), en el sentido de exigir que, en los refer\u00e9ndums de secesi\u00f3n, dada la trascendencia de la decisi\u00f3n, se requiriera una participaci\u00f3n m\u00ednima y una regla de mayor\u00eda \u00abclara\u00bb, esto es, superior a la habitual. El 27 de octubre, una resoluci\u00f3n del Parlamento declar\u00f3 la constituci\u00f3n de \u00abla rep\u00fablica catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democr\u00e1tico y social\u00bb, dando inicio a un \u00abproceso constituyente, democr\u00e1tico, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante\u00bb. A la pr\u00e1ctica, se cerr\u00f3 lastimosamente la fase del derecho a decidir, motor ideol\u00f3gico y social dominante de buena parte del soberanismo desde la sentencia del Estatut.<\/p>\n\n\n\n Como era de esperar, el TC r\u00e1pidamente declar\u00f3 inconstitucional y nula la Ley del refer\u00e9ndum (STC 114\/2017), centrando su argumentaci\u00f3n en la apelaci\u00f3n de la Ley al derecho internacional y al principio democr\u00e1tico. El alto tribunal neg\u00f3 que de la contraposici\u00f3n entre el derecho a la autodeterminaci\u00f3n previsto en el derecho internacional y la Constituci\u00f3n se pudiera derivar una fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica veros\u00edmil. Y prioriz\u00f3 el principio de legalidad por encima del de participaci\u00f3n pol\u00edtica, declarando que se hab\u00edan relegado a un segundo plano los cimientos del Estado de derecho y la necesidad de vehicular los proyectos pol\u00edticos respetando los procedimientos constitucionales [\u00ab[un] poder que niega expresamente el derecho se niega a s\u00ed mismo como autoridad merecedora de acatamiento\u00bb (STC 114\/2017, FJ 5)]. La Ley de transitoriedad tambi\u00e9n fue anulada, al partir de la presunci\u00f3n axiom\u00e1tica de que el pueblo de Catalunya dispone de subjetividad pol\u00edtica y de plena soberan\u00eda (art. 2).<\/p>\n\n\n\n A partir de los acontecimientos de octubre se desat\u00f3 la represi\u00f3n con toda su virulencia. A parte de que los cuerpos policiales estatales actuaron con una violencia ins\u00f3lita hacia los votantes del 1-O, el gobierno espa\u00f1ol opt\u00f3 en la v\u00edspera de la consulta por judicializar el conflicto. La Audiencia Nacional dict\u00f3 \u00f3rdenes de prisi\u00f3n preventiva para dos activistas sociales, los l\u00edderes de \u00d2mnium Cultural y de la Assamblea Nacional Catalana. Despu\u00e9s, las actuaciones judiciales llegaron al Govern de la Generalitat, a varios miembros de la Mesa del Parlament y a diferentes l\u00edderes pol\u00edticos. La presidenta de Parlament, el vicepresidente del Govern y hasta siete consejeros acabaron ingresando en la prisi\u00f3n. El resto de miembros del Govern, liderados por su presidente, as\u00ed como otros destacados dirigentes pol\u00edticos, optaron por exiliarse. Paralelamente, y postergando el recurso a otros mecanismos pol\u00edticos, se impuso la intervenci\u00f3n del autogobierno mediante el mecanismo coercitivo del art\u00edculo 155 de la Constituci\u00f3n, que supuso la disoluci\u00f3n de Parlamento, la convocatoria de elecciones, el cese del ejecutivo y la sumisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n a la autoridad del Estado. Las posteriores sentencias del TC, que avalaron este procedimiento de ejecuci\u00f3n forzosa y dieron p\u00e1bulo a las interpretaciones contrarias a plantear una soluci\u00f3n en t\u00e9rminos de di\u00e1logo. El juicio en el Tribunal Supremo de los primeros encausados se sald\u00f3 con una condena severa a nueve de los procesados (entre 9 y 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n) por el delito, entre otros, de sedici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La pol\u00edtica catalana se encuentra atascada. El conflicto Catalunya-Espa\u00f1a evidencia un empate infinito de impotencias. En el actual escenario, no hay un fundamento claro para un pacto de convivencia como lo fue el Estatut de 2006. Adem\u00e1s, dentro del independentismo han emergido diferencias estrat\u00e9gicas entre los que apuestan por el di\u00e1logo y constatan el poder coercitivo del Estado y la falta de condiciones objetivas en t\u00e9rminos de apoyos sociales o de complicidades a nivel internacional; y los que desconf\u00edan del di\u00e1logo y apuestan por una confrontaci\u00f3n (inteligente), que no descarta la desobediencia y una declaraci\u00f3n unilateral. Entre los no independentistas, las posiciones oscilan entre la confrontaci\u00f3n en el mismo terreno y la conciliaci\u00f3n dentro del marco de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La primera providencia, pues, es poner fin a la respuesta judicial y dar paso a las soluciones pol\u00edticas. Por un lado, el conflicto pol\u00edtico persiste, no es una enfermedad pasajera. M\u00e1s de dos millones de catalanes contin\u00faan queriendo decidir democr\u00e1ticamente el futuro, pero este reto no es aceptado por las instituciones del Estado ni por los partidos de alcance estatal. Por otro lado, hay cierto consenso sobre la injusticia y desproporci\u00f3n de las condenas judiciales, y sobre la necesidad de no proscribir el debate de las ideas siempre que no se vulneren los principios democr\u00e1ticos o los derechos fundamentales. Contraponer en t\u00e9rminos penales la opci\u00f3n de los independentistas con la unidad de Espa\u00f1a es contrario a la misma doctrina constitucional, que declar\u00f3 que \u00abla primac\u00eda de la Constituci\u00f3n no debe confundirse con una exigencia de adhesi\u00f3n positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de \u201cdemocracia militante\u201d, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesi\u00f3n positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constituci\u00f3n\u00bb (STC 42\/2014, FJ 4, reiterada en numerosos pronunciamientos).<\/p>\n\n\n\n Una Constituci\u00f3n democr\u00e1tica no se puede erigir en un muro de plexiglas ante este problema pol\u00edtico, profundamente arraigado en la sociedad, sino que tiene que ejercer una funci\u00f3n integradora, permitiendo el libre debate de todas las iniciativas pol\u00edticas y haciendo posible la expresi\u00f3n democr\u00e1tica de los ciudadanos para decidir el tipo de articulaci\u00f3n pol\u00edtica que desean. El libre ejercicio de los derechos pol\u00edticos no tiene que tener como respuesta la v\u00eda de la justicia penal. La libertad de expresi\u00f3n, de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n, de participaci\u00f3n pol\u00edtica mediante el voto para la elecci\u00f3n de representantes o para la expresi\u00f3n directa de una decisi\u00f3n, son mecanismos esenciales que garantizan la salud democr\u00e1tica de una sociedad. Se trata de derechos y libertades fundamentales que no solo garantizan la expresi\u00f3n de la voluntad de los ciudadanos individualmente y en conjunto, sino que, adem\u00e1s, se configuran como las herramientas b\u00e1sicas con las que canalizar democr\u00e1ticamente el disenso y la resoluci\u00f3n de los conflictos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n Una Constituci\u00f3n democr\u00e1tica no se puede erigir en un muro de plexiglas ante este problema pol\u00edtico, sino que tiene que ejercer una funci\u00f3n integradora haciendo posible la expresi\u00f3n democr\u00e1tica de los ciudadanos<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n En este contexto, aun teniendo en cuenta las dificultades objetivas, no se puede obviar que una ley de amnist\u00eda constituir\u00eda una decisi\u00f3n pol\u00edtica que, guiada por un fundamento de justicia, contribuir\u00eda a la paz social y a la superaci\u00f3n de graves situaciones de conflicto pol\u00edtico. La propia doctrina constitucionalista, siguiendo la jurisprudencia de Tribunal Constitucional alem\u00e1n y de la Corte Constitucional italiana considera que una amnist\u00eda es susceptible de ser aplicada en el Estado constitucional en circunstancias de especial crisis pol\u00edtica, de inseguridad jur\u00eddica o de manifestaciones extremas de los movimientos sociales. Esta configuraci\u00f3n enlaza con algunos precedentes como el decreto ley de 21 de febrero de 1936, aprobado teniendo en cuenta los hechos del 6 de octubre de 1934. Las sentencias del mismo TC 63\/1983 y 147\/1986 no han cuestionado la actuaci\u00f3n del legislador en estos casos (pensemos en la amnist\u00eda de 1977), y la han concebido como \u00abuna raz\u00f3n derogatoria retroactiva de unas normas y de los efectos ligados a las mismas\u00bb (STC, 63\/1983, FJ 2).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n El contexto pol\u00edtico en el Estado, con un gobierno progresista y que necesita los apoyos pol\u00edticos de una parte del independentismo ante la obstinaci\u00f3n de la derecha espa\u00f1ola (pol\u00edtica, judicial y medi\u00e1tica) puede canalizar buena parte de las aspiraciones y los disensos institucionales y territoriales a trav\u00e9s del di\u00e1logo. De la aplicaci\u00f3n conjunta del principio democr\u00e1tico y del Estado de Derecho se deriva la necesidad de no obstruir con argumentos jur\u00eddicos no incontestables una reivindicaci\u00f3n democr\u00e1tica. En este marco, una consulta acordada, reglada y con todas las garant\u00edas democr\u00e1ticas parece inevitable. Sin embargo, el hecho de que el TC haya negado a Catalunya la condici\u00f3n de sujeto con entidad pol\u00edtica y que una Constituci\u00f3n r\u00edgida no permita la secesi\u00f3n se utiliza para obstruir esta v\u00eda y para expulsar el pluralismo nacional y la democracia. Por el contrario, como puso de relieve la Corte Suprema de Canad\u00e1, y despu\u00e9s el Tribunal de La Haya, aquello leg\u00edtimo y prevaleciente hoy en d\u00eda tiene que ser la voluntad democr\u00e1tica de la mayor\u00eda y no el orden constitucional interno de los estados. Los precedentes juridificados de Canad\u00e1 y Escocia y el escenario europeo tienen que remar a favor.<\/p>\n\n\n\n Est\u00e1 claro que el actual punto muerto electoral y la falta de liderazgo y de hoja de ruta com\u00fan entre los independentistas no ayuda. Las diferencias entre los que insisten en la v\u00eda unilateral y los pragm\u00e1ticos no generar\u00e1 una fatiga inminente entre los que se identifican con el objetivo de la independencia. La capacidad de resiliencia de este universo est\u00e1 m\u00e1s que demostrada. Mientras tanto lo que toca es, sin renunciar a una gobernanza diligente y responsable, alejada del simbolismo \u00e9pico del teatro kabuki<\/em>, mantener la vocaci\u00f3n de ser determinante en la pol\u00edtica espa\u00f1ola para definir y consensuar un m\u00ednimo com\u00fan denominador para afrontar la libertad de los presos pol\u00edticos y apaciguar al Estado con un discurso potente, inclusivo y transversal, que se dirija inexorablemente a la consulta a medio o largo plazo. Ahora bien, el di\u00e1logo con el Estado solo puede fructificar si la parte catalana representa no solo a la mayor\u00eda social, sino si se es capaz de tejer complicidades en la pol\u00edtica y la sociedad espa\u00f1ola, y si se busca la simpat\u00eda de una parte importante de la comunidad internacional. En caso contrario, el proc\u00e9s<\/em> entrar\u00e1 en una fase de erosi\u00f3n y de confusi\u00f3n pol\u00edtica, generando frustraci\u00f3n y m\u00e1s desorientaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La cuesti\u00f3n catalana es coet\u00e1nea de la Espa\u00f1a contempor\u00e1nea. Al surgir el estado liberal y la industrializaci\u00f3n, el problema catal\u00e1n ya tens\u00f3 las costuras de las dos rep\u00fablicas y de la monarqu\u00eda, y estuvo en el origen de las dos dictaduras del siglo XX, condicionando la agenda pol\u00edtica espa\u00f1ola del primer tercio del siglo pasado. En lo que llevamos de siglo XXI, este contencioso at\u00e1vico ha mutado: se ha evidenciado con la emergencia de un movimiento independentista que pretende poner fin a la conllevancia en un contexto de crisis econ\u00f3micas peri\u00f3dicas y de deriva de las instituciones del Estado que\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":25339,"parent":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[260],"tags":[],"segment":[],"subject":[],"class_list":["post-25726","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-el-debate-en-catalunya-es"],"acf":[],"yoast_head":"\nTropezando con la misma piedra<\/h5>\n\n\n\n
Las posibilidades de superar el conflicto desde el m\u00e1s amplio consenso posible<\/h5>\n\n\n\n