{"id":35992,"date":"2021-03-05T11:27:27","date_gmt":"2021-03-05T11:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/revistaidees.cat\/?p=35992"},"modified":"2021-03-11T01:08:31","modified_gmt":"2021-03-11T01:08:31","slug":"europa-en-la-encrucijada-amenazas-ineditas-a-los-derechos-humanos-agravadas-por-la-pandemia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistaidees.cat\/es\/europa-en-la-encrucijada-amenazas-ineditas-a-los-derechos-humanos-agravadas-por-la-pandemia\/","title":{"rendered":"Europa en la encrucijada: amenazas in\u00e9ditas a los derechos humanos agravadas por la pandemia"},"content":{"rendered":"\n

En el an\u00e1lisis que Amnist\u00eda Internacional realiza anualmente sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en los \u00faltimos a\u00f1os Europa [1]<\/a>1 \u2014 Amnist\u00eda Internacional (2020), Europe: human rights in Europe – review of 2019. Informe publicado el 16 de abril de 2020. Disponible en l\u00ednea al sitio web amnesty.org.\n<\/span><\/span> ha venido cobrando un protagonismo in\u00e9dito en cuestiones que poco tiempo atr\u00e1s despertaban nula preocupaci\u00f3n o lo hac\u00edan en una magnitud reducida. Algunas de las tendencias que se han agravado se refieren a cuestiones esenciales de libertad pol\u00edtica, de reuni\u00f3n, manifestaci\u00f3n y expresi\u00f3n, todos ellos derechos fundamentales y pilares de las democracia.<\/p>\n\n\n\n

1. La represi\u00f3n pol\u00edtica y de derechos humanos en Europa. Tendencias principales<\/h4>\n\n\n\n

El panorama es preocupante, con diversas tendencias: la primera de ellas, situada en el coraz\u00f3n de Europa y con dos nombres propios: Polonia y Hungr\u00eda, miembros de la Uni\u00f3n Europea (UE), que intentan activamente desde hace tiempo menoscabar la independencia del poder judicial para eludir la rendici\u00f3n de cuentas, as\u00ed como aprobar legislaci\u00f3n regresiva en materia de derechos humanos, en cuestiones como los derechos de las mujeres o LGBT o migraci\u00f3n y refugio.<\/p>\n\n\n\n

La UE contin\u00faa externalizando el control de fronteras, lo que genera graves riesgos para los derechos humanos: decenas de miles de personas siguen expuestas a conflictos, violencia, tortura y un futuro incierto en condiciones de miseria en las puertas de Europa. Y con una derivada muy preocupante de esta tendencia: quienes se oponen a estas pol\u00edticas de control migratorio y de fronteras (activistas individuales u ONG) sufren a menudo campa\u00f1as difamatorias, hostigamiento, e incluso sanciones administrativas y penales, en una persecucion de la solidaridad que alcanza a pa\u00edses como Francia, especialmente en la zona fronteriza con Italia y en el paso de Calais, as\u00ed como Espa\u00f1a e Italia, con las amenazas a los barcos y operativos de salvamento mar\u00edtimo impulsados por organizaciones de la sociedad civil. As\u00ed, un n\u00famero creciente de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y medios de comunicaci\u00f3n independientes sufren intimidaciones y procesamientos. Se persigue a quienes ayudan.<\/p>\n\n\n\n

Con demasiada frecuencia, tambi\u00e9n, la respuesta de los gobiernos a las expresiones de disidencia en la calle consiste en la adopci\u00f3n de medidas restrictivas y de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. En este contexto general de intolerancia y discriminaci\u00f3n, las minor\u00edas, y quienes intentan defender sus derechos, topan con reacciones de violencia, lo que agrava la estigmatizaci\u00f3n de algunas comunidades.<\/p>\n\n\n\n

Los valores fundacionales de la UE ya son cuestionados directamente desde dentro mismo de la Uni\u00f3n. En Polonia est\u00e1 amenazada la independencia del poder judicial, componente esencial del Estado de derecho, al tomar el partido gobernante medidas m\u00e1s dr\u00e1sticas para controlar a los miembros de la judicatura y los tribunales. Esta deriva involucionista de Polonia ilustra claramente el cambio de valores que se est\u00e1 produciendo en Europa. En toda Europa afloran s\u00edntomas \u2014desde la consolidaci\u00f3n estructural de pol\u00edticas migratorias que anteponen siempre la protecci\u00f3n de las fronteras a la de las vidas humanas hasta medidas para reprimir la disidencia popular y la protesta p\u00fablica pac\u00edfica\u2014 que a menudo dan paso a abusos de los cuerpos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La intolerancia contra minor\u00edas \u00e9tnicas, religiosas, de orientaci\u00f3n sexual, se traduce frecuentemente en violencia y discriminaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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La UE contin\u00faa externalizando el control de fronteras, lo que genera graves riesgos para los derechos humanos: miles de personas siguen expuestas a conflictos, violencia y un futuro incierto en condiciones de miseria en las puertas de Europa<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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Aunque ya es una evidencia que muchos Estados europeos no garantizan los derechos humanos de todas las personas dentro de sus fronteras, no falta gente valiente, que, sin reparar en el coste personal, se atreve a salir en defensa de esos derechos y se esfuerza por hacer rendir cuentas a las autoridades. En los \u00faltimos a\u00f1os, en Europa, hemos asistido a una aut\u00e9ntica eclosi\u00f3n de protestas y manifestaciones: Francia, Alemania, Polonia, Bielorrusia, Espa\u00f1a (especialmente en Catalu\u00f1a) y otros pa\u00edses, han visto como se tomaban sus calles de forma multitudinaria para exigir y reclamar derechos. Estos movimientos populares, esencialmente pac\u00edficos, son un llamamiento inequ\u00edvoco a los gobiernos europeos para que reaccionen y asuman sus responsabilidades, no solo en su propio pa\u00eds, sino tambi\u00e9n teniendo en cuenta desaf\u00edos globales como la emergencia clim\u00e1tica. La movilizaci\u00f3n en torno a estos asuntos supone un aut\u00e9ntico rayo de esperanza para el futuro.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

2. Principales derechos y colectivos afectados<\/h4>\n\n\n\n

2.1. Migraciones<\/h5>\n\n\n\n

Sigue predominando la idea de que la mejor forma de gestionar el control migratorio y de fronteras es \u201cexternalizarlo\u201d, aunque quede en manos de pa\u00edses con un dudoso historial en materia de derechos humanos. As\u00ed, los pa\u00edses de la UE parecen considerar aceptable contener a migrantes y potenciales solicitantes de asilo en condiciones terribles en la periferia de la Uni\u00f3n o al borde de sus fronteras.<\/p>\n\n\n\n

Los abusos contra los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo que intentan cruzar el Mediterr\u00e1neo alcanzan nuevas cotas cuando hablamos de Libia. Adem\u00e1s de tortura y detenci\u00f3n arbitraria, estas personas sufren bombardeos y ataques directos de las facciones enfrentadas en el pa\u00eds norteafricano, con centenares de muertos. A pesar del deterioro de la situaci\u00f3n en materia de seguridad y de los constantes indicios de comisi\u00f3n sistem\u00e1tica de violaciones de derechos humanos en los centros de detenci\u00f3n de Libia, los pa\u00edses europeos contin\u00faan incomprensiblemente cooperando con este pa\u00eds para contener all\u00ed a migrantes y solicitantes de asilo. En noviembre de 2019, el gobierno de Italia prorrog\u00f3 otros tres a\u00f1os su acuerdo migratorio con Libia.<\/p>\n\n\n\n

La cooperaci\u00f3n con este pa\u00eds estuvo acompa\u00f1ada de la pol\u00edtica de \u201cpuertos cerrados\u201d establecida por el anterior gobierno italiano, en virtud de la cual se negaba el acceso a puerto seguro a barcos de ONG que hab\u00edan rescatado a personas en el mar y que se ve\u00edan obligados a esperar durante semanas mientras los Estados mediterr\u00e1neos se pon\u00edan de acuerdo sobre d\u00f3nde desembarcarlas. Esta pol\u00edtica termin\u00f3 tras el relevo en el gobierno en Italia y la ca\u00edda de la pol\u00edtica de mano dura impulsada por la Lega y Salvini: ello gener\u00f3 las condiciones necesarias para la firma de un acuerdo temporal entre Francia, Alemania, Italia y Malta. Fue un paso peque\u00f1o y provisional, pero que garantizaba una coordinaci\u00f3n m\u00ednima entre los cuatro pa\u00edses para desembarcar y reubicar a las personas rescatadas en el mar.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de la condena constante de las organizaciones de derechos humanos, el acuerdo UE-Turqu\u00eda de 2016 a\u00fan sigue vigente y marcando la pol\u00edtica migratoria de la UE en el Mediterr\u00e1neo oriental. Los informes sobre graves violaciones de los derechos humanos de personas refugiadas y solicitantes de asilo en Turqu\u00eda no disuaden en absoluto a la UE de seguir utilizando a este pa\u00eds como socio en materia de migraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En 2019 se registr\u00f3 en Grecia el mayor aumento de llegadas por mar desde 2016. Como consecuencia de ello, en los campos de acogida de las islas del Egeo se alcanzaron niveles de hacinamiento sin precedentes. M\u00e1s de 38.000 personas se alojaban en instalaciones con capacidad para poco m\u00e1s de 6.000. En noviembre de 2019, ante el aumento constante de las necesidades de protecci\u00f3n de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo presentes en el pa\u00eds, el nuevo gobierno de Grecia se apresur\u00f3 a introducir una nueva legislaci\u00f3n caracterizada por los procedimientos acelerados de asilo, la intensificaci\u00f3n de las medidas de detenci\u00f3n y las devoluciones a Turqu\u00eda, siguiendo la tendencia de Alemania, Austria y Finlandia, que restringieron los derechos de quienes solicitaban asilo y dieron m\u00e1s prioridad a la detenci\u00f3n y las deportaciones.<\/p>\n\n\n\n

Aumentaron las llegadas por la frontera terrestre entre Grecia y Turqu\u00eda, acompa\u00f1adas de graves y continuas denuncias de devoluciones sumarias y violencia en el lado griego. Quienes se libraban de estas devoluciones continuaban su viaje a trav\u00e9s de la pen\u00ednsula balc\u00e1nica. Seg\u00fan los informes, m\u00e1s de 30.000 personas transitaban por esta ruta tras haber salido de Grecia y Bulgaria. M\u00e1s de 10.000 quedaron atrapadas en precarios campos de acogida en Bosnia y Herzegovina y Serbia, sin poder continuar su viaje debido al car\u00e1cter persistente y sistem\u00e1ticode las expulsiones colectivas y la violencia de la polic\u00eda croata. A pesar de indicios abrumadores de violaciones de derechos humanos en la frontera de Croacia, la Comisi\u00f3n Europea recomend\u00f3 en octubre de 2019 la plena integraci\u00f3n del pa\u00eds balc\u00e1nico en el espacio Schengen.<\/p>\n\n\n\n

Un a\u00f1o despu\u00e9s, en noviembre de 2020, la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo anunci\u00f3 que abr\u00eda una investigaci\u00f3n sobre el posible fallo de la Comisi\u00f3n Europea a la hora de garantizar que las autoridades croatas respeten los derechos fundamentales en sus operaciones fronterizas financiadas por la UE contra personas refugiadas y migrantes. Amnist\u00eda Internacional y otras organizaciones llevan a\u00f1os documentando numerosas violaciones de derechos humanos \u2014incluidas palizas y tortura\u2014 contra personas migrantes y solicitantes de asilo por parte de la polic\u00eda croata, cuyo salario se paga con fondos de la UE. El anuncio dicha investigaci\u00f3n de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo es un primer paso importante para abordar estos abusos flagrantes y garantizar rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n

Al continuar financiando operaciones fronterizas y dar luz verde a la adhesi\u00f3n de Croacia al Espacio Schengen, la Comisi\u00f3n ha renunciado a su obligaci\u00f3n de vigilar c\u00f3mo se utilizan los fondos de ayuda de la UE y transmitido el peligroso mensaje de que las violaciones flagrantes de derechos humanos pueden continuar sin que nadie haga preguntas. La queja presentada por Amnist\u00eda Internacional en septiembre de 2020, que puso en marcha la investigaci\u00f3n, argumentaba que la Comisi\u00f3n miraba hacia otro lado ante los informes de abusos persistentes. Asimismo revelaba que la Comisi\u00f3n no hab\u00eda establecido un mecanismo de vigilancia independiente para garantizar que las medidas adoptadas por Croacia en sus fronteras \u2014muchas de ellas financiadas a trav\u00e9s del instrumento de ayuda de emergencia de la UE\u2014 son compatibles con los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

2.2. Defensores y defensoras de los derechos humanos<\/h5>\n\n\n\n

Muchas personas y organizaciones de la sociedad civil contin\u00faan oponi\u00e9ndose a estas pol\u00edticas contra la migraci\u00f3n erigi\u00e9ndose en defensores y defensoras de los derechos humanos que brindan solidaridad y apoyo concreto a migrantes y solicitantes de asilo, rescatando a personas en el mar y en la monta\u00f1a y ofreciendo transporte, comida y medicamentos a gente necesitada por todo el continente.<\/p>\n\n\n\n

La reacci\u00f3n de muchos Estados europeos ante estos actos de humanidad ha consistido en dar rienda suelta a un c\u00f3ctel letal de cr\u00edtica, intimidaci\u00f3n, acoso, multas e incluso procesamiento a defensores y defensoras de los derechos humanos. En Grecia, Italia y Francia, el gobierno suele tratar las actividades de salvamento como tr\u00e1fico de seres humanos, y las acciones de quienes defend\u00edan los derechos humanos se consideran amenazas a la seguridad nacional, lo que ha impulsado la aprobaci\u00f3n de leyes supuestamente urgentes que son mucho m\u00e1s restrictivas. Las autoridades espa\u00f1olas han hecho uso indebido de normas administrativas para restringir las operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de casi un mill\u00f3n de euros. Es vergonzoso que quienes defienden los derechos humanos est\u00e9n siendo atacados por autoridades insensibles que se empe\u00f1an en cerrar sus fronteras a toda costa, incluidas vidas humanas.<\/p>\n\n\n\n

La falta de claridad de la legislaci\u00f3n pertinente de la UE deja un amplio margen a los Estados para interpretarla de forma draconiana en el \u00e1mbito nacional, lo que tiene un efecto paralizante sobre el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos. Muchas personas y ONG son cada vez m\u00e1s reacias a emprender acciones de solidaridad por temor a sus consecuencias. Leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como \u00abLey Mordaza\u00bb y en vigor en Espa\u00f1a desde 2015, funcionan como aut\u00e9nticos cortapisas al activismo y a la movilizaci\u00f3n ciudadana, desalentando la protesta.<\/p>\n\n\n\n

2.3. Libertad de expresi\u00f3n<\/h5>\n\n\n\n

Las personas que defienden los derechos humanos no son las \u00fanicas que encuentran dificultades para realizar su trabajo. En muchas partes de la regi\u00f3n, periodistas que investigan casos de corrupci\u00f3n, delincuencia organizada y cr\u00edmenes de guerra siguen sufriendo amenazas, campa\u00f1as de desprestigio, intimidaci\u00f3n y, en algunos casos, violencia, como ocurri\u00f3 en Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina. Con demasiada frecuencia, las autoridades no condenan tales ataques ni ponen en marcha investigaciones efectivas, y en Bulgaria son las propias autoridades las que presentan cargos contra periodistas de investigaci\u00f3n que han destapado esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n en los que pueden estar implicados altos cargos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

En Espa\u00f1a, el abuso del delito de enaltecimiento del terrorismo del C\u00f3digo Penal, tras la reforma de 2015, ha provocado que muchas personas usuarias de redes sociales, pero tambi\u00e9n m\u00fasicos, periodistas e incluso titiriteros, hayan sido procesadas en los \u00faltimos a\u00f1os por esta causa. La combinaci\u00f3n del delito de enaltecimiento del terrorismo junto al de injurias a las instituciones del Estado, en especial la monarqu\u00eda, est\u00e1 resultando muy lesiva para la libertad de creaci\u00f3n y expresi\u00f3n de artistas y debe desaparecer por incumplir los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresi\u00f3n. Recurrir al C\u00f3digo Penal con el prop\u00f3sito o efecto de inhibir la cr\u00edtica leg\u00edtima a las instituciones, como est\u00e1 pasando en Espa\u00f1a los \u00faltimos a\u00f1os, viola la libertad de expresi\u00f3n. En la futura reforma del C\u00f3digo Penal, estos delitos deben ser eliminados y se debe garantizar que ninguna de sus disposiciones criminaliza de manera indebida expresiones ni creaciones art\u00edsticas amparadas por el derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

2.4. Libertad de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n<\/h5>\n\n\n\n

En Europa la gente protesta y sale a la calle contra medidas de austeridad y en favor de la justicia social, pero tambi\u00e9n contra la corrupci\u00f3n y en relaci\u00f3n con la independencia del poder judicial. Las manifestaciones y huelgas para exigir a los gobiernos que tomen medidas contra el cambio clim\u00e1tico tambi\u00e9n vienen siendo habituales en grandes ciudades europeas en los \u00faltimos a\u00f1os. La aparici\u00f3n de la COVID-19 tambi\u00e9n ha provocado que muchas personas se manifiesten contra las medidas sanitarias o de restricci\u00f3n de movilidad.<\/p>\n\n\n\n

A menudo, la respuesta de muchos Estados a todo tipo de protestas es adoptar medidas que violan el derecho a la libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n pac\u00edfica. En Francia, Austria, Holanda y Espa\u00f1a (en Catalu\u00f1a, por las protestas a ra\u00edz de la sentencia del juicio a pol\u00edticos y l\u00edderes sociales catalanes por el refer\u00e9ndum de independencia de 2017), cientos de personas han resultado heridas durante las protestas. En Espa\u00f1a, las penas de prisi\u00f3n impuestas en octubre de 2019 a Jordi S\u00e0nchez y Jordi Cuixart, l\u00edderes de dos organizaciones de la sociedad civil, y a otros siete altos cargos pol\u00edticos catalanes, son consecuencia de la vaguedad de la definici\u00f3n del delito de sedici\u00f3n en el C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol y de la interpretaci\u00f3n, excesivamente amplia y peligrosa, de esta definici\u00f3n que realiz\u00f3 el Tribunal Supremo en el juicio. Esa interpretaci\u00f3n se tradujo en la criminalizaci\u00f3n de unos actos de protesta leg\u00edtimos y supone un riesgo claro para que acciones de este tipo sean restringidas excesivamente en el futuro en Espa\u00f1a, impactando claramente en el derecho a la libertad de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La polic\u00eda realiz\u00f3 uso ileg\u00edtimo de la fuerza en Francia, utilizando por ejemplo gases lacrim\u00f3genos, y disolvi\u00f3 violentamente reuniones pac\u00edficas en Turqu\u00eda, donde se recurr\u00eda habitualmente a las prohibiciones generales para negar el derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica. Los Estados no suelen exigir rendici\u00f3n de cuentas a sus fuerzas de seguridad por la violencia ejercida durante las manifestaciones. Algunos Estados tambi\u00e9n han reforzado las atribuciones y poderes de la polic\u00eda, como Alemania, donde ya es posible imponer medidas como la asignaci\u00f3n de residencia o la vigilancia de las comunicaciones a \u201cfuturos perpetradores de delitos\u201d. En respuesta a ello, algunos tribunales han jugado un papel decisivo en la salvaguardia de las libertades individuales, anulando prohibiciones generales de manifestaciones o, como en Polonia, haciendo respetar los derechos de quienes se manifestaban para expresar su oposici\u00f3n al gobierno. Sin embargo, se est\u00e1 pagando un alto precio: en su empe\u00f1o por socavar la independencia del poder judicial, las autoridades polacas siguen hostigando y degradando a varios miembros de la judicatura que trabajan en estos casos.<\/p>\n\n\n\n

2.5. Derecho a la seguridad personal<\/h5>\n\n\n\n

En Europa existen motivos de preocupaci\u00f3n sist\u00e9micos en materia de derechos humanos con respecto al racismo institucional, la discriminaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n policial y la ausencia de rendici\u00f3n de cuentas frente a denuncias de uso ileg\u00edtimo de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. La muerte de George Floyd bajo custodia policial en Mine\u00e1polis (Estados Unidos), ocurrida en mayo de 2020, provoc\u00f3 protestas en todo el mundo y permiti\u00f3 comprobar hasta qu\u00e9 punto la discriminaci\u00f3n policial, ejercida con impunidad, es un fen\u00f3meno generalizado tambi\u00e9n en Europa. Seg\u00fan los datos disponibles, en 2019 se tuvo constancia de 37 muertes bajo custodia o a consecuencia de alg\u00fan tipo de contacto con la polic\u00eda en Inglaterra y Gales (Reino Unido), con lo que el n\u00famero de personas muertas en Reino Unido desde 1990, en circunstancias de ese tipo, asciende a 1.743.1 En Francia, en 2019, se inform\u00f3 de 23 muertes bajo custodia o a consecuencia de alg\u00fan contacto con la polic\u00eda. En Alemania, desde 1990, han muerto bajo custodia policial al menos 159 personas racializadas.<\/p>\n\n\n\n

En numerosos casos, las familias y amistades de las personas muertas bajo custodia policial no han recibido justicia por la p\u00e9rdida de sus seres queridos. Por ejemplo, el joven negro Adama Traor\u00e9 muri\u00f3 bajo custodia policial en Francia en julio de 2016, tras haber sido detenido por tres agentes encargados de hacer cumplir la ley, que lo inmovilizaron en el suelo. Un examen forense independiente certific\u00f3 que Adama Traor\u00e9 muri\u00f3 de asfixia, lo que contradec\u00eda las conclusiones en sentido contrario de un examen anterior.<\/p>\n\n\n\n

2.6. Independencia del poder judicial<\/h5>\n\n\n\n

En Polonia, Hungr\u00eda, Rumania y Turqu\u00eda, las iniciativas legislativas y administrativas amenazan la independencia del poder judicial, el Estado de derecho y, como consecuencia, el derecho a un juicio justo. Este conflicto fue evidente, como dec\u00edamos, sobre todo en Polonia, donde el gobierno y el Parlamento intentan introducir cambios jur\u00eddicos y pol\u00edticos para obligar al poder judicial a acatar sus orientaciones pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

Los miembros de la judicatura y la fiscal\u00eda se vieron expuestos a sufrir actuaciones disciplinarias por pronunciarse en defensa del poder judicial, e incluso a convertirse personalmente en v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos. Tambi\u00e9n se emprendieron campa\u00f1as de desprestigio en los medios de comunicaci\u00f3n p\u00fablicos y las redes sociales contra miembros concretos de la judicatura para intimidarlos.<\/p>\n\n\n\n

En Hungr\u00eda, la erosi\u00f3n del sistema de controles y contrapesos en los tribunales ordinarios continu\u00f3 socavando la independencia del poder judicial. La Comisi\u00f3n Europea tambi\u00e9n ha advertido a Rumania de que debe abordar asuntos como la injerencia del poder ejecutivo en el Estado de derecho o de lo contrario tendr\u00e1a que hacer frente a la activaci\u00f3n de un procedimiento en virtud del cual pueden suspenderse determinados derechos de un Estado miembro por violaci\u00f3n persistente de los valores fundacionales de la UE.<\/p>\n\n\n\n

Aunque las instituciones de la UE no han tardado en intensificar su respuesta a la situaci\u00f3n en Polonia, sus intervenciones no se han traducido en mejoras significativas e incluso se ha empeorado. Un ejemplo reciente: la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional polaco de invalidar la constitucionalidad del acceso al aborto por \u201cdefecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto\u201d causa a\u00fan m\u00e1s da\u00f1o a las mujeres y las ni\u00f1as y viola sus derechos humanos. La sentencia es un ataque claro al derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y ni\u00f1as. Adem\u00e1s, supone un un grave incumplimiento de la obligaci\u00f3n que tiene el pa\u00eds, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, de abstenerse de tomar medidas regresivas que restrinjan el derecho de las mujeres a la atenci\u00f3n de la salud sexual y reproductiva. As\u00ed, en vez de salvaguardar y proteger los derechos de las mujeres, el Tribunal Constitucional de Polonia ha contribuido a violarlos. Polonia debe tomar ya medidas para ajustar su legislaci\u00f3n a la de otros Estados miembros de la UE y legalizar el aborto practicado a instancias de la mujer o por motivos sociales generales para garantizar el acceso pleno y efectivo de las mujeres a la atenci\u00f3n de la salud en las situaciones en que su salud f\u00edsica o mental corre peligro.<\/p>\n\n\n\n

La legislaci\u00f3n polaca en materia de aborto es una de las m\u00e1s restrictivas de Europa. Polonia es uno de los dos \u00fanicos Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea de los 27 que no permite el aborto a petici\u00f3n propia o por motivos sociales generales. En la legislaci\u00f3n polaca solo se permite el aborto si se practica para proteger la vida o la salud de la mujer o porque el embarazo es el resultado de una violaci\u00f3n. Hasta la sentencia del Constitucional era tambi\u00e9n legal en las situaciones de \u201cdefecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto\u201d. Incluso en las situaciones en que el aborto es legal, hay m\u00faltiples obst\u00e1culos que se combinan para limitar gravemente el acceso a \u00e9l en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n

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En Polonia, Hungr\u00eda, Rumania y Turqu\u00eda, las iniciativas legislativas y administrativas amenazan la independencia del poder judicial y el Estado de derecho<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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Desde su llegada al poder en 2015, el partido gobernante, Ley y Justicia, ha menoscabado la independencia del Tribunal Constitucional y su eficacia como herramienta de control del poder ejecutivo. El \u00f3rgano asesor jur\u00eddico del Consejo de Europa, la Comisi\u00f3n de Venecia, y la Comisi\u00f3n Europea han censurado la injerencia del gobierno polaco en el Tribunal. En su informe de septiembre de 2020 sobre el Estado de derecho, la Comisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el problema de la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional sigue sin resolverse. En 2017, la Comisi\u00f3n Europea entabl\u00f3 procedimientos contra Polonia en virtud del art\u00edculo 7.1 del Tratado de la Uni\u00f3n Europea por contravenciones del Estado de derecho, entre ellas la falta de revisi\u00f3n constitucional independiente y leg\u00edtima.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

2.7. Igualdad y no discriminaci\u00f3n<\/h5>\n\n\n\n

A lo largo de casi dos decenios, Amnist\u00eda Internacional ha documentado una discriminaci\u00f3n generalizada contra grupos racializados en Europa, lo que incluye su desprotecci\u00f3n frente a actos de violencia discriminatorios. Adem\u00e1s de los delitos de odio y de los actos de discriminaci\u00f3n perpetrados por agentes no estatales, existen importantes motivos de preocupaci\u00f3n con respecto a la pr\u00e1ctica policial que hacen pensar en la existencia de un racismo institucional en Europa. Esta pr\u00e1ctica puede influir en los servicios policiales \u201cm\u00e1s all\u00e1 de las acciones deliberadas de un peque\u00f1o n\u00famero de fan\u00e1ticos, concret\u00e1ndose en una tendencia m\u00e1s sistem\u00e1tica que puede influir de manera inconsciente en la actuaci\u00f3n policial en general\u201d. Como ejemplos de lo dicho, cabe mencionar el empleo de perfiles discriminatorios, la vigilancia policial selectiva y la falta de investigaciones adecuadas y de reparaciones en casos de violencia policial discriminatoria.<\/p>\n\n\n\n

En 2019 y 2020, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea expres\u00f3 de nuevo \u2014como en a\u00f1os anteriores\u2014 su preocupaci\u00f3n por el empleo de perfiles \u00e9tnicos o raciales en Alemania, B\u00e9lgica, Finlandia, Pa\u00edses Bajos, Reino Unido y Suecia. En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvi\u00f3 que la polic\u00eda rumana hab\u00eda sometido a la poblaci\u00f3n roman\u00ed a malos tratos en una redada realizada en 2011 y, por primera vez, concluy\u00f3 no solo que las autoridades deber\u00edan haber investigado esos abusos, sino tambi\u00e9n que el comportamiento de la polic\u00eda hab\u00eda sido discriminatorio. El tribunal determin\u00f3 que, en Rumania, \u201clas comunidades roman\u00edes se enfrentan a menudo a un racismo institucionalizado y son susceptibles de ser objeto de un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para avalar esta conclusi\u00f3n, el tribunal cit\u00f3 \u201clos informes generalizados sobre el empleo de estereotipos raciales de roman\u00edes presentados por la tercera parte [el Centro Europeo de Derechos de los Roman\u00edes] que van m\u00e1s all\u00e1 de una simple expresi\u00f3n de preocupaci\u00f3n por la discriminaci\u00f3n \u00e9tnica en Rumania [\u2026]. \u00c9stos demuestran, m\u00e1s bien, que las decisiones de organizar una redada policial y de utilizar la fuerza contra los demandantes se basaban en consideraciones relativas a su origen \u00e9tnico\u201d. Tambi\u00e9n se han denunciado casos similares de redadas policiales contra asentamientos o barrios roman\u00edes en Italia y en Eslovaquia.<\/p>\n\n\n\n

Prueba de la tendencia al empeoramiento de la situaci\u00f3n en la regi\u00f3n, la intolerancia y la discriminaci\u00f3n se tornan a menudo en violencia. La violencia va dirigida contra quienes alzan su voz en defensa de minor\u00edas y en favor de la tolerancia y la inclusi\u00f3n. Han continuado la discriminaci\u00f3n y los ataques contra comunidades roman\u00edes en toda Europa. Asimismo, los ataques y agresiones a persones del colectivo LGBTI, de car\u00e1cter antisemita o islam\u00f3fobo se suceden tambi\u00e9n en muchos pa\u00edses europeos.<\/p>\n\n\n\n

2.8. Derechos de las mujeres<\/h5>\n\n\n\n

Tras una decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Belfast, en Irlanda del Norte se dio el paso largamente esperado de despenalizar el aborto y archivar todas las actuaciones penales abiertas. En Eslovaquia siguen las iniciativas parlamentarias dirigidas a restringir a\u00fan m\u00e1s el acceso al aborto y a penalizarlo, que han suscitado protestas de las organizaciones de derechos humanos y han impulsado a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa a pedir al Parlamento la retirada del proyecto legislativo.<\/p>\n\n\n\n

Las supervivientes de violencia sexual, incluida la violaci\u00f3n, contin\u00faan encontrando obst\u00e1culos para acceder a la justicia. En la legislaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los pa\u00edses europeos, la definici\u00f3n de violaci\u00f3n sigue basada en criterios de fuerza, contrariamente al derecho y las normas de derechos humanos, que reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violaci\u00f3n. En pa\u00edses como Dinamarca, Espa\u00f1a y Reino Unido existen fallos sist\u00e9micos en la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y procesamiento de los casos de violencia sexual. Supervivientes de violencia sexual y activistas de los derechos de las mujeres siguen denunciando estos fallos y exigen justicia.<\/p>\n\n\n\n


3. Represi\u00f3n pol\u00edtica y limitaciones de derechos durante la pandemia y en el post-COVID-19<\/h4>\n\n\n\n

El 11 de marzo de 2020, la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) declar\u00f3 pandemia mundial el brote de coronavirus (COVID-19) y pidi\u00f3 a los Estados que adoptaran medidas urgentes para combatirlo. Desde entonces, los Estados europeos vienen adoptando medidas para combatir la pandemia y hacer frente a la creciente presi\u00f3n que esta ejerce sobre sus sistemas p\u00fablicos de salud. Dichas medidas de \u201cconfinamiento\u201d y cierre de actividades tambi\u00e9n han impactado en los derechos humanos y, en particular, en los derechos a la libertad de circulaci\u00f3n y a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n

La aplicaci\u00f3n de las medidas de confinamiento han intensificado motivos de preocupaci\u00f3n ya existentes en la regi\u00f3n en materia de derechos humanos. En 2019, un a\u00f1o antes de la pandemia de COVID-19, Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 violaciones de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales de la poblaci\u00f3n roman\u00ed y n\u00f3mada en 18 de 35 pa\u00edses europeos. Ese mismo a\u00f1o, la organizaci\u00f3n se mostr\u00f3 preocupada por la impunidad que rodeaba el uso ileg\u00edtimo de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley en 13 de 35 pa\u00edses. La aplicaci\u00f3n de las medidas de confinamiento para combatir la pandemia han dejado al descubierto las desigualdades estructurales existentes y la discriminaci\u00f3n ejercida por motivos de etnia, situaci\u00f3n migratoria y condici\u00f3n socioecon\u00f3mica. En algunos casos, estas medidas han venido a reforzar la marginaci\u00f3n, la estigmatizaci\u00f3n y la violencia que ya sufr\u00edan determinados colectivos.<\/p>\n\n\n\n

Amnist\u00eda Internacional considera preocupante el impacto desproporcionado que la aplicaci\u00f3n de algunas de las medidas de confinamiento est\u00e1 teniendo sobre personas y grupos racializados, que son, de por s\u00ed, v\u00edctimas de estereotipos, discriminaci\u00f3n y violencia a causa de su etnia, religi\u00f3n o situaci\u00f3n migratoria. La imposici\u00f3n de algunas medidas \u2014y, en particular, de las que restringen la libertad de circulaci\u00f3n\u2014 se ha cebado tambi\u00e9n con las personas sin hogar, decenas de las cuales han sido multadas por agentes encargados de hacer cumplir la ley por no haber cumplido las medidas de aislamiento y las restricciones del derecho a la libertad de circulaci\u00f3n en pa\u00edses como Italia, Espa\u00f1a y Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n

Amnist\u00eda Internacional ha documentado varios casos en que agentes encargados de hacer cumplir la ley han recurrido al uso ileg\u00edtimo de la fuerza para imponer medidas de confinamiento a personas que no hab\u00edan ofrecido resistencia ni constitu\u00edan una amenaza significativa. Este es, con frecuencia, el caso en los controles de identidad policiales. De hecho, los datos existentes sobre operaciones policiales de dar el alto, registrar y controlar la identidad de transe\u00fantes indican que la aplicaci\u00f3n de estas facultades repercute de manera desproporcionada sobre los grupos racializados. Por ejemplo, en Reino Unido \u2014uno de los pocos pa\u00edses europeos que recopilan datos desglosados sobre la labor policial\u2014, la Polic\u00eda Metropolitana registr\u00f3 un incremento del 22% en operaciones de dar el alto y registrar llevadas a cabo en Londres durante los meses de marzo y abril de 2020, periodo durante el cual las autoridades impusieron medidas extraordinarias para combatir la pandemia de COVID-19. En particular, ascendi\u00f3 de manera significativa el n\u00famero de personas negras a las que se someti\u00f3 a registros: en concreto, en marzo de 2020, se dio el alto y se registr\u00f3 a 7,2 de cada 1.000 personas negras, cifra que, en abril, aument\u00f3 a 9,3.8 En Francia, en el departamento de Sena-Saint-Denis \u2014cuya poblaci\u00f3n de clase obrera de la regi\u00f3n de Par\u00eds tiene un elevado porcentaje de residentes de ascendencia norteafricana y subsahariana\u2014 el n\u00famero de controles policiales duplic\u00f3 con creces la media nacional, y el n\u00famero de multas impuestas multiplic\u00f3 por tres las del resto del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las autoridades locales, el grado de cumplimiento de las medidas de confinamiento en Sena-Saint-Denis fue comparable al de otros departamentos de Francia. Por tanto, el elevado n\u00famero de multas y controles de identidad indica que ese departamento fue sometido a una vigilancia policial desproporcionada en comparaci\u00f3n con otros. La poblaci\u00f3n roman\u00ed de asentamientos informales, y las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes residentes en campos, han sufrido tambi\u00e9n una aplicaci\u00f3n desproporcionada y discriminatoria de medidas contra la pandemia de COVID-19. En lugar de garantizar el acceso adecuado a agua, saneamiento y una vivienda alternativa, necesaria para que cada persona pueda cumplir las medidas de cuarentena recomendadas, las autoridades de algunos pa\u00edses han impuesto cuarentenas obligatorias a asentamientos enteros.<\/p>\n\n\n\n

Los asentamientos informales y los campos de migrantes de pa\u00edses como Bulgaria, Francia y Eslovaquia han sido sometidos a intensa vigilancia policial \u2014hasta el punto de desplegarse en ellos el ej\u00e9rcito\u2014 y su poblaci\u00f3n ha sido obligada a pasar pruebas m\u00e9dicas. En varios casos, Amnist\u00eda Internacional ha recibido informaci\u00f3n sobre el uso ileg\u00edtimo de la fuerza contra residentes por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. A veces, estas medidas llegaron precedidas de un discurso discriminatorio e incendiario por parte de miembros del gobierno. Por ejemplo, el partido Movimiento Nacional B\u00falgaro (VMRO) \u2014miembro minoritario del gobierno de coalici\u00f3n b\u00falgaro\u2014 calific\u00f3 a la poblaci\u00f3n roman\u00ed de amenaza colectiva para la poblaci\u00f3n general que deb\u00eda ser \u201ccontrolada y contenida\u201d. Asimismo, el ministro del Interior del pa\u00eds, Mladen Marinov, amenaz\u00f3 con nuevas medidas coercitivas para \u201cproteger a la poblaci\u00f3n en general\u201d si la poblaci\u00f3n roman\u00ed incumpl\u00eda estrictas medidas de distanciamiento f\u00edsico.<\/p>\n\n\n\n

El empleo de medidas coercitivas para proteger la salud p\u00fablica en Europa ha tenido un impacto desproporcionado sobre los grupos racializados, de por s\u00ed sometidos a controles discriminatorios de identidad y al empleo ileg\u00edtimo de la fuerza antes de la pandemia. Los planteamientos coercitivos son contrarios a las buenas pr\u00e1cticas de salud p\u00fablica contrastadas, y a menudo se emplean contra comunidades desfavorecidas que est\u00e1n marginadas, empobrecidas o en riesgo de discriminaci\u00f3n, y se traducen en estigma, temor y p\u00e9rdida de confianza en las autoridades. En cambio, las respuestas efectivas a
las crisis de salud se basan en el respeto a los derechos humanos y hacen hincapi\u00e9 en el empoderamiento y la participaci\u00f3n de la comunidad, lo que incluye pol\u00edticas que generen confianza y solidaridad.<\/p>\n\n\n\n

Para que se consideren necesarias, las sanciones deben ser el \u00faltimo recurso cuando otras alternativas hayan resultado infructuosas o cuando resulte evidente que no es posible lograr el objetivo por otros medios. En ese sentido, los Estados deben aplicar medidas menos invasivas para garantizar el cumplimiento de las restricciones, entre ellas una campa\u00f1a de informaci\u00f3n p\u00fablica suficientemente s\u00f3lida para informar a la poblaci\u00f3n de las razones por las que es importante cumplir las restricciones. Si no se han aprobado otras medidas y los Estados recurren \u00fanicamente a la imposici\u00f3n de sanciones, no se cumplir\u00e1 el requisito de necesidad, ya que no se han aplicado, previamente, medios menos intrusivos para lograr el mismo objetivo.<\/p>\n\n\n\n

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Las medidas para combatir la pandemia han dejado al descubierto las desigualdades estructurales y la discriminaci\u00f3n por motivos de etnia, situaci\u00f3n migratoria y condici\u00f3n socioecon\u00f3mica<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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En vista de la existencia de motivos de preocupaci\u00f3n sist\u00e9micos en Europa sobre el respeto a los derechos humanos en la labor policial, y de la falta de pruebas sobre la eficacia de los planteamientos coercitivos en cuestiones de salud p\u00fablica, la atribuci\u00f3n de facultades adicionales a la polic\u00eda y la focalizaci\u00f3n en la imposici\u00f3n por la fuerza de medidas de confinamiento deber\u00edan ser consideradas \u00faltimos recursos. Los Estados deben evitar la aplicaci\u00f3n de medidas de confinamiento mediante el uso de sanciones penales.<\/p>\n\n\n\n

Dado el elevado riesgo de transmisi\u00f3n de la COVID-19 en ciertas c\u00e1rceles y otros lugares de detenci\u00f3n, la ejecuci\u00f3n de las penas de reclusi\u00f3n probablemente agrave los problemas de salud p\u00fablica que causa la pandemia y no ser\u00eda una medida necesaria ni proporcionada.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n


El caso de Francia<\/h5>\n\n\n\n

Seg\u00fan el informe de Amnist\u00eda Internacional, Arrested for protest: Weaponizing the law to crackdown on peaceful protesters in France [2]<\/a>2 \u2014 Amnist\u00eda Internacional (2020), Arrested for protest: weaponizing the law to crackdown on peaceful protesters in France. Informe publicado el 29 de septiembre de 2020. Disponible en l\u00ednea al sitio web amnesty.org\n<\/span><\/span>, miles de personas que se manifestaban pac\u00edficamente se han visto afectadas por las draconianas medidas contra las manifestaciones aplicadas en Francia por las autoridades, que hacen un uso indebido de la ley para detener arbitrariamente y enjuiciar a personas que no han cometido ning\u00fan acto violento.<\/p>\n\n\n\n

La prohibici\u00f3n general de protestas decretada tras el confinamiento por la COVID-19 fue desproporcionada y desemboc\u00f3 en la imposici\u00f3n injustificada de cientos de multas. Desde que, a finales de 2018 \u2014mucho antes de la pandemia\u2014, empezaron una serie de movimientos de protesta en todo el pa\u00eds, se vienen aplicando unas leyes poco precisas contra personas encargadas de prestar primeros auxilios, periodistas y quienes observan la situaci\u00f3n de los derechos humanos, entre otras.<\/p>\n\n\n\n

Las desproporcionadas restricciones de las protestas en la Francia de despu\u00e9s del confinamiento son una continuaci\u00f3n de una constante en la que la polic\u00eda y el sistema de justicia atacan a manifestantes pac\u00edficos. Detener a personas por soltar globos o llevar pancartas tiene un profundo efecto disuasorio en protestas leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, miles de personas han sido arbitrariamente multadas, detenidas, recluidas y enjuiciadas por actividades pac\u00edficas que no deber\u00edan considerarse delito. En aplicaci\u00f3n de los poderes en vigor a causa de la COVID-19 se han prohibido protestas y se ha multado a cientos de manifestantes.<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, se ha producido en Francia un aumento considerable de movimientos de protesta de \u00e1mbito nacional: desde los Chalecos Amarillos (\u00abGilets Jaunes\u00bb) a las manifestaciones en las que se piden medidas contra la emergencia clim\u00e1tica, pasando por las que reclaman justicia social y las convocadas contra la impunidad policial y el racismo celebradas tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Entre noviembre de 2018 y julio de 2019, se orden\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva de 11.203 manifestantes del movimiento Chalecos Amarillos, detenidos y enjuiciados por actividades que no deber\u00edan constituir delito. En 2018 y 2019, m\u00e1s de 40.000 personas, manifestantes incluidos, fueron declaradas culpables en aplicaci\u00f3n de unas leyes poco precisas que criminalizan, entre otras actividades, el \u201cdesacato a funcionarios p\u00fablicos\u201d, la \u201cparticipaci\u00f3n en un grupo con el fin de cometer actos violentos\u201d y la \u201corganizaci\u00f3n de una protesta sin cumplir los requisitos sobre notificaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En 2019, 20.280 personas, manifestantes entre ellas, fueron declaradas culpables de \u201cdesacato a funcionarios p\u00fablicos\u201d. Este delito, definido de forma ambigua, abarca todo lo que se considere que \u201cafecta a la dignidad personal o al respeto debido a un funcionario p\u00fablico\u201d y es punible con hasta un a\u00f1o de c\u00e1rcel y una multa m\u00e1xima de 15.000 euros.<\/p>\n\n\n\n

Ante el fuerte aumento del uso de gas lacrim\u00f3geno, balas de goma y granadas de gas lacrim\u00f3geno por la polic\u00eda, quienes se manifiestan recurren cada vez m\u00e1s al uso de m\u00e1scaras, cascos y gafas de protecci\u00f3n. En abril de 2019, se introdujo la prohibici\u00f3n general de cubrirse el rostro en las protestas bajo multa de hasta 15.000 euros y penas de hasta un a\u00f1o de c\u00e1rcel. Entre abril y octubre de 2019, 210 personas fueron sometidas a detenci\u00f3n preventiva en aplicaci\u00f3n de esta prohibici\u00f3n. En 2019, 41 manifestantes fueron declarados culpables de este delito.<\/p>\n\n\n\n

Hay que revisar con urgencia la ley que proh\u00edbe llevar prendas que cubran la cara en reuniones p\u00fablicas, dado que estas son actualmente una medida de protecci\u00f3n sanitaria necesaria contra la COVID-19.<\/p>\n\n\n\n

Cientos de personas, manifestantes entre ellas, han sido declaradas culpables de \u201cparticipaci\u00f3n en un grupo con el fin de preparar actos de violencia\u201d. Este delito tan general permite a las autoridades detener y juzgar a personas, no por lo que han hecho, sino por lo que las autoridades creen que podr\u00edan hacer en el futuro. Tambi\u00e9n se ha detenido y juzgado a manifestantes solo por llevar gafas de protecci\u00f3n o m\u00e1scaras para protegerse del gas lacrim\u00f3geno y las balas de goma.<\/p>\n\n\n\n

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Las detenciones y enjuiciamientos han tenido un efecto inhibidor en Francia; recurrir a la ley para atacar a quienes protestan es menos visible que el uso de fuerza, pero no es menos perjudicial para el derecho a protesta<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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Las detenciones y enjuiciamientos han tenido un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica en Francia. Muchas de las personas entrevistadas por Amnist\u00eda Internacional dijeron que ahora se lo pensaban dos veces antes de protestar, participaban menos asiduamente en protestas o evitaban las reuniones p\u00fablicas grandes.<\/p>\n\n\n\n

Recurrir a la ley para atacar a quienes protestan es menos visible que el uso de fuerza excesiva, pero no es menos perjudicial para el derecho a protestar. Las autoridades francesas deben dejar de criminalizar a las personas y deben modificar todas las leyes que entorpecen el disfrute del derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

El caso de Espa\u00f1a<\/h5>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n de excepcionalidad y emergencia sanitaria causada por el empeoramiento de los datos epidemiol\u00f3gicos en octubre y noviembre de 2020 en Espa\u00f1a, tras la primera ola de la primavera, han requerido de las autoridades espa\u00f1olas la adopci\u00f3n de medidas urgentes para proteger la vida y la salud de todas las personas que siguen en vigor a principios de 2021.<\/p>\n\n\n\n

El estado de alarma decretado por el Gobierno en octubre de 2020 mediante el Real Decreto 926\/2020 por el que se adoptan nuevas medidas para contener la propagaci\u00f3n de la COVID-19, viene a cubrir este objetivo e introduce una nueva limitaci\u00f3n de derechos tales como la libertad de movilidad o la libertad de reuni\u00f3n, delegando en los presidentes\/as de las Comunidades Aut\u00f3nomas la toma de decisiones sobre el alcance concreto de dichas medidas.<\/p>\n\n\n\n

Amnist\u00eda Internacional ha reiterado, desde la entrada en vigor de la Ley Org\u00e1nica de Seguridad Ciudadana en 2015 \u2013 la denominada Ley Mordaza-, su preocupaci\u00f3n por el amplio margen de poder y de discrecionalidad que esta ley otorgaba a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para valorar qu\u00e9 conductas pueden ser susceptibles de considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad, sin que esta discrecionalidad fuera acompa\u00f1ada de adecuados mecanismos de control y rendici\u00f3n de cuentas, lo que facilita comportamientos abusivos y arbitrarios. El actual contexto de pandemia ha agravado la imposici\u00f3n de multas.<\/p>\n\n\n\n

Durante todos estos meses, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedec\u00edan el estado de alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los est\u00e1ndares internacionales. Y todo esto bajo la aplicaci\u00f3n de la Ley Mordaza, una ley que, tal y como ha repetido Amnist\u00eda Internacional desde hace a\u00f1os, debe modificarse porque supone una amenaza para los derechos de reuni\u00f3n pac\u00edfica, expresi\u00f3n e informaci\u00f3n, al igual que ampl\u00eda los poderes de la polic\u00eda a la hora de sancionar, sin otorgar mecanismos de control. Solamente en los dos primeros meses del estado de alarma (marzo a mayo) se tramitaron m\u00e1s de 850.000 denuncias seg\u00fan el ministerio del Interior.<\/p>\n\n\n\n

Pese a las dificultades y retos que enfrentan las fuerzas de seguridad en este contexto in\u00e9dito, sin precedentes, los agentes han desarrollado su funci\u00f3n con un enfoque principalmente coercitivo, sin tener en cuenta alternativas a la mera imposici\u00f3n de sanciones. La falta de criterios claros de actuaci\u00f3n, especialmente en el trato con grupos vulnerables y con necesidades espec\u00edficas, abre la puerta a que agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puedan seguir cometiendo abusos mientras se alargue la situaci\u00f3n de excepcionalidad provocada por la pandemia.<\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n recibi\u00f3 testimonios de personas que fueron denunciadas sin mediar ning\u00fan tipo de advertencia previa, incluso concurriendo circunstancias que pod\u00edan legitimar su presencia en la calle, y sin tomar en consideraci\u00f3n necesidades espec\u00edficas. Tambi\u00e9n se documentaron situaciones en las que agentes de las fuerzas de seguridad no se comportaron con la debida profesionalidad, o incluso en contra de lo dispuesto en las instrucciones emanadas del ministerio.<\/p>\n\n\n\n

Cabe recordar que la mera presencia en la calle de algunas personas no constituye obligatoriamente un delito de desobediencia y que la sanci\u00f3n no debe ser utilizada m\u00e1s que como \u00faltimo recurso, cuando se han agotado otras v\u00edas. Sin embargo, los agentes est\u00e1n, en muchas ocasiones, simplemente usando su propio criterio, arbitrario y desproporcionado, y en otras, ni siquiera atendiendo a los razonamientos leg\u00edtimos que les proporcionaban las personas afectadas.<\/p>\n\n\n\n


4. Propuestas para garantizar m\u00e1s derechos humanos en Europa<\/h4>\n\n\n\n
  • En tiempos de pandemia, la protecci\u00f3n del derecho a la salud, y la urgente necesidad de reforzar los sistemas p\u00fablicos de salud de los pa\u00edses europeos, mermados por las pol\u00edticas de austeridad aplicadas durante la \u00faltima d\u00e9cada, son esenciales. Es, adem\u00e1s, necesario, adoptar medidas legislativas para blindar la salud como un derecho humano b\u00e1sico que los Estados deben garantizar para todas las personas sin discriminaci\u00f3n.

    <\/li>
  • La pandemia es global y necesita una respuesta multilateral. Hay que tomar desde ya mismo, medidas urgentes para apoyar que la vacuna para la COVID-19 sea accesible y disponible para todas las personas, en todos los pa\u00edses, sin discriminaci\u00f3n. En este sentido, los acuerdos que Pfizer-BioNTech y otros fabricantes de la vacuna van cerrando para suministrar m\u00e1s de mil millones de dosis a los pa\u00edses ricos, mayoritariamente de la UE, mientras excluyen al resto de los pa\u00edses del mundo dej\u00e1ndoles apenas una cuarta parte de la producci\u00f3n prevista, son muy preocupantes. Los beneficios de las grandes farmac\u00e9uticas no deben primar frente a la salud de miles de millones de personas. Pfizer-BioNTech y otros fabricantes deben aclarar urgentemente c\u00f3mo van a optimizar el acceso a la vacuna en pa\u00edses de ingresos medios y bajos para salvar vidas. La pandemia no habr\u00e1 acabado hasta que no haya acabado para todo el mundo, no \u00fanicamente para Europa y el bloque occidental.
    <\/li><\/ul>\n\n\n\n
    • Los estados deben reconocer que la defensa de los derechos humanos es una actividad esencial durante los periodos de emergencia y alerta y deben garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos pueden realizar su trabajo sin sufrir represalias, intimidaci\u00f3n ni amenazas. Asimismo, hay que blindar el derecho a manifestaci\u00f3n y libre expresi\u00f3n pac\u00edficas desactivando o reformando aquellas leyes que suponen una amenaza a estos derechos fundamentales y que desincentivan la protesta.

      <\/li>
    • Es esencial que, en todo el mundo, las autoridades den prioridad a las buenas pr\u00e1cticas de salud p\u00fablica sobre los enfoques \u00fanicamente punitivos y coercitivos, que han resultado contraproducentes. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben transmitir a su personal \u00f3rdenes e instrucciones claras para que ponga los derechos humanos por encima que cualquier otra consideraci\u00f3n.

      <\/li><\/ul>\n\n\n\n
      • La obligaci\u00f3n de prestar atenci\u00f3n e impedir preocupantes retrocesos en materia de derechos humanos en el seno de la UE, con los casos m\u00e1s evidentes de Hungr\u00eda y Polonia. La pandemia no puede ser la excusa para seguir ahondando en esta senda.

        <\/li><\/ul>\n\n\n\n
        • La necesidad de que todos los Estados miembro, incluido Espa\u00f1a, aumenten los esfuerzos de reubicaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n refugiada en campos de Grecia, especialmente de los y las menores no acompa\u00f1adas, as\u00ed como de mejorar los sistemas de asilo y acogida.

          <\/li><\/ul>\n\n\n\n
          • El empleo de tecnolog\u00edas digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones deben garantizar el respeto pleno a los derechos humanos. Estas aplicaciones no deber\u00edan ser obligatorias, en cuyo caso constituir\u00edan una herramienta de vigilancia masiva, prohibida por el derecho internacional.

            <\/li><\/ul>\n\n\n\n
            • La necesidad de tomar medidas diferenciadas para que la pandemia no exacerbe las desigualdades de g\u00e9nero, abordando, con todos los medios posibles, la violencia hacia las mujeres y garantizando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

              <\/li>
            • Los estados deben abstenerse de imponer medidas de confinamiento por la fuerza y de dotar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley de facultades extraordinarias para aplicar dichas medidas. Considerar solo como \u00faltimo recurso la aplicaci\u00f3n coercitiva de medidas para proteger la salud p\u00fablica. Evitar, en particular, el empleo de sanciones penales para aplicar las medidas de confinamiento, y no hacer cumplir condenas de prisi\u00f3n a quienes violen dichas medidas.

              <\/li>
            • Los estados deben prohibir de manera expl\u00edcita la discriminaci\u00f3n en la legislaci\u00f3n policial y antidiscriminatoria, incluidos los controles discriminatorios de identidad, y garantizar mecanismos adecuados para aplicar dicha prohibici\u00f3n, entre ellos un sistema de medidas disciplinarias aplicables a los agentes que la incumplan.

              <\/li>
            • Los estados deben implantar mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas para garantizar investigaciones inmediatas, imparciales y exhaustivas sobre las denuncias de uso ileg\u00edtimo de la fuerza por parte de la polic\u00eda.

              <\/li>
            • Los estados deben poner fin a las cuarentenas obligatorias y discriminatorias en los asentamientos roman\u00edes.

              <\/li>
            • Los estados deben revisar las penas impuestas por el incumplimiento de las medidas de confinamiento y anular las multas impuestas a personas que no pod\u00edan cumplir las medidas en cuesti\u00f3n a causa de su condici\u00f3n socioecon\u00f3mica, entre ellas las personas sin hogar.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              En el an\u00e1lisis que Amnist\u00eda Internacional realiza anualmente sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en los \u00faltimos a\u00f1os Europa ha venido cobrando un protagonismo in\u00e9dito en cuestiones que poco tiempo atr\u00e1s despertaban nula preocupaci\u00f3n o lo hac\u00edan en una magnitud reducida. Algunas de las tendencias que se han agravado se refieren a cuestiones esenciales de libertad pol\u00edtica, de reuni\u00f3n, manifestaci\u00f3n y expresi\u00f3n, todos ellos derechos fundamentales y pilares de las democracia. 1. La represi\u00f3n pol\u00edtica y de derechos humanos en Europa. 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