{"id":60476,"date":"2022-11-15T09:56:00","date_gmt":"2022-11-15T07:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/revistaidees.cat\/el-reconeixement-de-les-violencies-institucionals-una-nova-eina-per-exigir-els-drets-de-les-dones\/"},"modified":"2023-02-13T17:26:26","modified_gmt":"2023-02-13T15:26:26","slug":"el-reconocimiento-de-las-violencias-institucionales-una-nueva-herramienta-para-exigir-los-derechos-de-las-mujeres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistaidees.cat\/es\/el-reconocimiento-de-las-violencias-institucionales-una-nueva-herramienta-para-exigir-los-derechos-de-las-mujeres\/","title":{"rendered":"El reconocimiento de las violencias institucionales: una nueva herramienta para exigir los derechos de las mujeres"},"content":{"rendered":"\n

El concepto violencia institucional<\/em>, forjado por las entidades de derechos humanos, tiene un gran poder comunicativo y pretende dejar atr\u00e1s el paradigma del infractor individual para poner el foco en las administraciones. Tambi\u00e9n pretende dejar atr\u00e1s el modelo de reconocimiento formal de derechos para pasar al de la efectividad de estos derechos. La incorporaci\u00f3n de este nuevo \u00e1mbito de violencias supone el reconocimiento de una deuda hist\u00f3rica con los movimientos de mujeres y feministas, adem\u00e1s de un avance conceptual y una herramienta de gran potencial transformador.<\/p>\n\n\n\n

El primer paso: la construcci\u00f3n de un marco de cumplimiento y de evaluaci\u00f3n sobre la base del est\u00e1ndar de la diligencia debida<\/h4>\n\n\n\n

La incorporaci\u00f3n de las violencias institucionales s\u00f3lo puede desplegar su potencial generador de derechos si con car\u00e1cter previo se han concretado las obligaciones de cada sector de la Administraci\u00f3n, de forma que las mujeres puedan conocerlas y, acto seguido, exigirlas. La base conceptual sobre la cual se tiene que construir el marco de obligaciones positivas, as\u00ed como el marco de evaluaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n de las administraciones p\u00fablicas en el abordaje de las violencias machistas es el est\u00e1ndar de diligencia debida.<\/p>\n\n\n\n

El est\u00e1ndar de diligencia debida fue creado en el \u00e1mbito internacional, en el contexto de las grandes reivindicaciones de las mujeres a principios de los a\u00f1os noventa. La estrategia de la legalizaci\u00f3n de sus demandas pretend\u00eda usar el peso de la ley para forzar los estados a desplegar pol\u00edticas p\u00fablicas sobre las violencias machistas, y colocar el estado en la posici\u00f3n de garante de los derechos de las mujeres. El estado quedaba sometido as\u00ed a un deber permanente y transversal de proactividad, celeridad y calidad en sus intervenciones. El est\u00e1ndar de diligencia debida se alcanz\u00f3 como categor\u00eda conceptual, pero no se tradujo en una serie de obligaciones concretas y calendarizadas para los estados.<\/p>\n\n\n\n

Los actores clave en la concreci\u00f3n de las obligaciones derivadas del est\u00e1ndar de la diligencia debida<\/h4>\n\n\n\n

Las recomendaciones del Comit\u00e9 de la CEDAW<\/h5>\n\n\n\n

A partir del a\u00f1o 2000, la constataci\u00f3n del hecho de que contar con instrumentos legales sobre los derechos de las mujeres no estaba siendo suficiente empuj\u00f3 a concretar aquellas obligaciones estatales. El a\u00f1o 2010 el Comit\u00e9 para la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer (CEDAW) public\u00f3 su Recomandaci\u00f3n n\u00famero 28 [1]<\/a>1 \u2014 Comit\u00e9 para la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n contra la mujer (2010). Proyecto de Recomendaci\u00f3n general N\u00ba 28 relativa al art\u00edculo 2 de la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer\u00a0[disponible en l\u00ednea]. Consulta: 15 de septiembre de 2022.\n<\/span><\/span>, que analizaba la naturaleza y alcance de las obligaciones de los Estados. La Recomendaci\u00f3n mencionaba las violencias machistas perpetradas o condonadas por el Estado y subrayaba que la actuaci\u00f3n de las administraciones, para ser considerada discriminatoria, no requer\u00eda ser intencional. En el 2017 se public\u00f3 la Recomendaci\u00f3n n\u00famero 35 [2]<\/a>2 \u2014 Comit\u00e9 para la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n contra la mujer (2017). Recomendaci\u00f3n general num. 35 sobre la violencia por raz\u00f3n de g\u00e9nero contra la mujer, por la que se actualiza la recomendaci\u00f3n general num. 19 [disponible en l\u00ednea]. Consulta: 9 de octubre de 2022.\n<\/span><\/span>, que realizaba una serie de recomendaciones en el \u00e1mbito legislativo, ejecutivo y judicial, y que sigue siendo considerada la hoja de ruta para alcanzar la diligencia debida en el abordaje de las violencias machistas.<\/p>\n\n\n\n

Los informes de la relatora de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres<\/h5>\n\n\n\n

Las Naciones Unidas, a trav\u00e9s de las sucesivas relatoras, tambi\u00e9n han realizado una importante contribuci\u00f3n a la hora de desgranar obligaciones concretas derivadas de la obligaci\u00f3n general de los Estados de erradicar las violencias machistas. Su informe del 2006 [3]<\/a>3 \u2014 Ert\u00fcrk, Yakin (2006). La norma de la diligencia debida como instrumento para la eliminaci\u00f3n de la violencia contra la mujer. Informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, [disponible en l\u00ednea]. Estrasburgo: Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Consulta: 14 de septiembre de 2022.\n<\/span><\/span> subrayaba el potencial del est\u00e1ndar de diligencia debida como herramienta para establecer un marco de obligaciones. El del 2013 analiz\u00f3 el est\u00e1ndar de diligencia debida como herramienta para exigir la rendici\u00f3n de cuentas a los Estados en cuanto a su actuaci\u00f3n hacia las violencias machistas y para construir un marco que permitiera evaluar el grado de cumplimiento de las acciones y omisiones de las administraciones.<\/p>\n\n\n\n

Las sentencias de los tribunales internacionales<\/h5>\n\n\n\n

Los tribunales internacionales tambi\u00e9n han sido actores clave en la concreci\u00f3n de las obligaciones de los Estados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue pionera al ampliar la base legal de la responsabilidad de las administraciones. En la sentencia Gonz\u00e1lez y otros (\u201cSalvo Algodonero\u201d) v. M\u00e9xico del 2009 relativo a los feminicidios de Ciudad Ju\u00e1rez, defini\u00f3 la llamada doctrina del riesgo<\/em> y de la complicidad seg\u00fan la cual el Estado tambi\u00e9n es responsable de los patrones de violencia que afectan a los grupos subordinados. El Estado tiene una posici\u00f3n de garante de derechos que nace de la capacidad o posibilidad de prevenir o evitar un riesgo real e inmediato.<\/p>\n\n\n\n

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La incorporaci\u00f3n de la violencia institucional supone el reconocimiento de una deuda hist\u00f3rica con los movimientos feministas, un avance conceptual y una herramienta de gran potencial transformador<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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En el \u00e1mbito europeo, las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) inspiraron el redactado del Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci\u00f3n y lucha contra la violencia contra la mujer del 2011 (Convenio de Estambul), que en el art\u00edculo 5 establece la obligaci\u00f3n de diligencia debida. Su jurisprudencia ha ido definiendo obligaciones concretas sobre un amplio abanico de aspectos, entre otros, sobre la protecci\u00f3n y la investigaci\u00f3n efectivas. Por ejemplo, en el asunto J.L v. Italia del 2021, el Tribunal determina que los estereotipos sexistas y culpabilizadores generan victimizaci\u00f3n secundaria sobre las mujeres y suponen una violaci\u00f3n del art\u00edculo 8 sobre el respeto a la vida privada.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Los \u00e1mbitos de actuaci\u00f3n estrat\u00e9gica de la diligencia debida<\/h5>\n\n\n\n

Desde los a\u00f1os noventa, a escala internacional, se fueron generando an\u00e1lisis y recomendaciones sobre el enfoque conceptual y las buenas pr\u00e1cticas en una serie de \u00e1mbitos en que era indispensable actuar si se quer\u00eda erradicar la discriminaci\u00f3n y las violencias machistas. Algunos referentes son la Recomendaci\u00f3n 5 (2002) del 30 de abril del Comit\u00e9 de Ministros del Consejo de Europa sobre protecci\u00f3n de la mujer contra las violencias, la llamada Recomendaci\u00f3n 35 del Comit\u00e9 de la CEDAW del 2017 sobre violencias machistas, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible o la Estrategia de Igualdad de G\u00e9nero 2018-2023 del Consejo de Europa [4]<\/a>4 \u2014 Consejo de Europa (2018). Estrategia de Igualdad de G\u00e9nero\u00a02018-2023 [disponible en l\u00ednea]. Estrasburgo. Consulta: 15 de septiembre de 2022.\n<\/span><\/span>.<\/p>\n\n\n\n

Los referentes sobre la diligencia debida en la Ley 5\/2008<\/h5>\n\n\n\n

La Ley 5\/2008 contiene una definici\u00f3n muy \u00fatil de victimizaci\u00f3n secundaria o revictimizaci\u00f3n que ya determinaba unos ejes claves: el hecho de que el da\u00f1o pod\u00eda ser causado de forma directa o indirecta; que los d\u00e9ficits pod\u00edan ser cualitativos o cuantitativos, y que las actuaciones del sector privado subcontratado tambi\u00e9n se inclu\u00edan. El art\u00edculo 11 tambi\u00e9n recog\u00eda el llamado deber de intervenci\u00f3n<\/em>, que consiste en la obligaci\u00f3n de todos y todas las profesionales de la salud, de los servicios sociales y de la educaci\u00f3n, de intervenir cuando tuvieran conocimiento de una situaci\u00f3n de riesgo o de una evidencia fundamentada de violencias machistas, obligaci\u00f3n que tambi\u00e9n vinculaba las entidades privadas subcontratadas.<\/p>\n\n\n\n

Las dos grandes novedades de la Ley 17\/2020 para exigir la efectividad de los derechos de las mujeres<\/h5>\n\n\n\n

Un primer mecanismo mediante el cual la reforma de la ley catalana pretende alcanzar m\u00e1s fuerza en la exigencia de los derechos de las mujeres en las administraciones es el de la incorporaci\u00f3n de la diligencia debida en los conceptos definidos por la ley, en sus finalidades, en los principios orientadores y en la incorporaci\u00f3n del deber de intervenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Un segundo mecanismo es el de incorporar el \u201creverso\u201d del est\u00e1ndar de diligencia debida, es decir, la responsabilidad derivada de su incumplimiento, que son las violencias institucionales. El art\u00edculo 5 de la ley incorpora estas violencias como un nuevo \u00e1mbito de violencias machistas. Para definirlas, la ley se inspira en el \u00e1mbito de los derechos humanos, en concreto en la formulaci\u00f3n del concepto de tortura, que puede ser cometida por un solo acto grave o por la acumulaci\u00f3n de actos de menos intensidad. Otro referente es el de la Ley mexicana de violencias machistas del 2007, que fue el primero en incorporar una definici\u00f3n sobre violencias institucionales.<\/p>\n\n\n\n

El concepto de violencias institucionales de la ley catalana descansa sobre una serie de elementos clave: constituyen una forma de violencia machista cometida o tolerada por las administraciones; puede surgir de la acci\u00f3n o de la omisi\u00f3n de estas; puede provenir de un d\u00e9ficit cuantitativo o cualitativo; pueden ser responsables tanto el funcionariado como el personal contratado, y tienen que tener la finalidad de retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a los derechos y servicios previstos en la normativa. En lugar del concepto finalidad<\/em>, hubiera sido m\u00e1s apropiado el t\u00e9rmino efecto<\/em>, dado que, para que nazca la responsabilidad, no es necesario que el funcionariado o la propia Administraci\u00f3n act\u00faen de forma intencional o deliberada.<\/p>\n\n\n\n

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Las violencias institucionales no s\u00f3lo derivan de la respuesta de las administraciones; tambi\u00e9n pueden provenir de la producci\u00f3n de leyes<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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Las violencias institucionales no s\u00f3lo derivan de la respuesta de las administraciones (poder ejecutivo), sino que tambi\u00e9n pueden provenir de la producci\u00f3n de leyes (poder legislativo), o de su aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n (poder judicial). La ley parte de una idea de engranaje y de responsabilidad compartida entre estos tres \u00e1mbitos de poder.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

La distinci\u00f3n entre las victimizaciones secundarias y las violencias institucionales<\/h5>\n\n\n\n

La delimitaci\u00f3n entre ambos conceptos es compleja ya que se sit\u00faan en una l\u00ednea de continuidad y ambas generan un agravio que legitima a las mujeres a reclamar y a ser reparadas. La violencia institucional responde a un patr\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos por parte de la Administraci\u00f3n. La violencia causada a aquella mujer o grupo de mujeres espec\u00edfico desborda el caso individual y constituye un \u201cs\u00edntoma\u201d o manifestaci\u00f3n de una deficiencia estructural. Esta violencia no proviene de una decisi\u00f3n profesional individual puntual, que puede ser revictimizadora, sino que se enmarca en una base conceptual, un modelo, una norma, un protocolo, una metodolog\u00eda, un criterio interpretativo, una pr\u00e1ctica o una forma organizativa creados o avalados por la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El sistema de responsabilidad derivado de las violencias cometidas por las administraciones<\/h5>\n\n\n\n

El nuevo art\u00edculo 76 bis de la Ley 17\/2020 recoge el sistema de responsabilidad en dos estratos compatibles entre s\u00ed: la responsabilidad disciplinaria individual de los y de las profesionales actuantes y la responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n, que siempre tiene que responder de la actuaci\u00f3n de estos y que, en \u00faltimo t\u00e9rmino, es la garante de los derechos de las mujeres. La responsabilidad de la Administraci\u00f3n provendr\u00e1 de su funcionamiento, tanto normal como anormal, si se ha provocado un da\u00f1o. Si hay varias administraciones responsables, todas responder\u00e1n de forma solidaria. En cuanto al funcionariado, su responsabilidad tiene que ser intencional, culposa o negligente y depender\u00e1 de si su conducta encaja en alguna de las infracciones disciplinarias previstas a la legislaci\u00f3n estatal y auton\u00f3mica que regula la funci\u00f3n p\u00fablica y a los convenios colectivos de su sector profesional. Su responsabilidad no excluye la de sus superiores. Esta responsabilidad disciplinaria es compatible con la responsabilidad penal y civil, si procede.<\/p>\n\n\n\n

La ley recoge una serie de par\u00e1metros que ayudan a definir la responsabilidad de las administraciones, como el de la intensidad de la actuaci\u00f3n, el de su impacto y el de los riesgos que provoque la actuaci\u00f3n administrativa en los derechos de las mujeres. Tambi\u00e9n menciona que la reparaci\u00f3n de los actos de violencia institucional comprender\u00e1 la anulaci\u00f3n del acto, siempre que sea posible y no revictimice a la mujer, y la revisi\u00f3n de la pr\u00e1ctica que dio lugar a la violencia institucional, es decir, la garant\u00eda de no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La complejidad del hecho de que la propia Administraci\u00f3n sancione su conducta y la de su personal sugiere la necesidad de crear un organismo independiente que pueda llevar a cabo esta funci\u00f3n. Si la Administraci\u00f3n no responde a las reclamaciones formuladas por las mujeres agravadas, la depuraci\u00f3n de responsabilidades judiciales tendr\u00eda que ser impulsada por las entidades de mujeres, que tendr\u00edan que litigar de forma estrat\u00e9gica en los \u00e1mbitos donde sea m\u00e1s efectivo intervenir para subvertir los patrones de conducta que est\u00e1n vulnerando los derechos de las mujeres de forma m\u00e1s desgarradora.<\/p>\n\n\n\n

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Si la Administraci\u00f3n no responde, la depuraci\u00f3n de responsabilidades judiciales deber\u00eda ser impulsada por las entidades de mujeres<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n

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Tambi\u00e9n existe un tercer estrato de responsabilidad, que es el institucional, m\u00e1s vinculado a la dimensi\u00f3n democr\u00e1tica, a la responsabilizaci\u00f3n, a la reparaci\u00f3n p\u00fablica del agravio y al establecimiento de garant\u00edas de no repetici\u00f3n que son los m\u00e1s transformadores. La nueva ley establece medidas de prevenci\u00f3n, como la elaboraci\u00f3n de un nuevo modelo de atenci\u00f3n no victimizando o la de la rendici\u00f3n de cuentas, mediante la evaluaci\u00f3n anual de la victimizaci\u00f3n de las mujeres y de sus hijos e hijas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Indicadores sobre responsabilidad de las administraciones<\/h5>\n\n\n\n

Las violencias institucionales tienen una dimensi\u00f3n individual que afecta a una mujer o un grupo de mujeres y al mismo tiempo una dimensi\u00f3n estructural o macro, que afecta a la efectividad de los derechos de las mujeres en general. La evaluaci\u00f3n de la responsabilidad de las administraciones tendr\u00e1 que analizar estos dos niveles y la relaci\u00f3n entre s\u00ed. El primer nivel de an\u00e1lisis consistir\u00e1 en una especie de \u201ctest estructural\u201d del grado de cumplimiento general de la Administraci\u00f3n en sus obligaciones en materia de violencias machistas, an\u00e1lisis que se puede mirar al espejo en las evaluaciones oficiales y de entidades como las del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Dom\u00e9stica GREVIO [5]<\/a>5 \u2014 Consejo de Europa (2020). Primer Informe de evaluaci\u00f3n de GREVIO a Espa\u00f1a sobre las medidas legislativas y de otra \u00edndole que dan efecto a las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevenci\u00f3n y Lucha contra la violencia contra las Mujeres y la Violencia Dom\u00e9stica (Convenio de Estambul)\u00a0[disponible en l\u00ednea]. Estrasburgo. Consulta: 15 de septiembre de 2022.\n<\/span><\/span> o de la Plataforma CEDAW Sombra [6]<\/a>6 \u2014 Plataforma del Comit\u00e9 para la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n contra la mujer (Comit\u00e9 CEDAW) (2019). Informe SOMBRA sobre la aplicaci\u00f3n en Espa\u00f1a de la CEDAW 2015-2018\u00a0[disponible en l\u00ednea]. Consulta: 15 de septiembre de 2022.\n<\/span><\/span>. El segundo an\u00e1lisis consistir\u00e1 en evaluar el v\u00ednculo entre la violencia cometida contra aquella mujer o grupo de mujeres y las deficiencias estructurales detectadas en el anterior an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n

Conclusiones<\/h4>\n\n\n\n

La introducci\u00f3n de las violencias institucionales como nuevo \u00e1mbito de violencia machista, si quiere ser un elemento que potencie la mejora en el abordaje de las violencias machistas, tiene que encontrar el equilibrio entre la responsabilidad de las administraciones y de su funcionariado, junto con el establecimiento de medidas de rendici\u00f3n de cuentas y de garant\u00edas de no repetici\u00f3n, que siempre ser\u00e1n las que tengan m\u00e1s potencial para transformar las estructuras que provocan y reproducen las violencias machistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El concepto violencia institucional, forjado por las entidades de derechos humanos, tiene un gran poder comunicativo y pretende dejar atr\u00e1s el paradigma del infractor individual para poner el foco en las administraciones. Tambi\u00e9n pretende dejar atr\u00e1s el modelo de reconocimiento formal de derechos para pasar al de la efectividad de estos derechos. La incorporaci\u00f3n de este nuevo \u00e1mbito de violencias supone el reconocimiento de una deuda hist\u00f3rica con los movimientos de mujeres y feministas, adem\u00e1s de un avance conceptual y una herramienta de gran potencial transformador. 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