La Ley 5\/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista [1]<\/a>1 \u2014 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n\u00fam. 5123, de 8 de mayo de 2008; Bolet\u00edn Oficial del Estado, n\u00fam. 131, de 30 de mayo de 2008. Texto consolidado\u00a0[disponible en l\u00ednea]. Consulta: 25 de noviembre de 2021.\n<\/span><\/span> reconoce la violencia econ\u00f3mica en el art\u00edculo 4.2.e<\/em>) como una modalidad de esta violencia y la define como la privaci\u00f3n intencionada y no justificada de recursos para el bienestar f\u00edsico o psicol\u00f3gico de una mujer y, si procede, de sus hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separaci\u00f3n o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposici\u00f3n de los recursos propios o compartidos en el \u00e1mbito familiar o de pareja y en la apropiaci\u00f3n ileg\u00edtima de bienes de la mujer. Esta forma de violencia impacta perpetuando la dependencia con el agresor y disminuyendo las posibilidades de las mujeres de escapar de esta situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La ley catalana se adelant\u00f3 al Consejo de Europa en las definiciones ampliadas de violencia machista que \u2015por comparaci\u00f3n con el marco estrecho de la ley estatal espa\u00f1ola\u2015 resultaron vanguardistas y alineadas en el marco jur\u00eddico internacional de protecci\u00f3n de las mujeres que se inici\u00f3 en 1979 con la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n sobre la mujer (Convenci\u00f3n CEDAW) [2]<\/a>2 \u2014 Bolet\u00edn Oficial del Estado, n\u00fam. 69, de 21 de marzo de 1984, p. 7715 a 7720 (6 p.) [disponible en l\u00ednea]. Consulta: 25 de noviembre de 2021.\n<\/span><\/span> hasta el Convenio de Estambul.<\/p>\n\n\n\n La modificaci\u00f3n impulsada por la Ley 17\/2020, del 22 de diciembre, a la Ley 5\/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista introduce conceptos como violencia vicaria y violencia econ\u00f3mica, diligencia debida y violencia institucional, que la mantienen en este merecido lugar vanguardista. A pesar de la limitaci\u00f3n competencial impuesta a las comunidades aut\u00f3nomas por la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola (CE) en materia de legislaci\u00f3n penal y procesal (art. 149.1.6), que se reserva exclusivamente al Estado espa\u00f1ol, la Ley 5\/2008 tiene una finalidad eminentemente preventiva y asistencial. No tipifica delitos, pero tiene la importante responsabilidad de prevenir las violencias machistas en la sociedad catalana y de evitar la victimizaci\u00f3n secundaria, y, por lo tanto, la denominada violencia institucional en el marco del proceso.<\/p>\n\n\n\n En el \u00e1mbito internacional, la violencia econ\u00f3mica est\u00e1 prevista en el Convenio de Estambul. El art\u00edculo 3.a<\/em>), despu\u00e9s de definir la violencia contra la mujer como \u201cuna violaci\u00f3n de los derechos humanos y una forma de discriminaci\u00f3n contra las mujeres\u201d, especifica que designa \u201ctodos los actos de violencia basados en el g\u00e9nero que implican o pueden implicar para las mujeres da\u00f1os o sufrimientos de naturaleza f\u00edsica, sexual, psicol\u00f3gica o econ\u00f3mica, incluidas las amenazas de realizar estos actos, la coacci\u00f3n o la privaci\u00f3n arbitraria de libertad, en la vida p\u00fablica o privada\u201d.<\/p>\n\n\n\n La violencia econ\u00f3mica de g\u00e9nero es un tipo de violencia machista que perpetua la dependencia con el agresor y reduce las posibilidades de las mujeres de escapar de este tipo de situaciones<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n A pesar de que el Convenio de Estambul est\u00e1 vigente en Espa\u00f1a desde 2014 e integrado en nuestro ordenamiento jur\u00eddico \u2015de acuerdo con el art\u00edculo 96.1 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 28.1 de la Ley 25\/2014, de 27 de noviembre, de tratados y otros acuerdos internacionales\u2015 en los 17 a\u00f1os de vigencia de la Ley org\u00e1nica estatal 1\/2004 de 28 de diciembre de medidas de protecci\u00f3n integral contra la violencia de g\u00e9nero (LOPIVG) [3]<\/a>3 \u2014 Bolet\u00edn Oficial del Estado, n\u00fam. 313, de 29 de diciembre de 2004 [disponible en l\u00ednea]. Consulta: 25 de noviembre de 2021.\n<\/span><\/span>, y despu\u00e9s de m\u00faltiples oportunidades de reforma, la violencia econ\u00f3mica no se ha incluido, ni se ha forzado la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo penal para regularla expresamente en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola como una de las modalidades de violencia contra las mujeres. Para la LOPIVG \u201cs\u00f3lo\u201d es violencia de g\u00e9nero la violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privaci\u00f3n arbitraria de libertad.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n El delito de impago de pensiones alimenticias s\u00ed que se regula en el art\u00edculo 227 del C\u00f3digo penal, pero de manera neutra, descontextualizado de posibles escenarios violentos y no se califica como violencia econ\u00f3mica de g\u00e9nero, a pesar de que los datos estad\u00edsticos disponibles muestran la elevada proporci\u00f3n de mujeres que soportan alg\u00fan tipo de violencia econ\u00f3mica por parte de sus parejas o exparejas. La existencia, por lo tanto, de una obligaci\u00f3n internacional de regularla y los datos con los cuales contamos, impulsaron la iniciativa legislativa que introduzco m\u00e1s adelante, como una concreci\u00f3n de la diligencia debida en el ejercicio de la actividad judicial.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019<\/em> [4]<\/a>4 \u2014 Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 [disponible en l\u00ednea]. Ministerio de Igualdad; Subdirecci\u00f3n General de Sensibilizaci\u00f3n, Prevenci\u00f3n y Estudios de la Violencia de G\u00e9nero; Delegaci\u00f3n del Gobierno contra la Violencia de G\u00e9nero. Consulta: 25 de noviembre de 2021.\n<\/span><\/span>, elaborada por la Delegaci\u00f3n del Gobierno contra la Violencia de G\u00e9nero, el 11,5% de mujeres de m\u00e1s de 16 a\u00f1os ha sufrido violencia machista en alg\u00fan momento de su vida. El Ministerio del Interior ha computado la violencia econ\u00f3mica como uno de los v\u00e9rtices que da forma a la violencia machista en el Informe sobre violencia contra la mujer 2015-2019<\/em> [5]<\/a>5 \u2014 Informe sobre violencia contra la mujer en Espa\u00f1a 2015-2019 [disponible en l\u00ednea]. Ministerio del Interior; Secretar\u00eda de Estado de Seguridad; Gabinete de Coordinaci\u00f3n y Estudios. Consulta: 25 noviembre de 2021.\n<\/span><\/span>, donde participaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado espa\u00f1ol. Este informe recoge denuncias que abarcan desde el a\u00f1o 2015 hasta el 2019, en las cuales se contabilizan 601.416 denuncias de mujeres v\u00edctimas de la violencia machista de entre 31 a 40 a\u00f1os. De estas, 18.235 corresponden al impago de la pensi\u00f3n fijada judicialmente.<\/p>\n\n\n\n La violencia econ\u00f3mica se puede producir durante la relaci\u00f3n de par o una vez rota esta relaci\u00f3n, de manera exclusiva o en combinaci\u00f3n con otras formas de violencia, a trav\u00e9s del control de la econom\u00eda familiar, incluyendo las cuentas bancarias, mediante la llamada explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de las mujeres, que se pueden encontrar privadas de la disponibilidad de su propio sueldo u obligadas a trabajar en empresas familiares sin derecho a salario ni prestaciones sociales, y mediante el llamado sabotaje laboral que frena las expectativas laborales de las mujeres mediante la imposici\u00f3n de tareas de cuidado y roles asociados al g\u00e9nero femenino y a la maternidad.<\/p>\n\n\n\n Ver embargado el propio sueldo o perder la vivienda a causa de la falta de pago de la otra parte obligada, obligar a las mujeres a acudir continuamente a procesos judiciales para conseguir el pago completo o puntual de las pensiones alimenticias o cualquier otro gasto del cual dependen las necesidades b\u00e1sicas de hijas e hijos, incluso las que afectan a su formaci\u00f3n, o simplemente obligarlas a ponerse en contacto con el agresor para reclamarle el pago de gastos en los cuales est\u00e1 obligado, constituyen \u2015al lado de otros casos en que las relaciones econ\u00f3micas de la pareja no finalizan con la ruptura de pareja\u2015 formas diversas de violencia de g\u00e9nero econ\u00f3mica. Supuestos que, adem\u00e1s, se ven agravados por una discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero estructural que sostiene elevadas brechas salariales, segregaciones ocupacionales, precariedad laboral del empleo femenino, mayor incidencia del paro y del trabajo informal, y menor participaci\u00f3n en los \u00f3rganos de decisi\u00f3n de las empresas y de organizaciones en general. Tambi\u00e9n se observa a menudo en los procesos judiciales su posible vinculaci\u00f3n con delitos de alzamiento de bienes para la ocultaci\u00f3n de ingresos ante obligaciones de pago de pensiones alimenticias (STS n\u00ba 914\/2021, de 17 de marzo) [6]<\/a>6 \u2014 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, n\u00fam. 914\/2021, de 17 de marzo [disponible en l\u00ednea]. Consulta: 25 noviembre de 2021.\n<\/span><\/span>.<\/p>\n\n\n\n El impago de pensiones y otros gastos vinculados a las necesidades de hijas e hijos, la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de las mujeres o el sabotaje laboral son formas de violencia econ\u00f3mica<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n Una de las consecuencias m\u00e1s graves es la creaci\u00f3n de seguros de dependencia econ\u00f3mica de la v\u00edctima hacia su agresor, que acaba afectando a su capacidad para generar recursos financieros y adquirir autosuficiencia econ\u00f3mica, para s\u00ed misma y para sus hijas e hijos [7]<\/a>7 \u2014 Esto comporta que la violencia econ\u00f3mica, por la instrumentalizaci\u00f3n de las hijas e hijos para generar sufrimiento psicol\u00f3gico en las madres, se convierta en violencia vicaria, seg\u00fan el concepto introducido por la Ley 5\/2008 en la reforma llevada a cabo por la Ley 17\/ 2020, art. 4.2.h).\n<\/span><\/span>, y que condiciona en muchas ocasiones su decisi\u00f3n de denunciar o mantenerse en el ejercicio de acciones penales contra el perpetrador. La violencia econ\u00f3mica afecta tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos, los hace dependientes respecto del padre agresor, a quien da un instrumento de poder que los deja a merced de sus decisiones.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n La Sentencia de 22 de julio de 2021 del Juzgado de lo Penal n\u00ba 2 de Matar\u00f3 (Barcelona) reconoci\u00f3 por primera vez en Espa\u00f1a la violencia econ\u00f3mica como violencia de g\u00e9nero [8]<\/a>8 \u2014 V\u00e9ase el art\u00edculo \u00abUn juzgado Penal de Matar\u00f3 solicita tipificar la ‘violencia econ\u00f3mica’ como modalidad de violencia de g\u00e9nero\u00bb, publicado en poderjudicial.es el 8 de octubre de 2021 [disponible en l\u00ednea].\n<\/span><\/span>. Por medio de este sentencia, como jueza sentenciadora, elev\u00e9 al Gobierno de Espa\u00f1a una iniciativa legislativa judicial (exposici\u00f3n razonada) por la v\u00eda del art\u00edculo 4.2 del C\u00f3digo penal [9]<\/a>9 \u2014 Art\u00edculo 4.2 del C\u00f3digo penal: \u201cEn el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicci\u00f3n, tenga conocimiento de alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represi\u00f3n, se abstendr\u00e1 de todo procedimiento sobre ella y expondr\u00e1 al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanci\u00f3n penal\u201d.\n<\/span><\/span> para la tipificaci\u00f3n de la violencia econ\u00f3mica (en sus diversas modalidades y, espec\u00edficamente, el impago de pensiones) como modalidad de violencia de g\u00e9nero y para la regulaci\u00f3n de cl\u00e1usulas de reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas que comprendan el da\u00f1o econ\u00f3mico efectivamente causado y tambi\u00e9n el denominado mal social.<\/p>\n\n\n\n\n
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La iniciativa legislativa judicial como respuesta jur\u00eddica ante la omisi\u00f3n legislativa estatal<\/h5>\n\n\n\n