Carola Rackete es un muy buen ejemplo de este fen\u00f3meno. El verano del 2019, cuando era capitana del barco Sea-Watch 3<\/em>, la detuvieron y la acusaron de resistencia a la polic\u00eda cuando entr\u00f3 en el puerto italiano de Lampedusa. Lo que motivaba sus acciones era el hecho de velar por el bienestar de las personas que hab\u00eda rescatado. Su juicio dur\u00f3 casi dos a\u00f1os antes de que su caso fuera desestimado.<\/p>\n\n\n\n Si bien al caso de Carola Rackete se prest\u00f3 una atenci\u00f3n sustancial, muchos otros casos han pasado desapercibidos. Algunos voluntarios se han enfrentado a cargos por ayudar a mujeres embarazadas cerca de la frontera entre Italia y Francia, una regi\u00f3n donde al menos 87 personas han perdido la vida tr\u00e1gicamente desde el 2015. En la frontera entre Polonia y Bielorrusia, las autoridades polacas arrestaron y detuvieron activistas por los derechos humanos que ayudaban a una familia sin recursos en el bosque.<\/p>\n\n\n\n Actualmente, los activistas en este \u00e1mbito siguen enfrent\u00e1ndose a la persecuci\u00f3n y se han dado casos en que acciones cotidianas de bondad \u2014como dar comida, agua, transporte o refugio\u2014 se han convertido en actividades ilegales. Seg\u00fan la Plataforma para la Cooperaci\u00f3n Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM, por las siglas en ingl\u00e9s), s\u00f3lo en el 2022 m\u00e1s de 100 personas se enfrentaron a la criminalizaci\u00f3n por sus actos de solidaridad, [2]<\/a>2 \u2014 Plataforma para la Cooperaci\u00f3n Internacional sobre Migrantes Indocumentados, PICUM (2023). \u201cMore than 100 people criminalized for acting in solidarity with migrants in the EU in 2022\u201d.\n<\/span><\/span> un n\u00famero que contribuy\u00f3 a un total de m\u00e1s de 350 casos denunciados desde el 2015. Estos cargos incluyen delitos como facilitar la entrada irregular, el tr\u00e1fico o la estancia; el contrabando; el blanqueo de capital; el espionaje o la falsificaci\u00f3n. La Directiva de facilitaci\u00f3n de la UE, una legislaci\u00f3n que no distingue entre el tr\u00e1fico de personas y la asistencia humanitaria, sirve como ejemplo del uso indebido del sistema de justicia penal para penalizar a los actores humanitarios.<\/p>\n\n\n\n La criminalizaci\u00f3n de la solidaridad con los migrantes provoca una paradoja: los que rescatan a personas en el mar a menudo se enfrentan a cargos penales, mientras que las autoridades que desatienden sus obligaciones son muy poco criminalizadas<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n No obstante, ha habido casos de recursos legales que se han resuelto con \u00e9xito. C\u00e9dric Herrou, que ayud\u00f3 a unas 200 personas a cruzar la frontera desde Italia hasta el sur de Francia, fue absuelto por el Consejo Constitucional franc\u00e9s, que invoc\u00f3 el \u201cprincipio de fraternidad\u201d consagrado en el lema de Francia (\u201cLibertad, igualdad y fraternidad\u201d). Esta resoluci\u00f3n concluy\u00f3 que los individuos no pueden ser procesados por \u201cdelitos de solidaridad\u201d.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las acusaciones legales y los procesamientos tienen consecuencias perjudiciales y generan un efecto alarmante en las organizaciones de este sector. Incluso cuando se retiran los cargos, las ONG y sus voluntarios sufren perjuicios duraderos para su reputaci\u00f3n, y tambi\u00e9n tienen que hacer frente a los costes sociales, econ\u00f3micos y psicol\u00f3gicos derivados de a\u00f1os de investigaciones. Eso desanima a los activistas a la hora de trabajar para la defensa de los derechos humanos, y hay que recurren a la autocensura.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n A partir de la \u201ccrisis de los refugiados\u201d del 2015, las autoridades europeas han reducido significativamente las operaciones de b\u00fasqueda y rescate en el mar. Una de las estrategias imperantes en las pol\u00edticas europeas consiste en externalizar los controles fronterizos para impedir la llegada de solicitantes de asilo y migrantes a la Uni\u00f3n Europea. Eso a menudo se consigue mediante acuerdos con pa\u00edses \u2014como Turqu\u00eda y Libia\u2014 dise\u00f1ados para mantener a las personas dentro de sus fronteras. En un caso reciente, la UE lleg\u00f3 a un acuerdo con T\u00fanez en que le ofreci\u00f3 785 millones de euros para ayudar a la econom\u00eda tunecina a cambio de retenir a los migrantes dentro del pa\u00eds y repatriar a los ciudadanos de la UE desde T\u00fanez. Este apoyo de la UE contrasta notoriamente con las violaciones de derechos humanos contra los migrantes que se han documentado en T\u00fanez, como la persecuci\u00f3n y las deportaciones masivas de africanos subsaharianos.<\/p>\n\n\n\n Precisamente, a consecuencia de la externalizaci\u00f3n del control migratorio y la criminalizaci\u00f3n de la migraci\u00f3n dentro del continente, el n\u00famero de denuncias penales impuestas contra los que se dedican al rescate y la asistencia de personas en el mar o en las fronteras terrestres europeas ha aumentado de manera significativa.<\/p>\n\n\n\n Para entender en profundidad el fen\u00f3meno de la criminalizaci\u00f3n de la ayuda a los migrantes, Jalu\u0161i\u010d [3]<\/a>3 \u2014 Jalu\u0161i\u010d, V. (2019). Criminalizing \u201cpro-immigrant\u201d initiatives: Reducing the space of human action. Dve domovini (49).\n<\/span><\/span> propone conceptualizarlo como un continuum. Este continuum tiene varias etapas, empezando por la criminalizaci\u00f3n discursiva, que consiste en utilizar a los activistas y voluntarios como chivos expiatorios y a etiquetarlos p\u00fablicamente de traficantes, factores de atracci\u00f3n o traidores en el discurso pol\u00edtico y medi\u00e1tico. Despu\u00e9s, aparecen barreras normativas y administrativas, que obligan a las ONG a registrarse, a colaborar con las autoridades e informar de sus actividades. Estos obst\u00e1culos tambi\u00e9n incluyen restricciones para acceder a las zonas fronterizas y hacer el seguimiento. Finalmente, el continuum puede acabar con causas penales directas contra individuos.<\/p>\n\n\n\n El caso de Hungr\u00eda se ajusta a este continuum. Desde el 2015, el Gobierno h\u00fangaro ha capitalizado el sentimiento contra los migrantes con campa\u00f1as medi\u00e1ticas y discursos oficiales en los qu\u00e9 se acusa a las ONG humanitarias de connivencia con los traficantes y de actuar como factores de atracci\u00f3n activos para la migraci\u00f3n ilegal, lo cual representa una amenaza para la seguridad nacional. Las autoridades h\u00fangaras han intentado impedir las actividades de las ONG introduciendo nuevas leyes y pol\u00edticas dirigidas a aquellos que ayudan a los migrantes o defienden sus derechos. Eso culmin\u00f3 con la promulgaci\u00f3n del paquete legislativo \u201cStop Soros\u201d el a\u00f1o 2018, que criminaliza diferentes actividades leg\u00edtimas relacionadas con la migraci\u00f3n, como el seguimiento de las violaciones de los derechos humanos en las zonas fronterizas, la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n a los solicitantes de asilo o a los migrantes sin papeles y la ayuda para la solicitud de asilo. Adem\u00e1s, las donaciones individuales a estas organizaciones se clasifican como financiaci\u00f3n de actividades de tr\u00e1fico de migrantes. [4]<\/a>4 \u2014 Carrera, S., et al. (2018). \u201cFit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 Update\u201d. Study European Parliament\u2019s Committee on Petitions.\n<\/span><\/span> A finales del 2021, el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea dictamin\u00f3 que esta legislaci\u00f3n infring\u00eda el derecho de la UE.<\/p>\n\n\n\n En el universo de los estudios postcoloniales, el panorama de los retos a que se enfrentan los activistas se puede cuestionar mediante la noci\u00f3n de alterizaci\u00f3n. Este marco conceptual gravita en torno a la clasificaci\u00f3n y el tratamiento deliberado de los individuos como \u201cotros\u201d, a menudo calificados de \u201cno democr\u00e1ticos\u201d o \u201cenemigos del Estado\u201d. El alterizaci\u00f3n sirve para diferenciar a los activistas de la ciudadan\u00eda m\u00e1s amplia y los excluye efectivamente de la construcci\u00f3n del demos<\/em>. En muchos casos, los activistas se encuentran cualificados discursivamente como adversarios internos, extremistas o fuentes potenciales de violencia, unas categorizaciones faltas de fundamentos sustantivos. [5]<\/a>5 \u2014 Kretschmann, A. (2021). \u201cLes villes artificielles comme espaces de formation de l\u2019ordre: l\u2019entrainement au \u00abworst case scenario\u00bb des polices europ\u00e9ennes\u201d. Carnets de g\u00e9ographes, im Erscheinen.\n<\/span><\/span> En contextos postcoloniales, el proceso de alterizaci\u00f3n se materializa sobre todo en la racializaci\u00f3n y el etnicizaci\u00f3n, a menudo entrecruz\u00e1ndose con otras categor\u00edas sociales, como el g\u00e9nero, la clase y la discapacidad. [6]<\/a>6 \u2014 Spivak, G. C. (1999). A critique of postcolonial reason: Toward a history of the vanishing present. Harvard University Press.\n<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n Fij\u00e9monos en el caso de individuos musulmanes y los que defienden los derechos en el contexto de Francia. Despu\u00e9s de la guerra europea contra el terrorismo a ra\u00edz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, arraig\u00f3 la noci\u00f3n de que los musulmanes, como colectivo, constitu\u00edan el nuevo \u201cenemigo interior\u201d. Seg\u00fan esta perspectiva, las creencias y pr\u00e1cticas musulmanas eran incongruentes con los valores y las normas europeas, lo cual valid\u00f3 todo el espectro pol\u00edtico (Open Society Justice Initiative). El relato imperante sobre la vestimenta religiosa de las mujeres musulmanas, supuestamente impuesta por los hombres musulmanes, fue uno de los elementos principales de este discurso. Con el tiempo, este relato proporcion\u00f3 a las autoridades un pretexto para justificar la restricci\u00f3n de la presencia visible de las mujeres musulmanas y el islam en varios \u00e1mbitos, desde las instituciones educativas hasta la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Paralelamente, las autoridades p\u00fablicas francesas han puesto el foco sobre las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los musulmanes o grupos formados por personas musulmanas o percibidas como tales. El a\u00f1o 2022, el Observatoire des Libert\u00e9s Associatives realiz\u00f3 un estudio [7]<\/a>7 \u2014 Observatoire des Libert\u00e9s Associatives (2022). Rapport Chasse aux sorci\u00e8res.\n<\/span><\/span> que analizaba los ataques y las sanciones impuestas por los poderes p\u00fablicos a organizaciones acusadas de promover el separatismo, el comunitarismo, el radicalismo religioso o el proselitismo, y calificaba estas acciones de \u201ccaza de brujas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Con el pretexto de salvaguardar la naci\u00f3n del terrorismo isl\u00e1mico, las autoridades francesas perciben las organizaciones de la sociedad civil que atienden a la poblaci\u00f3n musulmana o defienden los derechos como componentes fundamentales de un \u201cecosistema islamista\u201d. Supuestamente, este ecosistema tiene como finalidad separar a los musulmanes del demos <\/em>m\u00e1s amplio mediante la creaci\u00f3n de clubs deportivos espec\u00edficos, organizaciones ben\u00e9ficas, organizaciones humanitarias no gubernamentales y escuelas, entre otras entidades. Las restricciones a la libertad de asociaci\u00f3n se han intensificado especialmente desde el tr\u00e1gico asesinato del maestro Samuel Paty el a\u00f1o 2020, momento en que un discurso pol\u00edtico sobre \u201cc\u00f3mplices del terrorismo\u201d escal\u00f3 r\u00e1pidamente y acab\u00f3 acusando a las organizaciones que denuncian la islamofobia en Francia de fomentar un relato separatista. Esta escalada dio lugar a la persecuci\u00f3n de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los musulmanes en Francia, ejemplarizada en la disoluci\u00f3n del Collectif contre el Islamophobie en France (CCIF) y en la suspensi\u00f3n de los fondos de la Uni\u00f3n Europea por medio del Ministerio del Interior para la organizaci\u00f3n Alliance Citoyenne.<\/p>\n\n\n\n El a\u00f1o siguiente se promulg\u00f3 la denominada \u201cley del separatismo\u201d, que obligaba a todas las organizaciones que recib\u00edan financiaci\u00f3n p\u00fablica a firmar un \u201ccontrato de compromiso republicano\u201d. En la firma del contrato, las organizaciones se comprometen a cumplir los principios de libertad, igualdad y fraternidad, a no cuestionar el car\u00e1cter laico de la Rep\u00fablica y a no cometer ninguna acci\u00f3n que se considere que perjudica el orden p\u00fablico. Los cr\u00edticos del sector han expresado su preocupaci\u00f3n por el amplio poder interpretativo y sancionador que este contrato confiere a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La alterizaci\u00f3n sirve para diferenciar a los activistas de la ciudadan\u00eda m\u00e1s amplia y los excluye de la construcci\u00f3n del demos<\/em>. En muchos casos, los activistas se encuentran cualificados discursivamente como adversarios internos<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n\n\n\n Desde su aplicaci\u00f3n, las autoridades p\u00fablicas francesas han invocado la ley del separatismo para justificar las restricciones a la libertad de asociaci\u00f3n, lo cual afecta a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales, incluidas las que se ocupan de la violencia de g\u00e9nero y la justicia clim\u00e1tica. Por ejemplo, la organizaci\u00f3n Femmes sans Fronti\u00e8res (Mujeres sin Fronteras), que presta asistencia a v\u00edctimas de violencia machista, se enfrent\u00f3 a denuncias de \u201cmenosprecio de los valores republicanos\u201d porque la directora de la entidad opt\u00f3 por llevar un pa\u00f1uelo en la cabeza. Seguidamente, las administraciones p\u00fablicas retiraron su financiaci\u00f3n a la organizaci\u00f3n. De la misma manera, Alternatiba, un movimiento de base por la justicia clim\u00e1tica en la ciudad francesa de Poitiers, se enfrent\u00f3 a acusaciones de incumplimiento del contrato republicano por organizar talleres de desobediencia civil.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n La criminalizaci\u00f3n de los defensores del medio ambiente y los activistas por la justicia clim\u00e1tica es un tema que ha suscitado una gran atenci\u00f3n medi\u00e1tica y escrutinio pol\u00edtico en la Europa contempor\u00e1nea. La aplicaci\u00f3n efectiva de la legislaci\u00f3n sobre los derechos humanos y las normativas medioambientales \u2014concretamente las relacionadas con un entorno limpio y saludable, como ahora el derecho al agua y el derecho a una alimentaci\u00f3n adecuada\u2014 a menudo se tiene que enfrentar a los intereses opuestos de entidades corporativas y otros actores influyentes. Las frustraciones derivadas de la ineficacia de las pol\u00edticas existentes o la falta de mecanismos institucionales para abordar los da\u00f1os y los delitos medioambientales han comportado la aparici\u00f3n de formas de resistencia informales y movimientos sociales. Entre las t\u00e1cticas utilizadas por los activistas, destaca la desobediencia civil, un m\u00e9todo no violento de incumplir la ley para protestar contra las injusticias. Como respuesta, las autoridades han aplicado medidas cada vez m\u00e1s draconianas, entre las cuales se incluyen tambi\u00e9n campa\u00f1as de difamaci\u00f3n que tildan a las comunidades, a los activistas y a la misma resistencia de \u201cextremistas\u201d o \u201cecoterroristas\u201d. [8]<\/a>8 \u2014 Szalai, A. (2022). \u201cA social control perspective for the study of environmental harm and resistance\u201d. A: Criminalization of Activism, Historical, Present and Future Perspectives. Routledge Studies in Crime and Society.\n<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n Un ejemplo de esta tendencia es un caso reciente en Alemania, donde la polic\u00eda hizo batidas contra miembros de Last Generation bajo la sospecha que se trataba de una organizaci\u00f3n criminal, y utiliz\u00f3 legislaci\u00f3n pensada originalmente para combatir el crimen organizado y los grupos terroristas. Un ejemplo parecido es el de Francia, donde las autoridades disolvieron por la fuerza el grupo Les Soul\u00e8vements de la Terre, y el ministro del Interior, G\u00e9rald Darmanin, calific\u00f3 repetidamente las acciones del grupo de ecoterrorismo. En Italia se present\u00f3 una propuesta de ley contra la acci\u00f3n directa no violenta en que se tipifican como delitos espec\u00edficos los ataques contra lugares emblem\u00e1ticos y monumentos. Adem\u00e1s, algunas leyes ya existentes en Italia se reinterpretan para reprimir a los manifestantes, de manera que el Gobierno utiliza leyes antimafia para denunciar a los activistas clim\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n Estos modus operandi <\/em>abarcan un continuo que va desde la persecuci\u00f3n discursiva y los obst\u00e1culos administrativos hasta las acusaciones penales y las medidas legislativas. En este sentido, tambi\u00e9n destaca una tendencia que ha afectado significativamente a la vida de los activistas, y es el uso de las demandas estrat\u00e9gicas contra la participaci\u00f3n p\u00fablica (SLAPP, por las siglas en ingl\u00e9s). Estas demandas abusivas se interponen para reprimir actos de participaci\u00f3n p\u00fablica, como el periodismo de inter\u00e9s p\u00fablico, las protestas pac\u00edficas, la incidencia pol\u00edtica, la denuncia de irregularidades, el discurso acad\u00e9mico o la denuncia de abusos de poder. Las demandas estrat\u00e9gicas contra la participaci\u00f3n p\u00fablica son cada vez m\u00e1s utilizadas por particulares, pol\u00edticos y organizaciones que pretenden eludir el escrutinio p\u00fablico y disuadir a los que participan en actividades p\u00fablicas. La coalici\u00f3n CASE [9]<\/a>9 \u2014 Coalition against SLAPPs in Europe (2023). Actualizaci\u00f3n del informe de 2023.\n<\/span><\/span> inform\u00f3 de que, s\u00f3lo en el 2022, se interpusieron m\u00e1s de 150 demandas, fundamentadas sobre todo en disposiciones relativas al insulto o la difamaci\u00f3n. Un caso desgarrador es el de la periodista de investigaci\u00f3n Daphne Caruana Galizia, quien, antes de su tr\u00e1gica muerte por una bomba en Malta en el 2017, se enfrentaba a 43 demandas civiles y a 5 de penales. Actualmente, la UE est\u00e1 en proceso de legislar sobre esta cuesti\u00f3n y desarrollar una directiva anti SLAPP destinada a salvaguardar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos del acoso legal y judicial.<\/p>\n\n\n\n El fen\u00f3meno m\u00e1s amplio de las agresiones a organizaciones de la sociedad civil se inscribe bajo la r\u00fabrica de \u201creducci\u00f3n del espacio c\u00edvico\u201d en Europa. Este t\u00e9rmino denota la disminuci\u00f3n del margen de actuaci\u00f3n de la sociedad civil, as\u00ed como las violaciones de los derechos de libertad de expresi\u00f3n y opini\u00f3n y de libertad de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n que se derivan. Los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea (FRAY, por las siglas en ingl\u00e9s) corroboran esta tendencia perceptible de reducci\u00f3n del espacio c\u00edvico. [10]<\/a>10 \u2014 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea (2022). Europe’s civil society: still under pressure.\n<\/span><\/span> El \u00faltimo a\u00f1o, los ataques han persistido e incluyen campa\u00f1as negativas en los medios de comunicaci\u00f3n; acoso y amenazas coordinadas en el \u00e1mbito virtual; ataques en l\u00ednea contra la infraestructura digital; acciones legales en forma de demandas estrat\u00e9gicas contra la participaci\u00f3n p\u00fablica; criminalizaci\u00f3n de actividades organizativas; vandalismo en locales y propiedades, y vigilancia por parte de las fuerzas del orden. Las presiones que ejercen tanto las autoridades estatales como agentes no estatales est\u00e1n aumentando, especialmente contra los que participan en movimientos sociales y abordan cuestiones delicadas, como la migraci\u00f3n, la protecci\u00f3n del medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTQI+ y la lucha contra el racismo.<\/p>\n\n\n Teniendo en cuenta la participaci\u00f3n frecuente de algunas autoridades nacionales, tanto directa como indirectamente, en la orquestaci\u00f3n de ataques contra activistas por los derechos humanos, hay que examinar la posible influencia de los \u00f3rganos legislativos y ejecutivos supranacionales, como la Uni\u00f3n Europea, a la hora de abordar las problem\u00e1ticas del espacio c\u00edvico. La UE, en su investigaci\u00f3n de objetivos de pol\u00edtica exterior, se ha caracterizado por ser una entidad que se esfuerza en establecerse como un poder normativo en el \u00e1mbito de las relaciones internacionales. Esta noci\u00f3n de poder normativo de la UE engloba la difusi\u00f3n consciente de sus normas b\u00e1sicas, incluidos los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho y la protecci\u00f3n del medio ambiente, a escala global; un esfuerzo impulsado por consideraciones ideol\u00f3gicas. [11]<\/a>11 \u2014 Manners, I. (2002) \u201cNormative Power Europe: A Contradiction in Terms?\u201d. Journal of Common Market Studies, 40(2), p. 235-258.\n<\/span><\/span> En el proceso de exportaci\u00f3n de estas normas y valores, la UE define inevitablemente determinados actores internacionales como \u201cotros actores no democr\u00e1ticos\u201d. En consecuencia, el acto de alterizaci\u00f3n no s\u00f3lo configura la identidad de la Uni\u00f3n Europea, sino que tambi\u00e9n se traduce en ramificaciones tangibles para su pol\u00edtica exterior. Por lo tanto, existe un argumento en torno a la legitimidad y la credibilidad de la UE en la difusi\u00f3n de estas normas fuera del continente<\/p>\n\n\n\n Concretamente, el esfuerzo de la UE por defender y promover los derechos humanos y los est\u00e1ndares medioambientales en el mundo incluye iniciativas diplom\u00e1ticas, misiones civiles y apoyo econ\u00f3mico a las organizaciones de la sociedad civil. La UE ha definido estrategias para salvaguardar a las personas defensoras de los derechos humanos y darles apoyo a trav\u00e9s de las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos. Estas Directrices recomiendan aplicar diferentes medidas, como que el personal de las embajadas haga reuniones peri\u00f3dicas con los defensores de los derechos humanos, que se reconozca p\u00fablicamente su trabajo, que se haga un seguimiento de los juicios contra estas personas, que puedan recibir visites en las prisiones y que se emitan visados de emergencia. Aunque estas estrategias tienen que mejorar sustancialmente para proteger con eficacia a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, tal como indican los informes de Amnist\u00eda Internacional, tambi\u00e9n se podr\u00edan crear pol\u00edticas parecidas dentro de la Uni\u00f3n Europea, que replicaran las de la pol\u00edtica exterior. Ser\u00eda un primer paso para reconocer la magnitud de los ataques contra el activismo por los derechos humanos en el continente.<\/p>\n\n\n\n La protecci\u00f3n de la sociedad civil en Europa requiere medidas m\u00e1s all\u00e1 del simple establecimiento de directrices. Por ejemplo, los estados miembros de la UE han creado colaborativamente una plataforma gestionada por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, denominada ProtectDefenders. Esta plataforma, que sirve como mecanismo de respuesta permanente y r\u00e1pida, ofrece ayuda urgente, apoyo pr\u00e1ctico, reubicaci\u00f3n temporal y asistencia a las familias de defensores de los derechos humanos en peligro fuera de la UE. Para fortalecer todav\u00eda m\u00e1s a la sociedad civil, har\u00eda falta canalizar una financiaci\u00f3n europea sustancial y privada a favor de la asistencia jur\u00eddica de organizaciones, el apoyo a las actividades de vigilancia y el desarrollo de un \u00edndice p\u00fablico oficial y un sistema de seguimiento para monitoritzar los ataques dentro del espacio c\u00edvico europeo, junto con la formulaci\u00f3n de recomendaciones europeas que sean exigibles a las autoridades nacionales.<\/p>\n\n\n\n\n
La externalizaci\u00f3n de la migraci\u00f3n como principal causa de la criminalizaci\u00f3n<\/h5>\n\n\n\n
Una mirada general: la criminalizaci\u00f3n como un continuum a nuestras sociedades<\/h5>\n\n\n\n
La g\u00e9nesis de la \u201calterizaci\u00f3n\u201d y sus implicaciones en el activismo europeo<\/h5>\n\n\n\n
\n
Reducci\u00f3n del espacio c\u00edvico: salvar el activismo por la justicia clim\u00e1tica, detener la guerra judicial<\/h5>\n\n\n\n
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\u00bfEl Viejo Continente como a fuerza del bien? Estrategias de resiliencia y resistencia<\/h5>\n\n\n\n