Europa se encuentra ante un gran desafío en clave de derechos humanos. La guerra de Rusia en Ucrania ha empeorado la tendencia negativa de años anteriores en materia de derechos humanos porque ha favorecido la inseguridad y la desigualdad y ha servido de pretexto a actores y gobiernos autoritarios para seguir reprimiendo libertades fundamentales. Estas mismas fuerzas han articulado y han extendido agendas racistas, xenófobas, misóginas y homófobas.
El contexto global también ha contribuido a una creciente inestabilidad: las tensiones geopolíticas cada vez más importantes, el agravamiento de los efectos de la crisis climática y los nuevos desafíos en el sistema internacional de derechos humanos son algunos ingredientes del cóctel.
Sin duda, los próximos años continuarán marcados por la invasión rusa de Ucrania, que ha desencadenado una amplia crisis de derechos humanos, humanitaria y de desplazamiento de personas. Además, se han documentado miles de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las fuerzas rusas, como ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, tortura y maltratos, traslados forzosos de población, uso de armas prohibidas, violencia sexual y ataques selectivos contra escuelas y hospitales. Rusia ha utilizado tácticas de asedio contra civiles, ataques indiscriminados y ataques selectivos contra infraestructuras energéticas con la intención de causar el máximo sufrimiento a la población civil. Además, tanto Rusia como Ucrania han sometido a los prisioneros de guerra a maltratos y a posibles ejecuciones extrajudiciales.
Personas migrantes y refugiadas: la hipocresía
En los últimos años, Europa ha recibido una cifra sin precedentes de personas en movimiento: [1]1 — CEAR (2023). Datos estadísticos de asilo 2022 [en línea]. Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Datos disponibles en línea. los que huyen de la invasión rusa de Ucrania son la población desplazada más numerosa del continente desde la Segunda Guerra Mundial. En el caso actual, los países que han recibido a más personas han sido Polonia (1,53 millones), Alemania (1,02 millones) y la República Checa (468.000). Estos desplazamientos supusieron la activación, por primera vez, de la Directiva 2001/55/CE relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, que daba acceso rápido a alojamiento, trabajo y educación a los que huían del conflicto a Ucrania. La acogida de los que buscaban protección ante esta guerra marcó un nuevo hito en Europa y demostró que los estados miembros de la Unión Europea tienen capacidad para ofrecer una protección digna a millones de personas cuándo está la voluntad política de hacerlo.
Pero no todas las personas han recibido la misma acogida: las fronteras de Europa han seguido siendo un lugar de exclusión por perfiles raciales, de peligro y abusos para muchas personas que también buscan protección y que provienen de otras partes del mundo, como Afganistán, Siria y el África subsahariana. Los últimos años, los países de la Unión Europea también han registrado el número más alto de solicitudes de asilo de personas de otros países del mundo desde el 2016, así como un aumento del número de personas que utilizan las rutas de los Balcanes occidentales y el Mediterráneo central y oriental.
Agentes estatales que patrullan las fronteras marítimas impiden desembarcar a personas refugiadas y migrantes que llegan por mar. Agentes de fronteras y policías detienen de manera arbitraria, a menudo durante largos periodos, a personas que han conseguido entrar en territorio de la Unión Europea, y devuelven sumáriamente, a menudo con violencia, miles de personas en países como Siria, el Líbano, Marruecos o Turquía.
Las autoridades españolas siguen negando su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la valla de Melilla en el 2022, en el que 37 personas del África subsahariana murieron, decenas más resultaron heridas y al menos 470 fueron objeto de devolución sumaria en Marruecos.
La acogida de los que huían de la guerra de Ucrania marcó un nuevo hito en Europa y demostró que los estados miembros de la Unión Europea tienen capacidad para ofrecer una protección digna a millones de personas cuándo está la voluntad política de hacerlo
Cada día, en todo el mundo, hay personas que tienen que tomar la decisión más difícil de su vida: abandonar su casa en busca de un hogar más seguro. Y no podemos perder la perspectiva: el problema no son las personas, sino las causas que empujan familias e individuos a cruzar fronteras, y las respuestas equivocadas e inhumanas de las autoridades.
Es evidente que la política europea en relación a las personas migrantes y refugiadas tiene que cambiar de rumbo. Hay que darle la vuelta. Hace falta respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de todas las personas a recibir protección internacional sin sufrir discriminación, devolución a una situación de persecución ni ninguna otra violación de los derechos humanos.
Derechos de mujeres y niñas: pasos adelante y retrocesos
Las mujeres sufren discriminación y violencia continuamente, ya sea institucionalizada por ley o en la práctica, incluso en países y regiones con leyes que a priori garantizan la igualdad. En Europa se han conseguido avances, pero, al mismo tiempo, detectamos graves retrocesos.
Países como Polonia, Hungría o Eslovaquia siguen limitando el acceso al aborto. Malta ha dado pasos adelante en la despenalización del aborto, aunque con un procedimiento que sigue poniendo trabas para acceder a este derecho. Andorra [2]2 — Amnistía Internacional Catalunya (2022). “Andorra tiene que retirar el cargo de difamación contra una activista que se enfrenta a juicio por defender los derechos de las mujeres” [en línea]. Artículo disponible en línea. sigue siendo el único país de la Unión Europea con una penalización total del aborto; las autoridades persiguen la tarea de las asociaciones en defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas (en particular, de sus derechos sexuales y reproductivos). Este acoso es una constante global para intentar impedir que los defensores y defensoras de los derechos humanos promuevan la igualdad, especialmente cuando su tarea pone en cuestión las estructuras tradicionales y las normas sociales patriarcales.
Delante de este escenario, se pone de manifiesto que los progresos en la protección de los derechos de las mujeres son insuficientes y la respuesta ciudadana ha sido ejemplar: las mujeres activistas han estado en la vanguardia de la resistencia y las protestas a favor de los derechos humanos en países como Polonia o Rusia, en muchos casos arriesgando su propia vida.
Las autoridades tienen que implementar medidas urgentes para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, establecer mecanismos de denuncia más sencillos contra la violencia machista y la vulneración de derechos, concienciar y formar a la policía y al poder judicial y dotar a las mujeres de más independencia financiera.
Tortura y maltrato: sustitución del estado de derecho por el terror
En el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania se han producido actos de tortura y otros maltratos sistemáticos. Algunos prisioneros de guerra han sido víctimas de tortura y posibles ejecuciones extrajudiciales; en Ucrania, en el marco de los procesos de “filtración” llevados a cabo por Rusia, se han infligido descargas eléctricas a civiles, se los ha amenazado con ejecutarlos, se los ha privado de comer y agua y se han separado a los menores de edad de los progenitores.
En Bielorrusia, a las personas declaradas culpables de cargos de motivación política se las recluye en régimen de aislamiento y soportan condiciones inhumanas. También en Bielorrusia se llevó a cabo una ejecución el año pasado, ya que es el único país de Europa que sigue aplicando la pena de muerte.
En las fronteras exteriores de la Unión Europea, guardias fronterizos y policías siguen infligiendo maltratos, con frecuencia equivalentes a tortura, en personas refugiadas y migrantes, y en Italia han continuado los procesos judiciales relacionados con la tortura en las prisiones.
No podemos perder la perspectiva: el problema no son las personas, sino las causas que empujan a las familias e individuos a cruzar fronteras, y las respuestas equivocadas e inhumanas de las autoridades
La tortura no se puede justificar en ningún caso, es un acto de barbarie e inhumano, prohibido por el derecho internacional, y es por eso que suele tener lugar a puerta cerrada, a escondidas. De hecho, muchos gobiernos dedican más esfuerzo a negar o a encubrir las torturas que a investigar exhaustivamente las denuncias. Y a menudo los torturadores actúan sin miedo de ser detenidos, perseguidos o castigados. Esta impunidad hace que la práctica de la tortura se perpetúe y las personas que la sufren queden desamparadas. Hace falta erradicar, perseguir y castigar todas las formas de tortura y maltrato.
Derecho a la privacidad: falsa dicotomía entre seguridad o libertad
Varios países dan “carta blanca” a la vigilancia indiscriminada en sus leyes. En Francia se permite interceptar masivamente comunicaciones y retener información durante largos periodos de tiempo, y se ha eliminado la autorización judicial previa. También el Reino Unido ha introducido en la legislación más poderes para el espionaje. Polonia ha otorgado, a la policía y a otras agencias, poderes de vigilancia incompatibles con el respeto a la privacidad.
Europa tampoco se ha escapado de Pegasus: peritajes independientes han confirmado el uso del software espía al Estado español, Polonia o Grecia. En Catalunya, decenas de figuras políticas, periodistas, activistas del entorno independentista y sus familias han sufrido el ataque de este software espía de fabricación israelí entre el 2015 y el 2020. [3]3 — Amnistía Internacional (2022). “España: La Unión Europea debe actuar para poner fin a los abusos con software espía, después de que destacadas figuras catalanas hayan sido atacadas cono Pegasus” [en línea]. Artículo disponible en línea.
Por otra parte, varios gobiernos han seguido ampliando peligrosamente las facultades de sus servicios policiales y de inteligencia. En Serbia, el Gobierno ha intentado aprobar legislación para facilitar la vigilancia biométrica y el tratamiento de datos. En Suiza e Irlanda, varias ONG han expresado preocupación por proyectos de legislación que, en el caso de Suiza, amplían las facultades de los servicios de inteligencia y, en el de Irlanda, introducen tecnología de reconocimiento facial en la aplicación de la ley.
En nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, las autoridades nos dicen que necesitan más poderes para investigar y prevenir atentados. Esta vigilancia indiscriminada simplemente nos convierte a todos en presuntos delincuentes y a nuestras actividades, en sospechosas. Tenemos que huir del “si no has hecho nada malo no tienes nada que esconder”. La vigilancia masiva es ilegal según las leyes internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, los países lo tienen que trasladar a sus legislaciones para que se garanticen nuestros derechos y que sólo un juez pueda autorizar que se intervengan nuestras comunicaciones.
Libertad de expresión: represión de voces críticas
Los gobiernos aprovechan varias “crisis” para otorgarse nuevas facultades. Las autoridades húngaras recurren al pretexto de la guerra en Ucrania para atribuirse nuevas competencias que les permiten declarar el estado de excepción. Letonia, Lituania y Polonia han mantenido un estado de excepción en la frontera con Bielorrusia que restringe injustificadamente el acceso de periodistas, ONG y agentes humanitarios. Turquía sigue deteniendo y procesando decenas de periodistas, activistas y figuras políticas de la oposición por cargos falsos de terrorismo; el Parlamento turco aprobó una nueva ley sobre la desinformación que reforzaba los poderes del Gobierno sobre las redes sociales.
El uso de demandas abusivas (demandas estratégicas que pretenden limitar la participación pública) contra periodistas y activistas medioambientales es cada vez más habitual y preocupante en países como Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria y Grecia, pero alarmantemente común en Croacia, Serbia y Eslovenia.
En Rusia, desde el inicio de la guerra en Ucrania, decenas de miles de personas han protestado pacíficamente contra la agresión y la han criticado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las autoridades rusas han respondido con una ola de represión sin precedentes en todo el país contra cualquier voz contraria a la invasión rusa de Ucrania: detenciones, reformas legislativas y represión de las voces críticas.
En nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, las autoridades nos dicen que necesitan más poderes para investigar y prevenir atentados. Esta vigilancia indiscriminada nos convierte a todos en presuntos delincuentes y a nuestras actividades, en sospechosas
La libertad de expresión en el Estado español ha experimentado un grave retroceso desde el 2015, año en que el Congreso aprobó la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana (conocida como “ley mordaza”) y la reforma del Código penal. [4]4 — Amnistía Internacional España (2022). “Derecho a la protesta en España: ‘Siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España’” [en línea]. Documento disponible en línea. Estas leyes se aprobaron a pesar de las advertencias formuladas por expertos de las Naciones Unidas, que denunciaron que algunos de los preceptos contenidos en las dos normas podían suponer una restricción desproporcionada de los derechos de libertad de reunión, expresión e información.
Gobiernos de toda Europa encarcelan personas sólo por alzar la voz, aunque casi todas las constituciones enaltecen el valor de la libertad de expresión. El ejercicio de estos derechos, sin temor ni interferencias indebidas, es esencial en una sociedad abierta y justa en que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos.
Discriminación por motivos religiosos y orientación sexual
En el ámbito de la religión, en varios países ha habido un número sin precedentes de denuncias de antisemitismo. Tanto en Alemania como en el Reino Unido, las entidades de observación han documentado un grave aumento de los crímenes de odio de cariz antisemita.
Por otra parte, varios países han seguido reforzando las medidas adoptadas contra las mujeres musulmanas o aprobando nuevas. Andorra aprobó una ley que prohibía llevar símbolos religiosos ostentosos, lo cual impedía a las mujeres musulmanas cubrirse la cabeza con el hiyab.
En el ámbito de la orientación sexual, la discriminación y la violencia contra las personas LGBTIQ+ en algunos países se ha visto acompañada de avances judiciales o legislativos. Uno de los episodios de violencia más graves tuvo lugar en Eslovaquia en el 2022, donde dos personas murieron y otra resultó herida por tiros en el exterior de un bar gay. En Montenegro, Macedonia del Norte y Polonia se han registrado ataques y amenazas contra dirigentes LGBTIQ+. En Polonia, numerosos municipios todavía se declaran “zonas sin personas LGBTIQ+” y se han utilizado demandas estratégicas contra la participación pública y la detención arbitraria de activistas. [5]5 — Amnistia Internacional Polonia (2022). “‘They Treated Us Like Criminals’: From Shrinking Space to Harassment of LGBTI Activists”. Informe disponible en línea.
Los tribunales de algunos países han dictado resoluciones que refuerzan los derechos de las personas LGBTIQ+. En Croacia se confirmó que las parejas del mismo sexo tienen que poder adoptar en las mismas condiciones que las otras. El Tribunal Constitucional de Eslovenia ha declarado que la prohibición del matrimonio homosexual y de la adopción por parte de parejas homosexuales es inconstitucional. A raíz de una decisión del Tribunal Supremo de Letonia, los tribunales administrativos han empezado a reconocer las parejas del mismo sexo. En Suiza han entrado en vigor nuevas disposiciones que legalizan el matrimonio civil y la adopción para las parejas del mismo sexo. Moldavia ya ha podido celebrar la marcha del Orgullo mayor de su historia, aunque el alcalde de la capital, Chisinau, había amenazado con prohibirla.
En general, el racismo y la discriminación se manifiestan en todos los aspectos principales de la vida cotidiana. Por lo tanto, hace falta que, a pesar de los avances, las autoridades aborden de manera holística la protección del derecho a no sufrir discriminación. Será la única manera de poder hacer efectivo el principio de universalidad de los derechos.
Pobreza y crisis climática: clave para garantizar el disfrute de todos los derechos
La guerra en Ucrania ha tenido un fuerte impacto en términos de pobreza: según el Banco Mundial, el índice general de pobreza del país se ha multiplicado por 10, [6]6 — Reuters (2022). “World Bank says Ukraine has tenfold increase in poverty due to war”. Articulo disponible en línea. ya que cerca de medio millón de niños y niñas se vieron sumidos en la penuria. Al mismo tiempo, la guerra ha afectado a todos los países que tenían estrechos vínculos económicos con Rusia. Al final del 2022, la mayoría de los países de la región sufrían una crisis del coste de la vida y una inflación sin precedentes: 17 estados miembros de la Unión Europea tenían índices de inflación superiores al 10%.
En este contexto, como es habitual, los sectores con menos recursos, más desfavorecidos, han sufrido los efectos de manera desproporcionada y no han recibido una protección social adecuada. Es esencial y urgente que los gobiernos tomen medidas inmediatas para abordar las dificultades socioeconómicas persistentes destinando los recursos adecuados —incluso a través de una protección social integral— con el objetivo en garantizar que todas las personas disfrutan de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Las olas de calor sin precedentes en verano, con temperaturas superiores a 40 °C en muchos países europeos, han tenido como consecuencia que una gran parte de la población haya tomado conciencia de la crisis climática. A causa de las altas temperaturas, en el 2022 se registró un exceso de 25.000 muertes; además, se secaron ríos, se hundió un glaciar en Italia, una grave sequía afectó a la mayor parte de Portugal y los incendios destruyeron enormes extensiones en el Estado español. El verano del 2023 no ha sido muy diferente, hecho que marca una tendencia clara de un clima cada vez más extremo.
Los gobiernos tienen que aumentar sus objetivos de reducción de emisiones de manera que reflejen su responsabilidad en la crisis climática, y tienen que adoptar políticas adecuadas y compatibles con los derechos humanos, entre las cuales la eliminación gradual del uso y la producción de combustibles fósiles mediante una transición justa.
75.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ¿un punto de inflexión?
Los últimos años han puesto en evidencia la incapacidad de la comunidad internacional de hacer frente a graves crisis de derechos humanos. La respuesta a la invasión rusa de Ucrania ha demostrado lo que se puede hacer cuando hay voluntad política: condenar la invasión, responder de manera contundente y coordinada y abrir las fronteras a las personas refugiadas. Este tendría que ser el modelo para abordar todas las violaciones masivas de los derechos humanos allí donde pasen.
Pero, al mismo tiempo, se ha evidenciado la hipocresía respecto de otras violaciones masivas de derechos humanos y conflictos. En la práctica, los países defienden los derechos humanos caso por caso, no de manera global, con hipocresía y priorizando los intereses propios. Sin duda eso es un ataque a la esencia de la universalidad de los derechos humanos.
Ahora hace 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que surgió de las cenizas de una guerra mundial. No tenemos que esperar que el mundo vuelva a quemar para vivir realmente de acuerdo con los principios y libertades que tantos millones de vidas costaron.
Ahora hace 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que surgió de las cenizas de una guerra mundial. No tenemos que esperar que el mundo vuelva a quemar para vivir realmente de acuerdo con los principios y libertades que tantos millones de vidas costaron
En este aniversario, todos los estados tendrían que intensificar los esfuerzos para conseguir un orden renovado basado en normas que beneficien a todo el mundo y en todas partes. Hay que reforzar las instituciones y los sistemas internacionales destinados a proteger nuestros derechos. Eso pasa por financiar los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, por reformar el Consejo de Seguridad con el objetivo de dar voz a más países y situaciones que tradicionalmente se han ignorado, y también por poner fin al abuso del veto por parte de los cinco países con asiento permanente en el Consejo, especialmente ante atrocidades masivas.
Hace falta que los derechos consagrados en la Declaración sean una realidad para cada vez más personas, para todas las personas. Cualquier ambición menor por parte de los dirigentes mundiales sería una traición capaz de precipitar el mundo al abismo.
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Referencias y notas
1 —CEAR (2023). Datos estadísticos de asilo 2022 [en línea]. Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Datos disponibles en línea.
2 —Amnistía Internacional Catalunya (2022). “Andorra tiene que retirar el cargo de difamación contra una activista que se enfrenta a juicio por defender los derechos de las mujeres” [en línea]. Artículo disponible en línea.
3 —Amnistía Internacional (2022). “España: La Unión Europea debe actuar para poner fin a los abusos con software espía, después de que destacadas figuras catalanas hayan sido atacadas cono Pegasus” [en línea]. Artículo disponible en línea.
4 —Amnistía Internacional España (2022). “Derecho a la protesta en España: ‘Siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España’” [en línea]. Documento disponible en línea.
5 —Amnistia Internacional Polonia (2022). “‘They Treated Us Like Criminals’: From Shrinking Space to Harassment of LGBTI Activists”. Informe disponible en línea.
6 —Reuters (2022). “World Bank says Ukraine has tenfold increase in poverty due to war”. Articulo disponible en línea.
Adriana Ribas Iglesias
Adriana Ribas Iglesias es coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), lleva más de diez años dirigiendo y gestionando la oficina de Amnistía Internacional Catalunya, donde se encarga de coordinar todas las áreas, equipos y grupos de activistas. También representa a la organización en las instituciones catalanas y ante las autoridades públicas y los medios de comunicación. Especializada en el ámbito de los derechos humanos, tiene experiencia como ponente y formadora.