El siglo XXI ha aportado al panorama de los derechos humanos una mezcla peculiar de discursos, hechos y retos. Los derechos humanos no habían estado nunca tan presentes en los discursos políticos nacionales o internacionales, en las reivindicaciones sociales o en la investigación académica y científica. Estos derechos se encuentran en el origen de una gran ola de nuevas organizaciones de la sociedad civil, pero también de instituciones públicas especializadas. Están presentes en todas las comunicaciones, en la vida cotidiana y, probablemente por eso, durante mucho tiempo los hemos considerado adquiridos, inmutables, establecidos y garantizados para siempre. Sin embargo, hay que decir que ahora están en duda, tanto en la práctica como en su misma esencia. Sólo en Europa, las crisis sucesivas los han puesto a prueba y el retorno de la guerra en el continente demuestra, por desgracia, que no hay nada que se pueda dar por hecho. Los retos actuales y las crisis futuras —algunas ya anunciadas— ponen a prueba nuestras certezas.

En este contexto, plantearse la cuestión del futuro de los derechos humanos en Europa es una tarea intelectualmente arriesgada, pero necesaria. [1]1 — Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, y no comprometen al Consejo de Europa. ¿Cómo podemos abordar el futuro de nuestras sociedades si no entendemos cómo los derechos humanos influyeron en la evolución política, social y jurídica en el pasado, sobre todo en el pasado reciente? Tenemos que ser conscientes del gran impacto que tuvo el consenso universal sobre el valor del ser humano y sus derechos, tal como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y, más recientemente, en la Declaración y el Programa de acción a adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena el año 1993. Tenemos que reconocer la enorme contribución del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de otros instrumentos del Consejo de Europa para establecer un espacio jurídico común y generar la confianza mutua que constituye el núcleo de la integración europea. Una comprensión insuficiente del impacto de los derechos humanos y de su papel en el desarrollo de nuestras sociedades deja el camino libre a malentendidos, disputas de mala fe, incertidumbre e, inevitablemente, a un deseo de replegarse, a menudo en el aislacionismo, que sólo puede reproducir las escisiones y divisiones que originaron el sufrimiento en el pasado.

También hay que reconocer que cada vez que el mensaje de los derechos humanos se ha distanciado del enfoque del derecho positivo para convertirse en un mero soporte ideológico, la impugnación de estos derechos ha encontrado un terreno fértil para crecer. La guerra contra el terrorismo en la década del 2000 y sus excesos —recordamos sobre todo Abu Ghraib y la detención secreta de presos en Europa [2]2 — El caso Abu Ghraib se refiere al trato dispensado a prisioneros por parte del personal del ejército y agentes de inteligencia estadounidenses durante la guerra del Irak entre 2003 y 2004. La cuestión de las prisiones secretas se refiere a la detención ilegal por parte de la CIA en estados europeos, con la complicidad de los servicios de inteligencia de estos estados, de personas sospechosas de terrorismo; ver las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Al Nasiller contra Polonia; Abu Zubaydah contra Lituania, Husayn (Abu Zubaydah) contra Polonia, El-Masri contra la antigua República Yugoslava de Macedonia, Nasr te Ghali contra Italia y Al Nashiri contra Rumania. — ha ofrecido la oportunidad de presentar los derechos humanos como aparte del discurso de una política imperialista occidental caracterizada por la falta de respeto al otro (a la persona, pero también a su cultura y a sus tradiciones), por una aplicación incoherente, incluso selectiva, de los derechos humanos en función de los objetivos políticos o de seguridad perseguidos y por la impunidad de sus negligencias.

La crisis financiera y social del 2010 ha dejado sectores amplios de la sociedad inmersos en un gran desorden. Los derechos humanos y, en particular, los derechos sociales, que constituían la base del modelo social europeo, han resultado ineficaces ante el aumento de la exclusión y la pobreza.

Retos y amenazas para los derechos humanos

Así, el consenso universal sobre los derechos humanos parece retroceder ante el relativismo y las tendencias aislacionistas que prosperan tanto a escala mundial como en las sociedades y las políticas europeas, aunque es sólo a partir de estos derechos que podremos hacer frente a muchos de los retos actuales.

Para Europa, estos retos son múltiples, empezando por los que plantean las transformaciones demográficas y sociales que exigen nuevas políticas de inclusión o incluso una revisión del modelo de estado nación del siglo XIX. Las acciones positivas de los poderes públicos se vuelven indispensables, y es probable que eso comporte reforzar el papel del estado. Ahora bien, si queremos que el poder público siga siendo un garante de las libertades democráticas y no se convierta en un observador impotente de la polarización de nuestras sociedades, este fortalecimiento se tiene que producir precisamente sobre la base de los derechos humanos, incluyendo, por descontado, los derechos sociales, económicos y culturales.

La comunicación y sus nuevas tecnologías son probablemente el ámbito en que este fenómeno de desbordamiento del estado resulta más visible. Después de haber ofrecido durante años una libertad de expresión inimaginable, internet también presenta riesgos, en la medida en que se desarrollan y se amplifican actividades delictivas o el discurso del odio. A su vez, estos riesgos, a pesar de ser reales, a veces son un pretexto para imponer restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión. Igual que la inteligencia artificial, que avanza a pasos de gigante en todos los ámbitos de la vida, estos avances tecnológicos sacuden la sociedad, cambian la percepción de la realidad y reformulan el debate público. Su autorregulación, a partir de criterios que a menudo interesan económicamente a las plataformas de internet, relega el estado al papel de observador humillado por unos avances que no puede controlar ni sustentar adecuadamente.

Además, la guerra ha resurgido en Europa, en Ucrania y otros lugares con una intensidad sin precedentes, sustituyendo el derecho por la violencia, la resolución pacífica de las diferencias por acciones militares y la protección de las libertades fundamentales por crímenes de guerra.

La Federación Rusa fue expulsada del Consejo de Europa después de haber sido un estado miembro durante más de veintiséis años. [3]3 — Resolución CM/Res(2022)2 sobre la finalización de la pertenencia de la Federación Rusa al Consejo de Europa, adoptada por el Comité de Ministros el 16 de marzo del 2022, en la 1428 reunión de los delegados de los ministros. No es difícil identificar las etapas del deterioro gradual del compromiso de Rusia a la hora de respetar las normas de la organización europea que actúa como garante de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. A pesar de los esfuerzos sinceros del Consejo de Europa —y de algunos círculos de la misma Rusia— para mantener este vínculo vital por la seguridad y el futuro del continente, la agresión a Ucrania puso fin a esta cooperación. Este proceso de distanciamiento progresivo de las normas del Consejo de Europa se puede entender como el presagio de una ruptura con el derecho internacional que culminó con la invasión de Ucrania. Pero esta visión no es muy tranquilizadora: la Federación Rusa no es el único estado que ha adoptado una actitud desafiante ante el Consejo de Europa y los principios que defiende esta organización. Otros círculos políticos europeos plantean la idea de que las normas del Consejo de Europa no tienen en cuenta las realidades de un país y no respetan lo suficiente las tradiciones sociales o de otro tipo. En otros estados miembros de la organización florecen los movimientos nacionalistas y xenófobos que defienden posiciones que atacan determinados grupos, dividen a la sociedad y ponen en peligro no sólo los derechos humanos, sino también la democracia y el estado de derecho. Porque está claro que no solamente se cuestionan los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ o de los inmigrantes, sino toda la estructura de la separación de poderes, de la justicia independiente, de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, de la libertad de asociación y de reunión, de la inviolabilidad de las comunicaciones y del dominio privado, es decir, los fundamentos del sistema democrático de gobierno.

La agresión contra Ucrania también plantea interrogantes sobre la compatibilidad de las reacciones para hacerle frente con los principios de los derechos humanos. Ucrania sigue siendo un estado miembro del Consejo de Europa y está obligada a respetar estrictamente los derechos humanos. ¿Cómo podemos ayudar a un país que se enfrenta a una agresión armada a asumir sus obligaciones y respetar los derechos no sólo de las víctimas, sino también de los autores de crímenes de guerra? ¿Cómo salvaguardar las libertades democráticas de prensa y acceso a la información? ¿Cómo garantizar la libertad de asociación o el papel de los partidos políticos y el debate pluralista en un país que es objeto de ataques de desinformación? ¿Y cuáles son los efectos de esta guerra en las actitudes de otros estados amenazados (o que creen estarlo) a la hora de proteger los derechos humanos de las personas que están bajo su jurisdicción?

La guerra en Ucrania

No es extraño que la primera acción que se decidió en esta Cuarta Cumbre del Consejo de Europa se refiriera a Ucrania. Los dirigentes europeos se pronunciaron a favor de una paz duradera y justa. Para que se haga justicia, los responsables de los crímenes cometidos tienen que responder de sus actos ante jurisdicciones que garanticen los derechos de las víctimas y de los acusados, tal como exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las autoridades tienen la obligación, ante las víctimas de delitos, de llevar a cabo investigaciones efectivas sobre las circunstancias de estos delitos y de procesar y castigar a los responsables. En este sentido, se ha creado un Registro internacional de daños causados por agresión, que es sólo un primer paso, aunque indispensable y decisivo. [5]5 — Varios estados miembros del Consejo de Europa, como también algunos países no pertenecientes, como Canadá, Estados Unidos y Japón, y la Unión Europea han acordado crear un Registro de daños y perjuicios causados por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Destinado a ser el primer elemento de un futuro mecanismo de indemnización, este registro se utilizará para registrar las pruebas y la información relativas a las reclamaciones de indemnizaciones por daños, pérdidas o perjuicios causados a las personas físicas y jurídicas afectadas, como también al Estado ucraniano, desde el 24 de febrero del 2022.

El futuro democrático de Europa

Los dirigentes europeos también acordaron garantizar el futuro democrático de Europa mediante la adopción de los Principios de Reykiavik para la Democracia. [6]6 — Anexo III de la Declaración de Reykiavik. Medir la vitalidad de las democracias europeas y reforzar su resiliencia es ahora un objetivo fundamental. Si la cuestión de la participación en elecciones que garanticen la libre expresión de las personas está en, el centro de este planteamiento, también hay otros aspectos de la vida pública que están implicados: la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas, [7]7 — Ver, en particular, la Recomendación CM/Rec(2016)4 del Comité de Ministros a los estados miembros sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, adoptada el 14 de abril del 2016 en la 1253 reunión de los delegados de los ministros. El 5 de octubre del 2023 se lanzó en Riga una campaña a favor de la seguridad de los periodistas (más información en ya.cat/COESeguretatPeriodistes). la vitalidad de la sociedad civil y la libertad de asociación, y la protección de la vida privada ante el desarrollo de sistemas de vigilancia masiva. [8]8 — Ver el informe “El programa espía Pegasus y sus repercusiones sobre los derechos humanos”, elaborado por Tamar Kaldani y Zeev Prokopets. Consejo de Europa, junio del 2022. Disponible en línea. Estos elementos constitutivos del espacio de libertad seguirán siendo ilusorios si no hay un poder judicial independiente y autoridades independientes en los ámbitos más sensibles: protección de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, regulación de los medios de comunicación y preservación de su pluralismo, y protección de los datos de carácter privado, entre otros.

Identificar a tiempo los retrocesos democráticos es un reto importante, en primer lugar, para las autoridades nacionales y también para los pueblos en nombre de los cuales las autoridades ejercen su poder. Pero la seguridad democrática es también un reto para el continente. Esta constatación es tan antigua como el mismo Consejo de Europa, y se refleja en la preponderancia de la “garantía colectiva” en que se basa el respeto por los derechos humanos, especialmente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. [9]9 — El preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que el objetivo de los estados signatarios es garantizar “la aplicación colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal”. En Reykiavik también se asumió un firme compromiso en favor de la aplicación de este convenio, en particular para la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sigue siendo una obligación incondicional de los estados signatarios del Convenio. Como instrumento constitutivo del orden público europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos ocupa un lugar central en el arsenal de protección de los derechos del hombre, tanto a través de la institución de la demanda individual, que permite que cualquier persona que considere que sus derechos han sido violados por uno de los cuarenta y seis estados miembros se pueda dirigir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como por medio del sistema de supervisión de la ejecución de las sentencias de esta jurisdicción por parte de un órgano colegial: el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Conscientes del carácter único de este instrumento, los jefes de estado y de gobierno han vuelto a exigir que la adhesión de la Unión Europea al Convenio se concrete rápidamente. [10]10 — El anexo IV de la Declaración de Reykiavik subraya que “esta adhesión reforzará la coherencia de la protección de los derechos humanos en Europa” y anima a adoptar el acuerdo de adhesión lo antes posible.

Avances tecnológicos e inteligencia artificial

Los avances tecnológicos también han captado la atención de los dirigentes europeos, sobre todo los relacionados con la inteligencia artificial. El secretario general del Consejo de Europa ha subrayado la urgencia de esta tarea. La inteligencia artificial está cambiando la información que recibimos y, en consecuencia, las decisiones que tomamos; tendrá un papel fundamental en el funcionamiento de las instituciones públicas y en la manera como los ciudadanos interactúan y participan en el proceso democrático. [11]11 — Comunicado de Marija Pejčinović Burić, secretaria general del Consejo de Europa, sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Disponible en línea. Ver también Meneceur, Yannick i Hibbard, Lee (2021). “Les apports du Conseil de l’Europe à une réglementation globale de l’intelligence artificielle – Revue des instruments juridiques du Conseil de l’Europe relatifs à l’intelligence artificielle et des enjeux particuliers en matière de santé et de biomédecine”. Droit, Santé et Société, número 3, p. 55 a 63. Disponible en línea.   El Consejo de Europa ya ha invertido mucho en la protección de los derechos humanos en los avances digitales. También ha demostrado su capacidad para estar a la vanguardia de las nuevas normas, que se han convertido en una referencia mundial. No es sorprendente que los jefes de estado y de gobierno hayan confiado al Consejo de Europa la tarea de redactar rápidamente un nuevo convenio marco sobre el desarrollo, el diseño y la aplicación de la inteligencia artificial, basado en las normas del Consejo de Europa, que después se complementará con trabajos sectoriales elaborados por el conjunto de la organización.

Protección del medio ambiente

El medio ambiente también se situó en el centro de las preocupaciones de la cumbre de Reykiavik, como prioridad clave del Consejo de Europa. Tampoco en este caso hubo sorpresas. El Consejo de Europa ya ha hecho mucho por proteger la biodiversidad [12]12 — Ver el Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa (STE núm. 104). y el paisaje. [13]13 — Ver el Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencia (STE núm. 176). Sin embargo, la interconexión entre la protección de los derechos humanos y el medio ambiente se ha hecho evidente e indispensable [14]14 — Comité Director de los Derechos Humanos (CDDH). Manuel sur las droits del homme te el environnement, 3.ª edición; Consejo de Europa, 2022. gracias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a las conclusiones y decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, así como al número creciente de casos que se han presentado ante los tribunales nacionales. El Tribunal recibe demandas individuales que impugnan las políticas medioambientales de varios estados signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el efecto de estas políticas en el cambio climático y su repercusión en los derechos humanos, en particular de los jóvenes. [15]15 — El 27 de septiembre del 2023, la Gran Sala 1 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebró una vista en el caso Duarte Agostinho y otros contra Portugal y 32 estados más. El asunto se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por 33 estados miembros que, según los demandantes, contribuyen al calentamiento global y, en particular, provocan olas de calor que afectan a las condiciones de vida y la salud de los demandantes. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha reclamado un marco jurídico nuevo, tanto a escala nacional como europea, para “garantizar el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible” en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: un proyecto de protocolo adicional que convierta este derecho en exigible jurídicamente en todos los países que lo ratifiquen. La Asamblea afirmó que un texto jurídico de este tipo proporcionaría por fin una base indiscutible para las decisiones relativas a las violaciones de los derechos humanos derivadas de los efectos adversos del medio ambiente sobre la salud, la dignidad y la vida de las personas, y recordó que la mitad de los países del mundo han reconocido el “derecho a un medio ambiente sano” en su Constitución, entre ellos, treinta y dos estados miembros del Consejo de Europa. Europa como tal no dispone de un acuerdo o convenio regional que reconozca este derecho. [16]16 — Recomendación 2211 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa “Garantizar el derecho a un medio ambiente sano: la necesidad de una acción reforzada del Consejo de Europa”.

Sin embargo, las orientaciones adoptadas en la cumbre de Reykiavik todavía van más lejos. Si el Consejo de Europa reconoce desde 1977 la contribución del derecho penal a la protección del medio ambiente, ahora se encarga de redactar un nuevo convenio global sobre la protección del medio ambiente por medio del derecho penal. Los delitos contra el medio ambiente tienen efectos perjudiciales en la economía, la salud y la seguridad, y socavan los esfuerzos llevados a cabo por los estados por proteger el medio ambiente y promover el estado de derecho. Al contribuir a la degradación de los recursos naturales y al cambio climático, los delitos contra el medio ambiente han evolucionado hasta adquirir una dimensión global y sistémica. El nuevo convenio del Consejo de Europa establecerá las bases generales de un derecho penal medioambiental paneuropeo y proporcionará un marco global común de acuerdo con la naturaleza transfronteriza del reto medioambiental en el cual se tiene que dar respuesta. Václav Havel observó, a propósito de la salvaguardia de nuestro mundo, que “todavía estamos bajo la influencia de la creencia destructiva y vana que el hombre es el punto culminante de la creación y no una parte de esta […]. Todavía no sabemos cómo situar la moral en primer lugar, por delante de la política, la ciencia y la economía”. [17]17 — Cita de Václav Havel, mencionada en el Manual de educación en los derechos humanos con jóvenes – Apartado Medio Ambiente. Disponible en línia. Esta observación no puede ser más acertada, y hay que reconocer que en los últimos años el elemento de responsabilidad individual en este ámbito se ha convertido en una cuestión clave. Y si bien es cierto que la moral y la noción de responsabilidad tienen que estar presentes en la política, no es menos cierto que sin un compromiso político a escala internacional no podremos hacer frente al reto urgente del cambio climático.

No podemos hacer otra cosa que felicitarnos por el hecho de que las conclusiones a las cuales han llegado los dirigentes europeos en Reykiavik sean justas, realistas y ambiciosas, y que los proyectos propuestos sean pertinentes y susceptibles de aportar respuestas a los retos planteados. Pero todo está por hacer, todavía. Si estas declaraciones no van seguidas de acciones concretas, rápidas, inclusivas y convincentes, las respuestas seguirán siendo ilusorias. El Consejo de Europa tendrá sin duda un papel importante a la hora de identificar soluciones, pero su aplicación dependerá del compromiso de las sociedades europeas, de los individuos, de los jóvenes y de las autoridades. Los retos a los cuales nos enfrentamos son inmensos. Requieren energía, recursos, determinación y diálogo. Pero estos esfuerzos valen la pena. Porque las libertades que han alimentado la aventura europea y que han permitido que el continente europeo se desarrollara en paz durante más de setenta años merecen ser transmitidas a las generaciones futuras.

• Referencias y notas

  1 —

  Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, y no comprometen al Consejo de Europa.

  2 —

  El caso Abu Ghraib se refiere al trato dispensado a prisioneros por parte del personal del ejército y agentes de inteligencia estadounidenses durante la guerra del Irak entre 2003 y 2004. La cuestión de las prisiones secretas se refiere a la detención ilegal por parte de la CIA en estados europeos, con la complicidad de los servicios de inteligencia de estos estados, de personas sospechosas de terrorismo; ver las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Al Nasiller contra Polonia; Abu Zubaydah contra Lituania, Husayn (Abu Zubaydah) contra Polonia, El-Masri contra la antigua República Yugoslava de Macedonia, Nasr te Ghali contra Italia y Al Nashiri contra Rumania.

  3 —

  Resolución CM/Res(2022)2 sobre la finalización de la pertenencia de la Federación Rusa al Consejo de Europa, adoptada por el Comité de Ministros el 16 de marzo del 2022, en la 1428 reunión de los delegados de los ministros.

  4 —

  Declaración de Reykiavik – “Unidos en torno a nuestros valores”. Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Consejo de Europa.

  5 —

  Varios estados miembros del Consejo de Europa, como también algunos países no pertenecientes, como Canadá, Estados Unidos y Japón, y la Unión Europea han acordado crear un Registro de daños y perjuicios causados por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Destinado a ser el primer elemento de un futuro mecanismo de indemnización, este registro se utilizará para registrar las pruebas y la información relativas a las reclamaciones de indemnizaciones por daños, pérdidas o perjuicios causados a las personas físicas y jurídicas afectadas, como también al Estado ucraniano, desde el 24 de febrero del 2022.

  6 —

  Anexo III de la Declaración de Reykiavik.

  7 —

  Ver, en particular, la Recomendación CM/Rec(2016)4 del Comité de Ministros a los estados miembros sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, adoptada el 14 de abril del 2016 en la 1253 reunión de los delegados de los ministros. El 5 de octubre del 2023 se lanzó en Riga una campaña a favor de la seguridad de los periodistas (más información en ya.cat/COESeguretatPeriodistes).

  8 —

  Ver el informe “El programa espía Pegasus y sus repercusiones sobre los derechos humanos”, elaborado por Tamar Kaldani y Zeev Prokopets. Consejo de Europa, junio del 2022. Disponible en línea.

  9 —

  El preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que el objetivo de los estados signatarios es garantizar “la aplicación colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal”.

  10 —

  El anexo IV de la Declaración de Reykiavik subraya que “esta adhesión reforzará la coherencia de la protección de los derechos humanos en Europa” y anima a adoptar el acuerdo de adhesión lo antes posible.

  11 —

  Comunicado de Marija Pejčinović Burić, secretaria general del Consejo de Europa, sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Disponible en línea. Ver también Meneceur, Yannick i Hibbard, Lee (2021). “Les apports du Conseil de l’Europe à une réglementation globale de l’intelligence artificielle – Revue des instruments juridiques du Conseil de l’Europe relatifs à l’intelligence artificielle et des enjeux particuliers en matière de santé et de biomédecine”. Droit, Santé et Société, número 3, p. 55 a 63. Disponible en línea.

   

  12 —

  Ver el Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa (STE núm. 104).

  13 —

  Ver el Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencia (STE núm. 176).

  14 —

  Comité Director de los Derechos Humanos (CDDH). Manuel sur las droits del homme te el environnement, 3.ª edición; Consejo de Europa, 2022.

  15 —

  El 27 de septiembre del 2023, la Gran Sala 1 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebró una vista en el caso Duarte Agostinho y otros contra Portugal y 32 estados más. El asunto se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por 33 estados miembros que, según los demandantes, contribuyen al calentamiento global y, en particular, provocan olas de calor que afectan a las condiciones de vida y la salud de los demandantes.

  16 —

  Recomendación 2211 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa “Garantizar el derecho a un medio ambiente sano: la necesidad de una acción reforzada del Consejo de Europa”.

  17 —

  Cita de Václav Havel, mencionada en el Manual de educación en los derechos humanos con jóvenes – Apartado Medio Ambiente. Disponible en línia.