La cuestión de la inmigración ha estado, desde hace décadas, en el centro de las discusiones políticas y sociales. No obstante, no sólo no se ha notado el progreso con respecto a la concienciación y protección de los derechos de las personas migradas, sino que, según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las vulneraciones de los derechos de las personas migradas y refugiadas se han multiplicado en las fronteras de Europa.

Varias organizaciones que trabajan con personas migradas y refugiadas alertan de la creciente violación de los derechos humanos de migrantes y refugiados en las fronteras europeas, con casos que han provocado la pérdida de vidas humanas. Estos abusos incluyen rechazo, amenazas, intimidación, violencia, humillación, prácticas como dejar embarcaciones con personas a la deriva o devolverlas al mar sin ningún tipo de consideración por sus vidas y retornos ilegales a los países de origen, incluso cuando eso viola el derecho internacional y pone en riesgo sus vidas. Con eso se desobedece lo que dispone la Agenda 2035 para facilitar la movilidad humana, que propugna el respeto de los derechos humanos y de las garantías procesales en los controles de fronteras.

Racismo de estado

Si analizamos los discursos políticos, encontramos que el tema migratorio es un instrumento que se utiliza para ganar votos; un discurso que tanto la derecha como la izquierda explotan para obtener beneficios electorales en lugar de avanzar hacia un futuro político antirracista que garantice una vida digna y segura a las personas que han decidido buscar nuevas oportunidades lejos de casa.

Esta notable ineficiencia en el progreso de los derechos de las personas migrantes plantea dudas sobre la veracidad de los discursos políticos y la manera en que se aborda el tema.

Ya tenemos asumido que desde los partidos de la derecha y la ultraderecha se deshumaniza y se utiliza un lenguaje violento y abiertamente racista hacia la población racializada y migrante. Pero este racismo estructural no es únicamente responsabilidad de los partidos de extrema derecha; hace falta cuestionarse qué han hecho los partidos que se denominan progresistas, cómo contribuyen a alimentar este discurso de odio y qué papel han tenido en esta vulneración de derechos y en esta epidemia de racismo social.

Cuando los expertos y activistas hablamos de racismo, la gente normalmente tiende a pensar en un racismo violento y evidente, mientras que el enfoque de la inmigración desde una perspectiva exclusivamente económica, como si las personas migradas fueran sólo unidades productivas, y el uso de argumentos totalmente utilitarios pasan desapercibidos. Incluso hay personas que se consideran “antirracistas” que suelen utilizar estos tipos de razonamientos, que, lejos de reparar y concienciar, alimentan la deshumanización.

El Tarajal, ni olvido ni perdón

Hace casi una década de la tragedia a El Tarajal. Han pasado nueve años de la muerte de al menos catorce personas: Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise y otro joven —a quien el racismo institucional ha negado el derecho a ser identificado—, a consecuencia del uso de material antidisturbios y pelotas de goma y de la omisión de socorro por parte de la Guardia Civil para impedir que llegaran a tierra firme.

Las familias de las víctimas hace nueve años que esperan que se haga justicia. No obstante, la (in)justícia española ha decidido archivar el caso en varias ocasiones y dejar que los responsables disfruten de impunidad.

Desde aquel 6 de febrero del 2014, activistas y organizaciones por los derechos humanos recorren cada año la ciudad de Ceuta en el acto conocido como a Marcha por la Dignidad, para reivindicar memoria y justicia y denunciar las vulneraciones y abusos que se siguen produciendo en las fronteras.

Patricia Fernández, Premio de Derechos Humanos 2022 en categoría nacional y abogada especializada en infancia y situaciones de exclusión social de la Coordinadora Barrios —una de las asociaciones que se presentaron como acusación particular contra dieciséis guardias civiles por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio en la playa de El Tarajal—, ha estado trabajando en la causa desde el primer momento y ha vuelto a presentar un recurso, ahora ante el Tribunal Constitucional; un recurso que, según informó El Confidencial el julio pasado, ya ha sido admitido.

En la mesa redonda de la décima edición de la Marcha por la Dignidad, Patricia Fernández aseguró: “Sólo conoceremos la realidad de la frontera Sur si hacemos memoria, porque el criminal mata y después quita importancia al hecho, la muerte hermenéutica”, y también recordó: “La Europa actual nace de la experiencia de los campos de concentración, que primero fueron campos de detención, después de concentración y, finalmente, de exterminio.”

Masacre de Melilla

Las masacres que llevan a cabo las autoridades españolas en Melilla son el resultado de una política que externaliza las fronteras, vulnera los derechos humanos y ataca a quien busca refugio. Esta geopolítica es responsable de las tragedias humanas en las fronteras y ha puesto en evidencia la gestión del Gobierno español, especialmente en el ámbito del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Según el Gobierno español, existen vías legales y seguras para pedir asilo en Melilla, con una oficina de asilo en la frontera, pero, en realidad, no hay ninguna manera efectiva para las personas refugiadas de pedir protección internacional. De hecho, el informe de la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa subrayó que no es cierto que España permita solicitar asilo en la frontera de Melilla y apuntó que la única manera de cruzar la frontera y llegar a territorio español es “nadando o saltando la valla”.

Según Amnistía Internacional, durante el 2023 sólo se han producido 60 entradas de personas migrantes en Melilla y, de estas, sólo 28 lo han hecho por vía terrestre. Según información del mismo Ministerio del Interior, desde junio del 2022 hasta hoy no se ha registrado ninguna solicitud de asilo a la oficina de Beni Ensar.

El día 24 de junio del 2022, en torno a 2.000 personas, la mayoría de ascendencia sudanesa, intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y España a través del paso fronterizo de Melilla. Según los datos oficiales de Marruecos, murieron 23 personas, pero la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos eleva la cifra en 37 y habla de más de 76 desaparecidos después de la intervención de las fuerzas policiales marroquíes y españolas.

Según el Defensor del Pueblo, al menos 470 personas fueron reanimadas inmediatamente y sin contemplaciones en Marruecos por la policía española. No se solicitó la intervención de ambulancias de la Cruz Roja, aunque había centenares de heridos.

Posteriormente, 500 personas fueron trasladadas en autobús a regiones aisladas de Marruecos, donde les robaron las pertenencias y las dejaron cerca de la carretera sin acceso a atención médica. A algunos se los habrían llevado contra su voluntad y los habrían alejado a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

Centros de menores extranjeros no acompañados

La vulneración de derechos de menores extranjeros en los centros de acogida es otro problema del racismo estructural. Los niños que llegan al territorio español sin ningún tipo de referente familiar, en lugar de encontrar protección y apoyo, se encuentran con una realidad abrumadora de vulneración de derechos humanos básicos en los centros de acogida.

Los menores extranjeros sin familiares en el territorio son uno de los colectivos más vulnerables. Muchos se enfrentan a una serie de violencias institucionales, incluyendo la discriminación, y la falta de asistencia legal, de una acogida digna, de una red de apoyo y de acceso a la educación y a la asistencia sanitaria. Las barreras lingüísticas, las negligencias a la hora de tramitar documentos y los obstáculos burocráticos pueden impedir que estos jóvenes accedan a servicios esenciales.

Segregación de centros

Los menores extranjeros, cuando llegan al Estado español, pasan por centros de internamiento de extranjeros (CIE), comisarías —donde pueden pasar más de 72 horas en los calabozos— y centros de emergencia, donde esperan a que les hagan las pruebas de determinación de la edad. Los procedimientos de verificación de la edad de los menores extranjeros que llegan solos a territorio español se rigen por el artículo 35 de la Ley de extranjería, y sólo se tienen que aplicar en caso de que el niño o adolescente no disponga de documentación.

No obstante, José Miguel Sánchez Tomás, experto en derecho penal y abogado del Tribunal Constitucional, denuncia: “En España hay menores a quienes se hace este trámite aunque tienen documentación.” La sentencia del Tribunal Supremo señala que, si un menor dispone de un pasaporte o de un documento de identidad equivalente que acredite la minoría de edad, no se lo puede considerar indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de la edad.

A pesar de eso, el Defensor del Pueblo, en su informe anual del 2019, denunció que numerosas organizaciones habían manifestado que se estaban llevando a cabo pruebas de determinación de edad tanto a jóvenes no documentados como a jóvenes que sí que tenían documentación.

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, después de algunas denuncias de jóvenes afectados, concluyó que el procedimiento para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados en España vulnera sus derechos e incumple la medida provisional solicitada por las Naciones Unidas de trasladarlos a centros de menores; además, dictaminó que el Estado español “tiene que proporcionar a los niños una reparación efectiva por las violaciones sufridas, incluyendo ofrecerlos la oportunidad de regularizar la situación administrativa en España”.

Los centros de menores extranjeros son centros sólo para jóvenes extranjeros. No los trasladan a centros públicos de menores autóctonos. Por lo tanto, estos centros, casi todos de fundaciones privadas, están saturados, con falta de espacio y de personal lo bastante calificado para atender las necesidades emocionales y psicológicas de los menores.

Devoluciones ilegales de menores de Ceuta

El día 10 de agosto de 2021, el Ministerio del Interior ordenó la devolución a Marruecos de menores marroquíes que habían entrado en Ceuta. La orden se produjo por indicación del mismo ministro Fernando Grande-Marlaska, como figura en el escrito que envió a la Delegación del Gobierno español en Ceuta. En lugar de garantizar la protección y la atención adecuada a los menores, hubo informes alarmantes sobre la devolución ilegal de niños y adolescentes sin seguir los procedimientos establecidos por la ley internacional y los derechos humanos.

Estos jóvenes se vieron sometidos a deportaciones rápidas y sin la oportunidad de solicitar asilo o protección, cosa que puso en peligro sus vidas y sus derechos. Posteriormente, salieron a la luz mensajes de WhatsApp sobre la devolución ilegal que señalaron la exvicepresidenta Carmen Calvo, su jefa de gabinete y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska por haberse saltado el procedimiento regular de devolución de menores.

“Habrá bastante con una carta a la Delegación del Gobierno. Marruecos ha dicho que tienen que volver y nos tenemos que inventar el procedimiento. Si solicitáis la devolución ya podemos doblegar a la Fiscalía”, le dijo la quien era en aquel momento cabeza de gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo, Isabel Valldecabres, a la exvicepresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Diez, procesada por la devolución de menores.

Esta situación generó una denuncia masiva y la condena de muchos activistas, instituciones protectoras de la infancia y organizaciones por los derechos humanos.

Regularización de personas migrantes

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve los desafíos a que se enfrentan las personas migradas y refugiadas por todo el mundo. En este contexto, la no regularización o reconocimiento de derechos a las personas migradas en el Estado español supuso una grave vulneración de los derechos humanos.

La pandemia ha impactado de manera desproporcionada a las personas migrantes, que a menudo se encuentran en situaciones vulnerables y precarias. Eso incluye la falta de acceso a la sanidad y a la ayuda económica o la negativa a liberar a las personas migrantes de los CIE, donde se podía propagar rápidamente la COVID-19.

Los acuerdos y tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que los derechos humanos son universales e inalienables, aplicables a todas las personas sin discriminación. El hecho de no reconocer los derechos de las personas migrantes durante una pandemia constituye una infracción de estos tratados y compromisos internacionales.

El movimiento estatal Regularización Ya, formado por colectivos y organizaciones de personas migrantes y racializadas organizadas políticamente en torno a la exigencia de los derechos sociales, políticos y económicos de las personas migradas dentro del Estado español, nació en marzo del 2020 para conseguir la plenitud de derechos de las personas migrantes. Después de que el Gobierno español rechazara la petición, la plataforma se organizó y consiguió recoger más de 600.000 firmas para convertir la propuesta en una iniciativa legislativa popular, que se presentó en el Congreso de los Diputados.

Más de tres años después de la iniciativa, las más de 800 organizaciones y las más de 600.000 personas en situación irregular continúan a la espera de una respuesta política.