Potencias, retos y tensiones de los feminismos catalanes en la actualidad

Las huelgas feministas de los últimos dos años o las movilizaciones contra sentencias judiciales injustas frente a las agresiones sexuales hacen evidente que, en nuestro país, el movimiento feminista vive un momento histórico. Esta etapa de efervescencia, madurez y extensión de los feminismos (en plural y en reconocimiento de las diversidades y desigualdades que atraviesan el movimiento) no es flor de un día, sino el resultado de un trabajo sostenido, tenaz y capilar de miles, millones de mujeres, lesbianas y trans, que durante las últimas décadas (y siglos) han logrado trasladar la mirada, el conocimiento y las prácticas feministas, explícitas o no, al conjunto de la sociedad.

Se ha dicho que la revolución feminista es una revolución silenciosa, más porosa que ruidosa; más de nodos y retaguardias imprescindibles que de vanguardias iluminadas; más de liderazgos compartidos y alternados que de grandes vacas sagradas, y de sostener la supervivencia que de grandes discursos grandilocuentes. Esta tarea de hormiguitas constantes, tozudas y unidas en redes explica que el movimiento feminista haya sido capaz de organizar y sostener una huelga general, social, de consumo y de cuidado desde estructuras asamblearias y descentralizadas sin el liderazgo o control de los grandes partidos o sindicatos.

El trabajo de relación y de red solidaria y sorora entre activistas en las calles, las organizaciones, las instituciones, etc. Ha convertido el movimiento feminista en un actor social de primer orden, organizado de manera transversal, articulada y distribuida con otras organizaciones y movimientos sociales y políticos. En este momento, el movimiento feminista, además de trabajar en las temáticas que ha desarrollado históricamente (derecho al propio cuerpo, vida sin violencia, igualdad y equidad de derechos, valoración y reconocimiento de todos los trabajos, etc.) está presente en los movimientos transformadores y emancipadores, ya que su naturaleza transversal le permite trascender fronteras y fracturas sociales, económicas y políticas que otros actores sociales no pueden trascender.

Así pues, dispone del programa, la agenda y las alianzas para plantear una propuesta integral de superación de la crisis económica y financiera, productiva, de apoyo al trabajo de curas, y de sostenibilidad medioambiental y, por lo tanto, para convertirse en y construir una alternativa sistémica a nivel internacional.

Un ciclo de movilización y construcción sostenida y distribuida desde los feminismos

El inicio de la década perdida posterior a la explosión de la burbuja financiera y que ha instaurado el gobierno de la Troika, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en la zona euro y en nuestras vidas, a golpe de ajustes estructurales, reformas y recortes, se encontró con un movimiento feminista en el que los diversos feminismos emergentes y multiplicados en la década de los 90 (feministas migrantes, racializadas y antirracistas, precarias, transfeministas, lesbianas feministas, queer, feministas prosexo, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales/prostitutas organizadas, no estándar/diversas funcionales, ecofeministas,…) se habían hecho presentes en el discurso y las propuestas que se plantearon, por ejemplo, en foros como las jornadas feministas catalanas de 2006 en Catalunya o estatales de 2009 en Granada, mostrando así la diversidad, la riqueza de debates y propuestas, y el relevo generacional del movimiento.

Los espacios, organizaciones, colectivos y redes feministas catalanas han estado a pie de calle, plaza, acampada, organización e institución durante las diversas oleadas de movilización de este ciclo, desde el estallido de indignación de 15M en las plazas de toda España en 2011, al impulso del proceso soberanista desde las movilizaciones de 2010 a las vías catalanas y al referéndum del 1O pasando por los convulsos ciclos electorales a nivel municipal, catalán y estatal.

En los últimos años, los feminismos catalanes han mantenido la autonomía y la independencia respecto a formaciones y partidos políticos a la vez que elaboraban una agenda común, mediante iniciativas como Feminismos y Radicalidades Democráticas, que en 2015 puso en marcha la #Alertafeminista, para posicionar las propuestas, prácticas y perspectivas feministas y reivindicar la paridad de género y la participación de mujeres, lesbianas y trans feministas en las administraciones del gobierno municipal, catalán y estatal.

Desde espacios plurales y de base, estos feminismos han estado activos y presentes en el proceso soberanista y en el movimiento independentista, en defensa de los derechos nacionales y de autodeterminación, aportando la perspectiva feminista para garantizar un proceso constituyente equitativo y no discriminatorio como se recoge, por ejemplo, en las propuestas del documento Independents del Patriarcat. También han participado en las iniciativas y espacios en defensa de los derechos civiles y de las libertades de expresión, manifestación y organización, así como contra la represión y la criminalización en la disidencia política, desde los espacios de observación y denuncia de la violencia policial como #SomDefensores durante el 1O al juicio contra representantes de organizaciones sociales soberanas y políticas y políticos políticas en el Tribunal Supremo.

En un momento de ruptura de vínculos y puentes entre organizaciones sociales y políticas tras el proceso, el referéndum, la intervención del autogobierno catalán y la aplicación del artículo 155, el movimiento feminista ha sido uno de los pocos espacios capaces de generar foros de diálogo y debate crítico interno y de articular respuestas de solidaridad feminista a nivel estatal con el marco común de defensa de los derechos y las libertades frente a la criminalización, la judicialización y la represión política, el encarcelamiento y el exilio.

Feminismos en todas partes, explícitos o no: alianzas generosas y conscientes para construir un cambio social

Además, el movimiento feminista ha tenido la capacidad de organizarse en redes y nutrirse mutuamente con otras luchas y espacios de transformación social. Las feministas no sólo han apoyado luchas como el derecho a la vivienda y a la ciudad, en espacios como la Plataforma de afectados por la hipoteca, los sindicatos de inquilinas e inquilinos y de barrio, que ya de por si tenían un liderazgo marcadamente femenino, sino que también han generado alianzas y sinergias que han contribuido a que en estos ámbitos se construyese un discurso feminista propio.

Esto también se ha producido en espacios de construcción de alternativas económicas, como el cooperativismo o la economía social y solidaria (ESS), donde las activistas feministas han logrado posicionar y transversalizar la perspectiva y las prácticas de la economía feminista en las cooperativas y asociaciones y espacios de articulación y en las actuaciones de las administraciones municipales y por todo el territorio, como se puede ver en la red de ateneos cooperativos de Catalunya.

Estas sinergias entre movimientos también se han producido en las luchas antirracistas, contra la Ley de Extranjería y por los derechos de ciudadanía de las personas migrantes, refugiadas y racializadas. El movimiento feminista se ha manifestado en contra del decreto estatal de apartheid sanitario que reducía la atención médica libre para las personas migrantes; por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), contra la persecución de personas migrantes que viven de la venta ambulante o las redadas selectivas contra migrantes, y las organizaciones de mujeres y feministas migrantes y racializadas han sido pilares de los encierros de 2016 en la Universidad de Barcelona y en la Escuela Massana en 2018, que durante tres meses organizó un encuentro feminista antirracista.

El derecho al propio cuerpo, un hito histórico feminista amenazado por la ofensiva antielección

Durante la última década, el movimiento ha seguido defendiendo los derechos sexuales y reproductivos frente a la ofensiva estatal de los grupos ultracatólicos y antielección iniciada en 2007 con la criminalización de las clínicas que practicaban abortos, situación que empeoró en 2012 con el intento de derogación de la ley estatal sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y Salud Sexual y Reproductiva de 2010, promulgada precisamente para garantizar la protección jurídica de las mujeres ante los ataques permanentes. Los feminismos catalanes y españoles se enfrentaron a la llamada contrarreforma del aborto con dos años de movilización ininterrumpida y articulada desde la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, que culminó con la derogación del anteproyecto de ley y la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón, el ministro que impulsó esta iniciativa.

Sin embargo, el gobierno de Rajoy redujo el derecho de las menores a decidir sobre su propio cuerpo con una reforma parcial de la ley de 2010 que impone a las chicas la obligación de comunicar a sus padres la decisión de abortar y que vulnera especialmente los derechos de las que viven situaciones de violencia doméstica o machista, una medida ante la cual el movimiento ha promovido y practicado la desobediencia activa. Además, las organizaciones feministas y de derechos sexuales y de derechos reproductivos han seguido haciendo posible que las mujeres en estado de gestación avanzada que descubren que el feto tiene problemas de malformación puedan abortar, ya que las criaturas no podrían sobrevivir, pero la ley sigue dejándolas en una situación de indefensión jurídica y obligándolas a desobedecer o abortar en el extranjero.

Como resultado de esta movilización permanente, cerca de una docena de activistas feministas de todo el Estado han sido denunciadas por delitos de odio, una estrategia mundial de los grupos antielección para criminalizar el movimiento. Uno de los casos más conocidos es el de las Encausadas de Palma, condenadas a un año de prisión por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por llevar a cabo una protesta simbólica en la iglesia de Sant Miquel de Palma, enmarcada en las acciones de #Febrerfeminista del 14 de febrero de 2014. El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo, lo que supone un preocupante precedente para la criminalización de la libertad de expresión y manifestación.

Con respecto al derecho a tener una opción sexual y una identidad de género libremente escogidos, el movimiento ha promovido y apoyado la ley contra la lesbofobia, homofobia y transfobia de 2014, el protocolo de atención sanitaria para las personas trans que despatologiza su acompañamiento o el de reproducción asistida para madres solteras y lesbianas, de 2015.

Por una vida libre de violencias machistas, construyendo la justicia feminista y desmontando la cultura de la violación

En un contexto de desmantelamiento de recursos y presupuestos para hacer frente a las violencias machistas, a la escalada de feminicidios y a la multiplicación de las violencias sexuales, de revictimización de las mujeres y de las criaturas, y de transformación de las violencias machistas en espectáculo mediático, el movimiento feminista ha multiplicado los esfuerzos para acompañar a las agredidas y llevado a cabo actos de denuncia social e incidencia política ante la inacción institucional.

En 2015 espacios y plataformas feministas confluyeron en la red Novembre Feminista para denunciar y organizar acciones urgentes ante la denegación de órdenes de alejamiento para mujeres en situación de alto riesgo y exigir al Ministerio del Interior aclaraciones sobre los protocolos de evaluación de riesgos; se sumó a la movilización estatal para lograr una ley que aborde todas las formas de violencia machista, contra mujeres, niñas y niños, más allá de las relaciones de pareja heterosexual, según lo establecido por el Convenio de Estambul y se amplió denunciando la revictimización de las mujeres en los procedimientos judiciales por violencia machista o agresiones sexuales, como el de los depredadores sexuales de los Sanfermines o, más recientemente, los que violaron un grupo a una niña de Manresa.

Como planteaba recientemente Marisa Fernández, de la asociación Dones Juristes, el dictamen del Tribunal Supremo que reconoce que la agresión sexual múltiple que tuvo lugar en Sanfermines fue una violación, pone en evidencia que el movimiento feminista ha situado el tema del consentimiento sexual en el debate público y ha construido un consenso social sobre el tema, más allá de los propios tribunales.

Une huelga laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados, internacional e impulsada desde abajo

El rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres también está en la génesis de la convocatoria internacional de huelga que el movimiento feminista #Niunamenos lanzó en 2016 frente a la escalada de feminicidios en el continente latinoamericano, bajo el lema “Si nuestras vidas no valen nada, produzcan sin nosotras”.

En Catalunya, el espacio Vaga de Totes, ya había convocado una huelga feminista durante el otoño de 2015. La propuesta de hacer un huelga mundial el 8 de marzo, Día internacional de las mujeres trabajadoras, surgió en los años 70 de la Campaña internacional por un salario para el trabajo sin sueldo, para reivindicar la visibilidad y el reconocimiento social de todas las tareas y cuidados domésticos que no se consideran trabajo. En Catalunya, la Xarxa Les dones compten empezó a difundir esta campaña a principios de 2000, cuando promovió la contabilización del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados no remunerado y logró el apoyo del Parlament, y cuando el sindicato CGT convocó paros parciales en 2001.

Se ha necesitado casi 18 años para que esta llamada movilizase el tejido sindical, estudiantil y asociativo catalán y español con una propuesta tan integral como ambiciosa: una huelga en el ámbito laboral y estudiantil, en el trabajo de cuidados a las personas remunerado y no remunerado, y al consumo de recursos y energía. El manifiesto de la huelga feminista de 2019, llama a pararlo todo para rechazar “el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el heterocentrismo y el capacitismo”, una enmienda a la totalidad del sistema, y aporta programa extenso y completo de medidas para lograrlo.

En 2017, movimientos de 30 países se adhirieron a la convocatoria, y en Cataluña la CGT convocó paros de media hora. En 2018, 170 países se sumaron a la huelga y el movimiento feminista, articulado en asambleas y comités de barrios, pueblos y ciudades, y también a nivel estatal, logró que los sindicatos CGT y CNT convocaran una huelga de 24 h a nivel estatal, y que los sindicatos mayoritarios organizaran paros de dos horas. En 2018 y 2019 cerca de seis millones de personas hicieron huelga laboral en todo el estado, y en 2019 las sectoriales de educación de los sindicatos de CC.OO y UGT convocaron una huelga de 24 horas. En las universidades la huelga fue un éxito, con una participación del 72,44%, y aunque el gobierno calculó en poco menos del 7% la participación general, en ámbitos como el Metro de Barcelona cerca del 19% de la plantilla hizo huelga. En Catalunya, miles de periodistas y profesionales de la comunicación se unieron a la iniciativa estatal “Las Periodistas Paramos” con un manifiesto propio, Les periodistes parem, y desde la organización de la huelga se puso en marcha la agencia 8M, donde fotógrafas, periodistas, camarógrafas, comunicadoras y activistas feministas dieron cobertura minuto a minuto de la huelga con el lema “Nosotras paramos, nosotras te lo explicamos”.

Al menos diez activistas feministas han sido represaliadas en Catalunya por las acciones llevadas a cabo durante las dos huelgas feministas, una cifra que se eleva a una veintena en los Països Catalans y a cerca de treinta a nivel estatal. Las siete huelguistas que durante unas horas cortaron las vías de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la altura de Sant Cugat el 8M de 2018 se enfrentan a un juicio y multas que suman 26.000 euros y han respondido con la campaña #8milmotius. En Barcelona, el Departament d’Interior ha utilizado la ley de la mordaza para multar a tres activistas de Sants y Poblesec por interrumpir el tráfico y el Espai feminista de Sants lanzó la campaña #Jotambétallo, que llegó a contar con el apoyo de la presidenta del Institut Català de les Dones. Aun así, Interior ha mantenido las multas y durante la huelga de 2019 los Mossos d’Esquadra identificaron a cientos de feministas en los piquetes de Barcelona, obstaculizaron la tarea informativa de la Agencia 8M y cargaron con fuerza contra cientos de personas que celebraban el final del día de huelga en Manresa.

El gran desafío: afirmar la diversidad, desmontar desigualdades, privilegios y relaciones de poder

Las huelgas feministas de 2018 y 2019 han marcado un antes y un después en cuanto a la consideración del feminismo, que, de repente, se ha convertido en mainstream. Gestionar este momento de amplio apoyo social y resistir la cooptación, fagocitación e instrumentalización por parte de diversas organizaciones y políticas sociales es vital, así como seguir trabajando desde la horizontalidad, la diversidad y el trabajo en red, prepararse para futuros momentos de reflujo y para hacer frente a las violencias que azotan tanto a las activistas feministas como a las mujeres en conjunto, lesbianas y trans, las identidades de género y masculinidades no hegemónicas en estos tiempos de deriva neoliberal y neofascista.

El movimiento feminista ha crecido cuantitativa y cualitativamente cuando ha sido capaz de articularse desde y con las personas y colectivos que viven las principales vulneraciones de derechos, de trabajar para amplificar sus denuncias, reivindicaciones y propuestas y para mejorar sus condiciones de vida. La hoja de ruta común feminista debe estar orientada a erradicar, además de las desigualdades de género, las de clase, etnia y origen, la negación de los derechos de ciudadanía y las desigualdades Norte-Sur.

Las mujeres migrantes y también las autóctonas racializadas (gitanas y afrodescendientes) que viven un momento de empoderamiento colectivo y construcción de discurso y acción propia, reclaman desde hace décadas que el movimiento se enfrente a los privilegios y a las desigualdades a nivel interno y transcienda la mirada blanca, europea, occidental, heterosexual y urbana. En 2018 denunciaron que la respuesta feminista de rechazo a las violaciones de trabajadores temporeras de la fresa en Huelva fue menor que en el caso de los Sanfermines, y han colocado en el manifiesto de la huelga feminista de 2019 temas como el rechazo a la ley de extranjería y la mayor exposición a las violencias machistas de migrantes, refugiadas y racializadas.

Las trabajadoras domésticas llevan ocho años esperando la plena equiparación de sus derechos laborales con los de las demás trabajadoras, según lo previsto en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2011. Una gran mayoría son migrantes y durante décadas sus reivindicaciones se han mantenido en periferia de la agenda de ciertos feminismos hegemónicos. Con una sociedad envejecida y en plena crisis de sostenimiento del trabajo de cuidados a las personas, dignificar las condiciones de trabajo de estas mujeres y colocar en el centro del debate público la importancia y la emergencia de hacer sostenibles estas tareas en todos los ámbitos de la vida (laboral, social, comunitario) es un hito central en la agenda feminista transformadora.

En Catalunya, las prostitutas se han organizado desde hace unos 20 años para rechazar la persecución policial y administrativa, y reivindicar derechos laborales y sociales. Algunas han creado secciones sindicales de trabajo sexual y otros crearon el sindicato OTRAS en 2018. Dos organizaciones feministas lo denunciaron y consiguieron que la Audiencia Nacional anulara sus estatutos e invalidara su aceptación por parte del Ministerio de Trabajo.

Las diferencias con respecto a la consideración de la prostitución dentro del movimiento feminista deberían gestionarse con un diálogo y un debate constructivo. Algunas feministas atizan una confrontación abierta y llena de insultos y desacreditaciones hacia feministas y organizaciones que llevan décadas apoyando a las prostitutas frente a las múltiples violencias que las asedian. En nombre de la defensa de los derechos de las mujeres que se prostituyen, se está defendiendo políticas y medidas prohibicionistas que las criminalizan y persiguen. Y en nombre de la lucha contra la explotación sexual y la trata, se justifican medidas que no abordan cuestiones de fondo como la ley de extranjería, que favorece la proliferación de las mafias de tráfico y trata de personas, o los privilegios de los propietarios de los macro prostíbulos donde proliferan las mafias que explotan a las mujeres. Es necesario escuchar las voces de las propias afectadas y de las entidades especializadas en temas de trata, que aseguran que la criminalización de la prostitución sólo beneficia a las mafias.

Otros sectores, con la excusa de debatir sobre el tema central del feminismo, rechazan la presencia de mujeres y hombres transgénero en el movimiento, en un discurso que coincide peligrosamente con los grupos antielección y ultracatólicos que afirman que las características biológicas condicionan el género de manera inamovible. Un movimiento feminista transformador tiene que barrar el paso a la exclusión y estigmatización de las personas trans.

Detener la escalada de violencias machistas y la criminalización de los feminismos, seguir articuladas

Otra prioridad clave es detener la escalada de violencias machistas a nivel social e institucional, tanto en un sector del poder judicial que ampara la impunidad de las violencias machistas como a nivel institucional, con el ascenso de partidos de ultraderecha que cualifican el pensamiento feminista de ideología de género y criminalizan el activismo feminista, conscientes de que es uno de los cortafuegos más poderosos contra el auge de los fascismos: no olvidemos que el movimiento feminista se movilizó en cincuenta ciudades para protestar contra la entrada de Vox en el gobierno andaluz el pasado mes de enero.

Es necesario desmontar el discurso social que habla de falsas denuncias mientras los feminicidios no se detienen y las mujeres que denuncian porque no tienen otro recurso para protegerse a ellas y a sus criaturas se encuentran ante una judicatura que las cuestiona, les acusa de alienar a sus hijos e hijas o las sanciona por protegerlos de la violencia, como le sucedió a Juana Rivas, pero también a docenas de madres que han desobedecido para alejarlos de padres maltratadores y abusadores.

Necesitamos construir redes de apoyo para mujeres y criaturas, y al mismo tiempo seguir trabajando para posicionar la práctica de la justicia feminista en los espacios comunitarios, sociales y organizativos. Como plantean las juristas feministas, la noción feminista de justicia no se centra en el endurecimiento de las penas y del castigo contra los agresores, ya que sólo recurre al sistema penal como recurso para proteger a las mujeres, niñas y niños que sufren las violencias machistas, incluidas las sexuales, para que la sociedad no permita la repetición, y para desmontar la impunidad de los agresores, la inacción y la complicidad social, y la estigmatización de quien sufre la agresión.

El movimiento feminista se basa en la premisa de que las violencias machistas sólo se erradicarán transformando profundamente la mentalidad patriarcal colectiva y desmontando el componente violento de la masculinidad hegemónica. Para ello, debemos seguir trabajando por la coeducación, la educación sexual y afectiva en igualdad de condiciones y la sensibilización entre los profesionales de la educación y los medios de comunicación, actores clave en la prevención de las violencias machistas.

Es urgente generar recursos para denunciar, proteger y autocuidar a las activistas feministas que viven el acoso o las agresiones en las redes sociales y en las calles, y detener la criminalización y judicialización de activistas feministas, que ya acumulan una cincuentena de denuncias en todo el Estado, como denuncia la campaña Defender a quien defiende, y conseguir que los actores sociales e institucionales dejen de perseguirlas.

También tenemos que seguir avanzando en la articulación a nivel catalán, estatal e internacional para mantener la capacidad de movilización y construcción creativa y transformadora, y también para cuidar de uno de los poderes clave del movimiento: el de generar y sostener debates constructivos y construir consensos a pesar de los disensos, lograr objetivos comunes con estrategias diversas. Lo hemos visto en las calles: no son tiempos para construir estructuras verticales, sino para construir objetivos compartidos a partir de acciones descentralizadas y en red, donde cada nodo es vital y ninguno es el centro, para construir un movimiento global hacia la transformación social, económica que necesitamos como sociedad, como país y como especie de planeta muy cercano al colapso.