Toda transición alude a un proceso de cambio. Las transiciones, incluso sin la necesidad de añadir políticas, hacen referencia a los procesos de cambio de régimen hacia la democracia representativa que, desde todo tipo de dictaduras, han experimentado múltiples países a partir del año 1974, momento en que tuvieron lugar los primeros casos en Portugal y Grecia. Después de las revoluciones liberales que se produjeron del siglo XVII en el siglo XIX, y de las democratizaciones y redemocratizaciones ocurridas después de la Segunda Guerra Mundial —ya estuvieran ligadas a los procesos descolonizadores o bien en relación a la derrota del fascismo—, se daba inicio a una tercera ola de democratizaciones. El escenario geográfico de esta tercera ola se localiza en el sur de Europa —el español es el tercero y último caso—, en América Latina y en Europa del Este, junto con la antigua Unión Soviética.

La Primavera Árabe podría ser un cuarto estadio de la ola a que se refería Samuel P. Huntington en su libro The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991). Recurrir a la memoria de las transiciones de los años setenta no es un ejercicio insustancial si se intentan entender las revueltas populares que desde diciembre del 2010 convulsionaron el mundo arabomusulmán, como tampoco lo es tener presentes las transiciones de los ochenta y de los noventa. Ahora bien: así como nuestro aprendizaje de las últimas transiciones europeas y latinoamericanas nos ayuda a entender la Primavera Árabe, también esta nos permite ratificar o matizar algunas conclusiones asentadas en la literatura sobre los procesos de cambio de régimen.

Aunque algunos analistas y políticos han relacionado manifestaciones y concentraciones populares como las de la plaza Tahrir, del Cairo (en enero y en febrero del 2011), con las del movimiento 15M en la Puerta del Sol de Madrid (desde marzo del 2011 en adelante), la movilización en el caso del 15M fue de carácter marcadamente regeneracionista, por la profundización y mejora —moral, incluso— de la democracia vigente, ya consolidada. En cambio, las protestas de la Primavera Árabe fueron a favor de la democracia, contra la dictadura; fueron revueltas contra regímenes tan represivos y excluyentes como corruptos, nepotistas y clientelistas. Los rebeldes que desafiaron el autoritarismo de Ben Ali, de Mubarak, de Al-Gaddafi o de Al-Assad, como los marroquíes del movimiento 20 de Febrero, pedían libertad e igualdad, y también justicia, aparte de trabajo.

De acuerdo con el informe del 2014 de Freedom House sobre derecho político y libertades civiles, Túnez y Libia mejoraron su valoración en 44 y 33 puntos sobre 100, respectivamente, entre el 2009 y el 2013. Túnez, que fue el país que inició la Primavera Árabe, seguía siendo, de acuerdo con el estudio en cuestión, “la mejor esperanza de una democracia genuina y estable en el mundo árabe” (informe de Freedom House, 2014, p. 8). De hecho, si en el informe del 2011 se seguía catalogando como un país “no libre”, en el del 2012 ya se consideraba “semilibre” y se lo evaluaba como “libre” en el informe del 2015. Libia, al contrario, degeneraba en una situación de tanta violencia e inestabilidad que más bien se puede comparar con las situaciones de países sin estado como Somalia o Irak como resultado de la ocupación militar por parte de Estados Unidos después del 11S.

En contraposición con la transición portuguesa —una transición rupturista con la dictadura y socioeconómicamente revolucionaria en su primer tramo—, la transición española —una transición vía transacciones— ha servido de referente internacional por el hecho de haber sido consensuada, y es un hecho que las apelaciones al consenso han sido durante años una constante del debate público estatal, no tanto por los acuerdos alcanzados como por el afán para alcanzarlos con el concurso del máximo número de actores posible. Si unimos consenso y concordia (la remisión a la Guerra Civil era y es obligada), este espíritu de la transición a la democracia postfranquista quedaba reflejado a El abrazo, el cuadro que Juan Genovés pintó en 1976 y que en el 2016 el Centro de Artes Reina Sofía cedió al Congreso de los Diputados. El acto, simbólico, llegaba en un momento políticamente convulso: con el 15M, la esfera pública se vio afectada por la impugnación de la Transición, y de la democracia restaurada pasó a hablarse de “régimen del 78”, peyorativamente y en una especie de revisionismo histórico, por parte del movimiento de los indignados y de Podemos, el partido que posteriormente surgió.

La transición española, ciertamente pactada (por acuerdo entre el régimen autoritario y la oposición política al régimen) y desde arriba (controlada en todo momento por las autoridades de la dictadura desde la cual se transitaba), no fue un acto de voluntad exento de riesgos ni de presiones (desde abajo, pero también desde dentro, de signo contrario). Tampoco fue un caso de transición tutelada al estilo chileno. Más allá de lo que el estudio de casos en su individualidad nos ayuda a entender, es comparando las dos experiencias ibéricas que se comprende mejor cada una de ellas, tanto por lo que tienen en común como por los aspectos en que difieren.

O’Donnell, Schmitter y Whitehead son autores de referencia para entender la relevancia de las élites y su contingencia como factores explicativos de los cambios de régimen. El acontecimiento y desarrollo de las transiciones no se agota, sin embargo, en las élites políticas, sean gubernamentales o no. Su importancia es evidente: son los que toman —o tienen que tomar— las decisiones. Pero las decisiones no se adoptan sólo de acuerdo con preferencias individuales ni se aplican sólo porque haya voluntad política. Al margen de los factores explicativos específicamente domésticos (la situación con las colonias en Portugal o la actividad de organizaciones terroristas en el Estado español), los dos países ibéricos se vieron afectados por una crisis económica internacional que, iniciada en la fase de liberalización, intervino a favor de la democratización. Los dos procesos se produjeron, además, a partir de un régimen consolidado de naturaleza autoritaria y sesgado contra la clase trabajadora.

Asimismo, la duración de las dos dictaduras fue lo bastante extensa para permitir la existencia de dos o más generaciones que crecieron sin ninguna experiencia directa en procesos ni derechos democráticos. También tienen en común que durante su vigencia se produjeron transformaciones importantes de las estructuras sociales y económicas de los países respectivos, en particular gracias al impacto de las políticas de liberalización económica aplicadas durante los años sesenta. Y sus sindicatos, en sintonía con la naturaleza similar de las dos dictaduras, fueron únicos y estuvieron bajo el control de las autoridades, cuando menos pretendidamente: hubo elecciones sindicales y se legalizó la negociación colectiva, medidas que en los dos países dieron lugar al reforzamiento de una oposición sindical clandestina y de clase, muy ligada a las consignas y directrices de los respectivos partidos de izquierda —sobre todo del partido comunista. El origen de esta oposición sindical había sido la formación de comisiones espontáneas y coyunturales de trabajadores en sus empresas.

No es menos relevante que la creciente conflictividad laboral de los últimos años en las dos dictaduras discurriera con un amplio margen de maniobra por parte de las asambleas de trabajadores en las empresas respecto de las consignas de las centrales sindicales y de los partidos de izquierda correspondientes, ilegales las unas y los otros. También se parecen las plataformas reivindicativas de los trabajadores de un país y del otro, centradas mayoritariamente en satisfacer cuestiones laborales y salariales, a las cuales solían añadirse las reivindicaciones de reversión de las represalias empresariales.

En ninguno de los dos casos no se produjeron, durante el periodo anterior a la democratización —es decir, durante los gobiernos de Arias Navarro en el Estado español y de Marcelo Caetano en Portugal-, formas de protesta diferentes o más radicales de las que tuvieron lugar (y siguieron teniendo lugar) en el Estado español desde la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno: huelgas, manifestaciones, concentraciones y sentadas, cerradas, etc., fuera cual fuera su intensidad, duración y extensión. En cambio, desde el primer momento, después del 25 de abril en Portugal son numerosos los casos en qué los trabajadores procedieron a ocupar las instalaciones fabriles e incluso a autogestionarlas (es decir, a conseguir el control de la producción) en sustitución temporal o definitiva de las administraciones y direcciones propietarias, como también fue frecuente la constitución de piquetes de vigilancia que se plantaban en las puertas de las empresas para impedir que los propietarios sacaran maquinaria, documentación, materias primas o cualquier otro elemento necesario para el mantenimiento de la producción e, incluso, impedían la entrada o la salida a los gestores, el saneamiento (purga o depuración) de los cuales se planteó expresamente en una quinta parte de los conflictos laborales registrados en los primeros diez meses posteriores al golpe de los capitanes.

En el Estado español, como en Portugal —en este caso hasta la primavera de 1975—, el discurso de las autoridades estatales y de los dirigentes de las organizaciones políticas y sindicales fue de exhortación a la moderación desde el compromiso con la transición a una democracia parlamentaria homologable a las democracias europeas de los países vecinos. Fue común también en los dos países la determinación expresada reiteradamente por los responsables públicos respectivos de hacer uso de los instrumentos coactivos del estado con el fin de imponer la ley y el orden siempre que fueran subvertidos. La apelación a la madurez de un pueblo y el otro para evitar desórdenes que sólo podían beneficiar la reacción involucionista formaba igualmente parte de este discurso. Al respecto, si en el Estado español estaba muy viva la memoria de la Guerra Civil, como referente de contención, en Portugal se tenía muy presente en la retórica nacional el golpe de estado con que se acababa de poner fin a la democracia chilena.

Habiéndose expresado de esta manera la voluntad de las élites en los dos países ibéricos, sobre todo de las autoridades públicas, para entender cómo sucedieron los acontecimientos no tenemos que restar importancia al hecho de que, en un contexto de incertidumbre como el que acompaña a todo cambio de régimen, exista capacidad tanto para adoptar las decisiones como para aplicarlas. Y esta capacidad está directamente relacionada no con el régimen, en transición, sino con las instituciones del Estado: el Gobierno, la Administración civil, la Administración de justicia, el ejército y la policía, de las cuales se espera que hagan prevalecer el marco jurídico vigente y, con respecto a las dos últimas, que respeten las jerarquías y obedezcan órdenes. En última instancia, así como toda transición política ocurre con motivo de una crisis del régimen dictatorial, su desarrollo es diferente en función de sí va acompañada o no de una crisis de estado, de una especie de vacío de poder, y, en el supuesto de que la crisis sea temporal, el resultado de la transición puede variar en función de la intensidad y duración de la crisis.

A pesar de las semejanzas entre el Estado español y Portugal, y aunque la historia convulsa de España hacía temer un desenlace incluso sangrante del proceso en marcha, fue en Portugal donde se radicalizaron las movilizaciones sociales desde un primer momento. Las autoridades políticas de la democratización lusitana —a diferencia de lo que pasó en el país vecino— no hicieron uso de los instrumentos y mecanismos de poder estatales que podrían haber evitado que la incertidumbre política propia de los procesos de cambio de régimen se convirtiera en un vacío de poder. En efecto, el Estado no se vio afectado en el caso español enel ejercicio de las funciones que le son propias como consecuencia del cambio de régimen.

Los trabajadores españoles protagonizaron una escalada de huelgas que había que frenar (a juicio de los softliners de la dictadura) haciéndolos partícipes de un sistema político diferente, necesariamente democrático. En el Estado español, la evolución de los acontecimientos políticos hacía percibir a los trabajadores la posibilidad y oportunidad de movilizarse como no lo habían hecho hasta entonces, y lo hicieron muchos más, en más empresas y durante más tiempo por conflictos el año 1976 que en cualquiera de los años precedentes, pero en ningún momento hasta el punto de transgredir el orden vigente —no el orden público, sino el orden socioeconómico, el espacio y el poder empresariales— más allá de la franja de tolerancia en que se permitía su movilización. Eso fue así, en gran medida porque, a pesar de la oportunidad que ofrecía la democratización para aumentar la presión y la protesta (como antes la liberalización), el equilibrio de fuerzas seguía favoreciendo al Estado, desde el cual indudablemente y de manera cohesionada, se controlaba la transición. Así lo percibían y denunciaban los trabajadores.

Las percepciones se fundamentan en realidades, y la realidad española no permitía percibir la democratización —ni por parte del movimiento obrero ni por parte de la oposición a la dictadura— como una liberación (libertação, en la terminología portuguesa); se transitaba hacia la democracia, pero desde la legalidad vigente, y el proceso estaba controlado por los herederos del régimen autoritario y, en última instancia, sin reducir su voluntad ni su capacidad represiva. En comparación con lo que pasó en Portugal, en el Estado español las autoridades no dieron ningún motivo para percibir falta de unidad y coherencia dentro de los diferentes órganos de poder estatal ni entre sí. Tampoco hubo ninguna confusión respecto de la jerarquización de estos órganos ni, finalmente, dieron muestras de desconfiar del recurso coactivo a las fuerzas del orden público. El discurso del Gobierno se convirtió en realidad, es decir, su acción fue coherente con su narrativa; en otros términos, no se percibió un discurso oficial implícito diferente del explicitado.

Las razones que explican la inacción coactiva en Portugal y las realidades encubiertas del discurso de las autoridades, percibidas así por los actores sociales individuales que nos interesan, son diversas y complementarias. La oportunidad para radicalizarse habría sido posibilitada por la ambivalencia del Partido Comunista Portugués (PCP) y por la división interna consiguiente —y entre sí— que experimentaban los diferentes órganos de poder politicomilitar. También por la confusión respecto de la articulación jerárquica de estos órganos —a causa de esta confusión, las órdenes que previamente habían recibido las fuerzas policiales de intervenir fueron seguidas de contraórdenes de retirarse— y por la desconfianza de las nuevas autoridades en las propias fuerzas del orden público, a pesar de las disoluciones de cuerpos, las depuraciones y los encarcelamientos practicados. Simbólica y adicionalmente, habría significado la utilización de los instrumentos coercitivos con que se identificaba la dictadura por parte de aquellos que habían luchado en contra. En definitiva, existió la posibilidad de la radicalización no sólo porque los trabajadores y otros colectivos sociales percibieran la debilidad del Estado, sino también porque las autoridades estatales percibieron la fortaleza de los sectores movilizados, del movimiento obrero en particular, y la represión se convirtió en la más costosa de las alternativas.

En Portugal, la manifestación de la mayoría silenciosa del 28 de septiembre y el intento golpista del 11 de marzo ratificaron a los trabajadores y a otros colectivos movilizados en sus percepciones. No sólo no se los constreñía a ninguna franja de tolerancia (sin duda, no a una franja de tolerancia como la española), sino que incluso se les hacía verse a sí mismos como garantes de la Revolución ante el “fascismo”. Después del Verão Quente (Verano Caliente) de 1975, en el que la transición política pasa a ser institucionalmente social y económica, el 25 de noviembre marca un antes y un después del proceso en marcha. Tanto políticamente como desde el punto de vista de las movilizaciones sociales, a partir de entonces, con el VI Gobierno provisional, con Pinheiro de Azevedo como primer ministro, la experiencia lusitana abandonó los radicalismos y reanudó un camino más parecido a aquel del cual nunca salió el cambio de régimen en el Estado español. Un factor explicativo ineludible de la nueva situación, y en concreto del cambio de naturaleza que se produjo en las acciones colectivas, vuelve a ser la capacidad y disposición de las autoridades para hacer uso de los instrumentos estatales de control social, así como la manera como estos instrumentos se podían utilizar —y a partir de entonces se utilizaron— para hacer prevalecer la ley y el orden —de los cuales las autoridades se proclamaban garantes— allí donde no fueran respetados. Desde las organizaciones obreras se criticó incluso el saneamento à esquerda, [1]1 — Durante los primeros 18 meses de la Revolución, y sobre todo después del fracaso del contragolpe de estado del 11 de marzo de 1975, se produjeron numerosas purgas en los medios de comunicación, las empresas y los centros de enseñanza para deshacerse de los elementos más centristas o de derechas. una evidencia más del nuevo talante gubernamental, configurador de percepciones en sentido contrario a las que hasta entonces imperaban.

Los trabajadores españoles no sólo se vieron disuadidos de radicalizar sus movilizaciones de protesta y/o presión por el orden impuesto, sino también por el miedo de un futuro de retorno al pasado. Los trabajadores no son autónomos ni independientes; su condición laboral específica no los enajena de la contingencia política. Los trabajadores son también ciudadanos. El miedo en cuestión venía infundido y justificado, al menos, por cuatro grandes razones interrelacionadas: en primer lugar, la retórica beligerantemente involucionista de los instigadores a la reacción del ejército (y de las fuerzas del orden público) en función del desorden, a su entender, imperante; en segundo lugar, la acción violenta de grupos denunciados como de ultraderecha contra trabajadores movilizados y, en particular, contra los que destacaban como sus representantes; en tercer lugar, las actitudes y comportamientos de determinados sectores e individualidades militares señaladamente reaccionarios, y, en cuarto lugar, que la acción gubernamental no se viera como un límite al riesgo involucionista. El Estado, así, se volvió multidimensional: los trabajadores percibieron en España la existencia de un vacío de poder con otros sectores sin que eso afectara a la fortaleza que desplegaba el Estado en ellos; percibieron, en definitiva, el alto coste de la eventual radicalización de sus movilizaciones, y la imprudencia que significaría no contenerse.

Al contrario que en el caso español, el Estado portugués, débil ante la radicalización de la acción colectiva, se mostró fuerte, y así fue percibido, ante los intentos reaccionarios. Al menos hasta el otoño de 1975. Hasta entonces, la escalada reaccionaria en forma de atentados y de fortalecimiento de la oposición al proyecto de revolución favorecido por los comunistas no intimidó a los colectivos obreros movilizados ni los inhibió de emprender acciones revolucionarias. El sexto ejecutivo provisional, al contrario, cambió la percepción: incluso se hablaba, en los medios obreros y sindicales, de riesgo de guerra civil, pero propiciada desde el mismo Estado por las medidas que ahora adoptaba, en aducida connivencia con las fuerzas de la derecha y la reacción. Por todo en el país se difundieron comunicados de comisiones de trabajadores y de organizaciones sindicales, y también se hicieron manifestaciones y concentraciones que denunciaban la nueva situación, pero la conflictividad mensual descendió de los 36 conflictos registrados en septiembre a los 33 de octubre y a los 15 —menos de la mitad— de noviembre. El mismo mes de noviembre bajó el porcentaje de casos radicalizados al porcentaje más bajo de todo el periodo de democratización transcurrido hasta entonces (50%).

La amenaza no sólo de la represión estatal —hecha efectiva— sino incluso del enfrentamiento civil más allá de los atentados de la extrema derecha y del resurgimiento de las represalias empresariales amparadas por las autoridades se percibía ahora desde el ámbito laboral como una realidad. El desequilibrio de fuerzas se había girado en contra de los trabajadores que se quisieran movilizar por el cumplimiento de sus reivindicaciones, laborales o de cualquier otro tipo. Y eso, lejos de ser una oportunidad para la acción, pasaba a ser motivo indiscutible para la contención. La relación costes-beneficios de la movilización se había invertido. El temor, siempre presente en el Estado español, ausente hasta entonces en Portugal, se hacía realidad. El 25 de noviembre significó la ratificación definitiva de todos los miedos percibidos y denuncias esgrimidas a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Desde entonces, inhibidos los colectivos obreros, las características de la conflictividad laboral en Portugal se fueron acomodando al modelo español.

posibilidades, las dos éticas weberianas. La transición vía transacciones que caracterizó la experiencia española desde un primer momento discurrió por un camino en el cual acabó confluyendo con la Revolución de los Claveles. Se cumplen 50 años del 25 de abril cuando se acaban de cumplir 45 de la aprobación de la Constitución española actual. Ambos países son hoy regímenes liberales en los ámbitos político y económico, homologables a los de su entorno. Comparten la pertenencia a la Unión Europea. Incluso en la inesperada presencia parlamentaria de la derecha radical también coinciden, y lo hacen también con otros países que son estados miembros de la UE. Aun así, la profundidad del movimiento asambleario y autogestionario y el saneamento que desde un primer momento se operó en Portugal podrían ser legados que expliquen por qué en el Estado español se ha impugnado el régimen del 78, y en cambio no se ha cuestionado la transición lusitana.

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La violencia institucional que se aborda en este artículo sobre transiciones a la democracia conecta con la de las democracias consolidadas del proyecto “La condena de los excluidos: fronteras institucionales de los derechos humanos” (PID2021-122498NB-I00), que codirige el autor del texto, Rafael Durán.

• Referencias y notas

  1 —

  Durante los primeros 18 meses de la Revolución, y sobre todo después del fracaso del contragolpe de estado del 11 de marzo de 1975, se produjeron numerosas purgas en los medios de comunicación, las empresas y los centros de enseñanza para deshacerse de los elementos más centristas o de derechas.