¿Una UE neoliberal por diseño?

Si desde la extrema derecha se demoniza la UE por la falta de fronteras y la consecuente invasión “bárbara”, con un flujo excesivo de inmigración que “roba” los puestos de trabajo a los “nacionales” y amenaza la cultura propia; desde la izquierda radical se afirma que la arquitectura institucional de la UE es neoliberal por diseño y favorable siempre a los intereses de las grandes corporaciones; o, de forma más genérica, del “mercado”. A tal efecto, la UE ha vaciado a los Estados miembros de las competencias necesarias para garantizar el bienestar social, sin pasar a desarrollarlas la propia UE, y ha reforzado el papel de los estados como instrumentos de contención y represión del descontento social. ¡El sueño del Estado mínimo de Hayek hecho realidad!

Sin embargo, si lo que hace de la UE una herramienta al servicio de la fe neoliberal fuera su diseño, y no su gestión política, bastaría con rediseñarla para que dejara de serlo. El elemento clave sería, pues, identificar los rasgos característicos de este “mal” diseño para proponer otros nuevos y mejores. Es lo que han hecho, entre otros, Thomas Piketty y Yanis Varoufakis, con interesantes propuestas para democratizar las instituciones de la UE y dotarlas de la capacidad presupuestaria necesaria para poder hacer política económica; es decir, para recuperar la economía social de mercado que permitió levantar el estado del bienestar hoy amenazado.

Ambos autores hacen propuestas para mejorar la UE como herramienta común, y no hay duda de que lo harían, pero difícilmente se llevarán a cabo sin modificar antes o al mismo tiempo el pacto entre sus miembros. Un pacto que es la arquitectura básica de la UE y que es posible definir con tres grandes binomios: estabilidad y crecimiento; centralización monetaria y descentralización fiscal; y ni rescates ni transferencias fiscales entre estados.

Tres binomios vigentes aún hoy, a pesar de que su incompatibilidad intrínseca haya dado lugar a múltiples incumplimientos; a nivel de estados individuales y también colegiados, como es el caso de los rescates que fue inevitable llevar a cabo y no por solidaridad hacia el país rescatado. Y tres binomios que en conjunto premian el comportamiento oportunista (free riding) y que en consecuencia hacen casi inevitable una carrera social regresiva (race to the bottom), como veremos a continuación.

Estabilidad y crecimiento

El binomio estabilidad y crecimiento puede parecer un sinónimo de crecimiento sostenible, y como tal sería difícil oponerse a él. Sin embargo, la estabilidad dentro de la UE está exclusivamente definida en términos de límites al déficit (3%) y a la deuda pública (60%), por debajo de los que se supone que un estado miembro va por buen camino, y que de facto identifican el gasto público como la causa de todos los males potenciales. En cuanto al crecimiento, la unidad de medida es el PIB; dando por supuesto que, cuanto mayor sea, mejor para todos. Sin embargo, es posible que el PIB crezca sin que lo haga el empleo o los salarios, y, en consecuencia, que su crecimiento pueda beneficiar sólo a unos pocos y a costa de una mayoría.

Este binomio tiene poco que ver, pues, con la idea de buscar una prosperidad socialmente inclusiva y medioambientalmente sostenible. De hecho, la idea de combinar estabilidad y crecimiento, que son términos casi opuestos, sólo pretende evitar el crecimiento de un estado miembro a costa de un exceso de gasto público que pueda acabar perjudicando al resto de socios; bien porque dispare los tipos de interés, comunes dentro del euro, o porque pueda convertirse en impagable y acabe obligando a los socios a responder —una posibilidad expresamente excluida con el tercer binomio—.

En consecuencia, el pacto de estabilidad y crecimiento incentiva a contener el gasto público y, para crecer, a compensar la previsible falta de demanda interna con demanda externa; algo que será muy factible si la contención de gasto público viene acompañada y/o provoca una caída salarial que aumente la competitividad.

Los datos confirman que Alemania ha sido el país ganador en el euro utilizando, precisamente, esta estrategia: austeridad, aumento de competitividad y un enorme superávit exterior. Por el contrario, países como España, que hasta 2007 era el ejemplo a seguir, con unas tasas de crecimiento del PIB y de reducción de la deuda pública muy por encima de la media UE, perdió competitividad relativa frente a los socios “austeros”, acumuló una deuda externa colosal y tuvo que terminar aceptando, vía rescate, las condiciones de la Troika; que no eran otras que seguir la estrategia alemana. Por lo tanto, reducción de gasto público y salarial, mejora de la competitividad y captación de demanda externa.

Todos los socios de la UE han tenido que acabar aplicando esta misma política, como consecuencia inevitable del pacto de estabilidad y crecimiento, y aunque sea un verdadero y peligroso contrasentido. Peligroso, en la medida que depender de la demanda externa supone pérdida de autonomía y control, y además puede generar la respuesta airada de quien debe soportar un déficit exterior simétrico; como de hecho ocurre hoy con los EEUU de Trump. Y contrasentido, porque todo superávit exterior equivale a una falta de demanda interna que castiga a los ciudadanos de hoy, con un menor bienestar, y/o a los de mañana, con una menor inversión.

Centralización monetaria y descentralización fiscal

Antes del euro, el desajuste de competitividad entre los socios de la UE, que dieron lugar a déficits y superávits comerciales cruzados y fueron la causa última de su rescate posterior, se podría haber visto limitado por la política monetaria, mediante unos tipos de interés adecuados a las diferentes dinámicas económicas de cada país, o corregido por el ajuste cambiario, con una devaluación/revaluación de divisas. En consecuencia, se habría podido evitar que la austeridad alemana arrastrara al resto de socios. De hecho, entre 1945 y 1999, el marco alemán multiplicó su valor ante monedas como la dracma, el escudo o la peseta. Y aunque una devaluación monetaria es dolorosa, lo es menos que una salarial en la medida que la primera reparte los costes del ajuste con quien ve revaluada su moneda.

Podría parecer, en consecuencia, que la inevitable y maldita austeridad descrita más arriba fuera por culpa de la moneda única y no del pacto de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, la austeridad de la UE ha acabado afectando igualmente a países con moneda propia, como el Reino Unido o EE.UU., sin que los diferenciales de tipos de interés ni el ajuste cambiario hayan podido evitar sus déficits exteriores ante los superávits alemanes. Y si la austeridad en la UE ha socavado profundamente el crédito del proyecto europeo ante los ciudadanos que la han sufrido, no parece que haya afectado menos ni mejor a los ciudadanos del Reino Unido y EE.UU.; unos votando para irse de la UE y los otros votando a Trump.

La moneda única puede haber acelerado el proceso de regresión en la UE, pero no es su causa. Además, y en teoría, los Estados miembros podían emplear la política fiscal para evitar la pérdida de competitividad. Una política fiscal que, de hecho, sólo puede ser contractiva; dado que una política expansiva, que sería la obligada en estados con un “exceso” de competitividad, sería contraria al pacto de estabilidad.

Teóricamente, esto no debería afectar al estado del bienestar de los países miembros, dada su soberanía para fijar impuestos y redistribuir la riqueza. En la práctica, sin embargo, en un espacio de libre y total circulación de capitales, ¿quién puede aumentar impuestos sin riesgo de ver huir a los capitales grabados? Peor aún, ¿quién puede resistirse a bajarlos para atraer esos capitales? A la vista de cómo han bajado los impuestos a los beneficios corporativos y a los capitales en general, nadie ha podido resistirse. En consecuencia, la vía para no tener o reducir el déficit público ha supuesto reducción de gasto público y no el aumento de los ingresos, limitados por la competencia fiscal entre Estados miembros.

Así pues, la descentralización fiscal, que de hecho supone la renuncia explícita de la UE a hacer política fiscal, ha acabado propiciando una carrera impositiva hacia abajo (race to the bottom) que es imposible parar debido, precisamente, a la soberanía fiscal de los estados miembros y a la necesidad de consenso para afectarla.

Ni rescates ni transferencias fiscales entre estados

El pánico a convertir la UE en una “unión de transferencias”, donde las regiones más prósperas hagan transferencias fiscales recurrentes a las más pobres, es la razón última del pacto de estabilidad. ¿Por egoísmo insolidario de los que estarían abocados a transferir? Seguramente, pero en todo caso no menos egoísmo que el de los candidatos a ser receptores. Además, la negativa a convertirse en una “unión de transferencias” tiene argumentos sólidos en contra, más allá de los morales; el principal sería que es un mecanismo que muy fácilmente congela las disparidades regionales, en vez de reducirlas, como ponen de manifiesto los ejemplos de Italia y España.

La cláusula de no rescate, incluida en los tratados fundacionales de la UE, sería la última ratio en contra de la “unión de transferencias”, puesto que significa que ni en caso de extrema necesidad se harán. De hecho, los rescates a los países que colapsaron no fueron hechos propiamente por la UE, sino mediante un mecanismo paralelo creado al margen, el MEDE, creado con un acuerdo intergubernamental y, para dejarlo más claro, con la participación del FMI.

Sin embargo, si la razón última del pacto de estabilidad era evitar los rescates, el hecho de que tuvieran que llevarse a cabo, y aunque sea al margen de la UE strictu sensu, es la evidencia de su más absoluto fracaso. Asimismo, si bien es cierto que un mecanismo de transferencias mal diseñado puede congelar las disparidades, como ciertamente ocurre en España e Italia, también es cierto que, bien diseñado, puede ayudar a reducirlas; como prueba, el milagro de la recuperación de Alemania después de la segunda gran guerra, con la ayuda financiera del plan Marshall.

La recuperación

Los defensores del statu quo actual de la UE hacen gala de la recuperación de los países rescatados, incluso de Grecia, gracias a la receta de la austeridad: devaluación interna para ganar competitividad y demanda externa. Pero lo cierto es que ni siquiera empleando sus indicadores es posible considerar su política un éxito: la tasa de crecimiento del PIB se mantiene anémica desde la crisis, muy por debajo de los EE.UU., y la inversión pública y privada se mantiene por debajo del nivel pre-crisis.

Después de todo, el crecimiento depende de la inversión, ¡no de la demanda externa! Por eso crece China, con un superávit exterior hoy menguante, y EEUU, sin haber dejado de incurrir en déficit exterior. La economía mundial cogida como un todo no tiene demanda externa, ¡y esto nunca le ha impedido crecer!

Pero la evaluación de “sus” recetas es aún peor en términos sociales y políticos. Socialmente, la desigualdad y la pobreza han alcanzado niveles nunca vistos desde la “belle epoque”, y los salarios reales y la renta familiar disponible en los países rescatados, incluyendo Cataluña, son hoy inferiores a los del año 2000. ¿Alguien puede considerar esto un éxito?

Políticamente, el descontento social ha sido la semilla de una xenofobia y un populismo crecientes, y de la emergencia del autoritarismo y el capitalismo iliberal, con fuerzas de extrema derecha ocupando cada vez más espacio en todos los países europeos. Como en el resto del mundo, es cierto: ¿pero es acaso un consuelo? Peor aún: ¿hasta qué punto la UE ha coadyuvado a su emergencia? Después de todo, lo que hoy exige Trump de malas maneras, en cuanto a la reducción del colosal superávit comercial europeo, venía pidiéndolo Obama con mejores maneras y ningún resultado —sí le hizo caso China, que ha pasado a un modelo económico menos dependiente de la demanda externa y que este mismo año ha dejado de tener superávit exterior, a pesar de que Trump la mantenga en el ojo de mira—.

Keynes versus Hayek

En buena medida, el pacto socialdemócrata que rigió en Occidente después de la segunda gran guerra, y hasta mediados de los 70 del siglo pasado, tiene como precedente empírico el New Deal con que Roosevelt respondió a la depresión post crack de 1929, y como cuerpo teórico a J. M. Keynes y su temor, compartido por conservadores y socialdemócratas, ante la plausibilidad del escenario previsto por Marx: un capitalismo que iría empobreciendo progresivamente a los trabajadores, hasta hacer inevitable la revolución comunista; un puerto de destino que Keynes consideraba tan malo como la propia revolución, inevitablemente teñida de sangre. Para evitarlo, su receta consistía en hacer del Estado el garante de una demanda agregada suficiente como para asegurar el pleno empleo, que a su vez debería facilitar un crecimiento salarial paralelo al de la productividad.

Si esta estrategia facilitó la etapa histórica de mayor crecimiento sostenido, y con mayor equidad social, ¿por qué se truncó y se pasó del sueño de Keynes al de Hayek? Hay, sin duda, una respuesta política que incluye la revolución conservadora de Reagan-Thatcher a ambos lados del Atlántico. Pero también hay una respuesta económica que, seguramente, propició la respuesta política. Se llama “estanflación” y apareció en los años 70-80, cuando las políticas de demanda de inspiración keynesiana no conseguían mantener o hacer crecer el empleo sino únicamente la inflación. La economía se había ido haciendo global y las políticas expansivas en un país determinado, que en general inflan los precios antes que el empleo, acababan generando más actividad y empleo en un tercer país más competitivo.

¡Bienvenidas, pues, las políticas de oferta orientadas a ganar competitividad! La excusa perfecta para sacar la economía de las manos de los Estados y conseguir rebajas salariales con la deslocalización o su simple amenaza. Por el camino, con la guerra fría de la URSS y la caliente en Vietnam, EE.UU. había dejado de tener el superávit exterior con que habían dado su “imperio” y les había permitido mantener la paridad dólar-oro. Y sin esta paridad, desaparecía la arquitectura monetaria internacional acordada en Bretton Woods, en las postrimerías de la segunda gran guerra.

There is no alternative?

La sociedad no existe, decía Thatcher, no hay más que individuos compitiendo. Y si esto valía para un estado como UK, ¿cómo no debía de valer para el conjunto de estados? La realidad es, sin embargo, exactamente la contraria: el individuo no es viable más allá de la sociedad; de hecho, cada día lo es menos. La especialización del trabajo ha hecho posible un crecimiento económico formidable, pero a costa de una interdependencia similarmente formidable y a escala planetaria. El exponencial crecimiento mundial del PIB, que sólo tiene en cuenta lo que se intercambia en los mercados organizados, da buena cuenta de cómo éstos han ido absorbiendo toda la autoproducción y autoconsumo que se podía realizar más allá de los mercados: en aldeas remotas o en el seno de los hogares familiares.

La misma derecha, que declaraba inexistente la sociedad, hoy reclama “recuperar el control” a favor del Estado. También lo hace la izquierda, aunque por diferentes motivos. No sólo era falso que no hubiera alternativa a la austeridad y el desmantelamiento del estado del bienestar, en pro de la competitividad, sino que además urge llevarla a cabo. Las supuestas virtudes del mercado no se dan sin una regulación adecuada y en todo caso el mercado nunca ha tenido presentes las externalidades negativas, como la contaminación, ni tampoco impulsa acciones e inversiones con externalidades positivas, como la salud, la educación, la investigación básica…

El paradigma neoliberal de la competitividad nos ha dejado como herencia la emergencia climática actual, la falta de antibióticos, un poder como nunca antes en manos de unas pocas empresas, una concentración de riqueza escandalosa, una desertización planetaria creciente, la amenaza de extinción de cientos de miles de especies y unos flujos migratorios colosales. Un conjunto de retos que reclaman la acción del Estado y al mismo tiempo rebasan su capacidad, haciendo por tanto necesaria una gobernanza mundial multinivel que respete el principio de subsidiariedad; es decir, un fuerte gobierno lo más cercano posible al ciudadano, que pase “hacia arriba” aquello que requiera una acción de alcance superior.

En cierta medida, esto ya existe. En 1820, en el mundo había 125 estados independientes; en 1914 sólo había 54 y hoy son 190. Como en épocas pretéritas, el XIX fue un siglo de conquistas, de metrópolis que crecían absorbiendo más y más pueblos. Pero en un mundo finito, crecer en extensión no podía terminar sino con una guerra mundial como la que hubo en dos fases entre 1914 y 1945, o con un solo gobierno mundial, como en parte también pasó con la creación de Naciones Unidas. Y el resultado de ambas cosas, las guerras y el relativo gobierno mundial, hicieron posible que desde entonces el mundo haya visto la liberación y secesión de multitud de pueblos que hoy son Estado.

Balance de competencias

Previo al referéndum para salir de la UE, el Reino Unido hizo un extenso análisis de las competencias entregadas y/o compartidas con la UE. Las conclusiones sugerían la “devolución” de algunas de ellas y el fortalecimiento de otras. Según como se mire, el Brexit es el resultado de una UE cerrada en banda ante las propuestas británicas. Como no mucho más tarde ante las propuestas francesas e italianas, por no citar las del llamado grupo de Visegrado.

La UE es también un proyecto en construcción fruto del proceso de multiplicación de Estados —aunque inacabado, ya que tarde o temprano es probable que lo conviertan, entre otros, Cataluña y Escocia— y la necesidad de una gobernanza superior. Y la cuestión seguramente no es si estar dentro o fuera, sino con qué balance de competencias entre la Unión y los Estados miembros. Si una unión federal, como pretendía la abortada constitución europea, o de corte confederal, como la prevalencia intergubernamental actual manifiesta.

Pacto de prosperidad

Puesto que el pacto de estabilidad y sus reglas fiscales fueron incapaces de prevenir y evitar la crisis de la eurozona, con España como ejemplo paradigmático, y en el momento de corregirla hizo pagar la totalidad de los costes a los más débiles y sumió al conjunto en la distopía económica actual, lo primero que hay que hacer es derogarlo. No buscar mejoras a las actuales reglas fiscales, como propone hoy un número creciente de think tanks, sino simplemente derogarlo.

En sustitución, falta un pacto por la prosperidad, inclusiva y sostenible, con las siguientes características: penalización simétrica de superávits y déficits exteriores; política fiscal integrada; y política de convergencia regional.

Penalización simétrica de superávits y déficits exteriores

Consciente de que el ajuste cambiario no podría evitar el abuso de posición dominante de un país decidido a mantener superávit, y a financiar el deficitario a base de endeudarlo, Keynes proponía que el FMI fuera una cámara de compensación de saldos exteriores en la que los superávits fueran penalizados el doble que los déficits. Porque acabar con un superávit pide políticas expansivas y creación de empleo, mientras que acabar con un déficit pide lo contrario: políticas contractivas y destrucción de empleo.

Desgraciadamente, no lo logró y el FMI terminó por convertirse en el azote de los países deficitarios. En la UE pasa algo parecido: el procedimiento europeo de macro-desequilibrios económicos (MIP) incorpora límites a los superávits (6% PIB) y al déficit (4%), pero a una escala jerárquica inferior al pacto de estabilidad y sin sus mecanismos coercitivos. Como resultado, los países con superávit no han hecho el más mínimo caso de las recomendaciones que les pedían reducirlo, y los países con déficit lo han tenido que reducir con la austeridad fiscal impuesta. Por lo tanto, se ha destruido empleo en vez de crearlo.

Sin el pacto de estabilidad, el control de saldos exteriores debería ser prioritario, coercitivo y al menos simétrico, con iguales límites y penalizaciones para los déficits que los superávits. Retrospectivamente, la UE no habría llegado a la crisis financiera internacional con los desequilibrios centro-periferia con los que se encontró: países con fuerte crecimiento y déficit exterior, como España, habrían tenido que aplicar medidas de contención preventivas, y países con menor crecimiento y superávit exterior, como Alemania, deberían de haber aplicado medidas expansivas.

Este mecanismo no supone, pues, relajar la disciplina económica de los Estados miembros sino respetar que un país haga lo que quiera “mientras que no afecte negativamente” a los demás. Y la afectación de un país respecto de los otros no se produce con el saldo fiscal sino con el exterior: un déficit público se puede compensar con un superávit privado dentro del país y viceversa; por el contrario, un déficit o superávit exterior, como suma del saldo público y privado, por fuerza pide una compensación exterior, una deuda o un crédito que, por definición, no pueden ser recurrentes.

Se trata de un mecanismo preventivo que a la vez respeta la subsidiariedad, y que habría que aplicar entre estados y también entre regiones, para evitar que las disparidades den lugar a dependencias y se vuelvan crónicas; como ocurre en Italia y España, donde los déficits fiscales y los superávits comerciales han establecido bucles que se retroalimentan, congelando las disparidades.

Política fiscal integrada

Los mayores beneficiarios del mercado único europeo, que son las corporaciones multinacionales, son las que menos contribuyen en él. Según cálculos de la Comisión Europea, gracias a la competencia fiscal entre los Estados miembros, las corporaciones eluden impuestos por un importe cercano al presupuesto de la UE; más de 100.000 millones euros al año.

Para acabar con ello, tanto el Parlamento como la Comisión europeas han hecho insistentes propuestas, básicamente sobre una base impositiva consolidada y una tasa mínima (CCCTB), que se han encontrado siempre con la negativa de los Estados y la necesidad de consenso en temas fiscales que rige hoy y que hay que cambiar de inmediato con el “nuevo pacto”. De hecho, la única propuesta seria pasa por escalar el impuesto de sociedades a nivel europeo y que sea el principal ingreso propio de la UE. Aportaría cerca de un 3% del PIB, tres veces el presupuesto de la UE actual, y permitiría eliminar las actuales contribuciones de los Estados, ganando la UE en autonomía.

Algo similar ocurre con el impuesto sobre el patrimonio y las grandes fortunas que, a falta de una armonización fiscal entre países, huyen de donde más se les grava para recalar donde pagan menos; lo que incluye unos paraísos fiscales tanto comunitarios como extracomunitarios, a la que sólo una institución como la UE puede hacer frente. En primer lugar, rompiendo toda relación con cualquier país que practique dumping fiscal y, a continuación, escalando también a nivel europeo una nueva tasa para las grandes fortunas.

En ambos casos se trata de detener la race to the bottom fiscal que perjudica al conjunto y en consecuencia suponen un beneficio para todos, excepto para los miopes que miran a muy corto plazo. También permitiría aumentar el presupuesto europeo y reducir las contribuciones de los Estados, y facilitaría la vez que obligaría a tener una política fiscal común que incluya: capacidad de estabilización del ciclo económico, endeudándose o desendeudándose según convenga; inversión en bienes públicos comunitarios, con la transición energética como prioridad; y la financiación de un plan de convergencia regional en beneficio del conjunto.

Puesto que la UE no presta directamente ningún servicio público, su provisión debe de mantenerse descentralizada al máximo, salvo en defensa, que deberá centralizarse, la mayor parte del presupuesto europeo continuará empleándose en transferencias a los Estados miembros y a sus regiones; y esto hará necesario el establecimiento de un mecanismo de distribución transparente, equitativo y eficiente. Por lo tanto, un mecanismo que deberá garantizar que con el paso del tiempo ninguna región o estado sea receptor o donante neto, deben ser ambas cosas según su ciclo económico.

Plan de convergencia

Los cuatro países que más dinero comunitario recibieron, antes de la expansión hacia el Este, fueron Grecia, Irlanda, Portugal y España. Es decir, los cuatro países que más tarde tuvieron que ser rescatados. ¿Casualidad o causalidad? Lo cierto es que toda transferencia exterior aumenta la demanda interna y, si no aumenta en paralelo la oferta interna, supone pérdida de competitividad y la necesidad de cada vez más transferencias. En estos cuatro países, las siguientes y mayores fueron a crédito y al sector privado, y en consecuencia no está claro quiénes iniciaron el proceso y quiénes hicieron más daño. En todo caso, sin un mecanismo de control de saldos exteriores, que hubiera prevenido la pérdida de competitividad, el resultado era inexorable.

Pasa similarmente con las transferencias fiscales interregionales a Italia y España, compensadas con saldos comerciales en sentido contrario y que no han servido para reducir las disparidades. En ambos casos, tanto la política de cohesión europea como las transferencias fiscales interregionales se justifican en nombre de una solidaridad mal entendida, puesto que la solidaridad supone un beneficio para el receptor que no existe si pasa a depender de ellas o a tener que pagarlas más tarde con creces.

Conclusiones

Sin duda, la UE es hija de su tiempo y tampoco hay duda de que tal como es no sirve como debería. Sin embargo, no está escrito que cambie ni qué puede pasar si lo hace o si no lo hace. Para bien o para mal, su perímetro actual es conocido por todos: poco más que una asociación de interés económico donde cada miembro mira por su bien, sin importarle si eso duele a otro. Y sabiendo muy bien cómo es, los diferentes actores también saben cómo tratarla.

Los mercados financieros han aprendido que deben aplicar primas diferentes según el país, puesto que la unión es frágil y nadie quiere cubrir las deudas de otro. En cuanto a los ciudadanos, sus expectativas se han adecuado a la realidad y ya no esperan mucho; aunque tampoco la abolirían. Y en cuanto a los Estados miembros también han aprendido a lidiar entre ellos y con la Comisión, y ya ni siquiera culpan a Europa de nada; lo cual quiere decir que tampoco esperan demasiado de ella.

Podría ser que la UE pasara a ser algo como Naciones Unidas: que mejor que exista pero que no afecte mucho el día a día de nadie, ni ciudadanos ni estados, y para la que nadie tiene ningún plan de cambio o fortalecimiento. Si bien en la UE hay elecciones y la participación en estas la somete a un examen que Naciones Unidas no tiene. Es decir, que es más difícil que pase desapercibida y más difícil que no sea objeto de debate político.

Pensando en este segundo caso, este artículo defiende que la verdadera reforma de la UE pasa por un nuevo “pacto entre los miembros”; de todos los actuales o sólo los que quieran ir allá de donde estamos. Un pacto que derogue el de estabilidad y lo sustituya por uno de prosperidad, inclusiva y sostenible, no nacido del miedo y la desconfianza y que ponga por delante el interés de la ciudadanía. Un pacto de prosperidad que recupere y preserve el estado del bienestar en Europa sin amenazar ni dañar el de países vecinos y terceros.