El año pasado publicamos el libro #FakeYou, Fake News y Desinformación. Gobiernos, partidos políticos, mass media, corporaciones, grandes fortunas: monopolios de la manipulación informativa y recortes de la libertad de expresión [1]1 — #FakeYou. Fake News y Desinformación es un libro dirigido por Simona Levi y publicado por la editorial Rayo Verde. Más información sobre el proyecto en la web de Xnet. . En este artículo, presentamos la propuesta de regulación que parte de esta investigación. Su objetivo es ofrecer un modelo estándar a los legisladores.
Tal como mostramos en el libro mencionado, a menudo en Europa las políticas públicas y legislativas elaboradas a causa (o tendríamos que decir, con la excusa) del llamado “nuevo” fenómeno de las fake news desgraciadamente sirven, de hecho, para distraer la atención de la solución real:
- Atacan internet como si esta fuera la única fuente de desinformación tóxica.
- Intentan limitar la libertad de expresión de los usuarios y dejan impunes los verdaderos promotores de la desinformación colectiva.
Es importante que respetemos los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información, no solo porque son derechos, el eje vertebrador de cualquier estado que afirme ser democrático, sino también porque no son el origen del problema de la desinformación y las noticias falsas. En todo caso, son la solución.
Sería justo decir que el uso que hacen las personas de su libertad de expresión está lejos de ser perfecto, es cierto, pero es un derecho fundamental que mejorará su uso a medida que podamos ejercerlo sin asimetrías; lo que no es un derecho fundamental es el negocio que se hace con el contenido de las comunicaciones. Como cualquier negocio o práctica institucional, se tienen que establecer límites cuando se perjudica el interés general.
Todos los caminos del origen de la desinformación sistémica llevan al mismo lugar: los partidos políticos y sus estructuras de interés e influencia. Por este motivo, proponemos un cambio radical en el enfoque para abordar el problema: centrarnos en la idea del lucro generado por la desinformación
Las medidas y la narrativa que establecen las bases para legislaciones liberticidas se centran en los usuarios de Internet y abrazan una lógica de control y censura por parte de actores públicos o privados. Estas políticas olvidan los sujetos que realmente generan la desinformación y se benefician más de ella. En #FakeYou, demostramos claramente que todos los caminos del origen de la desinformación sistémica llevan al mismo lugar: los partidos políticos y sus estructuras de interés e influencia. A la vez, se engloban otros actores poderosos y privilegiados, desde instituciones hasta medios de comunicación y empresas.
Por este motivo, proponemos un cambio radical en el enfoque adoptado para abordar el problema y centrarnos en la idea del lucro generado por la desinformación. Esto nos permite objetividad y eficacia y nos aleja de diseños normativos con la tentación de meter la nariz en los derechos fundamentales o establecer una verdad oficial.
A pesar de que hay un consenso general sobre el hecho de que la desinformación sistemática es nociva para la democracia, también tendríamos que considerar que no tendría que existir una industria basada en este hecho nocivo. Al mismo tiempo, también ponemos énfasis en la idea de la responsabilidad institucional y el incumplimiento del deber como algo cuantificable y punible a la vez.
Proponemos un enfoque proactivo que corrija las asimetrías de poder y empodere la ciudadanía.
- Responsabilizar completamente los grandes productores de desinformación para que la viralización de la desinformación no les resulte un modelo de negocio viable.
- Ampliar las capacidades de control y verificación de la ciudadanía en general, mediante protocolos de acceso abierto y transparente a la información y a la manera como ha sido producida.
Tenemos que hacer que la verificación proactiva de la veracidad de la información sea obligatoria para los principales generadores, es decir, para los grandes inversores en desinformación, ya sean públicos o privados (no nos cansaremos de repetirlo: gobiernos, instituciones, partidos políticos, medios de comunicación, corporaciones y celebridades). Esto supone exponer la forma en que se crea la información y, a su vez, abrir su verificación a todo el mundo. Actualmente, se exige esta verificación a la ciudadanía sin ofrecerle las herramientas adecuadas para hacerlo. ¿Cómo podemos verificar las fake news y evitar caer en su trampa si quien produce la información y las noticias no nos da ninguna pista sobre la fuente o los datos que hay detrás? La ciudadanía debe tener a su alcance los elementos detallados que le permitan verificar los hechos de una manera rápida, accesible, compartida y abierta.
Hay que subrayar, no obstante, que estas acciones no solo tienen que afectar a los intermediarios en línea (plataformas de contenido y redes sociales), sino al conjunto de la cadena de inversiones. Centrar toda la normativa en las plataformas en línea, como pasa ahora, ha dado como resultado muy claro que estas plataformas, con el fin de proteger sus intereses comerciales y reducir los riesgos legales, apliquen una reducción de la libertad de expresión a los usuarios, lo cual se traduce en movimientos hacia un solo pensamiento único homologado y una censura automatizada. No hay nada de nuevo en esta dinámica: desde los inicios de los tiempos, los gobiernos han utilizado estructuras intermediarias para implementar políticas de vigilancia y censura. El control sobre aquello que dice o hace la población se delega en “actores privados”. Vigilan que sus usuarios no “cometan” actos que molesten los poderes fácticos y, a cambio, reciben un margen de movimiento y libertad más amplio para sus negocios. Esto es exactamente lo que está pasando ahora.
Actualmente, se exige la verificación de la información a la ciudadanía sin ofrecerle las herramientas adecuadas para hacerlo: los ciudadanos deben tener a su alcance elementos detallados que permitan verificar los hechos de una manera rápida, accesible, compartida y abierta
Lo más sorprendente es que también existe una base legal amplia, incluso redundante, para actuar en la dirección correcta. Aplicando la normativa europea en determinados aspectos y haciendo una lectura más amplia de sus objetivos, sería posible atacar la raíz del problema sin socavar los derechos y las libertades. Pero esto, simplemente, no está pasando.
El denominador común de los “informadores influyentes”, y que justificaría la adopción de un régimen más exigente, es su capacidad de influir en el debate público. Por lo tanto, el principal enfoque de nuestra propuesta es: quién financia la difusión de fake news, o las encarga desde una institución, es responsable de la desinformación. La penalización por la desinformación tiene que recaer sobre los grandes productores y los participantes del negocio de la desinformación; también tenemos que recordar que, a pesar de los numerosos sujetos que se lucran de la difusión de fake news, esta práctica es especialmente perjudicial para la sociedad cuando se trata de instituciones y partidos políticos, puesto que tendrían que ser los responsables de crear el marco normativo para atacar el problema, pero no lo hacen porque les perjudica en términos de poder e influencia.
Nuestra propuesta, por otro lado, está en línea con las directrices establecidas por el Consejo de Europa y la Declaración conjunta sobre libertad de expresión y fake news, desinformación y propaganda del relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, la representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación a Europa (OSCE), el relator especial de la OEA para la libertad de expresión y la relatora especial sobre libertad de expresión y acceso a la información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR).
Además, podemos referirnos a las declaraciones de las autoridades europeas cuando dicen que “la democracia en la Unión Europea depende de la existencia de medios de comunicación libres e independientes” y piden que las autoridades públicas eviten la censura y garanticen las condiciones para un debate público, inclusivo y pluralista “que evite la censura de contenidos críticos, satíricos, discrepantes o escandalosos y respete los principios de un internet neutral, abierto, seguro y fiable”. O cuando recomiendan acciones para aumentar la transparencia de las fuentes de financiación “para identificar quién hay detrás de ciertos tipos de información e identificar claramente el contenido patrocinado, especialmente el político”. O cuando condenan la comunicación comercial encubierta y piden que la publicidad o el lucro de los influencers no se utilicen para financiar la desinformación. O cuando sugieren “aumentar la transparencia en cuanto al origen de la información y como se produce, patrocina, difunde y dirige”.
Todas estas buenas intenciones no son coherentes con el hecho que sean solo algunos participantes (plataformas, o más bien sus usuarios, y los medios de comunicación, a veces) los que asuman la responsabilidad, en vez de todos los agentes implicados [2]2 — En su recomendación de 1994 sobre medidas para promover la transparencia en los medios de comunicación, el Comité de Ministros del Consejo de Europa reiteró que las obligaciones de transparencia de los medios de comunicación son necesarias para permitir que la ciudadanía se forme una opinión sobre el valor que se tiene que atribuir a una información, idea u opinión difundida por los medios de comunicación. Esta recomendación establece, entre otras, medidas específicas para garantizar la transparencia de la prensa. Por lo tanto, se recomienda adoptar un marco legislativo que obligue la prensa a difundir información relativa a cinco categorías: Primera categoría: información relativa a la identidad de las personas o las entidades que participan en la estructura editorial, como también la naturaleza y el grado de participación. Segunda categoría: información sobre los intereses de la estructura editorial o de las personas y las entidades que participan en otros medios de comunicación. Tercera categoría: información sobre las personas o las entidades capaces de ejercer una influencia significativa en la línea editorial. Cuarta categoría: información sobre cualquier posicionamiento de la política editorial o la orientación política de diarios y publicaciones. Quinta categoría: información sobre los resultados financieros de la estructura editorial y la distribución de las publicaciones. Esta recomendación no distingue entre los medios de comunicación y, por lo tanto, se tiene que entender que sus consideraciones se aplican a todos sin distinción. .
Quién financia la difusión de fake news, o las encarga desde una institución, es responsable de la desinformación. La penalización tiene que recaer sobre los grandes productores y los participantes del negocio de las fake news
En cuanto a los medios de comunicación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado la función de la prensa en una sociedad democrática como la de perro guardián. En el caso de Stoll contra Suiza, el Tribunal de Estrasburgo insistió abiertamente en el hecho que los medios de comunicación mantienen una posición de poder, puesto que “no solo informan, sino que también sugieren, por la forma en que presentan la información, como se tiene que valorar esta información. En un mundo en que el individuo se enfrenta a un gran flujo de información que circula a través de medios tradicionales y electrónicos y que implica un número cada vez más grande de participantes, el control del cumplimiento de la ética periodística adquiere una importancia añadida”.
Visto estas citas de figuras tan ilustres, nuestra propuesta [3]3 — El texto completo de la propuesta se puede consultar aquí. no es nada radical. Por lo tanto, proponemos que los legisladores la tengan en cuenta y se nos unan para trabajarlo cuanto antes mejor.
En defensa de la democracia y las libertades fundamentales: medidas contra la desinformación y la manipulación de la información online y offline
Nuestra propuesta consiste en hacer una distinción clara entre la libre expresión de opiniones, por un lado, y el negocio de la información y la información institucional, por el otro. En gran medida, se trata de ampliar el sujeto de aplicación de las normativas vigentes o previstas en el ámbito internacional y europeo y eliminar los sesgos que segregan Internet y recortan la libertad de expresión e información:
- Aplicar un enfoque follow the money (apuntar el negocio o las instituciones que han incumplido sus obligaciones) en oposición al juicio sobre el contenido (no interferir en la libertad de opinión ni crear un Ministerio de la Verdad).
- Actualizar y transformar en ley los protocolos de verificación y comprobación de hechos recogidos en los códigos deontológicos del periodismo: no se trata de establecer una Verdad única y aprobada, sino de aplicar parámetros objetivos para verificar la veracidad (tal como ya indica la legislación vigente).
- Ampliar y hacer cumplir las obligaciones de verificación que se aplican a los periodistas y a los diarios a otros sectores donde la circulación de información comporta lucro o beneficios institucionales, incluyendo los partidos políticos, las autoridades, los gobiernos, las corporaciones y otros “informadores influyentes”.
- Mostrar esta aplicación obligatoria en forma de etiquetado. Esto permite que cualquier persona pueda verificar la información, cosa que actualmente se exige en la población sin que se le ofrezca ninguna herramienta para hacerlo.
- Actualizar otras normativas tangenciales, eliminar el sesgo tecnófobo de las políticas e incorporar regímenes sancionadores efectivos.
En la definición de los sujetos a los cuales se tendría que aplicar esta ley, indicamos instituciones, partidos políticos, entidades privadas sistémicas con un impacto masivo sobre la población, por un lado, y las empresas, incluyendo los medios de comunicación, empresas de comunicación, celebridades y creadores de opinión y cualquier otra persona que invierta o reciba dinero para que la información sea más visible de lo que lo sería si hubiera sido emitida simplemente por otra persona.
Indicamos dos obligaciones para estos sujetos: el deber de verificar la veracidad del contenido y permitir la verificación por parte del destinatario.
La veracidad no se tiene que entender como un sinónimo de La Verdad. Aquí se utiliza la veracidad tal como se define en el artículo 20 de la Constitución española (similar a la definición de otros países): requiere que la información difundida sea veraz. Esto implica la posibilidad de difundir información errónea, pero requiere un deber de diligencia del informador. El informador tiene que transmitir información sobre hechos que hayan sido contrastados previamente con datos objetivos que no fomenten rumores ni insinuaciones. Además, “el deber de diligencia en la verificación razonable de la veracidad de la información no se satisface con la referencia pura y genérica a fuentes indeterminadas” (SSTC 172/1990 y 21/2000).
Cuando la información se ofrece como parte de un modelo de negocio, ya no es una forma de libertad de expresión, y es necesario que haya una obligación de transparencia que permita la verificación, como ya pasa, por ejemplo, con los alimentos
Por lo tanto, una comunicación que afirma ser “información” tiene que incorporar protocolos de verificación en su proceso de preparación. En teoría, la jurisprudencia ya define la responsabilidad de los informadores profesionales de contrastar la información antes de publicarla. Hay códigos deontológicos y éticos que se aplican al sector periodístico que tienen protocolos de actuación detallados para esta verificación. Ahora se trata de ampliar los sujetos a los cuales se aplican, con especial énfasis en los partidos políticos, las instituciones y las empresas en línea y fuera de línea que trabajan en la comunicación. Por otro lado, cuando hablamos de permitir la verificación por parte del destinatario, hablamos de hacer que el proceso de verificación se pueda trazar.
Cuando la información se ofrece como parte de un modelo de negocio (porque se ofrece a cambio de un pago) o lo ofrecen las instituciones, ya no es una forma de libertad de expresión y es necesario que haya una obligación de transparencia que permita la verificación, como ya pasa, por ejemplo, con los alimentos. Esta es una forma de etiquetado.
Junto con la información publicada, se tiene que incluir una tabla con la información básica para verificarla. La responsabilidad de la veracidad del etiquetado tiene que ser asumida tanto por los que pagan porque se viralice esta información como por los que cobran. Su aplicación tiene que ir acompañada de un régimen sancionador fuerte como pasa con los alimentos. Esto tiene dos objetivos principales:
- Comprobar que la verificación se ha llevado a cabo realmente.
- Permitir que quién lee la información pueda comprobar su verificación por si mismo.
Las personas son acusadas constantemente de no comprobar la veracidad de la información que comparten. Se les acusa de no hacer una cosa sin darles ninguna herramienta para hacerlo. El etiquetado proporciona esta herramienta. Esta dinámica también puede generar un efecto intimidatorio positivo porque todos los informadores que afirman ser profesionales y fiables apliquen estos protocolos para garantizar la máxima calidad.
En la práctica, el objetivo de esta tabla es responder a preguntas de verificación sencillas basadas en los “tipos de desinformación” y los “parámetros de los códigos deontológicos” existentes. Por ejemplo: ¿la información tiene una fuente o no tiene ninguna, es decir, es inventada? ¿El artículo sobre una empresa en particular lo paga la misma empresa o un partido político? ¿Se ha contrastado la fuente o simplemente se actúa como altavoz de una fuente y se publica lo que esta quiere publicar sin alteraciones? ¿Si una fuente dice que llueve y otra dice que no, alguien ha mirado por la ventana para ver cuál de las dos afirmaciones es cierta o se han publicado las dos en nombre de una (inexistente) neutralidad informativa?
Esperamos, pues, trabajar conjuntamente para promulgar el cambio necesario para defender los derechos de la ciudadanía y, con este espíritu, publicamos nuestro borrador de reglamento.
El etiquetaje propuesto y el borrador completo del reglamento se pueden consultar aquí.
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REFERENCIAS
1 —#FakeYou. Fake News y Desinformación es un libro dirigido por Simona Levi y publicado por la editorial Rayo Verde. Más información sobre el proyecto en la web de Xnet.
2 —En su recomendación de 1994 sobre medidas para promover la transparencia en los medios de comunicación, el Comité de Ministros del Consejo de Europa reiteró que las obligaciones de transparencia de los medios de comunicación son necesarias para permitir que la ciudadanía se forme una opinión sobre el valor que se tiene que atribuir a una información, idea u opinión difundida por los medios de comunicación. Esta recomendación establece, entre otras, medidas específicas para garantizar la transparencia de la prensa. Por lo tanto, se recomienda adoptar un marco legislativo que obligue la prensa a difundir información relativa a cinco categorías:
- Primera categoría: información relativa a la identidad de las personas o las entidades que participan en la estructura editorial, como también la naturaleza y el grado de participación.
- Segunda categoría: información sobre los intereses de la estructura editorial o de las personas y las entidades que participan en otros medios de comunicación.
- Tercera categoría: información sobre las personas o las entidades capaces de ejercer una influencia significativa en la línea editorial.
- Cuarta categoría: información sobre cualquier posicionamiento de la política editorial o la orientación política de diarios y publicaciones.
- Quinta categoría: información sobre los resultados financieros de la estructura editorial y la distribución de las publicaciones.
Esta recomendación no distingue entre los medios de comunicación y, por lo tanto, se tiene que entender que sus consideraciones se aplican a todos sin distinción.
3 —El texto completo de la propuesta se puede consultar aquí.
Simona Levi
Simona Levi es activista social, investigadora, dramaturga y artista multidisciplinar experta en tecnopolítica. Es fundadora de la plataforma de activismo digital Xnet, un proyecto que propone soluciones avanzadas en diferentes campos relacionados con los derechos digitales y la actualización de la democracia. También es impulsora del movimiento 15MpaRato. Desde el año 2017, dirige el Curso de Posgrado en Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital en la Universidad Pompeu Fabra, donde se analiza el uso estratégico de las herramientas digitales para la acción colectiva. Es autora de varios libros como #FakeYou. Fake news y desinformación (Rayo Verde Editorial, 2019), que reflexiona sobre la desinformación desde el punto de vista del recorte de derechos fundamentales. También es coautora del libro Tecnopolítica, internet y r-evoluciones. Sobre la centralidad de redes digitales en el # 15M (Icaria, 2012) y ha coordinado Cultura libro digital. Nociones básicas para defender lo que es de todxs (Icaria, 2012). El año 2017, la revista Rolling Stone la eligió como una de las 25 personas de todo el mundo que están dando forma al futuro.
Miriam Carles
Miriam Carles es jurista y abogada especializada en derechos digitales y derechos humanos. Forma parte de la plataforma de activismo digital Xnet, que trabaja en el ámbito de la democracia y los derechos digitales, poniendo el foco en cuestiones como la tecnopolítica como forma de empoderamiento ciudadano, la lucha contra la corrupción, la libre circulación del conocimiento y la información y la libertad de expresión.
