El envejecimiento como lastre del sistema de pensiones

Uno de los pilares del estado del bienestar en nuestra casa reside en el sistema de Seguridad Social, que durante el siglo XXI en España ha separado la esfera sanitaria (financiada íntegramente con impuestos) de la laboral, que se autofinancia mediante cotizaciones obligatorias y provee tanto las prestaciones de desempleo como las pensiones contributivas. Así pues, se trata de un sistema cerrado, que recibe las contribuciones, las distribuye y, en caso de que sobre dinero, lo ahorra en la renombrada popularmente “hucha de las pensiones”. Solo en caso de déficit se podrá hacer uso de esta hucha o, si no quedan ahorros, habrá que pedir un crédito extraordinario a los presupuestos generales del Estado.

Uno de los motivos aducidos para un posible colapso del sistema es el envejecimiento, dado que lastra la incorporación de nuevas cotizaciones por la caída de la natalidad e hincha la de pensionistas por la llegada de generaciones muy numerosas y con una longevidad abrumadora. Sin embargo, habría que analizar también la aportación migratoria o el efecto de la coyuntura económica: las recesiones truncan la potencia demográfica por el hecho de disparar el paro y empujar a la gente mayor a pedir jubilaciones prematuras ante la imposibilidad de encontrar un nuevo trabajo.

Con todo, el envejecimiento es el único espantajo que se utiliza para exigir el retraso de la edad ordinaria de jubilación con la finalidad de alcanzar la sostenibilidad del sistema de pensiones de gestión pública. Hay que recordar, en primer lugar, que el paraguas de la Seguridad Social es contributivo; así pues, solo tiene derecho a recibir una prestación de desempleo o una pensión vitalicia quien previamente la ha sostenido con sus contribuciones, y la cantidad recibida siempre dependerá de estas contribuciones. En segundo lugar, se trata de un sistema de transferencia, de manera que quien contribuye hoy está manteniendo las prestaciones de desempleo y las pensiones de ahora. Dentro de este esquema, el envejecimiento se traduciría en la caída progresiva de la población contribuyente, en primer lugar, y el aumento gradual de quien cobra una pensión, en segundo lugar; por esta lógica, el sistema resultaría demográficamente insostenible. Este artículo visualiza la evolución en Catalunya entre 2005 y 2023 en estos dos grandes grupos poblacionales contrapuestos en la arena del ámbito contributivo de la Seguridad Social —población contribuyente y población que cobra una pensión— y diagnostica a medio plazo el efecto del envejecimiento en las dos vertientes, es decir, el de la caída de la natalidad y el de la longevidad mayor de las generaciones.

No se puede negar a que el envejecimiento nos toca de cerca. Sin ir más lejos, recientemente me han informado en el gimnasio de que mi cuota se abarata sensiblemente por el hecho de pasar a la categoría de personas mayores. He envejecido con mi generación, una de las más numerosas de la historia de Catalunya; por eso nos llaman boomers y nos acusan de poner en peligro el sistema de pensiones con una longevidad superlativa y una fecundidad ínfima. Unos patrones demográficos que las personas expertas afirman que solo pueden conducir al colapso del sistema de pensiones, si no es que se procede a una extensión de la vida laboral paralela en la de la esperanza de vida, porque no hay mucha confianza en el hecho de que la natalidad incremente, el otro factor que los expertos consideran que podría salvar la situación.

Con el objetivo de comprobar o desmentir esta dinámica abrumadora, procedemos a un análisis demográfico del sistema de pensiones en Catalunya. La fuente de datos se compone de una muestra del 4% de los registros que custodiaba la Seguridad Social, que incluye los dos lados del cuadrilátero: las cotizaciones por afiliación laboral y las pensiones contributivas. Esta fuente se conoce de una muestra continúa de vidas laborales (MCVL), desde la versión de 2005 hasta la de 2023, en que podemos identificar la población residente en Catalunya que (1) cotizaba por su afiliación laboral, fuera como autónoma o asalariada, (2) cotizaba para cobrar una prestación de desempleo, o bien (3) percibía una pensión contributiva. A partir de la ratio entre los dos últimos grupos sobre el primero, encontramos la relación de dependencia en el sistema de pensiones, es decir, un indicador donde en el numerador está quien recibe una prestación de desempleo o una pensión contributiva y en el denominador está quien contribuye económicamente a la Seguridad Social por su afiliación laboral activa. Parafraseando lo que se conoce como el índice de dependencia global, [1]1 — Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Indicadores demográficos y del territorio. «Metodologia». «Definicions». Más informacion en la web de IDESCAT. definimos el índice de dependencia de la Seguridad Social como la medida de la carga que representa la población que cobra una prestación de desempleo o una pensión contributiva por la población que contribuye.

Afiliación laboral: ¡cuanto más cotizamos, mejor!

Previamente, querríamos distinguir la potencia demográfica, es decir, la población que tiene trabajo o que busca. Esta población se ha incrementado y ha pasado de los 3 millones y medio de personas en el año 2005 a los 3.855.000 antes de la recesión de 2009, nivel que se ha mantenido hasta la explosión experimentada desde 2023, que lo ha proyectado por encima de las 4.200.000 personas. Pero no es esta la cifra que nos interesa aquí.

En efecto, la fuerza demográfica del sistema de pensiones de gestión pública radica en la población que cotiza en la Seguridad Social. Presentar la evolución en números absolutos es un primer paso para evaluar el daño que puede estar causando el envejecimiento al sistema (gráfico 1). Hay que distinguir a quien cotiza por afiliación laboral porque tiene trabajo formal (sea asalariado o por cuenta propia) de quién lo hace para estar cobrando una prestación de desempleo. En este último caso, la cotización es retenida por la misma institución que le otorga la ayuda, la Seguridad Social. Hechas las apreciaciones pertinentes, seguimos, para empezar, la evolución diaria de la población cotizante con afiliación laboral (no parada) y residente en Catalunya entre 2005 y 2023, distinguiendo la parte proporcional de mujeres y de quien no tenía nacionalidad española, con el objetivo de medir hasta qué punto la incorporación femenina y la aportación migrante han conseguido compensar los efectos negativos del supuesto envejecimiento sobre el sistema de pensiones o hasta qué punto se detecta una falta de población cotizante.

Lo primero que se capta es el salto cualitativo que significó la Orden PRE/140/2005, del 2 de febrero de 2005, [2]2 — Orden PRE/140/2005, del 2 de febrero. Boletín Oficial del Estado, núm. 29, p. 3709-3723. Disponible en línea. para el proceso de normalización de población de nacionalidad extranjera en situación laboral irregular, [3]3 — Domingo, A.; Recaño, J. (2007). “Perfil demográfico de la población extranjera en España”. En: Aja, E.; Arango, J. (eds.). La inmigración en España 2006. Anuario de inmigración y políticas de inmigración. Barcelona: Fundació CIDOB, p. 20-43. Disponible en línea. que hizo que esta pasara de golpe de representar un 8% a un 12%, y que disparó la afiliación laboral a la Seguridad Social muy por encima de los 3 millones. Así, a principios de agosto de 2008 se alcanzaron los 3 millones y medio de personas cotizantes, en gran parte gracias al surgimiento migratorio, pero también por un ligero incremento de la proporción femenina, del 42% al 43%.

Pero este volumen de personas cotizantes se precipitó a finales de noviembre de 2008: a principios de noviembre de 2011 el valor había caído por debajo de los 3 millones a causa exclusivamente de los estragos de la recesión económica que vivíamos, que se alargó hasta febrero de 2014. Hay que añadir que la caída disminuyó en particular la participación masculina, ya que la proporción de afiliadas se incrementó ligeramente, del 44% al 47%; un porcentaje que se ha mantenido hasta el final de la observación. En consecuencia, el salto en la participación femenina en la esfera contributiva ha sido principalmente durante la crisis económica y no ha sobrepasado el techo conseguido entonces, de manera que podemos afirmar que la participación femenina no es un factor compensador del posible efecto negativo del envejecimiento sobre los fundamentos contributivos del sistema de pensiones.

De repente, la recuperación económica paralela al cambio de política del Banco Central Europeo [4]4 — Miret, P. (2024). “El empleo en la base del modelo social: edad, sexo y territorio”. A. Domingo (ed.). La coartada demográfica y el discurso de la involución en España. Barcelona: Icaria Editorial, p. 217-246. volvió a hinchar la afiliación laboral en Catalunya, hasta alcanzar la cima de casi 3.375.000 personas a principios de agosto de 2019. Un aumento provocado en exclusiva por la mejora en el mercado de trabajo, ya que ni mujeres ni inmigrantes incrementaron su presencia relativa. La reanudación se vio truncada por el estruendo provocado por el confinamiento decretado para luchar contra la Covid-19, del cual no salimos hasta mediados de 2021. Después de la pandemia, la presencia de personas con nacionalidad extranjera se incrementó del 15% al 19%.

Así pues, podemos concluir que hoy en día continúa vigente en el mercado de trabajo el sistema catalán de reproducción,[5]5 — Cabré, A. (1999). El sistema català de reproducció. Barcelona: Proa. donde la migración tiene un papel clave. Sin embargo, en resumidas cuentas, el envejecimiento no ha afectado a los fundamentos del sistema de pensiones por el hecho de lastrar su base demográfica de cotizaciones, porque desde la primavera de 2023 se ha alcanzado y mantenido un récord por encima de los 3 millones y medio de cotizadores. Lo que habría pasado si la natalidad se hubiera incrementado (y se hubiera reducido así el envejecimiento) forma parte de una especulación difícil de resolver. Pero hay que tener en cuenta que durante este periodo la tasa de paro se ha mantenido en Catalunya en torno al 9%, y uno de los posibles efectos de un volumen mayor de las generaciones podría haber sido un incremento del paro, especialmente entre los jóvenes que entraban por primera vez al mercado de trabajo.

Como se ha comentado, computamos las prestaciones de desempleo de manera separada, ya que, a pesar de cotizar con vistas a la futura pensión de jubilación, no se trata de una aportación directa del trabajo, sino de una retención que el Estado practica a la percepción por desocupación correspondiente. El gráfico 1 también recoge la evolución de la población que cobra esta prestación. Con la recesión de finales de 2008, la población que la cobraba empezó a incrementarse hasta superar el medio millón; sin embargo, como es una prestación limitada en el tiempo (se percibe durante un máximo de dos años si se han cotizado seis o más), el stock se ha mantenido bastante constante hasta que la recuperación económica de 2014 consiguió suavizar un poco el volumen. Con todo, desde mediados de 2018 hasta ahora, la prestación de desempleo se ha mantenido un poco por encima de las 250.000 personas. Las prestaciones por desocupación no son, pues, causa de tensión en el sistema de la Seguridad Social y —obviamente— no tienen nada que ver con el envejecimiento.

Envejecimiento y pensionistas

Si las cotizaciones incrementan gracias a la aportación de la población extranjera y el paro no tensa mucho el sistema gracias a las limitaciones temporales en su cobro, el foco de culpa de la tensión que se percibe en el sistema tendría que radicar necesariamente en la abundancia de la población que percibe una pensión contributiva. De hecho, el número de pensionistas se ha más que doblado, desde poco más de 770.000 en 2005 hasta por encima de 1 millón y medio en 2023 (gráfico 2). Un valor que solo se redujo por la sobremortalidad de la población pensionista causada por la Covid-19.

Si distinguimos según el tipo de pensiones priorizando la principal (en caso de que tengan diversas), comprobamos que la mayoría son pensiones de jubilación, y este tipo de pensión ha ido incrementando la presencia relativa, desde el 54% a mediados de 2005 hasta el 60% desde finales de 2016. A continuación, destaca la pensión de invalidez, que se recibe cuando una persona cotizante se declara incapaz de continuar con su trabajo o de encontrar cualquier otra dentro de sus competencias y habilidades. Durante el mismo periodo (2005-2016), la invalidez se ha reducido ligeramente, del 23% al 20%. Es decir, hoy en día en Catalunya un pensionista de cada cinco cobra una pensión de invalidez por el hecho de estar incapacitado para mantenerse activo en el mercado de trabajo. No en todos los casos se trata de accidentes laborales, pero este dato señala, en cierta manera, que la población laboral en Catalunya no disfruta de muy buena salud. En conclusión, un 80% de la población pensionista recibe o bien una pensión de jubilación o bien de invalidez.

En tercer lugar, tenemos las de viudedad, que han ido reduciendo pausadamente la importancia relativa como pensión principal, del 16% al 12%. No hay que considerarlas un tipo de pensión que pueda desequilibrar gravemente el sistema de pensiones, como tampoco en el caso de las de orfandad (o a favor de familiares), que, a pesar de reducirse en dos puntos porcentuales, abarcan un 8% del total de pensionistas.

Relación de dependencia en el sistema de pensiones: ¿para cuando el colapso por insostenibilidad?

Las cuatro figuras del gráfico 3 muestran cuántos meses por término medio durante 2023 la población en Cataluña estuvo cotizando proporcionalmente en la Seguridad Social en alta laboral (arriba a la izquierda), percibiendo una prestación por desocupación (arriba a la derecha), cobrando una pensión de jubilación o de invalidez, de manera única o combinada con otro tipo de pensión (abajo a la izquierda), o cobrando una pensión de viudedad o a favor de familiares (abajo a la derecha). Se trata de una categorización exhaustiva y mutuamente excluyente, dado que alguien en una primera categoría no puede estar en una segunda, en caso de coincidir en el tiempo.

Hay que reafirmar que las dos partes en la ecuación de equilibrio son claramente perfiladas demográficamente, porque su volumen está ligado a la natalidad y a la esperanza de vida, añadiendo el punto compensatorio de la migración. Así, en el año 2023, donde había más cotizadores era entre los 46 y los 48 años; es decir, población nacida entre 1975 y 1977, durante el pico del baby-boom en Catalunya, la población nativa más numerosa de la historia del país. Una cuestión de generación, no de edad. Además, tendríamos que recordar que la base de la pirámide de cotizadores podría ser sustancialmente más ancha si consiguiéramos reducir una tasa de paro juvenil demasiado alta, actualmente por encima del 20% (enfrente del 7% de la tasa de personas de más de 25 años). Así pues, es evidente que la evolución de la población cotizante tiene una causa exclusivamente económica, y tiene poco que ver con la potencialidad demográfica y, menos todavía, con el envejecimiento.

Pero la prestación de desempleo no sigue la misma lógica de generación, sino que viene fuerza delimitada por el comportamiento biográfico —por la edad— porque hay un crecimiento alrededor de los 60 años que no responde al volumen diferencial de las cohortes. Algo nos dice que la razón de esta extraña concentración radica en la dificultad de la población sénior que ha perdido el trabajo por encontrar otro. Por este motivo, se mantiene cobrando el paro (en forma de prestación o de subsidio) a la espera alcanzar la edad ordinaria para la jubilación.

También es diferente la lógica de la pensión de viudedad, con un claro patrón de género, ya que casi todas las personas que la perciben son mujeres. Además, querríamos remarcar la sorprendente juventud de la estructura por edad de las personas que cobran una pensión de viudedad como renta formal desde la Seguridad Social, porque tiene una distribución bimodal y muestra un ensanchamiento no solo entre las mujeres muy mayores, sino también en torno a los 60 años, que cobran una pensión de viudedad pero no cotizan ni tienen ninguna prestación de desempleo ni pensión de jubilación o invalidez.

Sin embargo, ni la prestación de desempleo, ni la pensión de viudedad o a favor de familiares no tienen hoy en día bastante consistencia para ser motivo de preocupación en el imprescindible equilibrio del sistema de pensiones. Además, tienen poco o nada que ver con el sospechoso que estamos investigando como culpable del hundimiento del sistema, es decir, el envejecimiento.

En fuerte contraste, preocupa particularmente el volumen de personas que cobran una pensión de jubilación, dado que tiene una entidad considerable y se puede prever fehacientemente que continuará su ascenso meteórico. Querríamos remarcar, eso sí, que esta explosión en el número de pensionistas no es consecuencia del envejecimiento de la estructura por edad, sino de la llegada al umbral ordinario de jubilación de generaciones cada vez más numerosas, que actualmente acumulan años de cotización: un proceso que no se detendrá en los próximos 15 o 20 años si no es que sucede un hecho dramático como la última pandemia. No hay nada que hacer: hay que convivir con la previsión. En este contexto demográfico, incrementar las cotizaciones entre las mismas generaciones boomers para paliar el desequilibrio que producen y producirán es una política técnicamente adecuada y necesaria, pero no corresponde a la demografía decir si será suficiente. Eso sí: desde esta disciplina hay que afirmar que nada cambiaría si se volviera a experimentar otro baby-boom.

Con toda esta información, podemos calcular el índice de dependencia de la Seguridad Social, sea el general (quien cobra en relación con quien aporta) o uno específico, que calculamos como la relación entre quién percibe una pensión de jubilación o invalidez y la población cotizante (gráfico 4).

Concluimos, así, que ha sido la recuperación económica la que ha conseguido estabilizar el índice de dependencia global de 0,5 (una persona cobra alguna prestación o pensión por cada dos que aportan) o el reducido de 0,3, es decir, una persona percibe una pensión de jubilación o invalidez por cada tres que cotizan en la Seguridad Social. Este índice de dependencia solo se mantendrá estable si la población cotizante sigue incrementándose al mismo ritmo, porque poca cosa podemos hacer para evitar el crecimiento de la población pensionista. La única vía es luchar contra el paro y la precariedad laboral y permitir la inmigración laboral necesaria. Promover la natalidad responde a actitudes ideológicas, pero son completamente ineficaces para mantener el equilibrio en el sistema de pensiones.

• Referencias

  1 —

  Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Indicadores demográficos y del territorio. «Metodologia». «Definicions». Más informacion en la web de IDESCAT.

  2 —

  Orden PRE/140/2005, del 2 de febrero. Boletín Oficial del Estado, núm. 29, p. 3709-3723. Disponible en línea.

  3 —

  Domingo, A.; Recaño, J. (2007). “Perfil demográfico de la población extranjera en España”. En: Aja, E.; Arango, J. (eds.). La inmigración en España 2006. Anuario de inmigración y políticas de inmigración. Barcelona: Fundació CIDOB, p. 20-43. Disponible en línea.

  4 —

  Miret, P. (2024). “El empleo en la base del modelo social: edad, sexo y territorio”. A. Domingo (ed.). La coartada demográfica y el discurso de la involución en España. Barcelona: Icaria Editorial, p. 217-246.

  5 —

  Cabré, A. (1999). El sistema català de reproducció. Barcelona: Proa.