Catalunya y España: ¿hacia un conflicto político estancado?

Este artículo analiza el actual escenario del conflicto entre Catalunya y España y, utilizando los instrumentos del análisis de conflictos, establece que sería correcto hablar de un conflicto sociopolítico. A continuación, y guiándonos por los instrumentos proporcionados en el ámbito de la gestión y resolución de conflictos (véase los trabajos de Johan Galtung, Vicens Fisas, Oliver Rambbothan et al.), veremos lo que hemos hecho hasta ahora y qué pasos deberíamos dar a continuación para seguir adelante. Por último, y aunque no haya habido ningún episodio de violencia física, argumentaremos los peligros de no gestionar el conflicto, ya que estamos dejando que otros tipos de violencia vayan penetrando en nuestra sociedad y, por consiguiente, que el conflicto se prolongue.

Actores implicados y objetivos

El análisis de conflictos establece que una situación es conflictiva o antagónica si en ella intervienen dos o más actores, los cuales, pertenecientes a un mismo sistema, presentan objetivos contrapuestos. En un escenario de estas características, el choque para conseguir el objetivo particular de cada uno se convierte en conflictivo. Hemos presentado aquí las bases más simples de la teoría y del análisis de conflictos. La complejidad aparece pues, en el momento en que nos disponemos a analizar los elementos, las condiciones, y establecer de esta forma, que nos encontramos realmente en una situación de choque. En referencia al caso que nos ocupa, los actores enfrentados ahora mismo son el movimiento independentista y el Estado español. Podríamos preguntarnos por qué no hablamos de Catalunya y España o del Govern de la Generalitat y del Gobierno de España. El motivo es teórico: buscar e identificar los actores políticos con objetivos contrapuestos. Simplificando mucho, el sector independentista, con muchos matices y variedades, a grandes rasgos persigue la independencia de Catalunya. Siendo el Gobierno de la Generalitat un transmisor, un simple canal, pues si en las próximas elecciones catalanas convocadas para febrero de 2021, el gobierno cambiara totalmente de color político, el conflicto no dejaría de existir porque el movimiento independentista seguiría vigente. Es por eso que el primer actor de la contienda es a grosso modo el independentismo. Este objetivo de una Catalunya independiente es directamente contrario al del Estado español. Por tanto, el otro actor no es el gobierno que haya en la Moncloa. Pues ese sería meramente portavoz o canal, pero quien verdaderamente tiene como objetivo la unidad de España es el propio Estado. En este caso, el Estado incluye un conjunto de instrumentos, mecanismos y colectivos que no están necesariamente bajo el control del gobierno. El Estado es un actor mucho más abstracto y difícil de delimitar que un gobierno con personas, nombres, apellidos y programa electoral. Por eso, de forma simple, podemos concluir que los actores en conflicto son, a grandes rasgos, el independentismo y el Estado español.

En segundo lugar, es necesario identificar cuáles son los objetivos contrapuestos. Aquí simplificar las cosas en pocas palabras supone una complicación mayor. Muy a menudo, los actores en cuestión verbalizan un objetivo que no siempre es el que verdaderamente se está persiguiendo. En nuestro caso: el movimiento independentista dice perseguir la independencia respecto a España, convirtiendo a Catalunya en un estado propio. Des del ámbito del análisis y la resolución de conflictos, utilizando distintos instrumentos, se analizaría algunos actores del sector independentista para así ver si su objetivo verbalizado es verdaderamente el real. Pues podría ser que, una parte del sector busque realmente un estado propio para así desarrollar políticas públicas más sociales u otra forma de estado distinto. En cambio, otro sector podría buscar la independencia en sí misma como fin. Detectar el objetivo real es fundamental, pues la solución al conflicto sería distinta en el primer caso respeto al segundo gracias al hecho de tener un objetivo que no es tan directamente contrario –conseguir un estado más social o una república, por ejemplo– que el inicial –la independencia–. Del mismo modo, si aplicamos los mismos instrumentos analíticos al segundo actor del conflicto, también encontraremos distintas respuestas. No es lo mismo que para el Estado sea prioritario conservar la unidad territorial como fin en sí mismo –por lo tanto, un objetivo completamente incompatible con la independencia– que como medio. Por ejemplo, el objetivo real del Estado podría ser evitar otra guerra civil, tener una democracia completa, o defender una visión concreta de la identidad española. La posible resolución del conflicto variará enormemente en función de sus objetivos reales.

Una vez detectados los actores, el segundo paso será el de identificar los objetivos contrapuestos. Imaginando el peor de los escenarios, donde el objetivo real es, por una parte, la independencia en sí y por otra, la unidad del Estado, estaríamos hablando de simples objetivos políticos. A pesar de eso, en el conflicto nos encontramos también con grupos lingüísticos y distintos discursos culturales e identitarios, es por ese motivo que hay que hablar de un conflicto sociopolítico. De todos modos, cabe recalcar que eso no establece de forma definitiva la confrontación, en el conflicto, de dos grupos homogéneos, cohesionados y cerrados que se puedan catalogar como grupos étnicos en el sentido más amplio y constructivo del término. En efecto, ni el Estado español tiene una única identidad nacional, lingüística y cohesionada que defiende la unidad territorial, ni tampoco la tiene el independentismo, el cual en ningún caso se identifica únicamente con una comunidad o colectivo homogéneo en el sentido identitario. A pesar de eso, si que podemos detectar características mayoritarias dentro de cada parte del conflicto. De esta forma, y dejando aparte los objetivos políticos, es posible que una gran parte de las sociedades representadas tanto por el Estado como por el movimiento independentista, puedan tener objetivos culturales-identitarios.

Gestión y resolución del conflicto

Una vez realizado el análisis inicial sobre el escenario de los conflictos, se puede continuar hacia la segunda y tercera fase: la gestión y la resolución del conflicto. Muchas veces uno se pregunta por qué los actores están dispuestos a gestionar el conflicto. O, más bien, por qué el actor que se encuentra en una situación de ventaja respecto al otro, desea llevar a cabo esa gestión. La respuesta des del ámbito de resolución de conflictos es muy clara: por mucho que el actor poderoso pueda pensar que participando en la gestión no va a ganar nada, ya que con la existencia del choque este sigue ganando, en verdad no es así. En el caso analizado, vemos por ejemplo que, con la prolongación del conflicto, en ausencia de gestión al respeto, únicamente se consigue que crezca la desafección de la población independentista respeto al Estado, sus instituciones y lo que estas ofrecen. Incluso entre la población catalana o del resto del Estado que no sea independentista, puede crearse una percepción de desconfianza hacia ciertos instrumentos o mecanismos estatales. También podrán darse otros resultados como la pérdida del reconocimiento internacional, perdidas económicas o una ruptura del contrato social que todos los individuos que vivimos en un estado tenemos. Y aunque a simple vista las citadas consecuencias puedan resultar mínimas, la verdad es que, a largo plazo, cualquier estado que quiera considerarse democrático, debería tenerlas en cuenta. Por ese motivo, todas las partes del conflicto tienen incentivos para querer gestionarlo y resolverlo, incluso si a veces esos incentivos no se pueden apreciar a primera vista.

En el caso catalano-español, nos encontramos ahora mismo en la segunda fase: la gestión. Durante los últimos años, no se ha querido identificar oficialmente la existencia de un conflicto, sino que este se ha tratado como casos delictivos aislados, un movimiento político ilegítimo o una opción legítima sin salida. Mientras el conflicto no se identificó ni reconoció oficialmente, ello impedía llevar a cabo la gestión.

Por ese motivo, y aunque pueda parecer irrelevante, que el Gobierno español empezara a hablar principios de 2019 del “conflicto catalán” y no del conflicto “entre catalanes” supone un paso importante. Otro sería el hecho que, en la Mesa de Diálogo y Negociación, se establecieran los actores, condiciones y el formato de este conflicto, aunque siguiendo un buen análisis teórico estos podrían matizarse. La Mesa supuso el primer paso, insuficiente pero necesario, para iniciar la gestión. Eso sí, nada desgasta más a una situación conflictiva que tener a nuestra disposición medidas visibles que no nos llevan a ningún sitio. Anunciar mesas de negociación, reuniones o pactos sin ni siquiera dotarlos de contenido. Sin voluntad real de gestionar, las posiciones no se mueven, sino que se enrocan aún más. Si no se gestiona el conflicto, no se está colaborando para hacer disminuir sus efectos y, por lo tanto, se corre el peligro de que este se prolongue y se mantenga vivo: y aunque el conflicto probablemente no cause violencia por parte de ninguna de las partes involucradas sus consecuencias seguramente vayan calando en las partes enfrentadas de forma irreversible.

Este es el punto en el que nos encontramos ahora. En la actualidad, estamos inmersos en una pandemia global que ha tenido un impacto en todos los sectores públicos y comunes, y a eso le tenemos que añadir además una convocatoria electoral controvertida y llena de tensiones entre las partes en conflicto.

En el momento de escribir este artículo, tanto el Gobierno central como algunos partidos independentistas ya habían anunciado sus intenciones para retomar la Mesa de Diálogo y Negociación. Sería fenomenal que estas voluntades fueran reales y firmes, y llevasen aparejadas acciones concretas. Pero si eso no se da, y las partes no tienen voluntad real para encontrar una solución al conflicto, este puede estancarse. Y aunque no haya presencia de violencia física, el conflicto catalano-español es actualmente un conflicto abierto. Como bien argumenta Johan Galtung, la violencia física no es la única posible. Existen otros tipos como la violencia estructural y la violencia cultural que tienen también unas consecuencias altamente costosas, la mayoría de veces mucho menos visibles. Estos dos tipos de violencia están vigentes en conflictos latentes, como en nuestro caso de estudio. La violencia estructural es aquella que se ejerce desde las mismas estructuras del escenario o desde una posición de poder. Aquí, una parte del conflicto percibe como violencia estructural las acciones y operaciones de las fuerzas policiales y judiciales del Estado, en contra del pueblo y de los líderes independentista. Por otra parte, la violencia cultural es aquella que se da cuando, en un grupo social, se normaliza el odio, los insultos, la marginalización o la estigmatización del otro. Si no se empieza a gestionar el conflicto, únicamente contribuiremos a que estas violencias vayan expandiéndose por los estratos sociales, de tal forma que el mal sea cada vez más profundo, afectando a un mayor número de personas. ¿Es posible por lo tanto que el conflicto catalana-español se convierta en un conflicto político cerrado?

En este sentido, el académico Edward Azar desarrolló el concepto de Conflicto Social Prolongado (Protracted Social Conflict en inglés). Según Azar, este tipo de conflictos son extremadamente peligrosos pues pueden afectar a generaciones enteras de ambas sociedades, y llevarlas a vivir en una situación de conflicto permanente, bajo el nombre de No War No Peace. Azar desarrolla sus estudios en el ámbito concreto de conflictos armados, y, por lo tanto, el caso catalano-español no se incluiría. A pesar de ello, podemos utilizar algunos de sus elementos para establecer paralelismos. Entre los elementos que Azar identifica en un escenario de conflicto prolongado, nos encontramos con la polarización entre dos colectivos identitarios –el independentismo y el no-independentismo–, la creciente desafección hacia las instituciones estatales por parte del independentismo, y los respectivos aliados internacionales con sus vínculos y simpatías. Bien es cierto que el elemento de la prohibición de bienes básicos no se da, aun así, algunos podrían argumentar que las restricciones de libertades políticas, las sentencias judiciales aplicadas a líderes independencias y los múltiples castigos y casos pendientes entre la ciudadanía independentista, formar parte de esa prohibición. La limitación de derechos fundamentales, la imparcialidad dudosa de los estamentos jurídicos y el uso de la fuerza el 1 de octubre de 2017 se incluirían en este escenario.