Entre el vórtice y la mónada. Catalunya y España ante el reto de la diversidad integradora

Catalunya y España afrontan un escenario de conflicto que, según transcurre el tiempo se hace más irresoluble debido a su cronificación histórica y su actual enquistamiento. La responsabilidad de esta situación tiene como principales causantes de la parálisis y del frentismo a los actores que gestionan a nivel político el relato de la confrontación. Por un lado, los partidos políticos que desde el secesionismo y el constitucionalismo tensan los debates y favorecen el desencuentro. Y por otro, las instituciones, que rehúsan desarrollar marcos deliberativos que contribuyan eficazmente, desde la lealtad cooperativa que fundamenta la convivencia democrática, a buscar soluciones que desactiven el conflicto y lo canalicen hacia las prácticas de consenso y pacto que sustentan la paz social.

Resolver la cronificación histórica que se mencionaba más arriba desborda el marco más inmediato de la urgencia que percute sobre Catalunya. Sin embargo, comprender su proceso es imprescindible ya que explica la inercia de un impulso de desencuentro que se mantiene vivo a pesar del transcurso de los siglos.

El proceso que ha activado la cronificación histórica del problema catalán nace del encaje que Catalunya ha tenido dentro de España a lo largo del tiempo. Un encaje que ha sido visto como un problema asociado a la manera en que el Estado ha tratado de acomodar la compleja diversidad cultural, lingüística y jurídica que acoge dentro de su perímetro común y que ha ido evolucionando desde la unidad de las Corona de Castilla y Aragón producida en 1479 hasta el modelo territorial contenido en la Constitución de 1978.

Un problema que, como se pone en evidencia en estos momentos, no ha logrado ser resuelto mediante un consenso definitivo al respecto. España al día de hoy es, como sucede con otros países democráticos de nuestro entorno, un Estado complejo con un modelo de gestión de su diversidad territorial que está seriamente cuestionado. Entre otras razones porque alguno de los interesados en él no se sienten plenamente reconocidos en su identidad y reclaman mayores cuotas de autogobierno.

Esta circunstancia actúa como el núcleo esencial del problema catalán que analizamos aquí y alrededor de ella recae la entraña del diagnóstico. Nos enfrentamos, por tanto, ante una situación conflictiva que tiene su origen en que la mayoría de la sociedad catalana no se siente satisfecha, con diferentes matices y de forma distinta, es cierto, con el marco y el nivel de autogobierno que se desprenden de la Constitución de 1978.

Así lo pone de manifiesto el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya que, en el informe de resultados de la segunda ola de 2020, mantiene la constante de que para el 60,9 por 100 de la población hay un nivel insuficiente de autonomía, frente al 27,4 que lo considera suficiente y el 5,3 demasiado. Datos que deben relacionarse con la respuesta que se da a la cuestión sobre cuál debería ser la forma de autogobierno deseada para Catalunya y que, en la mencionada ola, señala que para el 33,9 por 100 sería un Estado independiente, un 22,9 un Estado dentro de una España federal, un 29,6 una Comunidad Autónoma de España y un 6,8 una región de España.

Un conflicto histórico en tiempos de polarización

Esta insatisfacción acerca del nivel de autogobierno no ha sido gestionada correctamente por la Generalitat y ha dado lugar a que el Estado no haya sabido encauzarla ni neutralizarla positivamente. Hasta el punto de que, la suma de las iniciativas desarrolladas por ambos, lejos de amortiguar el problema, lo ha agudizado en su negatividad. Incluso, han llevado el conflicto a que se vulnerase gravemente la legalidad estatutaria y constitucional, tal y como sucedió en los meses de septiembre y octubre de 2017.

En este sentido, son los actores políticos que se citaban al comienzo del artículo los que más han contribuido a avivar peligrosamente la confrontación. Algo que se ha producido en un contexto polarizado de posiciones, y donde el protagonismo y la iniciativa han estado en manos de quienes tiraban de los extremos con el fin de impedir que se encontrase una salida consensuada que pusiera fin a una conflictividad binaria que ha impedido e impide cualquier posibilidad de acuerdo legal.

Lo hacen llevados por la superposición de dos dinámicas favorecedoras del conflicto y que he descrito en el encabezamiento como el vórtice y la mónada.

Dos tendencias que favorecen la polarización y que se alimentan de la transformación que experimenta la democracia española que, al igual que el resto de las democracias liberales, ve cómo el fundamento de su legitimidad y las dinámicas de gestión de la diversidad y pluralidad que aloja en su seno, se erosionan por la corriente de populismo que contamina todos los vectores e intersecciones de la política cotidiana.

De hecho, España y Catalunya se adentran en un contexto democrático en el que la normalidad de su desarrollo institucional se descompone aceleradamente. Esto es consecuencia de la incapacidad de sus instituciones por neutralizar la vigencia de las pasiones y los sentimientos en los marcos de deliberación sobre los que se basa la decisión política.

Un proceso que está quebrando los fundamentos de la racionalidad comunicativa que, según Habermas, favorecen la interacción entre los sujetos al establecer un modelo que prima el consenso frente al disenso y la concordia frente al conflicto. Un modelo que obliga a las partes a poner en juego un conjunto de supuestos de naturaleza moral que definan las condiciones necesarias para el diálogo y la adopción de acuerdos por consenso.

Desgaste de la democracia liberal en España

Esta normalidad institucional que llegó a ser modélica en nuestro país se ha deteriorado gravemente en los últimos años. A ello está contribuyendo la persistencia en el tiempo de una experiencia cotidiana de democracia agónica que discurre sobre la normalidad del conflicto y que daña los goznes de legitimidad liberal y de razonabilidad comunicativa, tanto en el conjunto de España como en Cataluña en concreto.

Esta habituación colectiva al conflicto y, con él, a la persistencia anómala de una normalidad atrapada dentro de su perímetro, es lo que propicia una distorsión de la realidad a la hora de identificar el cauce sobre cómo gestionar la diversidad en el conjunto de España con relación a Cataluña y dentro de ésta con relación a ella misma, pues, si importante es acertar en los mecanismos que garanticen la diversidad dentro del Estado, también habrá de hacerse dentro de Catalunya.

Y segundo, la diversidad de lo propio es negada al enfatizarse la cohesión interna. Algo que se hace absorbiendo la totalidad por la fuerza de la mayoría, y aunque aquella no sea homogénea. De este modo, se desarrolla políticamente una mónada comunitaria que niega las diferencias con relación a la diversidad que aloja en su seno y, de paso, se cuestiona la legitimidad sobre la que se soporta su identidad diferenciada al simplificar y empobrecer la democracia a una simple toma de decisiones por mayoría.

De ahí que la suma de coherencia y cohesión esté conduciendo al conflicto catalán a un escenario de suma cero, como veremos más adelante. Algo que ha ido escalando en su proceso y haciendo inviable el retorno a una posición de salida más templada y abierta a la negociación.

Entre otras cosas porque desde octubre de 2017, la política española es incapaz de salir de un terreno de juego empantanado, como se decía antes, por registros de excepcionalidad decisionista. Estos percuten con fuerza sobre el imaginario colectivo a través de la memoria de la amenaza de ruptura de la paz social que se vivió antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Descrédito y desconfianza

Tan vívido y presente está todavía ese imaginario que, desgraciadamente, compromete no solo nuestro presente sino, lo que es más grave aún, nuestro futuro también. Tan abrupto fue, que nada será igual desde entonces, pues, hablamos de un desenlace que fue consecuencia de restaurar por la fuerza una lealtad constitucional que había sido rota por una cadena de irresponsabilidades institucionales protagonizadas por el Parlament de Catalunya y la propia Generalitat. Primero, con la aprobación de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República en septiembre de 2017 y, después, al celebrarse ilegalmente un referéndum de independencia que desembocó en una declaración secesionista de Cataluña el 27 de octubre de ese mismo año.

Desde entonces, el descrédito institucional pesa sobre las instituciones en las que se funda el autogobierno de Catalunya. Algo que se traduce en la confirmación de que los promotores de estas decisiones renunciaron a pensar e interpretar la realidad en términos deliberativos y de consenso. No en balde, decidieron estas medidas desdeñando el marco de una gobernanza integradora de la diversidad catalana y sin pensar que al adoptarlas dejaban fuera, probablemente, a la mayoría de la sociedad.

Por otra parte, la actitud de los gobernantes españoles y de sus instituciones ha sido desde entonces mantener la puerta cerrada a cualquier debate de fondo sobre el futuro político de la relación del Estado con Catalunya. Una actitud que no oculta su desconfianza sobre los titulares de la interlocución institucional que representa a Catalunya debido a la deslealtad vivida en el pasado. El problema de esta posición reside en que transmite la impresión de que ve en la Generalitat un interlocutor potencialmente desleal al que mantiene bajo vigilancia. Una impresión que permite al Estado utilizarla como excusa para bloquear “sine die” cualquier intento de reforma legal que modifique el diseño de diversidad territorial previsto en la Constitución.

Un equilibrio de suma cero

Así las cosas, sufrimos un impasse bajo el que se desliza la inercia de un conflicto cronificado históricamente y que, tras su último episodio crítico, no quiere resolverse de forma inmediata.

Sobre todo porque, si se hiciera, nos situaría ante el reto como país de compatibilizarlo con una interacción compleja de problemas que, agudizados por la gestión de la pandemia, está poniendo en cuestión todo el sistema constitucional, así como el pacto político que lo fundó tras la muerte del Dictador en 1975.

En este sentido, Catalunya es una de las piezas más sensibles dentro de esa interacción y una de las manifestaciones más evidentes de que la arquitectura institucional de nuestra democracia padece una crisis de materiales que comprometen actualmente la continuidad del modelo surgido de la Constitución.

¿Acaso no ha sido Catalunya uno de los hilos argumentales de la narración política que ha acompañado el deterioro paulatino de la misma a partir de los debates sobre el pacto del Tinell y el arranque del Estatut de Cataluña en la última legislatura de gobierno de Aznar y que, posteriormente, se fue prolongando y agudizando con sucesivos episodios críticos durante los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez?

No podría interpretarse nada de lo sucedido en España desde diciembre de 2003 hasta ahora sin ese hilo argumental. Alrededor de él se han trenzado tensiones e incertidumbres que nos han traído hasta la situación actual, donde vivimos un punto parecido a lo que en la llamada teoría de juegos no cooperativos se denomina, tal y como adelantábamos hace un rato, una suma cero. Esto es, cuando los jugadores que actúan políticamente a un lado y otro de la interlocución acerca del conflicto toman sus decisiones independientemente el uno del otro, llevados siempre por un compartimiento que busca su estricto beneficio personal.

Reevaluar las estrategias

Este proceso de autocrítica es imprescindible para guiar una parte fundamental de los análisis estratégicos de los interlocutores. Especialmente debido a la esterilidad de los resultados alcanzados y que evidencian que el óptimo deseado por cada uno de ellos no ha sido conseguido por ninguna de las vías ensayadas hasta el momento. En este sentido, retomando el estudio del Centre d’Estudis d’Opinió antes citado, los bloques favorables a la independencia y en contra de ella se mantiene en un equilibro por mitades desde diciembre de 2014 hasta julio 2020. Entonces el sí a la independencia estaba en un 44,5 por 100 y el no en un 45,3, y ahora, después de altibajos sucesivos que nunca desbordaron en la serie histórica el marco de equilibrio que mencionaba, en un 42 y un 50,5 respectivamente.

A la vista de estos datos, los partidos secesionistas deberían interiorizar que no lograrán avanzar en el objetivo de lograr la independencia de Catalunya si no admiten que la mayoría de la sociedad catalana no les secundará con su apoyo. Entre otras razones, porque la diversidad que aloja en su seno el territorio es tan compleja que ya no es abarcable por un relato secesionista que pretenda agrupar simplificadamente el sentimiento, siquiera mayoritario, del conjunto de la sociedad. Un sentimiento que alrededor, entre otras cosas de la naturaleza cultural y lingüística de la diversidad catalana, arroja datos como los que ofrecía el pasado mes de septiembre la encuesta realizada por GAD3 para La Vanguardia y en la que se constataba que la lengua que se habla habitualmente en casa era el castellano en un 41 por 100, el catalán en un 34 e indistintamente ambas lenguas en un 25.

Por su parte, los partidos constitucionales deberían interiorizar también que no convencerán de la adhesión inquebrantable del conjunto de la sociedad catalana a la unidad de España, si ésta no manifiesta su disposición a reformar el modelo de gestión de su diversidad y formula, a su vez, una solución que sea plenamente respetuosa con ella. Aquí merece la pena destacarse también los datos que la citada encuesta de GAD3 ofrecía sobre cómo se veían los catalanes a sí mismos en materia de identidad, reiterándose una constante en series históricas parecidas en los últimos años, pues, el 48 por 100 de los catalanes se sienten tan españoles como catalanes, el 23 más catalanes que españoles, un 15 únicamente catalanes, un 5 únicamente españoles y un 4 más españoles que catalanes.

Pero para poder acertar en esta disposición de reforma, el Estado debe estar abierto a proponer y trabajar sobre una hipótesis realizable. Una hipótesis que, además, esté basada en la oportunidad de mejorar el modelo de reconocimiento y gestión de lo diverso que hay dentro de España. Máxime cuando es evidente que el conflicto catalán existe y persistirá en ello si no se consigue pactar un encaje adecuado para Catalunya.

De hecho, hay que asumir en el resto de España un presupuesto imprescindible si se quiere alcanzar un marco de estabilidad que dé certidumbre y seguridad jurídica a la relación entre el Estado y Cataluña de cara al futuro. Y este presupuesto no es otro que admitir que Catalunya, como señalábamos al comienzo al citar el informe del Centre d’Estudis d’Opinió, no encuentra en la fórmula de autogobierno diseñada por la Constitución un reconocimiento legal de su identidad que refleje el sentido mayoritario de la sociedad. Esto, además, no puede ser desechado sin más alegando que es una ficción ideológica gestada por las elites del nacionalismo histórico. Responde a una percepción profunda, más o menos generalizada en el inconsciente colectivo catalán, que se proyecta en forma de diferentes intensidades de experiencia.

Avanzar desde la autocrítica

Así las cosas, la autocrítica debería ayudar a sacar a la luz estas reflexiones e integrarlas dentro de una nueva estrategia que trabaje no solo por una solución negociada del conflicto, sino que sea capaz de sanar y reparar las tensiones, malestares e insatisfacciones que lo acompañan desde hace siglos. Una tarea que ha de darse desde el convencimiento previo de los actores de que el conflicto que viven Cataluña y España no se resolverá unidireccionalmente ni tampoco en solitario, sino bidireccionalmente y dentro de un sistema de vasos comunicantes que respete las diversidades recíprocas.

La constatación de esta autocrítica y su interiorización son esenciales para poder avanzar siquiera en la reconstrucción de una racionalidad comunicativa que permita restablecer los cauces de un diálogo roto que urge restaurar. Entre otras cosas, porque la encuesta de GAD3 reflejaba una abrumadora mayoría de la sociedad catalana favorable a un diálogo dentro de la legalidad.

Hablamos, por tanto, de un cambio de estrategia que sustituya la retroalimentación del vórtice argumentativo que primaba la coherencia por la introducción de recursos autocríticos que desactiven aquella y le haga porosa a la contradicción y la ambigüedad. Conceptos ambos que son la antesala para cualquier proceso de negociación con vocación de continuidad y autenticidad.

Esta dinámica de reformulación de una racionalidad comunicativa que restablezca el respeto, la sinceridad y la búsqueda de soluciones consensuadas al conflicto es básica para quebrar la cohesión forzada del frentismo. Algo que es especialmente necesario y urgente en estos momentos. Cuando la fatiga de materiales que muestra, por un lado, la democracia española y, por otro, la sociedad catalana, hace que corramos el riesgo de una superposición de colapsos sistémicos en una y otra ante el estrés acumulado que arrastran a sus espaldas desde que el siglo XXI comenzó su andadura impulsado por una sucesión de crisis nunca resueltas del todo.

Es indudable que esa fatiga de materiales opera también en la voluntad de acción y resistencia de los actores que se sitúan a un lado y otro de la frontera o el límite del conflicto. Y cuando hablo de actores no solo me refiero a los institucionales –Gobierno de España y Generalitat de Catalunya–, si no también a los partidos, tanto a nivel estatal como catalán. Todos ellos exhiben una pobreza argumentativa tan elocuente como su capacidad imaginativa a la hora de hacer evolucionar sus relatos. De hecho, viven instalados en una posición de confort confrontativa en la que el enquistamiento de posiciones acelera el vórtice de radicalizarlas buscando, eso sí, un incremento de la coherencia interna de sus tesis que compensa el nulo avance que las mismas entre la sociedad o la opinión a la que se dirigen.

Es aquí donde el vórtice expele los márgenes de diversidad y concentra y homogeneiza el núcleo de los relatos que acompañan la acción de los interlocutores. Esto es especialmente grave en Cataluña, aunque va abriéndose camino también en España, que se contagia de una corriente de nacionalismo fóbico hacia las diferencias y la diversidad que conecta directamente con el fascismo que alimentó la interpretación de la Nación española asumida por el franquismo.

Liderar el diálogo institucional

Saber trabajar en este quicio tan complejo requiere habilidades específicas que faltan en estos momentos entre los líderes políticos que conocemos. Pero que falten no significa que la oportunidad que mencionemos no se dé. Ni que tampoco puedan aparecer nuevos líderes que apuesten por ella al encontrar la fórmula que ahonde en la fractura de la homogeneidad de los relatos en conflicto, favorezca la coralidad dentro de los mismos y articule posibilidades de mayoría de acuerdo desde fuera de los bloques de confrontación que hasta el momento han hegemonizado la interlocución del conflicto.

Cuándo podremos ver que esa oportunidad que mencionamos encuentre interlocutores, es algo que dependerá de la evolución de la pandemia. Pero, sobre todo, de las necesidades de reseteo social, político y económico que surjan de una ciudadanía hastiada con lo que vivido hasta ahora y que, además, busque pasar página definitiva y empezar de cero. Entonces quien ofrezca un relato sincero desde la autocrítica y renueve la confianza de mirar hacia delante y proponer una solución que garantice un marco de diversidad integradora sin exclusiones, estará dando los pasos para acertar en el encaje de una Cataluña que pueda sentirse bien dentro de España.

La mesa de diálogo institucional desarrollada en el Congreso de los Diputados debería ser un escenario que propiciara un debate sereno basado en la lealtad cooperativa y la búsqueda de un interés general compartido que apostara por el reconocimiento de la diversidad recíproca y los derechos que amparan a su manifestación bajo la premisa insustituible del pluralismo y la defensa de los derechos de las minorías.

Este diálogo, debería ser un primer paso que debería actuar como una palanca que sustituyera el choque conflictivo por la negociación consensuada. Un diálogo que debería ir acompañado por la asunción por los partidos instalados en el secesionismo de que el conflicto no se resolverá nunca por una simple mayoría puntual manifestada democráticamente en unas urnas. Algo que, por su parte, debería dar lugar en justa correspondencia a que los partidos constitucionalistas aceptaran que una democracia verdadera no puede convivir permanentemente con el rechazo, por principio, a admitir consecuencias políticas si se diera una persistente voluntad mayoritaria de secesión en uno de sus territorios.

Estas circunstancias y la aceptación de que las reglas de juego procedimentales que una democracia fija, a través de la primacía del principio de legalidad, no son modificables si no es dentro de esa misma legalidad, deberían ser suficientes para definir un marco de diálogo institucional aceptable por las partes si estuvieran dispuestas sinceramente a ello. Eso es lo que vino a resolver conceptualmente el famoso Dictamen sobre la Secesión de Quebec elaborado en 1998 por el Tribunal Supremo de Canadá a instancias del gobierno federal de este país.

Y aunque el modelo federal canadiense y el diseño autonómico español no son lo mismo, ni tampoco el perímetro constitucional que los fundamenta en cada caso, lo cierto es que el dictamen aloja ideas que deberían ser revisitadas y adaptadas a nuestra idiosincrasia.

Y así, con relación al voto democrático habría que recordar que “fuera cual fuese la amplitud de la mayoría”, esta no tendría por sí mismo “ningún efecto jurídico y no podría desplazar los principios del federalismo y de la primacía del derecho, los derechos de la persona y de las minorías, así como tampoco el funcionamiento de la democracia en las otras provincias o en el conjunto del Canadá”. Reflexión que refuerza con la idea de que los “derechos democráticos establecidos en la Constitución no pueden disociarse” nunca “de las obligaciones constitucionales”.

Bajo este marco teórico como presupuesto, la mesa del Congreso y los trabajos que se vinculen a ella, debería estar abierta no solo a la posibilidad de una mejora del sistema de financiación, la elaboración de un nuevo Estatut, la tramitación de una reforma constitucional o, incluso, la celebración de una consulta a la sociedad catalana y al pueblo español sobre la fórmula de encaje de Cataluña dentro del Estado y de acuerdo con lo previsto en la Constitución al respecto.

En este último caso, no cabe duda de que una consulta de esta naturaleza debería respetar los mecanismos legalmente establecidos para ello. Eso significaría que, salvo reforma constitucional, la posibilidad de un referéndum solo sería viable en toda España. Algo, por otra parte, muy saludable democráticamente porque permitiría reflejar el estado de opinión real sobre este tema dentro del conjunto del Estado y en Cataluña en particular. Tendríamos así, más allá de cual fuera el resultado, una fotografía fija y precisa que nos permitiría saber qué opina el pueblo español y la sociedad catalana, y si existe realmente un conflicto que sea visibilizable en los términos que los actores políticos nos han venido trasladando hasta el momento.

De darse esta solución, habría que abordarla sin visiones unilaterales ni confrontativas, comprendiendo que la historia no ha de ser un obstáculo si no una oportunidad para retomar el pulso con ella. Algo que tendría que llevar aparejado algo que, en mi opinión, es imprescindible abordar se dé o no una consulta como la que comentábamos hace un momento: el reconocimiento constitucional para España de una idea de Nación compleja y diversa, alimentada por naciones culturales en su seno, y que mediante el encaje adecuado de estas dentro de la Nación común, contribuyera a que nuestro país fuese más auténtico con sus propios fundamentos y su razón de ser. Quizá fuera bueno recuperar para ello la lectura de aquel título esclarecedor que Julián Marías dedicó a uno de sus mejores ensayos: “España inteligible. Razón histórica de las Españas”.