Estado de los derechos humanos en África Subsahariana: avances, vulneraciones y retos pendientes en tiempos de pandemia

Desde inicios de la década de 1990, África subsahariana está inmersa en lo que algunos autores denominan la “tercera ola de democratización africana” [1]1 — Véase por ejemplo: Branch, Adam y Mampilly, Zachariah (2015); Africa Uprising. Popular protest and political change, ZedBooks, Londres; Badri, Balghis y Tripp, Aili M. (eds) (2017); Women´s Activism in Africa, ZedBooks. Londres. , que ha dado paso gradualmente a la consolidación de sistemas multipartidistas basados en la pluralidad política y la apertura a la participación de la sociedad civil, superando poco a poco los sistemas de partidos únicos de estado que se habían implantado progresivamente en la mayoría de países del continente desde los años setenta. Aunque los resultados son desiguales, los países del continente han persistido en esta dirección, dotándose de instrumentos y metas para seguir progresando en alcanzar mayores cotas de democracia, participación política y estabilidad. En este sentido, en mayo de 2013, año del 50 aniversario de la formación de la Organización de la Unidad Africana (OUA), los Estados miembros de la Unión Africana (UA, refundada en 2002) firmaron la Declaración Solemne del 50 Aniversario, que sentó las bases para el desarrollo de la Agenda 2063: The Africa We Want.

1. Introducción: algunas tendencias generales en África subsahariana

La Agenda 2063 representa una manifestación del impulso panafricano de unidad, autodeterminación, libertad, progreso y prosperidad colectiva. Consta de siete aspiraciones que se centran en el desarrollo socioeconómico, la cultura, la gobernanza democrática y la paz y la seguridad, al tiempo que enfatiza el desarrollo de sociedades inclusivas y el empoderamiento de mujeres y jóvenes. En este sentido, destacamos, con motivo de este capítulo, dos aspiraciones de la Agenda: la aspiración 3, centrada en construir una África basada en el buen gobierno, en la democracia, el respeto por los derechos humanos (DDHH), la justicia y el imperio de la ley, que incluye la voluntad de establecer un liderazgo fuerte y democrático, poniendo especial énfasis en la integración regional; y la aspiración 4, que tiene como objetivo alcanzar un África pacífica y segura. Cabe remarcar que la Agenda 2063 se construye sobre la base de la propuesta de la ONU, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se articula a través de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Primer Plan Decenal de Implementación de la Agenda 2063 (FTYIP) cubre 2014-2023, y está formado por 13 proyectos, en donde uno de los más significativos ha sido el de “Silenciar las armas en 2020”. Así, la UA se comprometió en el año 2013 a poner fin a todas las guerras presentes en el continente para el año 2020 [2]2 — Mo Ibrahim Foundation (s/f); “Agendas 2063 y 2030: Is Africa on Track?”,African Governance Report. Disponible en línea. Última visita el 24/12/2020. . Bajo el lema “Silenciar las armas en 2020”, el organismo regional adoptó una hoja de ruta sobre la premisa de que la paz, la seguridad y el desarrollo socioeconómico debían ser perseguidos de forma simultánea. Recientemente, durante la 33ª Cumbre de la UA celebrada en Addis Abeba (Etiopía) en febrero de 2020, este objetivo volvió a ratificarse. Sin embargo, la evolución desigual de las dinámicas de cada contexto de conflicto así como las agendas dispares en materia de seguridad y resolución de conflictos, han dejado un panorama incierto que ha impedido el cumplimiento de la meta.

A su vez, y según se desprende de los datos del último informe del Índice Ibrahim de Gobernanza Africana, que realiza la Fundación Mo Ibrahim, si bien la gobernanza africana ha mejorado en la última década (2010-2019), principalmente debido avances en materia de oportunidades económicas y desarrollo humano, el progreso se ha visto ralentizado durante los últimos cinco años, empeorando por primera vez, en casi una década, en el año 2019. El deterioro se debe a la caída de los indicadores en las áreas de DDHH y participación e inclusión, así como en los relativos a seguridad y estado de derecho. De forma específica, el informe señala que si bien el continente ha ido avanzando en materia de buena gobernanza, la amenaza que representa el deterioro de la situación de seguridad cada vez más precaria, así como la erosión de los DDHH y del espacio de participación cívico y democrático, pueden poner en riesgo los avances conseguidos[3]3 — El Índice se basa en el desarrollo de una encuesta en donde se clasifica a los 54 estados africanos según diversos criterios que miden la percepción ciudadana sobre: seguridad, derechos humanos, estabilidad económica, leyes justas, elecciones libres, corrupción, infraestructura, pobreza, salud y educación. Mo Ibrahim Foundation (2020); 2020 Ibrahim Index of African Governance. Disponible en línea. Última visita el 23/12/2020. .

Algo similar se desprende del último informe de Freedom House, relativo al año 2019, en el que se muestran avances y retrocesos en el acceso de las personas a los derechos políticos y las libertades civiles. En lo que respecta a África subsahariana, señala que si bien 15 países africanos obtuvieron avances, otros 22 sufrieron descensos de puntuación. La región de África subsahariana resaltó por liderar las tendencias globales en los dos sentidos, tanto positivos como negativos: de las 12 mayores caídas producidas a nivel mundial, siete se registraron en África subsahariana (principalmente en Benín, Mozambique, Tanzania, Burkina Faso, Guinea, Malí y Nigeria), y por otro lado, de los siete países que presentaron mejoras significativas, seis de ellos se produjeron en la región (Sudán, Etiopía, Madagascar, Guinea-Bissau, República Democrática del Congo y Eswatini). Ello representa una tendencia esperanzadora en el continente, aunque en general, los retos en materia de gobernanza, libertades y respeto a los DDHH siguen siendo significativos. Freedom House señala que solo siete países subsaharianos se encuentran catalogados dentro de la categoría “libre” –lo cual representa la cifra más baja desde 1991– en donde reside el 9% de la población de la región. Por el contrario, 19 países están catalogados bajo la categoría “no libres”, concentrando el 11% de la población, entre los que destacan República Centroafricana (RCA), Libia, Somalia, Sudán, Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur y Eritrea [5]5 — Freedom House (2020); Freedom in the World report. Disponible en línea. Última visita el  24/12/2020. Véase también Temin, Jon (2020); “Democratic trends in Africa in four charts”, Freedom House. Disponible en línea. Última visita el 4/12/2020. .

En general, las libertades políticas y sociales en África subsahariana han estado condicionadas por los escenarios de conflictividad armada, así como por los procesos transicionales generados en el continente. Según la Escola de Cultura de Pau, en el año 2020 se registraron en el continente 15 escenarios de conflictividad armada (incluyendo Libia), algunos de los cuales han padecido un deterioro en la situación de seguridad en el último año, afectando gravemente a las poblaciones civiles y generando importantes crisis humanitarias [6]6 — Escola de Cultura de Pau (2021); Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Icaria, Barcelona. . A su vez, la mayoría de estos escenarios de violencia se han caracterizado por la vulneración de DDHH, produciendo en muchos casos denuncias de diferentes organismos contra las partes enfrentadas de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad. Por otro lado, en materia de apertura democrática, como hemos señalado anteriormente, la región subsahariana se encuentra inmersa desde hace años en profundos cambios políticos. Liderados por una sociedad civil más pujante y organizada, en donde el papel de los jóvenes y las organizaciones de mujeres está siendo central, las demandas de apertura política y mayor democracia están logrando avances significativos, aunque los cambios no están siendo sencillos. En países con regímenes históricamente cerrados, como es el caso de Angola, Etiopía, Gambia, República Democrática del Congo (RDC) o Sudán, se están experimentado importantes procesos de reformas y apertura democrática, si bien las herencias de los regímenes anteriores aún perduran. Por el contrario, en otros países, el espacio para la actividad política está sufriendo deterioros, como Tanzania, Senegal o Uganda. A su vez, la extensión de los mandatos presidenciales de algunos líderes africanos, como son los casos recientes de Burundi, Ruanda, República del Congo y la RDC, o la intención de extenderlos, como es el caso de Costa de Marfil, Uganda, Camerún o Togo, está generando importantes crisis en la calidad de la gobernabilidad en el continente, así como está produciendo múltiples protestas sociales que están siendo reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad.

2. Marco legal y vulneración de derechos en África subsahariana

El continente africano cuenta con diversos tratados e instrumentos regionales que velan por la protección y defensa de los DDHH. Estos tratados incluyen la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar de los Niños, el Protocolo de la Corte Africana, el Protocolo de Maputo (protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de la Mujer), la Convención de Kampala (para la protección y asistencia de los desplazados internos en África), el Protocolo de las Personas Mayores y el Protocolo de las Personas con Discapacidades. Sin embargo, tal y como señala Amnistía Internacional (AI) [7]7 — Amnesty International (2020); The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020. Disponible en línea.Última visita el 22/12/2020. , el ritmo de ratificación por parte de los Estados miembros de la UA de los tratados regionales africanos de DDHH, sigue siendo lento. A finales de 2020 solo el 54% de los mismos habían sido ratificados, por lo que restan 177 ratificaciones, de las 385 necesarias, para que todos los Estados miembros de la UA se rijan por los siete tratados regionales básicos de DDHH. De ellos, la Carta Africana es la que goza de una ratificación casi universal en el continente, únicamente con la excepción de Marruecos. Por otro lado, en relación a la ratificación de los demás tratados regionales, el 89% de los países ha ratificado la Carta Africana del Niño, mientras que solo el 2% lo ha hecho con el Protocolo de las Personas Mayores, y es llamativo que ningún país ha ratificado, hasta el momento, el de las Personas con Discapacidades, dos años después de su adopción. En este sentido, durante 2020 se lograron algunos avances, produciéndose cinco nuevas ratificaciones: Guinea Ecuatorial, Mozambique y Somalia ratificaron la Convención de Kampala; Benín ratificó el Protocolo de las Personas Mayores; y Etiopía hizo lo propio con el Protocolo de Maputo [8]8 — Amnesty International (2020); The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020, pp-34-35. Disponible en línea.Última visita el 22/12/2020. .

A su vez, a la falta de compromiso de los estados africanos frente a la ratificación de los tratados, se suma el incumplimiento de los gobiernos africanos con las resoluciones de los organismos regionales de DDHH, lo cual está poniendo en riesgo, tanto la función de los mismos, como salvaguardar los DDHH en todo el continente. En el presente apartado analizaremos brevemente cuáles son los derechos más afectados durante el último año, así como los colectivos que más están padeciendo la vulneración de derechos.

2.1. Derechos de las mujeres

Las últimas décadas, especialmente las dos últimas, han visto una aceleración sin precedentes en el desarrollo de protocolos, marcos internacionales y regionales, y cambios constitucionales y legislativos a nivel nacional encaminados a la promoción y protección de los DDHH de las mujeres. Sin embargo, a pesar de la actual casi unanimidad global en la adopción de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW [9]9 — De las siglas en inglés de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (n.del t.). ), principal tratado internacional al respecto que establece obligaciones para los estados miembros, aún dos países del continente —Somalia y Sudán— no son estados miembros debido a resistencias históricas conceptuales entre esta y la ley islámica.

A nivel regional la UA adoptó en 2003 el Protocolo de Maputo —protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de la Mujer— que cuenta actualmente con 42 estados miembros de los 55 de la UA, y en mucha menor medida, su protocolo opcional.

2020 era el año designado por la UA como el Año de la Ratificación Universal del Protocolo de Maputo en un intento de acelerar su expansión efectiva, sin embargo, las conclusiones de la evaluación de logros describen un progreso relativamente lento en su ratificación, nacionalización e implementación. Descrito como uno de las más avanzados de su clase, en 2020 aún hay trece países que no son estado miembro; diez la han firmado, pero no ratificado —Burundi, República Centroafricana, Chad, Eritrea, Madagascar, Níger, República Árabe Saharaui Democrática, Somalia, Sudán del Sur y Sudán—, y tres no han tomado acción alguna —Botsuana, Marruecos y Egipto—. La falta de implementación ha tenido impactos específicos en la protección de los DDHH de las mujeres en contexto de conflicto, con especial incidencia en casos como Sudán del Sur, RDC, República Centroafricana, la Cuenca del Lago Chad, el Sahel y el Cuerno de África, así como exacerbado, en términos generales, dichos impactos en el contexto de la COVID-19. Además, la dejación generalizada en la presentación de informes de progreso de su adaptación a políticas nacionales e implementación por parte de los países miembros —tan solo 9 de 42 han presentado algún informe en los 15 años de existencia del Protocolo, de acuerdo a la propia UA— representa así mismo un importante escollo para la rendición de cuentas y la medición del progreso de los compromisos adquiridos.

Mapa sobre el estatus del Protocolo Maputo. Fuente: Unión Africana, 2020

El Protocolo ha sido especialmente relevante para la aprobación en diversos países de leyes específicas contra la violencia sexual y basada en el género, y en otros casos se han ampliado los mecanismos institucionales estatales para la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Esto incluye legislación contra prácticas tradicionales dañinas como el matrimonio infantil o la Mutilación Genial Femenina (MGF). La prohibición de los diversos niveles de MGF se ha acelerado, y a pesar de que en este caso, la aprobación de leyes y penas a nivel formal no tiene necesariamente un reflejo directo en la reducción de la práctica dada su fuerte implantación social, esta se ha ido reduciendo en países como Costa de Marfil, Nigeria, Etiopía o Kenia. Por el contrario, parece haber incrementado en Chad o Sierra Leona, mientras se ha mantenido en países como Malí o Gambia [10]10 — Koski A, Heymann J. (2017); “Thirty‐year trends in the prevalence and severity of female genital mutilation: A comparison of 22 countries”, en BMJ Glob Health, 2:1–8. .

Entre las dificultades que enfrenta la aplicación del Protocolo, continúan, sin embargo, los recelos en aquellos gobiernos conservadores o con fuerte presencia de grupos de fe conservadores, especialmente para garantizar derechos a la salud sexual y reproductiva como el acceso a métodos anticonceptivos, el aborto o la edad legal de matrimonio, y aquellos entendidos como de índole familiar como la separación, divorcio, propiedad matrimonial, etc.

Como avance significativo podemos señalar el caso de Sudán. A pesar de que, como hemos dicho, no ha ratificado ni la CEDAW ni el Protocolo de Maputo, el país ha realizado avances legislativos muy significativos este año de la mano del nuevo gobierno transicional (recordemos, tras la caída del régimen de Omar al-Bashir en 2019). En noviembre de 2019 el país revocó la Ley de Moral y Orden Público de 1996 que regulaba la presencia pública de las mujeres, su vestimenta y comportamiento, y daba cobertura legal a arrestos arbitrarios, castigos físicos y negación de la libertad de asociación y expresión de las mujeres. Igualmente, el 22 de abril de 2020 se aprobó la enmienda al artículo 141 de la Ley Penal criminalizando a nivel estatal —ya estaba prohibida en algunos estados— la MGF. A pesar de que el código penal mantiene numerosos artículos discriminatorios que limitan la autonomía de las mujeres, se trata sin duda de un importante avance.

2.2. Vulneración de derechos en el marco electoral

La celebración de elecciones en África subsahariana ha continuado siendo una constante en 2020, tal y como viene sucediendo en las últimas décadas. Sin embargo, numerosos procesos electorales han estado marcados por la violencia electoral [11]11 — Se define la violencia electoral como la fuerza coercitiva, intimidación o acoso empleado antes o después de una elección. Los ejemplos de violencia electoral pueden incluir discursos de odio y amenazas de violencia física, arrestos y detenciones arbitrarias, así como enfrentamientos y actos de violencia armada que terminan con víctimas mortales. y la vulneración de derechos de la ciudadanía, convirtiéndose en una peligrosa tendencia que plantea importantes interrogantes sobre la calidad y la consolidación democrática. Prueba de ello es que alrededor del 50% de las elecciones en el continente han padecido este tipo de violencia [12]12 — Birch, S., Muchlinski, D. (2020); “The Dataset of Countries at Risk of Electoral Violence”, en Terrorism and Political Violence, Vol. 32:2, pp.217-236. . Asimismo, en algunos contextos los partidos en el poder han intentado utilizar los diferentes mecanismos a su alcance para perpetuarse en las instituciones, dando pie a las denominadas “crisis de los terceros mandatos”. En paralelo, existe una creciente oposición y movilización de las sociedades civiles en contra de los ataques a la democracia, que ha dado lugar a significativas protestas y movilizaciones populares que recorren gran parte del continente.

Durante 2020, la mayoría de procesos electorales celebrados en la región subsahariana se han visto afectados por un elevado clima de violencia durante la precampaña y campaña electoral, o tras la proclamación de los resultados, por haberse producido irregularidades y fraude durante la jornada electoral o en el recuento de votos. En la mayoría de casos han desembocado en la movilización de las organizaciones de la sociedad civil ante la poca credibilidad de los escrutinios y ante los atropellos de los presidentes de turno, como fue el caso de Camerún y Burundi (febrero y mayo, respectivamente) y Guinea, Costa de Marfil y Tanzania (octubre). El resultado en los cinco casos ha sido la victoria de los sucesores designados (Evariste Ndayishimiye en Burundi) o los partidos en el poder (el Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés, RDPC por sus siglas en francés, de Paul Biya en Camerún) o la reelección de los presidentes en ejercicio (en los otros tres casos). Esto supone el inicio de unos controvertidos terceros mandatos en el caso del guineano Alpha Condé y del marfileño Alassane Ouattara, así como el mantenimiento en el poder del tanzano John Magufuli, cuyo régimen se ha caracterizado por el hostigamiento a la sociedad civil y a la oposición política.

En Guinea, la evolución de la situación fue muy preocupante. El aplazamiento de las elecciones presidenciales de marzo a octubre —debido a la pandemia— y la reforma constitucional, provocaron una grave escalada de la violencia dirigida por los cuerpos de seguridad, con decenas de víctimas mortales. Frente a ello, un grupo de organizaciones encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), advirtieron que el país se estaba “deslizando hacia un ciclo de violencia y represión incontrolable”. Además, se notificaron ataques incendiarios a los colegios electorales de la capital y el uso de munición real por las fuerzas de seguridad.

Asimismo, también se registraron episodios de violencia postelectoral, con enfrentamientos entre partidarios de diferentes candidatos, que fueron especialmente virulentos en Costa de Marfil, en donde el organismo oficial independiente Consejo Nacional de Derechos Humanos, declaró que 55 personas habían muerto y 282 habían resultado heridas entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre. En Guinea y Tanzania se registraron episodios de hostigamiento a la oposición, que en algunos casos se saldó con la detención de algunos de sus líderes. Frente a esas situaciones, organizaciones sociales y partidos opositores llamaron a la protesta, a la resistencia y a la contestación de los resultados.

Las elecciones de Burundi, Camerún y RCA, países en conflicto armado, se vieron afectadas por la existencia de grupos armados que intentaron influir en la campaña electoral, boicoteando el voto y atacando centros electorales en las regiones de North West y South West, en el caso de Camerún; así como en la RCA, donde las elecciones presidenciales del 27 de diciembre se vieron gravemente afectadas debido a la inseguridad reinante y a la obstrucción por parte de grupos armados en el conjunto del país. En Burundi y Camerún, la violencia procedía principalmente del excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad gubernamentales o de las milicias progubernamentales (las juventudes Imbonerakure, del partido Conseil National de Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD) en Burundi), sobre todo durante la campaña electoral, con denuncias de violencia y acoso hechas por la oposición, detención de candidatos y partidarios del opositor Congrès National pour la Liberté (CNL).

Ghana y Benín, dos de las democracias más estables del continente, han visto reducido el espacio político. Las elecciones celebradas el 7 de diciembre en Ghana se vieron afectadas por decenas de incidentes entre partidarios del presidente Nana Akufo-Addo y del ex presidente John Mahama (que reclamaban la victoria en las ajustadas elecciones), causando al menos cinco víctimas mortales. En Benín, inmerso en una crisis política desde 2019, la respuesta a la pandemia afectó a las elecciones municipales de mayo de 2020, que se vieron plagadas de irregularidades denunciadas por la oposición al presidente Patrice Talon. Las subsiguientes movilizaciones fueron dispersadas por los cuerpos de seguridad con munición real.

Por último, cabe destacar el aumento de la tensión política en Uganda debido al inicio de la campaña electoral con vistas a la celebración de las elecciones presidenciales del 14 de enero de 2021. El período de campaña se caracterizó por los asesinatos y la dispersión violenta de los partidarios de la oposición mediante gases lacrimógenos y balas de goma. En las cinco semanas transcurridas desde el inicio de la campaña electoral el 9 de noviembre, decenas de personas murieron en actos de violencia relacionados con las elecciones, la mayoría de ellas asesinadas a tiros por la policía y otras fuerzas de seguridad. El presidente Yoweri Museveni —en el poder desde 1986—declaró públicamente que 54 personas murieron los días 18 y 19 de noviembre en las protestas y los disturbios que siguieron a la detención del principal candidato presidencial de la oposición, Robert Kyagulanyi (conocido popularmente como Bobi Wine).

2.3. Violencia en contextos de conflictividad armada

Tal y como hemos señalado al inicio, si bien la UA se había comprometido en el año 2013 a poner fin a todas las guerras presentes en el continente para el año 2020 bajo el lema “Silenciar las armas en 2020”, los escenarios de conflictividad armada siguen estando presentes en el continente. De manera específica, en el año 2020 se registraron en el continente 15 conflictos armados que están afectando gravemente a las poblaciones civiles, generando importantes crisis humanitarias [13]13 — Estos conflictos armados son: Libia, Malí, región Sahel occidental, región Lago Chad, Somalia, Mozambique –norte–, Etiopía –Tigray–, Sudán –Darfur y Kordofán Sur y Nilo Azul–, Sudán del Sur, Camerún –Ambazonia–, RCA, RDC –este–, RDC –ADF– y Burundi. Escola de Cultura de Pau (2021) “Alerta 2021… op.cit . El llamamiento global al cese al fuego, realizado el 23 de marzo por el Secretario General de la ONU, António Guterres, a todas las partes en conflicto en el mundo con el fin de hacer frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, si bien fue secundado inicialmente por diferentes estados africanos, así como por diversos actores subestatales [14]14 — Véase al respecto Escola de Cultura de Pau (2020); Ceses de hostilidades en tiempos de COVID-19, Apunts ECP de Conflictes i Pau, Nº7. Disponible en línea. Última visita el 10/01/2021. , no logró detener la violencia, generando incluso que diferentes actores aumentaran su participación en conflictos en curso [15]15 — United Nations (2020); Despite Calls for Ceasefire amid COVID-19 Pandemic, Unabated Fighting Could Push Libya to New Depths of Violence, Acting Special Representative Warns Security Council, New York: United Nations. Disponible en línea. Última visita el 03/01/2021. . Por ejemplo, según el centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), las milicias comunitarias en África oriental y occidental participaron en un 70% más de eventos violentos que antes de la pandemia, si bien el centro destacó la importancia de no “atribuir estos cambios únicamente al coronavirus” [16]16 — ACLED (2020); A Great and Sudden Change. Disponible en línea. Última visita el 03/01/21. .

En África subsahariana, los conflictos armados más graves de 2020 fueron Malí, la región Sahel occidental, la región Lago Chad, Somalia y Sudán del Sur. Algunos de estos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en el año, como la región Sahel occidental, siendo el año más mortífero por parte de los grupos yihadistas, que habrían producido un estimado de 4.250 muertes, lo que significa un aumento del 60% en relación a 2019; o Somalia, con más de 2.000 muertes en ese año.

En general, los conflictos armados provocaron múltiples impactos en los territorios en que transcurrían, graves vulneraciones de los DDHH en la población civil y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ejemplo, en Lago Chad se mantuvo la práctica de guerra de secuestros y desaparición de civiles, aumentando a 22.000 las personas que seguían desaparecidas en 2019, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), datos que representan la mayor cifra registrada por la organización a nivel global. Asimismo, respecto a otros impactos o estrategias de guerra, actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, mujeres y niñas de manera significativa. Si bien la mayor parte de los perpetradores de la violencia sexual eran actores no estatales, también se verificó que habían perpetrado violencia sexual Fuerzas Armadas nacionales, policía u otros actores de seguridad en países como la RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. El informe del secretario general de la ONU sobre la protección de los civiles, subrayó que la situación global era trágicamente similar a la de hace 20 años, y que seguían afrontando impactos a corto y largo plazo [17]17 — Escola de Cultura de Pau (2020); Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Icaria Editorial. Barcelona. Disponible en línea. . En relación a este último, según datos extraídos del informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicado a mediados de 2020, a finales de 2019 había en el mundo 79,5 millones de personas desplazadas forzosamente, lo cual significa 9 millones más que el año anterior (70,8 millones en 2019). De ellas, 45,7 millones eran personas desplazadas internas (41,3 en 2019), mientras que 29,6 millones eran personas refugiadas (25,9 en 2019). Las causas del desplazamiento forzado remiten principalmente al impacto de los escenarios de conflictividad armada, así como a diversos tipos de desastres naturales vinculados a la crisis climática. De manera específica, en África subsahariana, la RDC ocupa el primer lugar en población desplazada en el continente (6,4 millones), seguido por Sudán del Sur (3,5 millones), Nigeria (2,9) y Sudán (2,9 millones) [18]18 — UNHCR (2020); Global Trends Forced Displacement 2019, UNHCR, Ginebra. Disponible en línia. .

También es significativo señalar que en múltiples escenarios de conflictividad armada se produjeron denuncias de organismos de DDHH acusando a las fuerzas de seguridad del Estado de cometer ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra. En Nigeria, AI denunció que tanto Boko Haram como las Fuerzas Armadas nigerianas han cometido crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad. Según sus cálculos, desde el año 2011, en el contexto de la guerra contra Boko Haram, al menos 10.000 personas han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado [19]19 — Amnesty International (2020); My heart is in pain”: Older people’s experience of conflict, displacement, and detention in Northeast Nigeria. Disponible en línea. Última visita el 24/12/2020. . En Mozambique, también se registraron acusaciones contra miembros de las fuerzas de seguridad por su supuesta implicación en violaciones de los DDHH, torturas, participación en asesinatos indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales. Organismos como Human Rights Watch (HRW), la Comisión Nacional de Derechos Humanos o AI solicitaron al Gobierno una investigación independiente e imparcial sobre episodios de torturas y otras graves violaciones a los DDHH presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad en Cabo Delgado [20]20 — Amnesty International (2020); Mozambique: Torture by security forces in gruesome videos must be investigated, Disponible en línea. Última visita el 24/12/2020. . En Etiopía, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación “extremadamente volátil” en Tigray, región en la que denunció se están cometiendo graves abusos y violaciones de las libertades fundamentales. También en la región del Sahel occidental, en la zona de la triple frontera entre Malí, Níger y Burkina Faso, conocida como Liptako-Gourma, durante el año se produjeron diferentes informes que señalaron a las fuerzas de seguridad de los tres países de cometer violaciones a los DDHH en el marco de la denominada “guerra antiterrorista”.

2.4. Violencia y represión de las fuerzas policiales

Los casos de violencia policial y de abusos y vulneración de derechos por parte de las fuerzas de seguridad del estado han seguido siendo una constante en muchos países del continente africano. Principalmente se han producido —además de en los mencionados escenarios caracterizados por la presencia de conflictos armados— en aquellos contextos en donde se han celebrado cambios de gobierno debido a las presiones populares (Sudán y Malí), en escenarios de procesos electorales (Costa de Marfil, Guinea o Uganda) y en países caracterizados por crisis políticas estructurales. Entre todos ellos, sin duda, el evento más significativo del año se produjo en Nigeria, a partir de la eclosión, en octubre, del movimiento ciudadano denominado Soro Soke (Speak Up), conocido a través de las redes sociales como #EndSARS. A raíz de un vídeo que se viralizó en el que se mostraba una unidad policial del escuadrón especial antirobos (Special Anti-Robbery Squad, SARS) que disparó mortalmente a un hombre desarmado en la localidad de Ughelli, en el estado de Delta, el 5 de octubre se produjeron movilizaciones y acampadas pacíficas en Abuja y Lagos en protesta por la brutalidad policial y la impunidad. Las SARS tienen un largo historial de denuncias por violaciones de DDHH, en particular torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de sospechosos bajo su custodia. AI documentó al menos 82 casos de tortura, malos tratos y ejecución extrajudicial por miembros del SARS entre enero de 2017 y mayo de 2020. A su vez, denunció la existencia de un patrón sistemático de abuso de poder por parte de los agentes del SARS, así como también la incapacidad de las autoridades nigerianas de llevar a los perpetradores ante la justicia, destacando las deficiencias en la rendición de cuentas por parte de la policía que contribuye a que se produzcan y agraven las violaciones a los DDHH [21]21 — Amnesty International (2020); Time to End Impunity: Torture and other Human Rights Violations by Special Anti-Robbery Squad (SARS). Disponible en línea. Última visita el 24/12/2020. .

Si bien el alcance de las movilizaciones #EndSARS en Nigeria generó que el 11 de octubre el Gobierno accediera a desmantelar la unidad policial, dos días después anunció la creación de una nueva unidad policial en sustitución de la anterior, la Special Weapons and Tactics (SWAT). Esta decisión reactivó las protestas en numerosas ciudades, y el 20 de octubre el ejército abrió fuego contra las protestas en Lagos, ejecutando al menos una decena de personas. Posteriormente, las movilizaciones destruyeron al menos 25 comisarías, mataron o hirieron a decenas de policías. En total, el aumento de la violencia provocó la muerte de 60 personas, incluidos civiles, policías y soldados. El Gobierno de Nigeria inició acciones legales contra organizaciones y activistas vinculados a las movilizaciones sociales, como las activistas Rinu Oduala, la abogada Modupe Odele o la organización feminista Feminist Coalition, incluyendo la congelación de cuentas bancarias e incautación de documentos de viaje.

2.5. Represión a movimientos sociales y defensores de derechos humanos

Tal y como venimos subrayando, en las últimas décadas África ha estado inmersa en profundos cambios políticos hacia la consolidación de la democracia, que ha transformado políticamente el continente, ampliando los mecanismos de participación y produciendo una mayor demanda popular de apertura política, rendición de cuentas, limitación de mandatos, etc. Este proceso transicional se ha traducido en mayores movilizaciones ciudadanas y protestas sociales lideradas por nuevos movimientos sociales que han sido encabezados principalmente por una pujante juventud africana y un mayor protagonismo de las mujeres. Como resultado se han logrado importantes avances y transformaciones que han incidido de manera positiva en ampliar las libertades y los derechos de la ciudadanía, logrando la caída de significativos regímenes presidenciales con décadas de años en el poder, como los casos de Zimbabue, Burkina Faso, Gambia, RDC, Angola, o algunos de los más recientes, Etiopía y Sudán. Sin embargo, este escenario también ha dado lugar a nuevos episodios de violencia política, manifestándose en el aumento de protestas y disturbios, así como en la represión hacia los movimientos sociales. Según datos de ACLED, entre 2015 y 2020 se han registrado más de 30.000 protestas en África subsahariana, que costaron la vida a 6.566 personas. Durante el año 2020 se ha producido una intensificación de las mismas, registrando unos 7.500 eventos en la región, que han provocado alrededor de 1.500 muertes, concentrándose principalmente en Sudáfrica, Nigeria, RDC, Guinea, Uganda, Etiopía o Kenia [22]22 — Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED); Dashboard. Disponible en línea. Última visita el 29/12/2020. .

Algunos de los episodios más significativos registrados durante el año relacionados con la represión a los movimientos sociales y defensores de derechos, más allá de aquellos mencionados en el marco de procesos electorales, han sido los siguientes. En Gambia, la decisión del presidente Adama Barrow de ampliar su mandato presidencial de tres a cinco años y permanecer en el cargo, generó importantes protestas en el país que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. El movimiento ciudadano Three years is up, que encabezó las protestas pidiendo la dimisión de Barrow, fue prohibido por el Gobierno gambiano en enero, y su presidente, Abdou Njie, fue detenido. En Nigeria, el sultán de Sokoto —principal gobernante islámico tradicional del país— prohibió la campaña impulsada por el movimiento de mujeres #ArewaMeToo en el estado de Sokoto, que demandaba mayores derechos y libertades para las mujeres. En Malí, la grave crisis política y los efectos de los conflictos armados en los últimos años, generaron a mediados de año, una escalada de la movilización social en el país exigiendo la salida del presidente Ibrahim Boubacar Keïta, que dejó decenas de muertos y cientos de heridos, y provocó un golpe militar que depuso al presidente, abriendo un complejo proceso de transición política en el país. En Rwanda, país afectado por un creciente autoritarismo, murió bajo custodia en febrero el cantante de gospel Kizito Mihigo, crítico con el régimen de Kagame, cuya muerte el Gobierno se negó a investigar. Finalmente, en Uganda, a finales de año, la policía detuvo a Nicholas Opiyo, director de Chapter Four Uganda y destacado abogado por las libertades civiles y los DDHH en el país.

Por otro lado, entre los eventos positivos registrados, destacó la orden de liberación provisional decretada en septiembre por un juez de Niamey, Níger, de tres defensores de los DDHH detenidos en marzo tras participar en una protesta y ser acusados de homicidio, complicidad en daños a la propiedad pública e incendio provocado. También en Uganda, el 20 de febrero, el juez del Tribunal Superior de Justicia, Henry Peter Adonyo, anuló la condena de la activista y escritora ugandesa, Stella Nyanzi, quedando absuelta de los cargos imputados de ciberacoso al presidente Yoweri Museveni. Nyanzi, que se presenta a las elecciones de enero de 2021 como candidata a diputada por Kampala, fue posteriormente detenida en varias ocasiones, en mayo y en septiembre, en medio de una campaña de represión y criminalización de la oposición política en el país.

Los y las activistas defensoras medioambientales también han vivido episodios de violencia, persecución y represión por parte del estado y de agencias de seguridad privadas. En Sudáfrica, la activista Fikile Ntshangase fue asesinada en octubre de 2020 tras su oposición, como representante de la Mfolozi Community Environmental Justice Organisation (MCEJO), a la extensión de una mina de la empresa Tendele Coal Mining (Pty) en la región KwaZulu-Natal. Su caso no es aislado en el país, en el que las actividades mineras representan graves riesgos para las poblaciones en términos de derechos a vivienda, tierra, agua y la sostenibilidad medioambiental. Igualmente, en Uganda y Tanzania, la próxima construcción por parte de la francesa Total de la East African Crude Oil Pipe Line (EACOP) que transportará el petróleo producido en la región del Lago Albert en Uganda hasta las costas tanzanas, está provocando desplazamientos forzosos de población violando su derecho al debido proceso de consulta libre e informada, coacciones e intimidación de activistas y población, y amenaza la seguridad alimentaria de las poblaciones, así como su acceso a medios de vida, además de provocar importantes impactos medioambientales [23]23 — FIDH (2020); Oil in east Africa: Communities at risk. Disponible en línea.Última visita el 30/12/2020. . En este sentido, y por el particular impacto de las actividades extractivas —madera, minerales, hidrocarburos, grandes extensiones de tierra para la agroindustria, etc.— en entornos naturales y con frecuencia habitados por pueblos originarios —los batwa en RDC y Uganda; la comunidad ogiek en Kenia; el pueblo masai en la región este, etc.— cabe también recordar que el marco internacional de los derechos de los pueblos indígenas continúa infradesarrollado en la región, y las violaciones de DDHH en estos contextos interseccionan con aquellos ligados al acceso a la tierra, a la alimentación, a la salud, etc. Sin embargo, en 2017 un ejemplo positivo demostró la importancia de este régimen internacional y se convirtió en paradigmático a nivel regional, con el fallo de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a favor de la comunidad ogiek contra el gobierno de Kenia por la violación de sus derechos sobre a tierra, tras una batalla legal de ocho años.

2.6. Represión a la libertad de prensa/expresión

Diferentes organizaciones de defensa de los DDHH constataron un incremento de la represión de la libertad de prensa y expresión durante 2020, vinculados a las restricciones de la pandemia COVID-19. Aunque el número de periodistas asesinados durante el ejercicio de su profesión fue similar al de 2019, según declararon las organizaciones Reporteros sin Fronteras (RSF) y Committee to Protect Journalists (CPJ), estas ejecuciones disminuyeron en contextos de conflicto y se incrementaron en países estables y democráticos en los que se vivieron protestas y movilizaciones en el marco de crisis sociopolíticas de diversa índole, exacerbadas en algunos casos por la pandemia de la COVID-19. De los 50 periodistas asesinados en 2020 a nivel global, según el informe de RSF[24]24 — Reporteros Sin Fronteras (2020); Balance 2020. Periodistas asesinados. Disponible en línea.Última visita el 30/12/2020. , siete de ellos lo fueron mientras cubrían protestas, de los cuales, dos se produjeron en Nigeria, víctimas del clima de violencia en el que se desarrollaron las protestas contra la brutalidad policial en el país. De este modo, según RSF, Nigeria se convirtió en el país más peligroso de África occidental para los medios. Además, se produjo un incremento de la represión contra periodistas en medio de la instrumentalización de la pandemia para restringir el ejercicio de la libertad de expresión (Ruanda, Zimbabue), el bloqueo de webs y cierre de medios (en Benín, Gambia, Nigeria, Tanzania), o la restricción al acceso de la prensa a determinados contextos (la región etíope de Tigray o en la región mozambiqueña de Cabo Delgado). La pandemia también fue utilizada para restringir las libertades de prensa en otros contextos, como en Madagascar, Sudáfrica o Uganda.

Somalia continuó siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer de periodista a nivel mundial, tanto por la violencia derivada del conflicto hacia la libertad de expresión, como por la impunidad con la que actúan las autoridades federales. En noviembre la organización African Freedom of Expression Exchange (AFEX) publicó un informe [25]25 — African Freedom of Expression Exchange (2020); The State of the Press Freedom in Somalia. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. sobre el estado de la libertad de prensa en el que se constató que al menos ocho periodistas han muerto en el centro-sur de Somalia y Puntlandia en los últimos tres años. Hasta septiembre, se ha detenido a 32 periodistas, la mayoría de ellos detenciones arbitrarias realizadas por la policía. A su vez, cinco sedes de medios de comunicación fueron allanadas y cerradas. Las autoridades de Somalia a menudo han invocado presuntas preocupaciones de seguridad nacional y la lucha contra al-Shabaab como base para atacar a periodistas, cerrar medios de comunicación, restringir el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.

Asimismo, en otro informe publicado por RSF [26]26 — Reporteros Sin Fronteras (2020); Balance Anual 2020 de periodistas presos, secuestrados y desaparecidos. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. , se señaló que África subsahariana, en el marco de la pandemia global de la COVID-19, había padecido una oleada de abusos cometidos contra los profesionales de la información, a pesar de que las coberturas informativas se habían reducido por la misma. En un informe conjunto de Cartooning for Peace y RSF [27]27 — Reporteros Sin Fronteras y Cartooning for Peace (2020); Africa : The 2020 pandemic has challenged press freedom. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020 se observó que el número de arrestos de periodistas en África subsahariana se triplicó entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2020 en comparación con el mismo período del año anterior. Ejemplo de ello fueron las detenciones de voces críticas contra el gobierno etíope de Abiy Ahmed, como el periodista Eskinder Nega —encarcelado en 2011 y liberado por el propio Ahmed en 2018— durante las movilizaciones en junio por la muerte del cantante y activista Hachalu Hundessa; o en Burundi, país en donde cuatro periodistas de la radio Iwacu fueron sentenciados en enero a dos años y medio de prisión por cubrir una incursión rebelde, por lo que se les acusó de amenaza a la seguridad nacional. En Nigeria, el Media Rights Agenda denunció que el periodista Ime Sunday Silas fue detenido en agosto y que a finales de septiembre continuaba bajo arresto a pesar de haber pagado su fianza para su liberación. En Mozambique, las autoridades detuvieron en junio al periodista Omardine Omar, del periódico Carta de Moçambique, mientras cubría las operaciones de contrainsurgencia gubernamentales en el norte del país, siendo acusado de revelación de secretos. Tanto el Centre for Democracy and Development como el Media Institute of Southern Africa alertaron del incremento de la persecución a los medios y las restricciones a sus actividades en Mozambique. También en Benín, los medios de comunicación online se enfrentaron a un cierre general por orden gubernamental, decisión denunciada como un intento de silenciar la cobertura de las elecciones de 2021.

A su vez, en relación con la represión a la libertad de prensa en el marco de la pandemia, entre marzo y noviembre se registraron 40 detenciones de periodistas [28]28 — Reporteros Sin Fronteras (2020); Balance Anual 2020 de periodistas presos, secuestrados y desaparecidos. Disponible en línea. . Por citar algunos ejemplos, en Zimbabue, la periodista de investigación, Hopewell Chin’ono, pasó casi un mes y medio encarcelada después de denunciar la malversación de fondos públicos en relación con la compra de equipos para combatir el coronavirus. En Madagascar, el periodista malgache Arphine Rahelisoa, director del diario opositor Valisoa, fue detenido en abril tras criticar la gestión de la pandemia por el presidente del país, Andry Rajoelina, siendo posteriormente liberado en mayo. En Ruanda, el periodista Dieudonné Niyonsenga seguía encarcelado a finales de 2020, oficialmente por “haber quebrantado las normas de confinamiento” cuando estaba investigando el impacto de las medidas impuestas por las autoridades a la población y las denuncias de violaciones presuntamente cometidas por soldados encargados de hacer cumplir el toque de queda. En Tanzania, el periodista Talib Ussi Hamad, fue suspendido seis meses como consecuencia de una noticia vinculada a la pandemia.

2.7. Homofobia de Estado

En la actualidad el continente africano es la región en la que más países criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo, o persiguen a las personas y colectivos LGTBIQ. Si a nivel global un total de 69 países criminalizan la libertad sexual, de acuerdo a los últimos datos de ILGA World (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), en África 31 de los 54 Estados tienen algún tipo de tipificación penal para las relaciones homosexuales, entre los que hay tipificadas penas de cárcel que pueden ir de los 8 años a la cadena perpetua, o la pena capital, castigo legalmente prescrito aún en 6 países, y en 5 más técnicamente podrían hacerlo a nivel global; tres en África; 12 estados del norte de Nigeria, Somalia (solo en provincias), o Mauritania, en donde hay penas diferentes para mujeres y hombres.

Mapa: leyes sobre orientación sexual en el mundo. Fuente: LGBTIQ – ILGA, Diciembre 2020 (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex)

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Con todo, se debe señalar que la tendencia, en general, es hacia la despenalización. Los países lusófonos han sido de los que más han avanzado en el respeto y protección de los derechos de los colectivos LGTBIQ, o bien despenalizando o incluso aprobando medidas de protección o agravantes por delitos de odio ante la violencia contra estos colectivos (Cabo Verde). De hecho, dos de los avances más notables del 2020 se han dado en el continente africano, con la derogación en julio de la pena de muerte y los castigos corporales por actos consensuales entre personas de mismo sexo en Sudán (a pesar de que aún puedan ser castigados con penas de hasta 7 años las personas acusadas de sodomía, o a cadena perpetua si son declaradas culpables tres veces), y la revocación por parte del Parlamento de Gabón de la disposición criminalizadora que se había introducido en 2019.

Estos avances se unen a los conseguidos solo en la última década, en la que Lesoto (2010), Santo Tomé y Príncipe (2012), Mozambique (2015) o Seychelles (2016) eliminaron las leyes que criminalizaban la homosexualidad. Angola por su parte despenalizó las relaciones homosexuales en enero de 2019, y verá finalmente entrar en vigor el nuevo Código Penal a principios de 2021 que las legaliza completamente. El Código Penal de 1886, heredado del colonialismo portugués, criminalizaba a las personas que practicaban “vicios contra natura”. También en 2019 Botsuana se deshizo de disposiciones similares, en su caso bajo la denominación de “conocimiento carnal contra natura” por ser anticonstitucionales y contrarias al derecho a la intimidad y la no discriminación. En contra, Burundi (2009), Sudán del Sur (2011) o Gambia (2014) han aprobado nuevas leyes endureciendo las medidas.

A nivel regional, la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó en 2014 específicamente la Resolución 275 contra la violencia y otras violaciones de DDHH contra personas en base a su orientación sexual o identidad de género real o percibida, concretando la protección de dichos colectivos y su igualdad como sujetos de derechos recogida en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La citada resolución no solo exige a los estados la erradicación de estas violencias, sino también la adopción de medidas que faciliten un entorno libre de estigma, represalias y persecución penal.

Sin embargo, en el caso del continente africano, uno de los pilares de la violación de DDHH de los colectivos LGTBIQ es precisamente la homofobia de Estado, entendiendo por tal la criminalización institucionalizada de los actos sexuales consensuales entre adultos y adultas del mismo sexo en privado. En paralelo al avance en la consecución de derechos con la despenalización en algunos países, en las últimas dos décadas se ha dado una exacerbación de la homofobia tanto institucional como a nivel social que responde a la acción principalmente de tres actores: los propios estados, líderes religiosos locales y foráneos, y los medios de comunicación, así como a las rémoras legislativas coloniales que todavía atraviesan los cuerpos legislativos de estos países.

Existe una postura bastante común que entiende la homosexualidad como exógena al continente, como una importación colonialista europea, unafrican —no africana—. En algunos casos, los propios estados o partidos políticos han utilizado la crispación hacia la colectivos LGTBIQ como chivos expiatorios. A través de una estrategia de polarización han reforzado su imagen pública como líderes fuertes y enfrentan estas imposiciones neocoloniales, garantes de la protección de la cultura y la moralidad africanas. La realidad es que la mayoría de los códigos penales que recogen alguna disposición al respecto mantienen aún artículos de la época colonial que especifican la criminalización de la homosexualidad bajo diferentes rúbricas; “hechos contra natura” (Angola, lusófonos), “conocimiento carnal contra el orden natural y actos indecentes, tanto en privado como en público” (Kenia), “sodomía” (Sudán, Uganda), etc. La criminalización social y la promoción de la criminalización legal de los colectivos LGTBIQ han sido exacerbadas en las últimas décadas por otro actor fundamental, la irrupción e injerencia política y financiera de las iglesias evangelistas. Es el caso de Uganda, en donde hace unos años la violencia y la criminalización de las personas LGTBIQ se recrudeció con la petición de cambiar el código penal y aplicar incluso penas de muerte. Aunque finalmente el Tribunal Constitucional desestimó la pena capital por defectos de forma en 2014, durante algunos años la ofensiva provocó ataques civiles contra estas personas, lo que empeoró la situación del colectivo, promovió los delitos de odio e incluso acabó con el asesinato de un conocido activista, David Kato, después de que los medios de comunicación publicaran una lista de supuestas personas homosexuales con datos identificativos. La propuesta de esta ley —conocida como Kill the gay bill— ha sido retomada en diversas ocasiones, la última a finales de 2019.

2.8. Justicia internacional

En materia de justicia internacional, resulta significativo resaltar el papel que está jugando la Corte Penal Internacional (CPI) así como los mecanismos e instrumentos regionales africanos en materia de DDHH. En lo referente a CPI, esta mantiene abiertos distintos casos que implican investigaciones sobre crímenes relativos a genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión en varios países africanos. Entre los casos investigados se encuentran Uganda, RDC, Darfur (Sudán), RCA, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí [29]29 — International Criminal Court, “Situations under investigation”. Disponible en línea. . A su vez, la CPI también está realizando actualmente exámenes preliminares relacionados con Guinea y Nigeria, así como ha desestimado en 2018, la investigación preliminar abierta en Gabón. De todos los casos, durante el 2020 se han logrado avances en diferentes casos, entre ellos Malí, Costa de Marfil, y, principalmente, en Nigeria y Sudán.

En el caso concerniente a Nigeria, relativo a “presuntos crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en el delta del Níger, los estados del cinturón medio y en el contexto del conflicto armado entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas”, tras diez años de la apertura del examen preliminar, la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, presentó el 11 de diciembre de 2020 las conclusiones. En ellas se concluye que existe una base razonable para creer que tanto miembros de la insurgencia de Boko Haram y sus grupos escindidos, así como de las Fuerzas de Seguridad de Nigeria, cometieron actos que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Si bien la fiscalía sostuvo que la gran mayoría de los crímenes son atribuibles a actores no estatales, la incorporación de investigaciones contra el actuar de las fuerzas de seguridad representa una buena noticia en la búsqueda de la justicia y el fin de la impunidad. En alusión al caso de la CPI en Sudán, relativo a cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur (Sudán) desde el 1 de julio de 2002, la caída de Omar al-Bashir en abril de 2019 ha abierto un nuevo escenario en busca del enjuiciamiento y la aplicación de justicia. El nuevo Gobierno de transición creado en julio de 2019, acordó el 11 de febrero de 2020 cooperar con la CPI, comprometiéndose a entregar al organismo a los cuatro ex funcionarios del régimen, incluido el ex presidente al-Bashir, acusados por la CPI. El anuncio generó que uno de los acusados, el ex líder de las Fuerzas de Defensa Popular y milicia Janjaweed, Ali Kushayb, huyera del país a RCA. Sin embargo, el 9 de junio, la CPI anunció que Kushayb se había entregado a las autoridades de aquel país, siendo trasladado a La Haya.

Por otro lado, en lo referente a la aplicación de la legislación internacional en materia de protección de los DDHH por parte de los organismos e instrumentos africanos, AI denunció que los gobiernos africanos no están cumpliendo con las resoluciones de los organismos regionales de DDHH, socavando gravemente la función de los mismos y poniendo en riesgo la salvaguarda de los derechos en todo el continente [30]30 — En el informe, Amnistía Internacional examina y analiza el desempeño de los órganos de tratados de DDHH de África, a saber: la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR), la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Amnesty International (2020); The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020. Disponible en línea. Última visita el 22/12/2020. . En relación a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR) -tribunal creado por la UA que funge como el principal mecanismo de DDHH- AI alertó sobre su futuro debido a las decisiones de los Gobiernos de Benín, Costa de Marfil y Tanzania de restringir el acceso a esta vía vital hacia la justicia, a los que habría que añadir Ruanda, país que también retiró este derecho a las personas y las ONG a presentar casos directamente ante el tribunal en 2016. Las razones de la retirada de estos cuatro países estriban en que los mismos han tenido respuestas desfavorables por parte de la Corte. Tanzania, país anfitrión de la Corte, se retiró el 21 de noviembre de 2020, un año después de la solicitud presentada por el Gobierno tanzano. Su retirada, sin embargo, no implica que el país continúe adhiriéndose a disposiciones de su protocolo, ya que el tribunal permite que las personas y las ONG de otros países puedan demandar a Tanzania. Sin embargo, su salida significa que ningún individuo u ONG de Tanzania puede buscar un recurso directo en la Corte, aunque sí pueden hacerlo a través de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos con sede en Banjul, Gambia. Lo mismo sucede con Benín y Costa de Marfil, que se retiraron en marzo y abril de 2020, respectivamente, debido a discrepancias con las decisiones del tribunal.

3. Impactos de la COVID-19 en la vulneración de derechos

La emergencia de la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un factor de riesgo innegable a nivel global para el pleno disfrute de los DDHH en multitud de ámbitos, debido a la implementación por parte de los gobiernos de leyes de emergencia, estados de alarma y medidas excepcionales que por definición restringen la libertad de circulación, expresión y reunión pública, así como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a trabajar. En más de 80 países la calidad democrática se ha deteriorado [33]33 — Freedom House (2020); Democracy under Lockdown: The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom. Disponible en línea.  Última visita el 30/12/2020. , dado que la aplicación a libre discreción ha sido con frecuencia utilizada como coartada para reprimir o discriminar a grupos específicos, reducir el espacio cívico y censurar voces críticas, y violar los derechos de las mujeres, personas migrantes u otros colectivos especialmente vulnerables.

A pesar de la comparativamente limitada incidencia de la pandemia en el continente —cuyas explicaciones diversas incluyen la juventud de la población, la rápida reacción ante la propagación en Asia y Europa que llevó a un cierre temprano de fronteras; la experiencia acumulada en la gestión de enfermedades infecciosas previas como el ébola en determinados países; la compra centralizada de tests y material; o la menor capacidad de detección de personas infectadas, etc. [34]34 — Se ha producido un debate notable en torno a las razones que podrían explicar la relativa baja incidencia del virus en el continente, fomentado entre otras cosas por la asunción paternalista y colonial que esperaba una debacle sanitaria en el continente. Ver, por ejemplo, el artículo traducido al castellano de la keniata Nanjala Nyabola “África no está esperando a ser salvada del coronavirus“, Disponible en línea.Última visita el 30/12/2020. — esta ha tenido múltiples efectos en la región al sur del Sáhara. El informe del Índice Ibrahim [35]35 — Mo Ibrahim Foundation (2020); 2020 Ibrahim Index of African Governance. Disponible en línea.  Última visita el 30/12/2020. señala el retroceso sufrido en términos de gobernanza de la progresión positiva de la última década, mientras que AI [36]36 — Amnesty International (2020); The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020. Disponible en línea. recoge cómo gobiernos africanos han recurrido al uso de fuerza excesiva a la hora de la implementación de estas medidas, y realizado arrestos o detenciones arbitrarias, restricciones en el espacio cívico y negación general del derecho para buscar asilo.

A nivel institucional, los órganos de DDHH regionales (la Corte y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño) sí han reaccionado a la emergencia de la pandemia, siendo la Comisión Africana, de hecho, el primer órgano de DDHH regional a nivel mundial en publicar una declaración sobre la necesidad de articular la respuesta a la pandemia y la toma de medidas preventivas con un enfoque de derechos y proporcionalidad, la relevancia del acceso a la información y la centralidad de los grupos especialmente vulnerables.

Ante la incidencia que ha tenido la pandemia en la erosión de las garantías para el disfrute de los DDHH, abordaremos específicamente algunos impactos concretos sobre los derechos de colectivos especialmente vulnerables, sobre las mujeres, así como el cariz represivo y violento de su implementación.

3.1. Impactos en colectivos vulnerables

Cabe destacar de manera especial el impacto específico de la utilización de manera represiva de las medidas sanitarias destinadas a controlar la pandemia de la COVID-19 contra sujetos de derechos especialmente vulnerables. El informe [37]37 — IE SOGI, Report to the General Assembly “Violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, [A/75/258]. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. sobre los impactos de la COVID-19 en personas LGTBIQ presentado ante la Asamblea General de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ha señalado que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en estas personas, reproduciendo y exacerbando las dinámicas de exclusión social y violencia preexistentes, incluido en aquellos países en los que se han implementado medidas de despenalización, entre las que podemos destacar la violencia psíquica y física, mayor vulnerabilidad económica, y trabas para acceder a servicios y atención sanitaria, incluido el acceso a medicación para enfermedades como el VIH, relacionados con la salud mental, o tratamientos de reemplazo hormonal (TRH) para personas trans e intersexuales. Similar a los impactos en las mujeres y niñas, las medidas de confinamiento han incrementado la violencia psicológica y física contra estas personas por parte de miembros de sus familias y entornos.

Por otro lado, las medidas sobre la movilidad y similares han aumentado el riesgo de sufrir abusos en los controles, arrestos selectivos y detenciones arbitrarias, y en general ser objeto de delitos de odio y maltrato en la esfera pública, incluido ser expuestos como chivos expiatorios del avance de la pandemia por líderes conservadores políticos o religiosos, en lugares como Ghana, Kenia, Liberia, Uganda o Zimbabue. En Uganda, por ejemplo, durante el confinamiento un albergue para personas LGTBIQ fue asaltado por vecinos y fuerzas de seguridad, entre violencia verbal y maltrato físico, resultando arrestadas veintitrés personas. Tras una búsqueda específica de “pruebas de homosexualidad”, 19 de ellas fueron acusadas de “actos negligentes con probabilidad de diseminar la enfermedad” y “desobediencia a la ley” que podría conllevar cargos de dos y siete años respectivamente, en lo que HRW calificó como un uso encubierto de la pandemia para hacer de las personas homosexuales el blanco de arrestos arbitrarios y objeto de abusos [38]38 — Ghoshal, Neela (2020); Uganda LGBT Shelter Residents Arrestedon COVID-19 Pretext, HRW. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. .

A pesar de lo positivo de las tempranas medidas de cierres de fronteras para atajar la diseminación del virus, estas han provocado importantes impactos específicos en el disfrute de los DDHH de las personas en movimiento (personas solicitantes de asilo, personas refugiadas y migrantes) cuyos desplazamientos son fundamentalmente intraregionales, hasta cerca de un 80%. De acuerdo a datos del Africa Centre for Disease Control and Prevention, 43 de los 54 países africanos habían decretado cierres de fronteras hasta abril [39]39 — Africa Center for Strategic Studies (2020); African Migration Trends to Watch in 2021“. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. , provocando una modificación de las rutas de migración hacia otras más peligrosas. Es el caso de aquellas que cruzaban el Mediterráneo por su zona central y se han desplazado hacia el oeste, con la ruta hacia las Islas Canarias como una de las más mortales —una de cada 16 personas que han tomado esta ruta ha fallecido o desaparecido, según estimaciones hasta octubre del ACNUR [40]40 — UNHCR (2020); Europe situations: data and trends – arrivals and displaced populations, Regional Bureau for Europe Montly Bulletin. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. —, o la del Cuerno de África hacia Yemen, cuyo flujo se ha reducido drásticamente debido a las restricciones de fronteras. También han dejado en situación de mayor vulnerabilidad y peligrosidad a estas personas en movimiento, o atrapadas en terceros países debido a detenciones y deportaciones forzadas desde Argelia o el este de África, acrecentando el riesgo de un incremento en el tráfico de personas.

3.2. Impactos sobre los derechos de las mujeres

La incidencia de la pandemia y de las medidas adoptadas por los gobiernos para reducir sus efectos, diseñadas sin considerar la perspectiva de género, han tenido importantes impactos específicos para la vida, salud y economía de las mujeres. Estos impactos en los derechos de mujeres y niñas son recurrentes en momentos de estrés súbito, como lo fue la crisis del ébola 2014-2016. Las restricciones de movilidad y confinamiento decretadas bajo los estados de alarma han incrementado exponencialmente las situaciones y nivel de vulnerabilidad de mujeres y niñas.

También los impactos económicos son muy relevantes. Las mujeres en el continente representan hasta el 89% de la fuerza de trabajo vinculada a la mal llamada economía informal [41]41 — UNWomen, Women in informal economy. Disponible en línea. Última visita el 04/01/2021. , lo que incluye trabajos como la venta ambulante [42]42 — Además de la precarización económica, estas trabajadoras también han sido víctimas de la violencia de los empleados públicos encargados de implementar las medidas excepcionales. , la prestación de servicios —incluido el comercio ilegal transfronterizo—, el trabajo doméstico, o el trabajo agrícola o industrial o de temporada. Estas alternativas laborales representan su medio de vida, especialmente en entornos urbanos, y en un alto grado, la seguridad económica de sus unidades familiares. Igualmente, el sector servicios emplea a un porcentaje alto de mujeres. La actividad en estos sectores se ha visto fuertemente reducida —la OIT estima que los ingresos de los trabajadores informales se redujeron hasta un 81% en la región solo en el primer mes de la crisis sanitaria [43]43 — OIT (2020); Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición. Disponible en línea. Última visita el 04/01/2021. — debido a la estricta respuesta a la COVID-19 con los confinamientos y cierres de fronteras entre países de todas las subregiones del continente, especialmente del este y el sur, impidiendo que las mujeres desarrollaran su actividad económica y, en la mayoría de los casos, sin una planificación alternativa que respondiera a sus necesidades. Cabe recordar que se trata de los empleos más precarizados, sin garantías ni capacidad de ahorro, así como con menor cobertura social en términos amplios (ausencia de protección de las leyes laborales, acceso a beneficios sociales como pensión, seguro médico o derecho a baja), así como con mayor exposición a acoso sexual. Los efectos de estas medidas, por lo tanto, no solo han significado una pérdida de ingresos puntual, sino que tendrán efectos a largo plazo, contribuyendo a un retroceso de la igualdad económica y el incremento de la feminización de la pobreza —las previsiones proyectadas por la OIT señalan un incremento de las tasas de pobreza de un 21% al 83%—.

Desde el comienzo de la pandemia las activistas feministas del continente, tal como en el resto del mundo, han alertado del peligro de un incremento muy significativo de la violencia doméstica y basada en el género, así como violencia sexual y la violación de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas, debido a las medidas de confinamiento estricto y cuarentenas. Un incremento que los datos posteriores han confirmado como una tendencia generalizada. Por ejemplo, las instituciones keniatas de justicia reportaron un pico en las denuncias de violencia sexual, así como en Sudáfrica y Uganda también registraron incrementos importantes de denuncias por violencia basada en el género (VBG) [44]44 — UNWomen (2020); COVID-19: Ending violence against women and girls key priorities and interventions for effective response and recovery. Disponible en línea. Última visita el 04/01/2021. . Asimismo, se han exacerbado las limitaciones preexistentes al acceso de medidas contraconceptivas y, en general, de acceso a los servicios de salud sexual y reproductivos.

Por otra parte, la centralidad de la respuesta a la pandemia ha significado un estrés importante para los sistemas de salud de la región, impactando en el acceso a servicios de salud en general, y a aquellos de salud materno-infantil. También, en el caso de las niñas, el cierre de escuelas ha incrementado su vulnerabilidad a sufrir VBG, ser objeto de MGF o matrimonios infantiles, embarazos tempranos o infecciones de VIH y otras. De igual manera, las precarización de la economía familiar ha incrementado el riesgo de ser víctimas de trabajo infantil, así como de explotación, incluida la sexual.

Por supuesto, el impacto de estas violencias es mayor en mujeres en situaciones especialmente vulnerables, como aquellas en zonas de conflicto, con discapacidades, o de población desplazada o refugiada. La organización Strategic Iniciative for Women in the Horn of Africa (SIHA), por ejemplo, denunció que los casos de violencia sexual en Darfur, principalmente en los campos de desplazados internos del norte, habían aumentado un 50% entre marzo y junio a partir de la aplicación de las medidas decretadas anti COVID-19. La organización realizó un llamamiento al gobierno de transición para establecer mecanismos de prevención, justicia y protección de civiles, especialmente las mujeres.

3.3. Represión y violencia en la implementación de las medidas excepcionales

Si bien las respuestas de los estados para contener la pandemia de la COVID-19 han sido diversas, en general los gobiernos se han visto obligados a tomar medidas excepcionales que, como hemos analizado anteriormente, en algunos casos han incluido la restricción de manera desproporcionada de los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión. En contextos donde las relaciones estado-sociedad no son sólidas, y el contrato social es frágil o está roto, la confianza en el estado de cara a la aplicación de medidas excepcionales es baja y las repercusiones en términos de recurso al uso de la violencia por parte de este han sido altas [45]45 — Eisentraut, S., Miehe, L., Hartmann, L. y Kabus, J. (2020); “Polypandemic. Munich Security Report Special Edition on Development, Fragility, and Conflict in the Era of Covid-19”, Munich Security Report.noviembre, pp.29-30. . En este sentido resulta pertinente recordar que en África, según datos del Afrobarómetro, entre 2016 y 2018 solo el 46% de la ciudadanía declaró que “confían en sus líderes electos ‘algo’ o ‘mucho”’ [46]46 — Gyimah-Boadi, E., Logan C. (2020); “Many Africans Distrust Their Governments. How Will That Affect Their Coronavirus Response,” en Monkey Cage/The Washington Post, 1 de mayo. . A la desconfianza en las instituciones, se le suma el hecho de que diferentes regímenes han tratado de instrumentalizar políticamente la situación de excepcionalidad para reprimir protestas sociales y contener a movimientos opositores, tal y como ha sucedido en diversos contextos. AI denunció que en muchos contextos, las autoridades han aprovechado el marco de excepción para adoptar medidas punitivas y coercitivas que han generado violaciones a los DDHH, a la par que han dividido sociedades y no han servido para abordar la crisis sanitaria [47]47 — Amnesty International (2020); Covid-19 Cracdowns. Police Abuse and the Global Pandemic. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. . De este modo, se denunció que los cuerpos policiales en diferentes países utilizaron fuerza excesiva e innecesaria en la aplicación de las restricciones para perpetrar cierres y toques de queda, reprimir las protestas pacíficas y la disidencia. En algunos países, miles de personas fueron arrestadas por infracciones relacionadas con la pandemia o colocados en lugares inhumanos y centros de cuarentena insalubres administrados por el estado. Las fuerzas policiales han convocado a interrogatorios o arrestado a periodistas, blogueros, defensores de DDHH, activistas políticos y usuarios de redes sociales por cuestionar las medidas sanitarias o compartir información.

En la región subsahariana existen numerosos ejemplos de casos de abusos, torturas y violaciones (como en Zimbabue y Costa de Marfil) y uso excesivo de la fuerza con víctimas mortales en aplicación de medidas restrictivas (como en Angola, Etiopía, Guinea, Kenia, Níger, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Zambia y Uganda, principalmente). En Etiopía, al menos 16 personas fueron ejecutadas por los cuerpos de seguridad en la zona Wolaita en agosto tras protestas contra el arresto de líderes locales y activistas, supuestamente por celebrar reuniones contraviniendo las restricciones de la pandemia. En Kenia se constató un uso excesivo de la fuerza en aplicación de las restricciones para limitar la expansión de la pandemia, registrándose numerosos casos de abusos y brutalidad policial que provocaron la muerte de decenas de personas, siendo denunciados a través de diferentes informes por parte de HRW [48]48 — Human Rights Watch (2020); Kenya: Police Brutality During Curfew”. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. o la Kenya National Commission on Human Rights [49]49 — Kimani, S. (2020); “Report outlines human rights violations in Kenya during COVID-19 containment”, SABCNews, 1 de julio. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. , entre otros. En consecuencia, se produjeron diversas demandas contra el gobierno por presuntos asesinatos y violaciones de DDHH, así como múltiples movilizaciones en diversas ciudades en protesta por la brutalidad policial que fueron nuevamente reprimidas por la fuerza. Informaciones de prensa señalaron a empresarios y funcionarios del Estado de haberse apropiado indebidamente de 400 millones de dólares destinados a la respuesta a la pandemia de la COVID-19, lo que provocó nuevas movilizaciones. [50]50 — France24 (2020); “Kenya ministry told to publish Covid-19 deals amid graft scandal”, 31 de agosto. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. .

En Uganda, HRW acusó al Gobierno de militarizar las restricciones de la pandemia, utilizándose para contener las manifestaciones políticas y restringir las reuniones de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de enero de 2021 [51]51 — Human Rights Watch (2020); Uganda: Authorities Weaponize Covid-19 for Repression”. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020. . En uno de los múltiples episodios registrados, el 18 de noviembre la policía detuvo al principal candidato opositor, Bobi Wine, bajo el pretexto de violar las restricciones sanitarias al movilizar a miles de personas en sus actos. La detención generó diferentes movilizaciones que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y munición real, causando la muerte de al menos 16 personas. Sin embargo, en paralelo, el partido en el poder en el país, el National Resistance Movement (NRM), ha organizado diversos actos de campaña multitudinarios sin problemas.

5. Propuestas para la erradicación de la represión política

África subsahariana ha avanzado notablemente en las últimas décadas a nivel normativo e institucional en pro de la ampliación de garantías de los DDHH, gracias al infatigable trabajo de defensores y defensoras en el continente. La progresiva creación y adopción de marcos, tratados y otros cuerpos legales regionales y nacionales de acuerdo a las necesidades de protección de la ciudadanía y los colectivos especialmente vulnerables en la última década, señalan el camino a seguir, si bien es necesario superar los retos que se interponen para que los compromisos y las obligaciones adquiridas en materia de DDHH no se queden solo en el papel y los discursos. Cabe mejorar las herramientas de monitoreo y rendición de cuentas, así como aquellas de denuncia, información y reparación. En el caso específico de los derechos de las mujeres y las niñas, o de los colectivos LGBTIQ, fuertemente ligados religiosa o culturalmente a la tradición y, por lo tanto, al tejido social, es fundamental que los avances normativos se acompañen de otras acciones que persigan el cambio de actitudes a nivel social y comunitario.

Con todo, persisten importantes retos en algunas áreas cuyo avance o bien se ha estancado, o bien incluso ha retrocedido. Como hemos presentado, la violación de los DDHH en determinados contextos continua con impunidad, mediante la represión brutal a la disidencia y la oposición política, y el estrechamiento de los espacios de defensa de estos y de la sociedad civil. Los escenarios de conflictividad armada, las crisis políticas prolongadas, los altos niveles de pobreza y desigualdad, la mala gobernanza y la debilidad institucional, el deficiente acceso a la justicia, los impactos de las políticas económicas y de la deuda externa, y en el último año, el impacto de la pandemia de la COVID-19, entre otros factores, representan importantes obstáculos que impiden alcanzar el pleno goce de los DDHH en la región.

De cara a erradicar las vulneraciones de los DDHH y la represión política en África subsahariana, realizamos las siguientes reflexiones y consideraciones a modo de medidas a implementar:

• Instar a los gobiernos africanos a recuperar la senda de la Agenda 2063 basada en el desarrollo socioeconómico, la cultura, la gobernanza democrática y la paz y la seguridad, al tiempo que enfatiza el desarrollo de sociedades inclusivas y el empoderamiento de mujeres y jóvenes. De manera específica, centrar los esfuerzos en las aspiraciones 3 y 4, relativas al buen gobierno, la democracia, el respeto por los DDHH, la justicia y la paz y seguridad.
  
  
• Ratificar por parte de todos los estados africanos todos los tratados regionales básicos de DDHH para garantizar que tengan aplicación universal en el continente.
  
  
• Cumplir con los compromisos establecidos de presentación de informes y rendición de cuentas sobre la puesta en marcha de los tratados y de aplicación de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de los mismos.
  
  
• Velar por el cumplimiento de las normas de DDHH presentes en las legislaciones nacionales, y dotar de recursos y financiación suficiente a los órganos responsables.
  
  
• Reorientar las respuestas a soluciones no militares en las guerras. En contextos de conflictividad armada, es imprescindible reorientar las estrategias hacia las dimensiones no militares de la construcción de paz, en especial, hacia medidas que prioricen los DDHH, la equidad de género y el bienestar de las sociedades africanas. De forma específica, impulsar espacios y procesos de negociación de paz inclusivos en donde participen actores de la sociedad civil que promuevan la resolución pacífica del conflicto, así como incorporar de forma efectiva el principio de apropiación local por parte de las comunidades que padecen la violencia.
  
  
• Situar la agenda de mujeres, paz y seguridad en el centro de las políticas públicas, así como avanzar en una política feminista. Es imprescindible la intensificación y apoyo técnico y financiero para la aplicación efectiva de la Resolución 1325 de la ONU relativa a Mujeres, Paz y Seguridad, que asegure la inclusión efectiva de las mujeres en todas las fases durante el conflicto y posconflicto.
  
  
• Entender que la pandemia de la COVID-19 debe tratarse como una crisis de salud pública y debe abordarse a través de medidas de salud pública basadas en pruebas y conforme con el respeto de los DDHH. Las Fuerzas Armadas no son adecuadas para llevar a cabo tareas de aplicación de la ley y no deben desplegarse para hacer frente a la pandemia a menos que sea en circunstancias excepcionales y temporales. Las medidas coercitivas de aplicación de la ley corren el riesgo de socavar la eficacia de la respuesta y solo deben utilizarse como último recurso. Las normas de salud pública no deben utilizarse como una forma de violar o restringir indebidamente el ejercicio de los DDHH. Los organismos y cuerpos policiales encargados de hacer cumplir la ley deben actuar con moderación, equilibrando los intereses en juego, y actuar bajo los principios de necesidad y proporcionalidad. Además, deben garantizar que las protecciones contra la discriminación estén integradas en todas las medidas para hacer cumplir las respuestas de salud pública a la COVID-19.
  
  
• En el contexto de la COVID-19, adoptar medidas y planes de acción con objetivos de recuperación, protección y estímulo a largo plazo, incluida la reorientación de las políticas públicas, ya que los efectos de la pandemia no son solo aquellos de mortalidad inmediata y sus impactos requieren de una reorientación de políticas.
  
  
• Rendir cuentas siempre tiene que ser una obligación. Establecer y seguir los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas apropiados para perseguir las violaciones de DDHH cometidas por los cuerpos de seguridad y otros actores que desempeñan un papel en el cumplimiento de la ley sigue siendo esencial, incluso durante una crisis de salud pública.
  
  
• Apoyar los programas de justicia transicional y las medidas destinadas a garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de todas las víctimas de crímenes cometidos por todas las partes participantes en los escenarios de violencia.
  
  
• Asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación internacional de los derechos de las personas refugiadas y desplazadas forzosamente por la violencia.
  
  
• Aumentar el apoyo a las políticas de lucha contra la VBG y sexual, y el acompañamiento técnico que permita la implementación de las medidas apropiadas para que los estados cumplan con los diferentes compromisos adquiridos con respecto a la CEDAW, el Protocolo de Maputo y resto de marcos y compromisos, así como apoyar el desarrollo y la mejora de mecanismos legales nacionales para ello. La creación o refuerzo de estos mecanismos beneficiará a largo plazo la promoción y protección de los derechos de las mujeres, y fortalecerá los mecanismos de respuesta ante crisis o estreses sobrevenidos, como ha sido el caso de la pandemia de la COVID-19.
  
  
• Trabajar por la reforma de los códigos penales y otros marcos nacionales hacia no solo la despenalización de las relaciones homosexuales y la diversidad de las identidades de género, sino por la aprobación de medidas positivas de protección de estos colectivos y sus organizaciones, así como de medidas penales contra los delitos de odio.
  
  
• Fortalecer los propios mecanismos de los organismos de DDHH a nivel regional y de la UA y que estos organismos apoyen proactivamente la defensa de los derechos de los colectivos, especialmente la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
  
  
• Garantizar la protección de los y las defensoras de DDHH y medioambientales, whistle-blowers y prensa.
  
  
• Aprender de las lecciones de la crisis de salud de 2020, que han supuesto la reducción de la libertad de información y de expresión. Es imprescindible para el desarrollo y consolidación de sistemas políticos democráticos la libertad de expresión e información, la pluralidad y la promoción de la independencia de los medios de comunicación, para disponer de información confiable y crítica a las audiencias de África subsahariana. Esto incluye el apoyo económico a los actores de los medios de comunicación locales para que puedan cumplir su función de informantes.

• Referencias

  1 —

  Véase por ejemplo: Branch, Adam y Mampilly, Zachariah (2015); Africa Uprising. Popular protest and political change, ZedBooks, Londres; Badri, Balghis y Tripp, Aili M. (eds) (2017); Women´s Activism in Africa, ZedBooks. Londres.

  2 —

  Mo Ibrahim Foundation (s/f); “Agendas 2063 y 2030: Is Africa on Track?”,African Governance Report. Disponible en línea. Última visita el 24/12/2020.

  3 —

  El Índice se basa en el desarrollo de una encuesta en donde se clasifica a los 54 estados africanos según diversos criterios que miden la percepción ciudadana sobre: seguridad, derechos humanos, estabilidad económica, leyes justas, elecciones libres, corrupción, infraestructura, pobreza, salud y educación. Mo Ibrahim Foundation (2020); 2020 Ibrahim Index of African Governance. Disponible en línea. Última visita el 23/12/2020.

  4 —

  El nuevo nombre de la antigua Swazilandia desde 2018 (n. del t.).

  5 —

  Freedom House (2020); Freedom in the World report. Disponible en línea. Última visita el  24/12/2020. Véase también Temin, Jon (2020); “Democratic trends in Africa in four charts”, Freedom House. Disponible en línea. Última visita el 4/12/2020.

  6 —

  Escola de Cultura de Pau (2021); Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Icaria, Barcelona.

  7 —

  Amnesty International (2020); The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020. Disponible en línea.Última visita el 22/12/2020.

  8 —

  Amnesty International (2020); The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020, pp-34-35. Disponible en línea.Última visita el 22/12/2020.

  9 —

  De las siglas en inglés de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (n.del t.).

  10 —

  Koski A, Heymann J. (2017); “Thirty‐year trends in the prevalence and severity of female genital mutilation: A comparison of 22 countries”, en BMJ Glob Health, 2:1–8.

  11 —

  Se define la violencia electoral como la fuerza coercitiva, intimidación o acoso empleado antes o después de una elección. Los ejemplos de violencia electoral pueden incluir discursos de odio y amenazas de violencia física, arrestos y detenciones arbitrarias, así como enfrentamientos y actos de violencia armada que terminan con víctimas mortales.

  12 —

  Birch, S., Muchlinski, D. (2020); “The Dataset of Countries at Risk of Electoral Violence”, en Terrorism and Political Violence, Vol. 32:2, pp.217-236.

  13 —

  Estos conflictos armados son: Libia, Malí, región Sahel occidental, región Lago Chad, Somalia, Mozambique –norte–, Etiopía –Tigray–, Sudán –Darfur y Kordofán Sur y Nilo Azul–, Sudán del Sur, Camerún –Ambazonia–, RCA, RDC –este–, RDC –ADF– y Burundi. Escola de Cultura de Pau (2021) “Alerta 2021… op.cit

  14 —

  Véase al respecto Escola de Cultura de Pau (2020); Ceses de hostilidades en tiempos de COVID-19, Apunts ECP de Conflictes i Pau, Nº7. Disponible en línea. Última visita el 10/01/2021.

  15 —

  United Nations (2020); Despite Calls for Ceasefire amid COVID-19 Pandemic, Unabated Fighting Could Push Libya to New Depths of Violence, Acting Special Representative Warns Security Council, New York: United Nations. Disponible en línea. Última visita el 03/01/2021.

  16 —

  ACLED (2020); A Great and Sudden Change. Disponible en línea. Última visita el 03/01/21.

  17 —

  Escola de Cultura de Pau (2020); Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Icaria Editorial. Barcelona. Disponible en línea.

  18 —

  UNHCR (2020); Global Trends Forced Displacement 2019, UNHCR, Ginebra. Disponible en línia.

  19 —

  Amnesty International (2020); My heart is in pain”: Older people’s experience of conflict, displacement, and detention in Northeast Nigeria. Disponible en línea. Última visita el 24/12/2020.

  20 —

  Amnesty International (2020); Mozambique: Torture by security forces in gruesome videos must be investigated, Disponible en línea. Última visita el 24/12/2020.

  21 —

  Amnesty International (2020); Time to End Impunity: Torture and other Human Rights Violations by Special Anti-Robbery Squad (SARS). Disponible en línea. Última visita el 24/12/2020.

  22 —

  Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED); Dashboard. Disponible en línea. Última visita el 29/12/2020.

  23 —

  FIDH (2020); Oil in east Africa: Communities at risk. Disponible en línea.Última visita el 30/12/2020.

  24 —

  Reporteros Sin Fronteras (2020); Balance 2020. Periodistas asesinados. Disponible en línea.Última visita el 30/12/2020.

  25 —

  African Freedom of Expression Exchange (2020); The State of the Press Freedom in Somalia. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

  26 —

  Reporteros Sin Fronteras (2020); Balance Anual 2020 de periodistas presos, secuestrados y desaparecidos. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

  27 —

  Reporteros Sin Fronteras y Cartooning for Peace (2020); Africa : The 2020 pandemic has challenged press freedom. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020

  28 —

  Reporteros Sin Fronteras (2020); Balance Anual 2020 de periodistas presos, secuestrados y desaparecidos. Disponible en línea.

  29 —

  International Criminal Court, “Situations under investigation”. Disponible en línea.

  30 —

  En el informe, Amnistía Internacional examina y analiza el desempeño de los órganos de tratados de DDHH de África, a saber: la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR), la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Amnesty International (2020); The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020. Disponible en línea. Última visita el 22/12/2020.

  31 —

  Véase African Court of Human and Peoples ‘s Rights. Disponible en línea. Última visita el 22/12/2020.

  32 —

  African Court of Human and Peoples´ Rights, Cases. Disponible en línea. Última visita el 22/12/2020.

  33 —

  Freedom House (2020); Democracy under Lockdown: The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom. Disponible en línea.  Última visita el 30/12/2020.

  34 —

  Se ha producido un debate notable en torno a las razones que podrían explicar la relativa baja incidencia del virus en el continente, fomentado entre otras cosas por la asunción paternalista y colonial que esperaba una debacle sanitaria en el continente. Ver, por ejemplo, el artículo traducido al castellano de la keniata Nanjala Nyabola “África no está esperando a ser salvada del coronavirus“, Disponible en línea.Última visita el 30/12/2020.

  35 —

  Mo Ibrahim Foundation (2020); 2020 Ibrahim Index of African Governance. Disponible en línea.  Última visita el 30/12/2020.

  36 —

  Amnesty International (2020); The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020. Disponible en línea.

  37 —

  IE SOGI, Report to the General Assembly “Violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, [A/75/258]. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

  38 —

  Ghoshal, Neela (2020); Uganda LGBT Shelter Residents Arrestedon COVID-19 Pretext, HRW. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

  39 —

  Africa Center for Strategic Studies (2020); African Migration Trends to Watch in 2021“. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

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  UNHCR (2020); Europe situations: data and trends – arrivals and displaced populations, Regional Bureau for Europe Montly Bulletin. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

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  UNWomen, Women in informal economy. Disponible en línea. Última visita el 04/01/2021.

  42 —

  Además de la precarización económica, estas trabajadoras también han sido víctimas de la violencia de los empleados públicos encargados de implementar las medidas excepcionales.

  43 —

  OIT (2020); Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición. Disponible en línea. Última visita el 04/01/2021.

  44 —

  UNWomen (2020); COVID-19: Ending violence against women and girls key priorities and interventions for effective response and recovery. Disponible en línea. Última visita el 04/01/2021.

  45 —

  Eisentraut, S., Miehe, L., Hartmann, L. y Kabus, J. (2020); “Polypandemic. Munich Security Report Special Edition on Development, Fragility, and Conflict in the Era of Covid-19”, Munich Security Report.noviembre, pp.29-30.

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  Gyimah-Boadi, E., Logan C. (2020); “Many Africans Distrust Their Governments. How Will That Affect Their Coronavirus Response,” en Monkey Cage/The Washington Post, 1 de mayo.

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  Amnesty International (2020); Covid-19 Cracdowns. Police Abuse and the Global Pandemic. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

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  Human Rights Watch (2020); Kenya: Police Brutality During Curfew”. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

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  Kimani, S. (2020); “Report outlines human rights violations in Kenya during COVID-19 containment”, SABCNews, 1 de julio. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

  50 —

  France24 (2020); “Kenya ministry told to publish Covid-19 deals amid graft scandal”, 31 de agosto. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.

  51 —

  Human Rights Watch (2020); Uganda: Authorities Weaponize Covid-19 for Repression”. Disponible en línea. Última visita el 30/12/2020.