Desafección. Antipolítica. Populismo. Extremismo. Demagogia. Esperpento. Poder fáctico. Lawfare. Politización. Judicialización. Partidismo. Despotismo. Cinismo. Totalitarismo. Sectarismo. Fanatismo. Incompetencia. Ineptitud. Represión. Espionaje. Injusticia. Elitismo. Post-democracia. Oligarquía. Plutocracia. Fake news. Mentira. Censura. Desafección.
Parecería que nos estaríamos refiriendo a adjetivos relativos a regímenes poco o nada democráticos. Y sin embargo estos son términos con los que ciudadanía, prensa y los mismos políticos califican a diario lo que los índices y analistas internacionales consideran democracias plenas y saludables. Recordemos que, en el caso de España, hace años que la percepción del estado de la política actual se considera mala [1]1 — CIS. Indicadores de la situación política. Recurso disponible en línea. , que la mayoría de ciudadanos expresa malestar e insatisfacción hacia el Estado de su democracia [2]2 — Foa, R.S., Klassen, A.J., Slade, M., Rand, A. & Collins, R. (2020). The Global Satisfaction with Democracy Report 2020. Cambridge: Centre for the Future of Democracy. y que la política sigue siendo percibida como el principal problema del país [3]3 — CIS. Percepción de los principales problemas de España. Disponible en línea. , mientras que, en los rankings, la posición de España suele estar en el grupo de países con una democracia más sana.
Mi democracia no es fallida
La distancia entre la percepción y el análisis técnico no deja de ser paradójica. Y cada bando la resuelve a su manera. O se desacredita la percepción, por desinformada e instrumentalizada (eso último constituye otra paradoja dentro de este conjunto de argumentos), o se desacreditan los especialistas, por academicistas o, también, por instrumentalizados (en este caso, coherentemente con la acusación).
Hay razones para pensar que una democracia puede estar declinando a pesar de gozar de buena salud en los rankings internacionales
Dejando de lado el uso interesado en defender una u otra visión, y dejando sobre todo de lado los comportamientos no éticos, ilegales o delictivos no institucionalizados –es decir, que haya políticos corruptos no necesariamente implica que una democracia no funciona– , hay razones para pensar que ambas visiones tengan su parte de razón: que una democracia puede estar declinando a pesar de gozar de buena salud en los rankings internacionales, y que una democracia puede acabar entrando en quiebra si sólo medimos aquello que podemos medir.
Qué medimos cuando medimos la democracia de las democracias
Para tratar de aportar objetividad a las percepciones personales y, sobre todo, para ver qué funciona o qué hay que mejorar en materia de política pública, los científicos sociales se han esforzado en crear instrumentos para medir la calidad de la democracia.
Aunque no exista una manera clara de categorizar ni desde la teoría ni desde las iniciativas prácticas que se han llevado a cabo, hemos establecido aquí cinco grupos de instrumentos. La clasificación, como decimos, es totalmente arbitraria y tiene por único objetivo presentar de una manera pedagógica qué podemos medir en democracia y como, en general, se está haciendo.
Transparencia y acceso a la información pública
El primer ámbito que podemos medir en una democracia es qué nos permite saber de sus instituciones y de su actividad. Dentro de la transparencia encontramos conceptos como si se ha reconocido formalmente el derecho al acceso a la información pública; si las instituciones publican activamente esta información; si, en caso contrario, se puede solicitar; si además se concede efectivamente y en qué grado; si se puede sancionar a las instituciones cuando no lo conceden o bien qué excepciones existen, entre muchos otros.
Los principales índices son Global Right to Infomation Rating, de Access Info Europe y Centre for Law and Democracy; Open Budget Index, de la International Budget Partnership; Open Government Index, de World Justice Project; o los especializados en datos abiertos como Global Open Data Index, de Open Knowledge Foundation, y Open Data Barometer, de la World Wide Web Foundation.
Corrupción e integridad
En el otro extremo de la transparencia y de la rendición de cuentas encontramos la lucha contra la corrupción y la medición de la integridad pública. También se trata de otro extremo metodológico. Por una parte, Global Integrity elabora sus informes de manera que nos pueden recordar los de Amnistía Internacional en el ámbito de los derechos humanos, centrándose en estudios de caso, denuncias, testimonios etc. Transparency International, por su parte, elabora el Corruption Perceptions Index. Este último se elabora a partir de indicadores de terceros, como la facilidad para acceder a información sobre financiación pública, la proporción de empleados públicos nombrados “a dedo” o si hay o no sobornos y corrupción en el ámbito público.
Libertades
Si los anteriores grupos de indicadores o índices ponían el foco sobre que pueden hacer, hacen y tendrían que hacer las instituciones, hay numerosas iniciativas orientadas a establecer que pueden hacer, qué hacen efectivamente y qué tendrían que poder hacer los ciudadanos. Bajo el nombre de libertades civiles o derecho político encontramos, sobre todo el trabajo de Freedom House, con su referente Freedom in the World –que incluye Freedom on the Net–, orientada a la libertad de expresión y que mide si existe una prensa libre, el derecho de manifestación, o de libre reunión y filiación política, entre muchos otros; el Press Freedom Index, de Reporteros Sin Fronteras, sobre la calidad del cuarto poder, como la pluralidad, la independencia, la censura o la autocensura; el World Electoral Freedom Index, de la Fundación para el Avance de la Libertad, que mide, específicamente, la calidad de los sistemas electorales.
No tan centrados en la participación institucional o en la libertad de acción, sino en los determinantes que esta participación y libertad sean realmente libres –valga la redundancia– encontramos la medición de la ausencia de violencia que realiza el Institute for Economics and Peace con su Global Peace Index; el Inclusive Development Index, del Foro Económico Mundial –y que podría abrir toda otra categoría relacionada con el bienestar y el desarrollo humano– incluye, además de los clásicos indicadores de crecimiento y desarrollo, la manera como se distribuyen entre personas así como entre generaciones.
En el ámbito de las libertades encontraríamos un tercer ámbito que se centra en colectivos específicos, como la triste por necesaria medición de la discriminación de género: el Gender Development Index, del PNUD; el Social Institutions and Gender Index, de la OCDE; el Global Gender Gap Index del Foro Económico Mundial; o el Gender Equity Index, de Social Watch. Todos ellos incluyen, entre otros, el grado y la facilidad de acceso de la mujer en las instituciones públicas o en la esfera pública en general.
Gobernanza y Administración
¿Qué hace la Administración en relación con la transparencia, la integridad y las libertades individuales? ¿Qué servicios públicos es capaz de poner en marcha o qué niveles de bienestar social? Los índices que miden la calidad del gobierno buscan, de una manera u otra, medir la eficiencia y la eficacia de las administraciones. Suelen ser conjuntos de indicadores o índices complejos, tanto en su cálculo como en sus objetivos.
Los clásicos entre los clásicos son el Worldwide Governance Indicators, del Banco Mundial, así como el Conflict, Governance and State Fragility, del Center for Systemic Peace (y sucesor del Polity Score, todo un referente y, además, con larga tradición). Muy destacable, por el gran cuidado en su elaboración, es el European Quality of Government Index de la Universidad de Gotemburgo. Estos grupos de indicadores o el último índice intentan ir más allá de los indicadores meramente descriptivos –aunque obviamente los utilizan– para aportar una visión sobre la calidad de los servicios públicos, su cobertura o su coste.
Hay un debate abierto sobre si es necesaria una democracia para dar buenos servicios a los ciudadanos, o bien si los ciudadanos pueden ser lo bastante felices teniéndolo “todo” aunque les falte la libertad
Más relacionado con la provisión de servicios públicos tenemos el Social Progress Index ideado por Social Progress Imperative. Se basa, como el Índice de desarrollo humano, en la idea de las capacidades de Amartya Sen, entre otros, que coloca en el centro del progreso las necesidades humanas más allá del mero progreso económico.
Estas herramientas de medición pueden parecer más relacionadas con la gestión pública que con la democracia. Sin embargo, hay un interesante debate abierto en la politología sobre si es necesaria una democracia para dar buenos servicios a los ciudadanos, o bien si los ciudadanos pueden ser lo bastante felices teniéndolo “todo” aunque les falte democracia en particular o libertades en general. No es un debate menor, y la China post-maoísta es el ejemplo paradigmático.
Democracia
La calidad de una democracia –y la consideración, de límites borrosos, de qué significa– se construye a partir de las cuatro tipologías anteriores, a las que se añade el funcionamiento de las instituciones democráticas así como, a menudo, parte del contexto socio-económico: libertades cívicas, cultura política, participación política, funcionamiento del gobierno, procesos electorales y pluralismo, cumplimiento de la ley, competencia, transparencia, participación ciudadana, representatividad, partidos, derecho a sufragio, rendición de cuentas, administración imparcial, participación en sociedad civil organizada, democracia directa, subsidiariedad y administración multinivel, género, economía, salud, conocimiento, educación, medio ambiente… lo que define una democracia puede llegar a ser un montón de cosas. O quizás unas pocas. Y he aquí el problema: podemos definirla de mil maneras diferentes y sólo podemos medirla de unas pocas, o en cambio definirla muy brevemente y no poder medirla ni con un amplio despliegue de indicadores.
Existen, sin embargo, intentos que han tenido bastante éxito. El más popular es, probablemente, el Democracy Index, de The Economist Intelligence Unit, junto con Global State of Democracy del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (más conocido por IDEA).
El Fragile States Index (antiguamente llamado Failed States Index) del Fund for Peace adopta el punto de vista inverso de los dos anteriores, poniendo el foco en los riesgos existentes para una democracia. Así, habla de presión demográfica, legitimidad, desigualdad económica y una serie de variables que consideran que dificultan o acaban por impedir que se desarrolle un régimen democrático.
Con una aproximación totalmente diferente, el Centre for the Future of Democracy intenta captar el nivel de satisfacción con la democracia por parte de los ciudadanos en su Global Satisfaction with Democracy Report. A menudo los resultados son sorprendentes con respecto a lo que dicen otros indicadores de corte más descriptivo, ya que las percepciones toman en consideración muchos otros factores.
Iniciativas muy loables, tanto por la medida de sus instituciones como por tener una visión más innovadora y buscar una visión que sintetice todas las aproximaciones, y que conviene destacar son Democracy Barometer, del Institut für Politikwissenschaft de la Universitat de Zurich, y el Zentrum für Demokratie Aarau; así como Varieties of Democracy (V-Dem) del V-Dem Institute de la Universidad de Gothenburg. Ambas iniciativas intentan superar las aproximaciones de blanco y negro y aspiran a concebir los regímenes (las democracias) como sistemas donde interactúan muchas variables al mismo tiempo. Y es en esta interacción, más allá de su mera presencia, donde sucede aquello que llamamos democracia. O no.
Y de eso último, de la democracia como sistema –y no como suma– es de lo que queremos hablar a continuación.
Falsos positivos y falsos negativos en la medición la democracia
Dice la mitología griega que Procusto tenía un hostal donde paraban los viajeros. Cuando se acostaban en la cama, si eran demasiado altos, Procusto les cortaba todo lo que sobresalía –pies, manos, cabeza. Si eran demasiado bajos, Procusto los estiraba hasta que, desencajados, se ajustaban a la longitud de la cama.
De forma más elegante, Donald T. Campbell [4]4 — Campbell, Donald T (1979). “Assessing the impact of planned social change”. Evaluation and Program Planning. 2 (1): 67–90 enunció la “ley” que lleva su nombre: cuánto más utilizamos un indicador social para tomar decisiones de política pública, más se corromperá y más acabará distorsionando las decisiones que tomemos basándonos en él.
Eso no quiere decir que haya mala intención ni en quien crea el indicador ni en quién lo utiliza. Sino que los indicadores –y especialmente los índices, que además requieren una elaboración posterior– no son perfectos. Sin embargo, sí que tenemos que poder atribuir una cierta impostura intelectual a quien, sabiendo que estas herramientas tienen puntos débiles, se aferran a ellas para hacer afirmaciones categóricas, en un sentido o en otro. ¿Cuáles son estos puntos débiles?
Defectos de construcción
Aquello que no medimos, no existe, mientras que medir hace la cosa y hacemos aquello que es mesurable. Aunque parezca una frivolidad, una democracia de calidad será aquella en que, además de poder afiliarte al sindicato, el sindicato pueda tener una incidencia real en la política pública; también funciona cuando un alto cargo cesa cuando, aún dentro de la legalidad, ha tenido una actuación que su entorno social reprueba. Muchos indicadores, sin embargo, tienen problemas al pasar de lo meramente descriptivo al impacto. Así, falta por medir la diferencia que hay entre la existencia de la libre afiliación sindical y que estos sindicatos modulen la democracia; y queda a menudo también por medir la diferencia entre cumplir la ley y cumplir con una ética, y qué ética.
Una segunda cuestión es quien y como se mide. Dado que muchas variables son subjetivas (“¿hay corrupción en su país”?)”, a menudo se establece una escala donde unos especialistas sitúan el valor del indicador. El problema es que no sólo el indicador es subjetivo, sino que la persona y su entorno son determinantes. Encontramos casos, pues, en que un país absolutamente corrupto tiene buena puntuación porque ha experimentado una mejora sensible, mientras que un país de tradición impecable acaba suspendiendo porque se ha producido un caso totalmente inadmisible en su entorno. Como el indicador es el mismo y es subjetivo, cada evaluador valora según su percepción.
Esta cuestión se agrava especialmente con los rankings y los índices: ser el primero no significa hacerlo bien, y fijar el límite del índice según quien lo hace mejor, no significa que no haya mucho de margen para mejorar.
Un sistema democrático puede funcionar muy bien en general, pero fallar en “sólo” una cuestión en particular. Sin embargo este ámbito disfuncional raramente penaliza de forma drástica en el agregado de indicadores. ¿Si un solo factor falla estrepitosamente, podemos hablar de democracia?
Añadamos, aquí, que medir el impacto cruzado es muy complicado y o bien no se hace o se hace raramente utilizando modelos empíricos. Eso significa que un sistema democrático puede funcionar muy bien en general, pero fallar en “sólo” una cuestión en particular. Sin embargo, cuando medimos, este ámbito disfuncional raramente penaliza de forma drástica en el agregado de indicadores. Así, en un régimen donde todo funciona más o menos bien excepto, pongamos por caso, el sistema judicial, los índices considerarán que tenemos una democracia sana con “oportunidades de mejora” en la justicia. La realidad, sin embargo, es mucho más cruda: la democracia se estrella cuando se producen casos flagrantes de injusticia y arbitrariedad judicial. ¿Si un solo factor falla estrepitosamente, podemos hablar de democracia?
En la misma línea, no es lo mismo medir derechos reconocidos que derechos ejercidos. El caso de las iniciativas legislativas populares en España es paradigmático: en teoría, la ciudadanía tiene un canal excelente para hacer llegar propuestas al Congreso; en la práctica, prácticamente ninguna ha llegado a tramitarse, con lo cual no sólo no han tenido ningún efecto, sino que la ciudadanía ha renunciado en general a utilizarlas. En los indicadores, sin embargo, las ILP salen como “sí, se pueden hacer”.
Si eres política con minúsculas no sales en la foto
Hablábamos anteriormente de los sindicatos, pero muchas cosas –y cada vez más– ocurren fuera las instituciones. Se lo denomina política con minúsculas, a menudo con un cierto desaire: un error descomunal porque, como este texto, la mayor parte de la democracia se escribe en minúscula.
En general existen pocos indicadores que hagan referencia a la sociedad civil y, cuando lo hacen, a menudo aluden a la llamada sociedad civil organizada, es decir, a las instituciones: sindicatos, oenegés, asociaciones. Como mucho, se pregunta por si se ha asistido a una manifestación, que generalmente están convocadas y autorizadas y, por consiguiente, y una vez más, institucionalizadas.
Pero la democracia es muy mucho, mucho más que eso. Las democracias se aguantan –y los totalitarismos se resquebrajan– cuando existe un tejido social fuerte. Y un tejido asociativo que no sólo existe formalmente, sino que muestra un determinado grado de compromiso cívico. Eso quiere decir, por ejemplo, asociaciones de familias de alumnos que organizan toda la actividad extraescolar, las fiestas de la escuela, las iniciativas de convivencia y multiculturalidad o las redes de apoyo entre familias. No salen en ninguna foto. Y hay centenares de ejemplos como este.
Los tsunamis democráticos, como los anti-democráticos, empiezan con olas en alta mar que van ganando fuerza al llegar a la costa. Si el 15M ha cambiado el panorama político español –y hay evidencias que se han producido varios impactos desde entonces– es porque había un sustrato que trabajaba fuera de foco. También sucede así con la extrema derecha europea y la alt-right norteamericana –en este caso para destruir la democracia–. Trump gana en EE.UU. y Vox entra en los parlamentos españoles a pesar de no salir en la foto el día antes.
Este caso es lo opuesto al anterior: no medimos lo que no existe.
La Administración –y los investigadores– sufren mucho cuando las personas y sus actividades no son plenamente formales. La proliferación de para-instituciones [5]5 — Peña-López, I., Congosto, M. y Aragón, P. (2014). “Spanish Indignados and the evolution of the 15M movement on Twitter: towards networked para-institutions”. En Journal of Spanish Cultural Studies, 15 (1-2), 189-216. New York: Routledge. –agrupaciones de personas que parecen instituciones de puertas afuera pero tienen funcionamientos totalmente no institucionales de puertas adentro– en los últimos años, y muy especialmente a raíz de la revolución digital, ha comportado un crecimiento exponencial de la complejidad de la arquitectura, hábitat y comportamiento de los movimientos políticos y sociales. No es que vuelen bajo el radar: es que los radares ya sólo sintonizan canales antiguos y tenemos que cambiar de antena.
Piensa globalmente, actúa localmente
A la revolución digital tenemos que añadir el factor de la globalización –cada vez más difíciles de distinguir la una de la otra. ¿Si la política es global, estamos midiendo también el estado de las democracias en relación a la globalidad? La respuesta es un rotundo no (con contadísimas excepciones).
Los movimientos contraculturales en defensa del medio ambiente y contra la globalización de los mercados (sin una contraparte a nivel de soberanía política) de finales del siglo XX no se explican sólo por la existencia de entidades de la sociedad civil más o menos articuladas a nivel estatal: se explican, sobre todo, por una articulación a nivel global. La lucha contra el cambio, climático, hoy, no se entiende sin aquellos movimientos, ni sin sus herederos nacidos ya sincronizadamente a nivel global del siglo XXI. Las políticas actuales –y, por construcción, las democracias actuales– ya no se entienden sin medir el factor geopolítico.
Hay excepciones notables, como el Conflict, Governance and State Fragility del Center for Systemic Peace que, por ejemplo, castiga Noruega, una democracia envidiable para muchos y que, en cambio, considera muy frágil: depende demasiado de su petróleo y del uso que hace de él a nivel global. Pero es una excepción.
Irlanda, a nivel europeo, y Madrid, a nivel español, constituyen en el primer caso un reconocido paraíso fiscal el primero, y en el segundo un practicante habitual del dumping fiscal. Eso provoca flujos de capitales y personas y, sobre todo, de poder, que desequilibran su entorno, además de situarlos, a menudo, en situaciones comprometidas en términos diplomáticos. No tiene sentido, en un mundo global, medir la democracia como si se pudiera encerrar en un laboratorio aislada del mundo exterior.
Afectar a la agenda global, en positivo o en negativo, o apoyarse en ella para tener más o menos fuerza, explica cada vez más el devenir de las democracias, así como las derivas autoritarias de democracias que se deslizan cuesta abajo hacia la quiebra.
Redes, tecnopolítica y el ecosistema de gobernanza pública
Si derivamos la categoría anterior en clave de política informal, nos encontramos con el nuevo pero omnipresente escenario de la tecnopolítica, el “proceso dinámico entre los desarrollos tecnológicos y los fines [políticos… ] un nuevo contexto, que ha sido posible y se ha ampliado por las TIC, donde los actores aspiran a mayores niveles de libertad, empoderamiento y gobernanza” [6]6 — Kurban et al. (2017). “What is technopolitics? A conceptual scheme for understanding politics in the digital age”. En IDP. Revista de Internet, Derecho y Ciencia Política, 24. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. .
Se refiere, por ejemplo, al movimiento de los datos abiertos en particular y del gobierno abierto en general, a los nuevos modelos de gobernanza basados en la devolución de soberanía al ciudadano a través de instrumentos de democracia participativa, deliberativa y directa. Movimientos que nacen ya globalmente y están cambiando los conceptos mismos de representación, ciudadanía, gobierno o poder.
Pero se refiere, también, a movimientos fuera del ámbito de la política en sentido explícito pero que, desde los márgenes de lo que hemos llamado política con minúsculas, también cambian los conceptos de representación, ciudadanía, gobierno o poder al cuestionar el orden establecido, desde las cooperativas de plataforma [7]7 — Scholz, T. (2016). Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy. New York: Rosa Luxemburg Stiftung. a las nuevas formas de creación cultural digital, el movimiento del software libre o los contenidos abiertos y las criptomonedas. No hay una cuarta ola del feminismo sin movimientos como #MeToo o #Cuéntalo, movimientos tan difíciles de incorporar en la definición de una democracia, como imposibles de prescindir a la hora de medir su calidad y, sobre todo, su futuro.
Movimientos de la cuarta ola feminista como #MeToo o #Cuéntalo son tan difíciles de incorporar en la definición de una democracia como imposibles de prescindir a la hora de medir su calidad
Digámoslo de otro modo. El hecho de plantearse qué es una democracia y qué calidad tiene esta democracia ha sido superado, por una parte, por la extra-institucionalidad de mucha actividad política que ya no podemos despreciar calificándola de mero activismo que tiene que reconducirse por los canales apropiados; por otra parte por este factor de red global donde ya no hablamos de colaboraciones puntuales sino de sinergias sistémicas.
La democracia ya no es aquel constructo vertical, jerárquico, burocrático, centralizado de las primeras democracias liberales, para pasar a ser un ecosistema de gobernanza pública de altísima complejidad, “un sistema político, autoorganizado, autopoiético, replicable y escalable que articula actores, espacios e instrumentos en torno a un conjunto de infraestructuras abiertas y distribuidas ricas en conocimiento para la toma de decisiones colectivas” [8]8 — Peña-López, I. (2020). “El ecosistema de gobernanza pública: las instituciones como infraestructuras abiertas para la toma de decisiones colectivas”. En Reniu y Vilamala, J.M. & Meseguer, J.V. (Eds.), ¿Política confinada? Nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia, Capítulo 2, 53-71. Cizur Menor: Thompson-Reuters/Aranzadi .
¿Es España una democracia fallida?
En absoluto. España, según todos los estándares, es una democracia de calidad. No hay ningún conjunto de indicadores, índice o ranking que diga lo contrario. Con muy pocas excepciones, si las hay, el Estado español se sitúa indudablemente en el grupo de países con una democracia consolidada, respetuosa con los ciudadanos en materia de derechos, así como generosa en la provisión de servicios públicos de calidad.
Hay, no obstante, dos matices a esta afirmación.
El primero es la tendencia. No son pocos los indicadores que han revertido la mejora más o menos sostenida de la democracia española desde la Transición. Los de confianza en las instituciones, enrarecimiento de la percepción de legitimidad en el poder judicial o la persistente lacra de la corrupción y el clientelismo han empeorado. Muy sutil, es cierto, pero hay una inversión de tendencia que tendría que preocupar todo el mundo: que la democracia empeore, por poco que sea, nunca es una buena noticia y, sobre todo, no puede ser motivo de negación.
El segundo son los aprobados justos. Sin negar que la democracia española puntúa bien en todos los ámbitos, también es cierto que hay desequilibrios internos en los conjuntos de indicadores y no saca la misma nota en todos los ámbitos. Lo más preocupante es que estos indicadores donde España no va tan bien, a pesar de llegar todavía al aprobado, son los que tienen que ver más con la ciudadanía y menos con el Estado: libertad de prensa, libertades políticas y civiles en general transparencia, participación de la ciudadanía en la vida política en general.
Dicho de otra manera, la democracia española puntúa bien en los rankings porque el Estado es fuerte y porque entendemos la democracia como un Estado fuerte que cuida de la ciudadanía. Pero este concepto de democracia como Estado fuerte es obsoleto.
Primero, porque cuida cada vez menos de la ciudadanía: lo muestran los datos sobre educación, desigualdad económica, o los diversos y múltiples factores de exclusión y discriminación como el género, el origen geográfico, el nivel de renta. Un Estado fuerte con ciudadanía precaria es un Estado con pies de barro, débil.
Segundo, porque el Estado es cada vez menos una jerarquía y cada vez más una plataforma que hace que los nodos de la red que sustenta funcionen en un ecosistema de toma de decisiones cada vez más descentralizado. Un Estado jerárquico y burocrático en un mundo en red es un Estado prescindible, y por lo tanto débil.
A esta doble situación de exclusión social y de exclusión de las vías de poder, se añade una cultura y un marco normativo totalmente contrarios a repensarse y, aún menos, a repensarse en forma de un ecosistema de soberanías compartidas. Desde la propia Constitución hasta la Ley Mordaza, pasando por la Ley Electoral, los recursos sistemáticos a las decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la gobernanza de los medios de comunicación (públicos y privados), la gobernanza del poder judicial, la Ley de Bases del Poder Local y las mil maneras como el Estado debilita a la sociedad civil, la subsidiariedad, son al fin y al cabo maneras de debilitar la democracia, por paradójico que pueda parecer.
No tiene sentido tildar España de dictadura. Pero ha entrado claramente en la post-democracia [9]9 — Crouch, C. (2000). Coping with Post-Democracy. Fabian Ideas 598. London: Fabian Society , la democracia que lo es de cara afuera pero que no funciona como tal de cara adentro.
La democracia, en España y en el mundo, se termina en la forma como la conocíamos. Habrá democracia, esperemos, pero será otra que se tiene que cultivar desde hoy. No saber cómo será o cómo tendría que ser esta nueva democracia no es excusa para negar la certeza de que las actuales definiciones han quedado obsoletas
No es una buena señal democrática el retroceso del espíritu del 15M que pedía “democracia real ya” (el eslogan menos anti-sistema que nunca se ha visto, por cierto) o los ataques del deep State contra su (más o menos) encarnación institucional de la mano de Podemos. Lo mismo se puede decir del uso sistemático del lawfare y de las alcantarillas del Estado para responder a cualquier tipo de amenaza al statu quo, especialmente a las demandas de los partidos independentistas catalanes, no para denegarlas, sino para eliminarlos como opción política. El enroque imposible para defender una Corona manifiestamente corrupta o la condescendencia general hacia una ultraderecha que no esconde sus orígenes y aspiraciones fascistas también son estrategias de defensa de una democracia antigua con una mala salud de hierro que se resiste a morir, aferrada a indicadores cada vez peor sintonizados.
La democracia, en España y en el mundo, se acaba. Se termina, al menos, en la forma como la conocíamos. Podemos esperar que siga habiendo democracia, pero será otra que se tiene que cultivar desde hoy previendo la democracia el futuro. No saber cómo será o cómo tendría que ser o no esta nueva democracia, no es excusa para negar la certeza de que las actuales definiciones han quedado obsoletas y que, de persistir, pueden entrar en quiebra.
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REFERENCIAS
1 —CIS. Indicadores de la situación política. Recurso disponible en línea.
2 —Foa, R.S., Klassen, A.J., Slade, M., Rand, A. & Collins, R. (2020). The Global Satisfaction with Democracy Report 2020. Cambridge: Centre for the Future of Democracy.
3 —CIS. Percepción de los principales problemas de España. Disponible en línea.
4 —Campbell, Donald T (1979). “Assessing the impact of planned social change”. Evaluation and Program Planning. 2 (1): 67–90
5 —Peña-López, I., Congosto, M. y Aragón, P. (2014). “Spanish Indignados and the evolution of the 15M movement on Twitter: towards networked para-institutions”. En Journal of Spanish Cultural Studies, 15 (1-2), 189-216. New York: Routledge.
6 —Kurban et al. (2017). “What is technopolitics? A conceptual scheme for understanding politics in the digital age”. En IDP. Revista de Internet, Derecho y Ciencia Política, 24. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
7 —Scholz, T. (2016). Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy. New York: Rosa Luxemburg Stiftung.
8 —Peña-López, I. (2020). “El ecosistema de gobernanza pública: las instituciones como infraestructuras abiertas para la toma de decisiones colectivas”. En Reniu y Vilamala, J.M. & Meseguer, J.V. (Eds.), ¿Política confinada? Nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia, Capítulo 2, 53-71. Cizur Menor: Thompson-Reuters/Aranzadi
9 —Crouch, C. (2000). Coping with Post-Democracy. Fabian Ideas 598. London: Fabian Society
Ismael Peña-López
Ismael Peña-López es Director General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat de Catalunya. Desde esta dirección general trabaja con el objetivo de transformar la administración pública desde un nuevo paradigma basado en el gobierno abierto y la tecnopolítica. Es Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento y se mueve en el campo de las Políticas Públicas para el Desarrollo, con especial énfasis en las TIC y la brecha digital. Sus investigaciones se basan en una aproximación multidisciplinar de las ciencias sociales. Anteriormente, durante 13 años, fue profesor de Derecho y Ciencia Política en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). También ha sido investigador senior en Open Evidence y director fellow de Innovación Abierta de la Fundación Jaume Bofill.
