África austral: entre la «tierra de oportunidades sudafricana» y la supervivencia

Sudáfrica, el país que domina el sur del continente por su extensión e importancia económica, aparece como la panacea para muchos de los inestables países de la zona. La realidad socioeconómica de países fronterizos como Zimbabue, de un futuro sin perspectiva como les ocurre a los ciudadanos de Lesoto —engullidos por la influyente Sudáfrica—, de países donde los conflictos y la violencia han obligado a buscar refugio como en República Democrática del Congo (RDC) o antes Ruanda y Burundi, o de países abocados a una emigración eminente por la hambruna y cambio climático, como Madagascar, convierten a este país de África austral en la única salida.

En Sudáfrica, los extranjeros nacidos en países africanos reciben el apelativo de “extranjeros nacionales” (foreign nationals), una forma de expresar que son personas más cercanas que los que han nacido fuera del continente, a los que, al menos en teoría, se considera “hermanos” y con los que se establece un vínculo de unión especial. Compartir los retos y dificultades de salir adelante en sociedades con dificultades socio-económicas similares, así como valores y tradiciones en los que la hospitalidad juega un papel fundamental, hace que un extranjero africano no pueda ser considerado con la frialdad y distanciamiento con la que se trata a un extranjero sin nexo de unión con África.

En cambio, la realidad no esconde que durante sus casi treinta años de democracia, el nivel de xenofobia en Sudáfrica no ha dejado de crecer. Según datos oficiales en torno      al 7 por ciento de los 60 millones de personas que viven en Sudáfrica (4,2 millones) son migrantes o solicitantes de asilo. La segregación por razas que impuso durante décadas el apartheid queda lejos, pero no ha impedido que el país padezca un racismo estructural en el que a menudo resulta incomprensible que su historia reciente no ayude a que se produzca una mayor integración. El acceso a un empleo, a educación, una vivienda o servicios sanitarios, derechos básicos que recoge tanto los tratados internacionales que Sudáfrica ha firmado como su avanzada Constitución (1996) no han impedido episodios cíclicos y recurrentes de violencia hacia los extranjeros de países vecinos, y la persecución de los que tras huir de regímenes autoritarios, catástrofes naturales o los que intentaban labrarse un futuro mejor, se enfrentaban a trabas administrativas cuando intentaban regularizar su situación.

El 96 por ciento de las personas que solicitan ante el Ministerio de Interior el estatus que les permita vivir en “el país de las oportunidades” –estable y con un nivel de desarrollo superior a la media de países del continente– son rechazados en primera instancia, lo que les obliga a recurrir y prolongar una situación de ilegalidad que conlleva una elevada carga psicológica de angustia que, a menudo, se prolonga durante años. Y sólo una de cada 20 personas acaba siendo reconocida legalmente. Incluso hay nacionalidades como los originarios de la RDC que, según el Consejo Nacional de Congoleños para el Desarrollo (una organización creada por jóvenes y trabajadores migrantes congoleños en Sudáfrica, con sede en Pretoria, para ofrecer soluciones económicas, culturales y políticas a la situación de la RDC), en los últimos cinco años no han recibido ni una sola respuesta de residencia favorable.

Buscarse la vida

«Llegué a Sudáfrica huyendo de la inseguridad en mi país, Burundi. Habían matado a mi marido, era un soldado y trabajaba como guardaespaldas de un político al que asesinaron. Luego vinieron a por las familias. Me avisaron que debía salir corriendo. Un amigo de mi marido me dio dinero para huir. No sabía a dónde ir. Mis hijos estaban internos en las residencias de sus colegios. Me sentía muy confundida. El conductor de un camión me llevó a Tanzania, pero en el camino me agredió sexualmente, me dijo que debía pagarle por el transporte. Y luego les dijo a otros conductores que me llevaran porque podían abusar de mí durante el camino. Así fue como llegué a Mozambique. En Maputo un hombre, que era amigo de mi marido, me ayudó a llegar a Durban. Al principio viví en la calle, bajo la lluvia, hasta que una persona me habló de un edificio con habitaciones para alquilar a gente como yo.»

Mama Consola (originaria de Burundi, reside en Durban). Entrevista realizada por la autora en Mayo de 2021 en Durban (Sudáfrica).

Los migrantes económicos que se esfuerzan por labrarse un futuro en Sudáfrica provienen de Zimbabue (24 por ciento), Mozambique (12 por ciento), Lesoto (7 por ciento) y Malawi (3 por ciento), mientras que los solicitantes de asilo son de Etiopía (25 por ciento), RDC (23 por ciento), Somalia (11 por ciento), Burundi (4 por ciento) y Eritrea [1]1 — UNDESA (2020) International Migrant Stock [Disponible en línea]. . Los conflictos internos o la extensión de grupos radicales han convertido a Sudáfrica en una tierra donde confían que es posible salir adelante. Es lo que les ocurrió a muchos de los que llegaron hace más de 25 años, huyendo de Ruanda, o más recientemente de Etiopía.

En Sudáfrica la Constitución y la Ley de Refugiados, así como otras normas legislativas específicas para diversas necesidades, indican que toda persona tiene derecho a lo básico para sobrevivir. Aunque existe un Proyecto de Ley de 2019 que plantea la limitación de los derechos de los migrantes sin documentación en vigor en el acceso a atención médica, excepto en el caso de las mujeres embarazadas y menores de seis años. Otro problema que no ha dejado de crecer es el número de menores de edad cuyo nacimiento, y por lo tanto existencia, no ha sido registrada porque para hacerlo ambos progenitores deben demostrar que están viviendo legalmente en Sudáfrica. Según fuentes oficiales hay al menos 100.000 niños y niñas en esta situación.

El proceso de regularización es tan largo y desmoralizador que muchos no llegan ni a plantearse intentarlo y prolongan durante años su situación irregular al carecer de un visado en vigor. Cuando cumplen los requisitos que exige el ACNUR, pueden solicitar el estatus de refugiado, se les entrega un documento de solicitante de asilo con una validez de 6 meses; y una vez cumplido ese plazo tienen que esperar a que haya una resolución final o deben renovar el permiso. Algo que debe realizarse siempre en el lugar donde se hizo por primera vez, al margen de que la persona interesada pueda haberse desplazado por el país y vivir a miles de kilómetros de distancia. Cuando no se renuevan a tiempo los papeles deben pagar una multa de mil rands (unos 60 euros). Si una persona no tiene la documentación en regla en Sudáfrica, su margen de maniobra cotidiano se reduce a lo mínimo, por ejemplo, no pueden abrir una cuenta bancaria, ni comprar una casa o un coche, por estar en situación “ilegal”.

Madagascar: ¿Futuros migrantes climáticos?

La relación migratoria entre Madagascar y Sudáfrica se remonta a hace casi cinco siglos, cuando los colonizadores holandeses empezaron a importar a personas como esclavos desde Madagascar e Indonesia a Ciudad del Cabo. Durante los años de lucha contra el régimen del apartheid el Gobierno malgache, como hicieron los de otros países de la zona, acogió a movimientos de liberación surafricanos y permitió la creación de Radio Freedom para movilizar y difundir información sobre lo que estaba ocurriendo en Sudáfrica. Y ya en este siglo las mediaciones en crisis internas políticas han sido múltiples mientras se asentaban los intercambios comerciales. Esta proximidad geográfica y política hace prever que la grave situación que vive la población en el sur de Madagascar, donde a los efectos económicos de la COVID-19, que ha golpeado al sector turístico, se suma la grave sequía, vayan a provocar un mayor flujo migratorio entre los que puedan permitirse emprender el viaje. 

La alerta por posible hambruna en el sur de Madagascar saltó en agosto de 2021. “Limpio los insectos lo mejor que puedo, pero apenas tenemos agua —declaró a la BBC la madre de cuatro menores—. Mis hijos y yo hemos estado comiendo esto cada día durante los últimos ocho meses porque no tenemos nada más que llevarnos a la boca, ni hay lluvia que nos permita recoger lo sembrado”.

La FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) asegura que 1,1 millones de personas (algunas fuentes elevan la cifra a 1,3, sobre una población total de 25,6 millones de habitantes) se encuentran en emergencia alimentaria y precisan de asistencia nutricional, y medio millón están en riesgo de hambruna. Fandiova (en el distrito de Amboasary-Atsimo) es el epicentro de la grave situación provocada por la peor sequía de los últimos 40 años que ha impedido que la población haya recogido sus cosechas en las dos últimas temporadas. Según la ONU, 30.000 personas están en el nivel máximo (el cinco) de inseguridad alimentaria y Madagascar se ha convertido en el primer país del mundo en sufrir una hambruna por el cambio climático y no por una guerra o conflicto.

La cuarta isla más grande del mundo, con un PIB per cápita de 442 dólares y con la mitad de los menores de cinco años (el décimo índice más alto del mundo) sufriendo malnutrición crónica, es uno de los países más vulnerables del planeta frente a desastres naturales, y con una elevada exposición a ciclones. Además, sufre las consecuencias de una deforestación brutal, con el 90 por ciento de las selvas originales perdidas por la tala para la producción de carbón. Datos que alimentan la tesis de la ONU de que la hambruna que sufre la población del sur de Madagascar se debe al cambio climático del que apenas son responsables (menos del 0.01 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, según el Proyecto Global de Carbón). “No hay precedentes. Estas personas no han hecho nada para contribuir al cambio climático. No queman combustibles fósiles y, sin embargo, están soportando la peor parte del cambio climático”, explicó Shelley Thakral, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, tras destacar el aumento de la aridez del terreno en los últimos años. A lo que el presidente malgache, Andry Rajoelina, se apresuró a sumarse declarando: “Mi país está pagando el precio de la crisis climática sin haberla creado”.

En cambio, a principios de diciembre de 2021 un estudio de la red de científicos de World Weather Attribution (WWA) rechazaba el argumento de la ONU asegurando que las razones de la crisis alimentaria en Madagascar se deben a la pobreza, la escasa infraestructura y la dependencia de las lluvias para sacar adelante su agricultura, combinado con la variabilidad natural del clima. Y señalan “la vulnerabilidad de la región y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población”. Aunque el estudio también apunta que “según las observaciones y modelos climáticos, las lluvias escasas observadas desde julio de 2019 hasta junio de 2021 no han aumentado significativamente debido al cambio climático causado por el hombre”. Y citan al Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU que en agosto de 2021 señalaba que la advertencia global no se espera que afecte a los niveles de sequía en Madagascar hasta que no llegue a los dos grados (en la actualidad está en el 1,1 grados)”.

La COVID-19 obliga al retorno en Lesoto

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) junto con el Ministerio del Interior de Lesoto han calculado que unas 20.000 personas han regresado desde Sudáfrica por la falta de trabajo ante las restricciones de la COVID-19 en el último año. A lo largo de 2021 la OIM organizó formaciones profesionales y talleres que incitaran a la creación de cooperativas para dar salida tanto a los jóvenes retornados como a los que pretendían iniciar una proyecto migratorio que quedó frustrado por el incremento del paro en Sudáfrica (34,9 por ciento en noviembre de 2021), aumentado o como consecuencia en gran parte de la pandemia.

A unos 30 kilómetros de Maseru, la capital de Lesoto, la OIM ha alquilado unas aulas en las que durante cinco intensas semanas aprenden a realizar objetos con material reciclado o a crear productos de belleza e higiene. “El dinero se puede consumir hoy pero así dejará de existir mañana. En cambio, las habilidades y oficios no desaparecen y las conservarás para siempre. La formación profesional te transforma. Y así la juventud vulnerable pasa a sentirse segura y a empoderarse para aportar cambios positivos a la comunidad de la que proceden”, explica Eriko Nishimura, jefa de la OIM en Lesoto, mientras supervisa los frutos de una nueva promoción un par de días antes de la graduación.

En torno al 30 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna en Lesoto, y la concienciación es cada vez mayor por ocupar una situación geográfica, rodeado por Sudáfrica, que le expone a una transmisión mayor. La relación laboral y social se fraguó antes de que terminara el apartheid, cuando el 60 por ciento de la población adulta basoto (pueblo cuyo territorio se encuentra en Sudáfrica y Lesotho) con edades comprendidas entre los 20 y 44 años estaban empleados en las minas de Sudáfrica, y en el 70 por ciento de los hogares de Lesoto tenían al menos una personas que había emigrado. Las remesas individuales enviadas a las familias y su repercusión en la economía del país llegaron a suponer cerca de la mitad del PIB del pequeño país de África austral.

Nuevo estatus para los zimbabuenses

Sudáfrica es el país del continente africano que acoge a un número mayor de migrantes, contando también con un elevado, e imposible de calcular, número de migrantes indocumentados de países vecinos. Casi el 70 por ciento procede de los 16 países de la SADC, la organización regional del sur de África, y el 24 por ciento son originarios de Zimbabue, el país que cuenta con más nacionales desplazados a Sudáfrica, según datos de la OCHA.

En 2001 se estimaba que había 3 millones de zimbabuenses, concentrados en su mayoría en la provincia de Gauteng (que incluye a Pretoria y Johannesburgo) y que entre 2007 y 2008 entraban una media de 3.000 zimbabuenses al día con visados de turista para trabajar en las minas de Limpopo. Una situación que se ha prolongado durante lustros y que dio un giro radical en 2021 cuando el Ministerio de Interior anunció que desde el 1 de enero de 2022 todos los zimbabuenses deberán haber regularizado su situación con un permiso de trabajo que les permita permanecer en el país. Así es como se ha puesto fin al Permiso de Exención Zimbabuense que se calcula que afecta en la actualidad a 200.000 personas. “Hemos dado doce meses de gracia para que se pudiera solicitar los permisos disponibles en el marco normal de migración”, explicó Aaron Motsoaledi, actual responsable de la cartera de Interior tras confirmar que los zimbabuenses que puedan probar que llevan en el país más de una década son los que podrán acceder a su regularización, al ser los que entraron cuando se promulgó el acuerdo de 2009. Las oportunidades económicas que tradicionalmente ha ofrecido Sudáfrica están, en la actualidad, en una preocupante decadencia, a lo que se suma la presión política ante el elevado índice de paro (que afecta al 70 por ciento de los jóvenes). Estas son las razones sobre el radical cambio administrativo que afecta a las relaciones bilaterales.

“El plan puede tener como resultado que las vidas de los que tenían un permiso (por estar exentos) vean sus vidas interrumpidas, negándoles la posibilidad de matricular a sus hijos, o impidiéndoles la renovación de contratos laborales, o haciendo que los bancos dejen de darles servicios, sin permitirles acceder a cuentas”, declaró Sharon Ekambaram, directora de Refugiados y Migrantes del Programa de Abogados por los Derechos Humanos de Johannesburgo, en una carta que incluía a 46 organizaciones. La OIM calcula que en Sudáfrica hay dos millones de personas viviendo sin documentación en regla, aunque algunas ONG aseguran que la cifra es mayor. El planteamiento de Sudáfrica es que permanezcan todos aquellos que “son productivos”, tanto si están estudiando como trabajando para alguien o por cuenta propia. Y anima a las personas que se encuentran en esa situación a solicitar un permiso de residencia de cuatro años, porque en caso de no hacerlo empezarán a ser deportados en 2022. En las largas colas durante el mes de diciembre para presentar el papeleo, los zimbabuenses se quejaban de estar siendo tratados “como animales”, y de tener que someterse a una burocracia administrativa marcada por la corrupción, la confusión y la saturación del sistema.

Vivir en Sudáfrica

Nada es fácil en Sudáfrica, y la vida de los “extranjeros nacionales”, cuya denominación ya lleva a confusión, no ha dejado de complicarse mientras avanzaban los años de una democracia aún inmadura en la aplicación de derechos que su Constitución reconoce desde hace casi tres décadas. En cierta manera, cuando entablas conversación con los ciudadanos de países africanos en dificultades, manifiestan que Sudáfrica debería acogerles y darles una oportunidad porque está en deuda con ellos, recuerdan que sus países de origen cobijaron a los que lucharon contra el apartheid y se posicionaron para que hoy sea un país libre y democrático. Y esos son, precisamente, los valores que buscan los foreign nationals cuando deciden buscar una vida mejor en Sudáfrica con un billete de ida.

• Referencias

  1 —

  UNDESA (2020) International Migrant Stock [Disponible en línea].