Al mediodía del 3 de octubre de 2017, trabajadores y trabajadoras de las oficinas centrales de La Caixa (las torres negras, popularizadas como Mordor en los años de la anterior crisis) bajaron a cortar la Diagonal. Se dice que fueron amonestados por parte de los directivos. Hay quien dice que fue verbal, mientras otros aseguran que fue en forma de carta.

Aquel 3 de octubre había sido convocada una huelga general por parte de los sindicatos más combativos: CGT, CNT, COS, I-CSC y IAC. Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, secundaron la protesta a pesar de que se sumaron a una movilización más light, compartida también por patronales como PIMEC y CECOT, consistente en un paro de una hora al mediodía.

Mientras los oficinistas, encomendados del espíritu que se vivía en aquellas jornadas, gritaban “las calles siempre serán nuestras”, los directivos estaban en contacto con altas instancias del Estado español, tanto la Casa Real como el Gobierno. El directivo de CaixaBank, Isidre Fainé, junto con el del Banco Sabadell, Josep Oliu, fueron las cabezas de puente para el contraataque del Estado, que diseñó una batalla psicológica para infundir inseguridad económica en la sociedad catalana [1]1 — El premiado reportaje de Àlex Font Manté, Natàlia Vila y Albert Martin publicado en el diari ARA, “Així va fer l’Estat la guerra econòmica contra Catalunya”, explica cómo sucedieron estos acontecimientos. Disponible en línea. .

Así pues, apartados del foco mediático, centrado aquellos días en el Parlament y el Govern, se producían unos movimientos que tenían tanta incidencia como los que llevaban a cabo las instituciones democráticamente elegidas. El poder económico fue determinante en aquellos días. Los grandes medios de comunicación privados, muy dependientes de este poder económico, contribuyeron también a la contraofensiva psicológica [2]2 — El papel de los medios de comunicación queda bien explicado en El quart poder i la independència (2018), el premiado ensayo de Josep Gifreu. . También el poder judicial, que ya había tratado de impedir el referéndum con la operación del 20-S y con las órdenes contra el 1-O, tomó la iniciativa en aquellos momentos, y la Fiscalía General redactó aquel escrito de acusación intitulado, en un primer borrador, “Más dura será la caída”. Finalmente, la extrema derecha españolista también salió a las calles con acciones agresivas como el intento de asalto a Catalunya Ràdio, haciendo creíble la amenaza que algunos intermediarios hacían llegar a los dirigentes independentistas: si se sigue adelante habrá víctimas mortales.

Poder económico, poder mediático, poder judicial y extrema derecha (son conocidas las complicidades con las que cuenta en la judicatura y los cuerpos policiales) incidieron en la contraofensiva del Estado. Los poderes fácticos del Estado español, precisamente aquellos que la Transición dejó intactos o casi intactos, demostraban cómo hacían funcionar sus resortes.

Nos enfrentamos a un régimen, a un Estado. No tan sólo a un gobierno. Y nos enfrentamos sin un reglamento aceptado por las partes. Por eso me parece un error que el único debate del independentismo sea el de las mayorías en las urnas

Nos enfrentábamos, y nos enfrentamos, a un régimen, a un Estado. No tan sólo a un gobierno. Y nos enfrentamos sin un reglamento aceptado por las partes. De hecho, la parte dominante no quiere pactar, no ya el reglamento sino ni siquiera el inicio de la partida, porque no nos quiere reconocer formalmente como contrincante. Por eso me parece un error que el único debate que parece tener el independentismo sea el de las mayorías en las urnas. Porque superar el 50% de los votos es un factor importante pero no hará ceder estos resortes de poder realmente existentes.

De la misma manera que no hay un reglamento, tampoco existen fórmulas ni manuales para conseguir la independencia. La política no es una ciencia exacta sino más bien un arte, el de saber aprovechar al máximo las propias fuerzas en función también de los puntos débiles del adversario. En palabras del profesor de historia militar Lawrence Freedman, “la estrategia es el arte de crear poder”. Y este arte sólo se adquiere con la práctica, el análisis y la autocrítica. Ojalá estas líneas, que sintetizan ideas que he ido escribiendo en los últimos tres años, puedan contribuir a mejorar del movimiento.

El paradigma del independentismo parlamentario 1989-2017

Los últimos años de los ochenta y los primeros de los noventa fueron los años de finalización de un ciclo histórico mundial. Lo que se ha conocido como “siglo XX corto” que habría empezado con la Gran Guerra en 1914 y acababa con el hundimiento del bloque del Este y lo que Fukuyama bautizó, entonces, como “final de la Historia”. Estas dinámicas impactaron también en la evolución del independentismo catalán. Sobre todo, el inicio de los procesos de autodeterminación de los países bálticos que parecían una vía nueva, diferente a la que habían seguido hasta entonces los países coloniales, en las que la lucha armada casi siempre había formado parte de la confrontación. Pero también influía el proceso de confluencia del Estado español con la Comunidad Económica Europea, que había empezado en 1985 y que culminaría con la firma del Tratado de Maastricht en 1992 (que es cuando nace la Unión Europea).

1989 es el año en que una nueva dirección asume el control de ERC en el XVI Congreso, celebrado en Lleida. Será esta dirección la que transforme al viejo partido republicano en una formación explícitamente independentista. Dos años después, una parte de la organización armada Terra Lliure se disolverá y defenderá la entrada en ERC con la idea de un nuevo independentismo que, precisamente por el contexto europeo y también por el referente báltico, podría avanzar sin necesidad de lucha armada.

Pero no era tan sólo la lucha armada lo que se dejaba atrás. Se puede decir que a partir de aquel momento gana peso una idea que acabaría siendo hegemónica en el independentismo: que solo las victorias electorales son una fuerza que puede abrumar el Estado. Especialmente porque, en el marco de la UE, el Estado no podría utilizar la fuerza contra un pueblo movilizado por vías exclusivamente políticas. De aquí se derivan consignas e ideas que ya nos son familiares: “Europa no lo permitirá”, “España no se atreverá”, “Si tocan una sola urna, ya hemos ganado” e incluso, más recientemente, “La democracia siempre gana”.

Las organizaciones que, como la CUP, mantenían la idea de una independencia que podríamos denominar insurgente, quedaron muy minorizadas. Muy lejos del crecimiento que experimentó ERC con este nuevo paradigma de independentismo que se podría denominar parlamentario o institucional. Con el tiempo y con la crisis del sistema autonómico (que culminó con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto en 2010), esta idea de independentismo institucional favoreció que un partido conservador como CiU evolucionara hacia el independentismo. En aquel momento se desarrollan nuevas expresiones de este paradigma, tales como “De la ley a la ley” o “Transición Nacional”, ideas que remetían al proceso de la Transición española. Obviando, sin embargo, que aquel proceso se hizo desde el poder, y que la independencia se tendría que hacer con buena parte del poder en contra.

El paradigma que ha hecho crecer el apoyo al independentismo se basa en la idea que las victorias electorales, por sí solas, són la fuerza que puede doblegar al Estado, especialmente en el marco de la Unión Europea

Este paradigma había permitido hacer crecer el apoyo a la opción independentista, que llegó a máximos históricos en 2012, porque la hacía factible. Incluso se popularizó una nueva consigna: “Tenemos prisa”. Este componente innegable supuso al mismo tiempo convertir el independentismo en un movimiento de masas. Sin embargo, ahora no había transición posible. El independentismo había nacido, en su momento, precisamente como una impugnación de la Transición postfranquista y como una continuación de las reivindicaciones de ruptura democrática que quedaron relegadas en aquel momento: autodeterminación, Països Catalans o, como decía uno de los puntos de la Assemblea de Catalunya, el acceso del pueblo al poder político y económico.

En las jornadas de octubre de 2017 se evidenciaron las limitaciones del paradigma hegemónico.

Represión y fin del paradigma

Lo que pone fin a la idea de transición a la independencia sin ruptura es la represión que el Estado ejerce en octubre de 2017. No pienso que los principales dirigentes independentistas fueran ingenuos respecto de la represión. Pienso por el contrario que contaban con que esta le comportaría unos costes al Estado español que, en general, nos harían avanzar, sobre todo por medio de la intervención de terceros actores de la comunidad internacional. Es cierto que las imágenes de violencia del 1-O tuvieron cierto coste para el Estado español a nivel internacional. Pero más allá de eso, las contradicciones del resto de resortes represivos fueron asimiladas por el Estado. Ninguno de los grandes partidos españoles tuvo, por ejemplo, grandes contradicciones para defender u obviar las cargas policiales del 1-O, la aplicación del artículo 155 o el encarcelamiento de los dirigentes independentistas.

Por consiguiente, la represión tuvo efecto y les generó pocas contradicciones. En los primeros días después del referéndum, la amenaza de violencia o de crispación social tuvo impacto. Sobre todo, hizo que sectores que se situaban en la equidistancia entre el Estado y el independentismo (singularmente, la alcaldía de Barcelona) pasaran a presionar el independentismo para que frenara, a la vez que en ningún momento presionaron el Estado para que frenara la represión. Ciertamente, hay una parte de población catalana que rechaza la independencia y eso no lo podemos menospreciar. Pero no se puede responsabilizar de la división civil la parte que propone la solución democrática y de autodeterminación. Como pasó históricamente en el Ulster, la división se fomenta desde el poder del Estado.

Otro ejemplo es la aplicación del artículo 155, que no contó con la resistencia interna en las administraciones catalanas. Y un tercer ejemplo es el encarcelamiento de los dirigentes independentistas y el procesamiento de centenares de activistas que, aunque pueda tener importantes costes para la imagen y la legitimidad del Estado (especialmente en el ámbito internacional), también ha supuesto un fuerte desgaste para el independentismo. Principalmente, porque no ha habido una defensa política unitaria. He ahí una cuestión que sí hizo bien aquel independentismo rupturista histórico, que ante las razias de 1992 articuló una Comisión de Portavoces que coordinaba el discurso público y las defensas, para evitar soluciones individuales que debilitaran todavía más la causa independentista. Porque lo primero que busca la represión es impedir ciertas acciones. Pero lo segundo, como efecto colateral, es dividir los movimientos. Y eso tampoco lo podemos menospreciar. La represión divide entre los que piensan que hay que seguir adelante y los que quieren detenerse (tácticamente o definitivamente); divide entre los que toman una opción u otra, y como ejemplo tenemos las complicadas relaciones entre presos y exiliados; finalmente divide también entre los que sufren más y los que sufren menos, creando la desconfianza entre “represaliados de primera” o “de segunda” o también recelos entre los que quedan dentro y fuera del punto de mira.

Cualquier nueva estrategia tiene que tener en cuenta el factor represivo, evaluando lo que implica materialmente y psicológicamente, y dedicando muchos esfuerzos a la defensa política y unitaria.


Huidas hacia adelante

La represión y el fin del paradigma parlamentario son los dos elementos que más han pesado en la desorientación independentista de estos últimos tres años, y todavía no se ha construido una alternativa estratégica que lo supere.

A nivel popular, el desconcierto y la frustración han sido la primera reacción ante esta situación. Desconcierta todo lo que se lee sobre cómo se tomaron las decisiones después del 1-O. El hecho de que estas decisiones se tomaran pensando fundamentalmente en el corto plazo y en el posicionamiento de cara a unas próximas elecciones. También desconcierta el cambio de papel de ERC: de ser, dentro del Gobierno, los que más apretaban, a asumir el discurso más conservador sin solución de continuidad. Desconcierta finalmente la política en relación al Gobierno español: la situación de febrero de 2019 no es muy diferente de la actual. Y no obstante, en aquel momento no se aprobaron los presupuestos del PSOE con argumentos relativos a la represión, mientras que ahora ERC y PDeCAT sí los han aprobado.

Junto a esta sensación de desconcierto está la desconfianza hacia unos partidos que aparentan una cierta continuidad con lo que había sido la política en coyunturas ordinarias. Y que, ante la incapacidad de realizar la independencia, su única prioridad pasa por ocupar lugares de poder autonómico para asegurarse el futuro como estructuras de poder que son.

El debate independentista ha basculado en estos años entre el voluntarismo y el dilacionismo, que son dos maneras de huir hacia adelante. Identifico el voluntarismo con aquellos discursos que no hablan nunca de la correlación de fuerzas, como si el independentismo actuara en el vacío. Me refiero por ejemplo a las voces que ponen el énfasis en la declaración de independencia como solución, sin atender qué fuerzas hace falta acumular y organizar antes para evitar un nuevo escenario como el de las declaraciones suspendidas o no aplicadas de octubre de 2017.

En el peor de los escenarios, la combinación de desconcierto y frustración puede acabar en una proliferación de un sentimiento antipolítico y desmovilización. Contra esto se necesita debate honesto, análisis riguroso, crítico y autocrítica. Y, sobre todo, perspectiva histórica

Y el dilacionismo es precisamente lo contrario: poner la correlación de fuerzas como excusa para no llevar a cabo acciones de fuerza, que planteen abiertamente el conflicto. La idea de que la posición del Estado se desgastará por la simple persistencia de buenos resultados independentistas. Esta idea se basa en otra según la cual tan sólo se puede llegar a la independencia por vía negociada. Y si bien esta segunda afirmación es más cierta, hay que tener en cuenta que llegar a un escenario de resolución negociada también requiere, previamente, el conflicto. Y si no tenemos bastante para hacer una ruptura unilateral tampoco la tenemos para sentar al Estado a negociar. Por eso el discurso dilacionista acaba teniendo una derivada desmovilizadora.

En el peor de los escenarios, la combinación de desconcierto y frustración puede acabar en una proliferación de un sentimiento antipolítico y la desmovilización. Sería un error. Para luchar contra esto se necesita debate honesto, análisis riguroso, crítico y autocrítica. Y, sobre todo, perspectiva histórica, teniendo en cuenta que la mayoría de movimientos de liberación nacional han invertido muchos años en un proceso que no ha sido lineal ni libre de represión.

Cinco ideas para el futuro

La primera de estas ideas es que la movilización popular es clave, sobre todo porque permite crear nuevas conciencias políticas. Desgraciadamente en muchas crónicas de los últimos años se carga todo el peso de los acontecimientos a las decisiones tomadas desde las direcciones de los partidos y gobiernos, sin atender como incidieron las movilizaciones de fondo. De la Plataforma pel Dret de Decidir y las consultas populares por la independencia, a los CDR en vísperas del 1-O, pasando para la ANC, que organizó la gran manifestación del 2012 con un mensaje claramente independentista -y no por el pacto fiscal como le pedía CiU; que organizó la Vía Catalana del 2013 obligando a Artur Mas a despejar las dudas sobre la Consulta que se tenía que celebrar; y, finalmente, organizando una gran campaña, junto con Òmnium, que convirtió la “Consulta descafeinada” del 9N en una gran demostración de fuerza.

Pero más allá del cambio de conciencias hay un tipo de movilización que también es fuerza de acción, que es un contrapoder fáctico, lo que se llama “poner el cuerpo”. Este es el salto que dio el independentismo el 20S (defensa de la sede de la CUP y, de alguna manera, de las sedes del Govern) y el 1-O (defensa de los colegios). Esta fuerza, unida a otras (bajo mi punto de vista, especialmente en el campo sindical) es absolutamente necesaria en situaciones de ruptura.

En segundo lugar, aunque el poder a las instituciones es necesario, es difícil sostener que “gobernar bien” sea suficiente para hacer crecer el independentismo. Eso es lo que se desprende del libro-manifiesto Tornarem a vèncer, de Oriol Junqueras y Marta Rovira. El independentismo ha crecido precisamente como alternativa a la imposibilidad de cambiar el Estado español. Si la prioridad es gobernar con las herramientas de la autonomía, este argumento se desvanece. El razonamiento del “gobernar bien” es lo que llevó a la consigna del “gobierno efectivo”, y no creo que el balance sea satisfactorio, porque el independentismo no ha crecido durante estos tres años, sino al contrario.

A mi entender, los independentistas no tienen que gobernar las instituciones vigentes creando la ilusión de que estas pueden solucionar los grandes problemas sociales. Desde las instituciones tienen que participar en las luchas con los sectores movilizados, uniendo fuerzas contra los poderes económicos que son los que tienen realmente una situación dominante sobre nuestras vidas. En los últimos años, la cuestión de la vivienda es un gran ejemplo de eso: el movimiento de la vivienda ha llevado el Parlament a aprobar leyes avanzadas, cuyo cumplimiento tampoco se podrá hacer efectivo sino es combinando poder institucional con poder movilizador.

El independentismo tiene que ser portador de una nueva conciencia de país. Profundizar la idea de la catalanidad abierta forjada en el antifranquismo, las luchas compartidas que crearon una identificación entre catalanidad y prosperidad, entre catalanidad y libertad

Eso nos lleva a la tercera idea de futuro. El independentismo tiene que ser portador de una nueva conciencia de país. Profundizar la idea de la catalanidad abierta forjada en el antifranquismo, las luchas compartidas que crearon una identificación entre catalanidad y prosperidad, entre catalanidad y libertad. Defendemos nuestra identidad nacional, empezando por la lengua, a la vez que hacemos de esta identidad un proyecto cohesionador para todas las personas que viven en nuestro país. Una idea de una República para todo el mundo que conecte con el espíritu igualitario, con el antirracismo y con el feminismo.

Cuarta idea: necesitamos contrapoderes y herramientas potentes. Conectando con lo que hemos dicho sobre las instituciones vigentes y su limitación legal, especialmente en los últimos años en que los tribunales españoles les aplican un celo especial. En este caso nos hace falta una institucionalidad propia que reúna todos los cargos electos republicanos para trazar las líneas maestras de la construcción nacional [3]3 — Ver el artículo de Albert Noguera en este mismo dosier, «Cambiar de paradigma para salir del atasco», donde explica esta cuestión con mucho más detalle y profundidad. Disponible en línea. . Junto a este contrapoder, también son importantes las herramientas en el campo cultural, en los medios de comunicación y, como ya hemos señalado anteriormente, en el sindicalismo.

Finalmente, hace falta una nueva acumulación de fuerzas. Articular alianzas y poner el movimiento a trabajar para un nuevo referéndum probablemente sea la vía más efectiva. El derecho a decidir, la autodeterminación, es el punto débil del Estado y genera grandes consensos en la sociedad catalana. Pero el planteamiento este referéndum tiene que ir acompañado por las herramientas potentes que hemos citado. Para no caer en los mismos errores de octubre de 2017, cuando la ausencia de un plan B hizo que por parte del Govern se confiara exclusivamente en la conmoción que podía causar el acontecimiento en los poderes españoles o europeos [4]4 — Es interesante observar al respecto la similitud entre el referéndum griego de julio de 2015 y el catalán de octubre del 2017. Sus impulsores compartían la mentalidad de que el mero efecto de la legitimidad democrática provocaría cambios en el adversario, y no prepararon un plan B. No siendo así, la victoria en las urnas fue perdiendo su fuerza en las semanas siguientes. Catalunya no vio reconocida su soberanía, de la misma manera que Grecia que tuvo que aceptar las imposiciones económicas europeas. .

Sin perspectiva histórica, nos ahogaremos en la frustración: hay que valorar todos los episodios pasados desde el punto de vista de la capacidad de resistencia demostrada, que aunque no nos hizo ganar sí que nos permite seguir luchando. Sin perspectiva estratégica, nos perderemos en el partidismo e iremos retrocediendo por la represión: tenemos que valorar los debates estratégicos como este, buscando siempre la complicada pero necesaria unidad.

  • REFERENCIAS Y NOTAS

    1 —

    El premiado reportaje de Àlex Font Manté, Natàlia Vila y Albert Martin publicado en el diari ARA, “Així va fer l’Estat la guerra econòmica contra Catalunya”, explica cómo sucedieron estos acontecimientos. Disponible en línea.

    2 —

    El papel de los medios de comunicación queda bien explicado en El quart poder i la independència (2018), el premiado ensayo de Josep Gifreu.

    3 —

    Ver el artículo de Albert Noguera en este mismo dosier, «Cambiar de paradigma para salir del atasco», donde explica esta cuestión con mucho más detalle y profundidad. Disponible en línea.

    4 —

    Es interesante observar al respecto la similitud entre el referéndum griego de julio de 2015 y el catalán de octubre del 2017. Sus impulsores compartían la mentalidad de que el mero efecto de la legitimidad democrática provocaría cambios en el adversario, y no prepararon un plan B. No siendo así, la victoria en las urnas fue perdiendo su fuerza en las semanas siguientes. Catalunya no vio reconocida su soberanía, de la misma manera que Grecia que tuvo que aceptar las imposiciones económicas europeas.

Albert Botran

Albert Botran

Albert Botran Pahissa es historiador. Licenciado en Historia Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ​​es miembro del Secretariado Nacional de la CUP y militante de Poble Lliure. En las elecciones a las Cortes españolas de noviembre de 2019 fue elegido diputado por la CUP en el Congreso de los Diputados. Anteriormente, había sido concejal en el Ayuntamiento de Molins de Rei y fue diputado en el Parlament de Catalunya durante el periodo 2015-2017. Ha escrito varios libros sobre historia moderna y contemporánea de Catalunya. Es autor, entre otros, de la obra Unitat Popular. La construcció de la CUP i l'independentisme d'esquerres (2012) y coautor del libro Introducció a la història dels Països Catalans (2014).