Reconstruir el país: destensar, hacer política y superar el marco autonómico

Cuando Pere y Jordi empezaron a preparar este monográfico, no podíamos sospechar que terminaríamos escribiendo los artículos en confinamiento. Eramos conscientes de que más de un bienio después de los “acontecimientos de octubre” nos encontrábamos en un buen momento para llevar a cabo una evaluación del pasado y del presente, que también serviría para imaginar el futuro. Pensamos que era la oportunidad de emprender un ejercicio de deliberación entre diferentes grupos, la construcción de una gran conversación pública desde la escucha y la empatía. Los cinco años del proceso han representado una movilización social, política e institucional sin precedentes en la historia reciente que obviamente nos ha cambiado.

Hoy (anuncio de las fases de la desescalada) cuando parece que empezamos a visualizar alguna mejora de la situación de la COVID-19, que podría permitirnos recuperar una cierta cotidianidad, empiezo esta reflexión sobre la construcción del país que sigue pendiente. La pandemia modifica el contexto, las prioridades y las preocupaciones. No sabemos de qué manera nos saldremos de esta. Sin embargo, tal como el elefante en la sala, las profundas grietas en el régimen 78 no se han cerrado, y el desafío nacional-territorial sigue ahí. Ha sido difícil encontrar el tono del texto y las ideas para priorizar, ya que no es fácil acompasar un ejercicio al mismo tiempo de análisis, (auto) crítica y proposición o, dicho de otra manera, una contribución a medio camino entre el ejercicio académico y la propuesta política en un contexto de gran incertidumbre.

Punto de partida: una triple crisis de régimen

Es imprescindible conectar el desarrollo del procés con la triple crisis experimentada por el conjunto del Estado al final de la primera década de los años 2000. A pesar de las múltiples disfunciones, los consensos gestados durante la transición y a principios de la década de 1980 mantuvieron una solidez importante y un sostenimiento generalizado durante más de tres décadas de funcionamiento del sistema. Sin embargo, la recesión económica que llega al Estado a principios de 2009 actúa como un detonante para la explosión de esta normalidad relativa. Además, esta triple crisis debe relacionarse con un cambio de época más general, de dimensión europea e internacional. Un mundo cada vez más globalizado y desregulado, cada vez más desigual y excluyente, genera dosis significativas de malestar, desconfianza y falta de expectativas de futuro (Innerarity, 2018; Fernández Albertos, 2018).

En primer lugar: la crisis económica y del modelo de bienestar. Una crisis en la esfera especulativa en EEUU se traslada rápidamente a la economía real de una gran parte de países del planeta, impactando en los niveles de crecimiento económico, precariedad y desempleo, así como también en la deuda pública y privada. Los países del Sur de Europa son fuertemente castigados. España partía con un estado de bienestar de menor calidad y una economía productiva más débil que la media europea (mercado de trabajo dualizado y altas tasas de desempleo, así como persistencia de pobreza y exclusión que afectan a una quinta parte de la población). Los impactos de la crisis económica se magnifican con las recetas aplicadas en el entorno europeo: las medidas de austeridad. La troika impone la reducción del déficit público, y la centralidad y primacía de los principios de contención presupuestaria, junto con una importante devaluación de derechos sociales y laborales, lo cual llega a poner en duda el sostenimiento de los propios estados de bienestar.

En segundo lugar: la crisis política y de representación. Los principales actores intermediarios entre institución y sociedad (partidos, sindicatos, organizaciones sociales) han sufrido una importante pérdida de credibilidad. Por un lado, existe la percepción de la dificultad que tienen estos para hacer frente a retos que escapan de las fronteras del estado nación: una pandemia, el cambio climático o la globalización económica. Por otro, y centrándonos más en el caso español, por el proceso de cartelización (Katz y Mair, 1995) de los partidos que se ha producido desde la recuperación democrática: confusión partido, gobierno y estado. Los bipartidismos (estatales o regionales) derivaron en la falta de control y la proliferación de malversación y corrupción, creando fuertes dosis de apatía y el alejamiento de la ciudadanía de la cosa pública.

En tercer lugar: la crisis nacional-territorial. El modelo autonómico construido tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981, a partir del consenso de los dos grandes partidos españoles, busca homogeneizar la descentralización en 17 comunidades autónomas diluyendo así las aspiraciones nacionales de las comunidades históricas. Este modelo (que no era el que tenían en mente ni los padres constitucionales ni los líderes de los nacionalismos “periféricos”, pero que acabó siendo aceptado como mal menor por la posibilidad de consecución de importantes competencias y por las relaciones de bilateralidad que se acabaron estableciendo) alimenta a la vez dos fuerzas de signo contrario: una de centrífuga (recentralización) y una de centrípeta (demandas de mayor autonomía). Con el segundo gobierno de Aznar las tensiones no hacen más que crecer. Los consensos de la transición empiezan a tambalearse.

Los vectores de cambio: el 15M y el independentismo

En este contexto de triple crisis se identifican importantes transformaciones en la cultura política de la ciudadanía, tanto en Catalunya como en España. Mientras la legitimidad del sistema democrático se mantiene muy elevada, los indicadores de valoración del funcionamiento del sistema político, la confianza de la ciudadanía en los actores políticos o las instituciones públicas se resienten. También se produce un importante crecimiento del interés en la política y una mayor propensión a participar de la cosa pública. Es decir, estamos ante una ciudadanía con conciencia democrática, más activa y dispuesta a participar, pero también más crítica y desconfiada. Nuevas generaciones que ya no se sienten interpeladas por los consensos de la Transición, al tiempo que la existencia de vivencias contenciosas nos transforma como sociedad (Bonet y Ubasart-González, 2000).

Como causa, pero también como elemento acelerador de estas transformaciones de las percepciones, actitudes y comportamientos de la ciudadanía, irrumpen dos vectores de cambio. Se trata de dos procesos socio-políticos que impugnan el sistema que ha ido funcionando con notable aceptación desde la recuperación democrática. Por una parte, el movimiento de los indignados, la explosión de protesta ciudadana en las plazas el 15M de 2011, con sus posteriores materializaciones sociales (PAH y otras iniciativas por el derecho a la vivienda, mareas, etc.) y políticas (Podemos y el resto de fuerzas de cambio a distinto nivel territorial). Por la otra, la emergencia del procés en Catalunya que tiene como inicio simbólico la gran manifestación soberanista en contra de la sentencia del estatuto el 15J de 2010, y como primera gran demostración independentista el 11S de 2012. Las dos apuestas disruptivas nacían con la voluntad de mover el estatus quo en términos de modelo económico y social, de representación política y de organización territorial.

Cinco años de procés: una utopía disponible

La masiva manifestación independentista del 11 de septiembre de 2012, pero sobre todo la convocatoria anticipada de elecciones que hace Artur Mas tras que por primera vez en la historia CiU asumiera las tesis secesionistas, inauguran un nuevo ciclo. Se inicia el proceso independentista y se transita rápidamente de un movimiento de protesta social hacia un conflicto institucional que va adquiriendo cada vez más magnitud. Asimismo, la constitución de Podemos en enero de 2014 y la consecución de 5 eurodiputados morados en las elecciones de mayo representa también una nueva etapa en la consolidación del segundo vector de cambio. El malestar y la indignación de las plazas encuentra su espacio de representación partidista. Así pues, se inicia un proceso acelerado de transformación del sistema de partidos en diferentes niveles territoriales: outsiders acceden a las instituciones.

Como ya se ha comentado, el procés no se puede explicar sin hacer referencia a la triple crisis de régimen, por varios motivos. 1) La sociedad catalana está afectada por el mismo malestar, temor y falta de perspectivas de futuro que la ciudadanía del resto de Europa y del mundo. Ante desigualdades, fracturas e incertidumbres se buscan horizontes hacia los que caminar. La demanda independentista puede haber actuado de utopía disponible (Subirats, 2014) para una parte importante de la ciudadanía. 2) Catalunya ha tenido históricamente dificultades económicas para desarrollar las propias competencias debido a un imperfecto modelo de financiación autonómica y a una deficiente inversión crónica en infraestructuras por parte del Estado. En épocas de escasez, estas disfunciones se vuelven aún más conflictivas. 3) Hay que considerar una especie de huida hacia delante de CiU en 2012, presionada por fuertes movilizaciones sociales contra los recortes y el escándalo de casos de corrupción; en definitiva, se trataba de hacer frente al miedo atávico en las filas del centro-derecha catalán de que “vuelvan las izquierdas”. Con temor a perder las siguientes elecciones, y en su lucha por la hegemonía dentro del campo nacionalista, el presidente Mas, tras la negativa del presidente Rajoy a negociar un “pacto fiscal”, se suma a la “ola independentista” (Lo Cascio, 2016).

Ahora bien, el proceso tampoco se puede comprender sin observar la relación con el otro vector de cambio. Del mismo modo que las tres crisis se retroalimentan, los vectores tienen elementos en común. El tronco central de los dos procesos socio-políticos beben de la mismo sabía: señalar los límites del sistema construido entre la transición y los primeros años ochenta. Suena a pacto de San Sebastián entre fuerzas progresistas y “periféricas”. Existe una constante en la historia española contemporánea: los nacionalismos no estatales (sobre todo los catalanismos) han actuado como motor de cambio en España, y al mismo tiempo las naciones periféricas sólo han avanzado cuando ha habido progreso en el Estado. Podemos rastrear la I República con la centralidad que adquiere el federalismo y el republicanismo, ciertas aperturas durante el primer tercio del s. XX que dieron paso a la creación de la Mancomunitat, la II República y el modelo de Estado integral o las luchas antifranquistas que no olvidaban la pluralidad nacional y cultural.

Sin embargo, la dinámica competitiva también se abre espacio en la relación entre vectores. Del mismo modo que los dos espacios (y medio) independentistas se enzarzan en una guerra cruenta, por una lógica más partidista que política; algunos espacios de los dos vectores de cambio también entran en disputa. Se trata de una competencia por el voto fronterizo, pero también de una batalla para determinar qué vector se convierte principal. A medida que avanza el procés, se magnificando las diferencias. Varios pueden ser los factores: 1) La necesidad de cerrar filas del independentismo, por sus conflictos internos, buscando un enemigo exterior; 2) La dificultad de un sector de las fuerzas de cambio en entender el agotamiento del modelo autonómico y la necesidad de transitar hacia una apuesta plurinacional; 3) La desaparición del eje ideológico o debate socioeconómico de la vida política catalana, consolidando bloques identitarios y dificultando el ejercicio de geometrías variables que permitan la búsqueda de acuerdos.

A pesar de los intentos de algunos sectores y subjetividades independentistas y moradas para continuar manteniendo espacios de encuentro y confianza, pero también de intercambio y complementariedad, éstos no acaban dando frutos demasiado palpables. El escenario político y mediático que se acaba construyendo (y los aliados de cada uno) lo hacen muy difícil. El estado permanente de emocionalidad en el que entra la vida política catalana encapsula en bloques reflexiones y actividades políticas cotidianas. Pero no sólo eso. La intensidad y aceleración de la actividad pública en Catalunya deja sin espacio ni tiempo para generar pensamiento a medio y largo plazo en la mayoría de protagonistas políticos. Complicidades históricas, incluso amistades personales, acaban rompiéndose en esta vorágine polarizadora.

Después del procés: pasiones tristes

Tras la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, las pasiones tristes se apoderan de la esfera pública y la vida política catalana. Tristeza y agotamiento definen bastante bien lo que se vivió las horas y días posteriores a la DUI y el 155. A modo spinoziano, el sentimiento generalizado en la mayor parte de la población es de impotencia y de conciencia de la inevitabilidad de la colisión. Existe un choque de debilidades: ni se podía hacer efectiva la independencia (fue una declaración simbólica), ni era posible una intervención extensa de la autonomía (fue un 155 acotado en el tiempo). A lo largo de esa semana además llegó el exilio y la prisión para los principales líderes políticos. El activismo judicial se ponía en marcha (Ubasart-González, 2019). Jueces y fiscales, a partir de este momento, se erigieron como guardianes de un supuesto bien superior.

Pero detengámonos un poco en el análisis. El 6 y 7 de septiembre y el 27 de octubre los representantes institucionales de Catalunya abandonaron medio país, actuaron como si sólo representaran el 47% de la población. En ese contexto existió el peligro de un choque comunitario, hubo la posibilidad de fractura social. Desde mi punto de vista la vía unilateral era criticable no tanto porque se hiciera contra la legalidad, o porque fuera un desafío al Estado, sino porque se hacía sin contar con media Catalunya. Cambiar las reglas del juego a través de una exigua mayoría parlamentaria. Ahora bien, desde el momento en que los grupos independentistas abandonan de facto la vía unilateral y optan por dejar sin efectos políticos y jurídicos la declaración de independencia, no se puede seguir hablando de crisis de convivencia. En aquellos momentos el escenario muta.

El último acto del período del procés fueron las elecciones del 21 de diciembre de 2017, con muy buenos resultados para Ciudadanos y JxCat: representaban los dos fragmentos de cómo se podía haber roto el país. A partir de ese momento comienza una etapa de larga transición. Complejidad y heridas abiertas. Pero cada vez son más los actores políticos y sociales, y un número mayor de ciudadanos, que quieren trabajar para una gestión política del contencioso. Que creen en la necesidad de diálogo y en una desescalada de la tensión. Sin embargo, la existencia de presos y exiliados, aparte de la enorme injusticia que supone en términos de violación de derechos fundamentales, sigue siendo una de las principales piedras en el zapato para avanzar en la resolución del conflicto.

Según mi punto de vista, no se ha puesto suficiente énfasis en la lucha anti represiva. El juicio a los líderes independentistas aguanta perfectamente la comparación con aquel de 1934 a Lluís Companys y su gobierno. La utilización del tipo penal de rebelión y sedición para juzgar los hechos de octubre (y las penas finalmente impuestas) son completamente desproporcionadas en un estado democrático y de derecho. No se ha aplicado el derecho desde una perspectiva liberal, se ha utilizado el derecho con fines políticos. La medida de prisión preventiva (no existía ni riesgo de fuga, ni posibilidad de reiteración de delito, ni destrucción de pruebas) ha sido escandalosamente abusiva. Además, hay que tener en cuenta que, aparte de la imputación de los miembros del gobierno, los Jordis y la presidenta del Parlament, hay otras causas en marcha: contra la cúpula de los Mossos, la Sindicatura electoral, los miembros de la mesa del Parlament (excepto la presidenta), la causa contra la preparación del referéndum en el juzgado núm. 13 de Barcelona, ​​etc.

Superar los bloques. Reconstruir la empatía

Llegados aquí, la pregunta es cómo conseguimos una salida al conflicto. La cuestión es de qué manera ponemos fin a este largo periodo de pasiones tristes y reinventamos el futuro. Si esto era ya una tarea necesaria durante todos estos meses que nos separan del fin del proceso, con la crisis del coronavirus y la emergencia sanitaria y económica que se deriva, esta resulta fundamental. Pues bien, siento defraudar a todas las que habéis llegado hasta aquí: no tengo una respuesta conclusiva del “qué hacer”. Sólo esbozaré algunas ideas.

Nuestro país es plural y diverso, y durante el último tramo del proceso estuvo casi partido en dos. No creo que sea realista pensar que primero conseguiremos un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas catalanas y que luego lo llevaremos a Madrid a validar. La política es menos lineal y previsible de lo que les gustaría a algunos. Ahora bien, entiendo que se debe trabajar en una hoja de ruta que genere amplios consensos, que seguramente primero serán ciudadanos y después políticos. El punto de partida, en mi opinión, debería estar en el núcleo de la declaración de Pedralbes y en el acuerdo de investidura entre PSOE-ERC y PSOE-PNV: reconocimiento de la existencia de un conflicto político que hay que resolver a través del diálogo, la negociación y el pacto. También se podría añadir una premisa de compromiso para trabajar con vista a la amnistía. Ambas cuestiones generan la adhesión de la mayor parte de ciudadanía de Catalunya (incluso me atrevería a decir de votantes de partidos que no han participado de estos acuerdos como Cs o PP). Y a partir de ahí explorar y trabajar: entre gobierno español y catalán, entre grupos catalanes, en espacios municipalistas, etc.

El frágil escenario favorable para la resolución política

No nos podemos engañar. Hay que ser conscientes de que la solución de la “crisis catalana” va para largo. No será un trabajo de una o dos legislaturas. A pesar de que el nuestro ha sido un conflicto de baja intensidad (si lo comparamos con aquellos donde ha existido violencia armada o guerra civil), ha tensionado la vida social, política e institucional y ha generado importantes impactos. Hay trabajo por hacer desde ahora a nivel político e institucional. Es necesario superar los bloques y abrir vías plurales de diálogo. Restablecer marcos de confianzas. También puede ser necesario un recambio de liderazgos y la llegada de aire fresco (que no significa una reivindicación de figuras apolíticas ni sin bagaje, pero quizás de personas que no estuvieron en primera línea). Volver a entender la política como espacio para transitar conflictos, negociaciones y consensos, donde entre en juego una amplia gama de grises, matices y gradaciones. Asimismo, comprender esta actividad como un ejercicio en el que es más importante trabajar para conseguir una buena correlación de fuerzas que proferir proclamas maximalistas o moralizantes.

Con la moción de censura a Mariano Rajoy en mayo de 2018, y con la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020, se abría la puerta a la consolidación de un nuevo escenario de distensión en relación al contencioso catalán. Se ve una pequeña luz al final del túnel. Se activa una nueva correlación de fuerzas de izquierdas y plurinacional en la que son imprescindibles e interdependientes socialistas, morados y soberanistas. Y no sólo eso, existe potencialmente la posibilidad de consolidar un escenario donde la izquierda del PSOE y las fuerzas plurinacionales tengan el mayor margen de maniobra en la vida política española desde la recuperación de la democracia. Se puede construir la estructura de oportunidad para afrontar los retos estructurales (territoriales, pero no sólo). Hablo expresamente de potencialidad. Hay muchas dificultades objetivas para que esta vía se consolide. Pero no es más complicada que la vía unilateral o que cerrar los ojos como si no hubiera pasado nada (estas dos últimas opciones, en las condiciones materiales actuales, pueden generar mucho discurso, pero poca efectividad).

Ahora bien, este escenario sólo podría llegar a consolidarse si las piezas en Catalunya, tras unas elecciones, encajan con las españolas. Si de alguna manera u otra se rompen los bloques y al mismo tiempo se mantiene viva la tensión que visibiliza el agotamiento del modelo autonómico. Para superar el conflicto es importante transitar transversalidades, mixturas, complementariedades. Pero también es imprescindible ser conscientes de que ya nada volverá a ser como antes: el modelo autonómico se ha agotado, tanto por las fuerzas centrífugas como centrípetas que ha provocado. Es por ello que cualquier salida debería tener en cuenta propuestas que contemplen la asimetría y la realidad plurinacional del Estado (los padres fundadores de la Constitución lo tenían presente). Y, según mi punto de vista, esto debería ser compatible con la posibilidad de decidir irse (si una amplia mayoría nacional lo pide).

• BIBLIOGRAFÍA

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  • Lo Cascio, Paola (2016). El Procés i el final d’un cicle polític. L’Espill, 51, pp. 6-46.

   

  • Innerarity, Daniel (2018). Política para perplejos. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

   

  • Katz, Richard S. Peter Mair (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy: the emergence of the cartel party. Party Politics, 1(1), pp. 5-31.

   

  • Subirats, Marina (2014). Una utopía disponible: la Cataluña independiente. La Maleta de Portbou, núm. 6, julio-agosto.

   

  • Ubasart-González, Gemma (2019). Activismo judicial. El Diario, 24 diciembre. Disponible en línea.