Fortalecer la democracia es inaplazable

“Tú puedes decir mi barca,
pero las velas siempre serán el viento”

Antonina Canyelles

Estamos ante un conflicto político histórico, el encaje de Catalunya y España no es patrimonio del siglo XXI, pero es evidente que en 2010 la historia se aceleró hasta el otoño del 2017. Hasta el otoño del 2019, de hecho: de la sentencia del TC a la sentencia del TS, 10 años más tarde. De la sentencia que despreciaba la soberanía popular, también la representada por el Congreso español, a la sentencia que condena derechos fundamentales y mantiene presos políticos, 40 años después de la dictadura franquista.

De la resignación autonomista a la propuesta y adelanto soberanista, hablamos de un ciclo que empezó con una respuesta reaccionaria a la aspiración catalana de más autogobierno, con la recogida de firmas del PP contra el Estatut ilustrando un anticatalanismo estructural. Sin olvidar que, antes, la sociedad catalana se autoorganizaba para realizar unas incipientes consultas sobre la independencia, el embrión del 9-N, pero a la vez impulsaba manifestaciones por unas infraestructuras dignas, que tenían su réplica en actas destacados como el del IESE, reivindicando la gestión del aeropuerto del Prat para hacer un enlace intercontinental.

Y el 1 de octubre del 2017 es, sin duda, la culminación de la respuesta ciudadana a este ciclo político. Por un lado, con el acto de desobediencia civil más importante de los últimos años en Europa, en contraste con la brutalidad policial y la represión con qué reaccionó el Estado aquel día, y que hoy continúa legitimando.

“Cuando los pueblos están mal gobernados se extiende espontáneamente el deseo de gobernarse por sí mismos”, dice Xavier Antich. Seguramente, si ampliamos el foco, este es el origen del conflicto, que nos remonta a los inicios del catalanismo, a su aparición como movimiento político y social. Porque si el país mayoritariamente hubiera visto respetado y mejorado el autogobierno con un encaje realmente federal, así como su lengua y culturas respetadas, probablemente el catalanismo no habría mutado hasta el soberanismo vigente como expresión política central y mayoritaria, tanto en la calle como en el Parlament.

Si el país hubiera visto respetado el autogobierno y su lengua y culturas, el catalanismo no habría mutado hasta el soberanismo vigente como expresión política central y mayoritaria

En una Catalunya acostumbrada a avanzar gracias a un tejido asociativo muy potente y a pesar de tener un Estado en contra, esta década ha evidenciado un modelo autonómico y centralista obsoleto, ejemplificado por la desinversión estructural y compartida con el resto de los Països Catalans. O con la suspensión permanente de las leyes sociales aprobadas por amplias mayorías en el Parlament de Catalunya, por parte del propio Tribunal Constitucional. Y, en medio de los estragos de una crisis económica mundial o del agotamiento bipartidista -con un PSOE cada vez más desubicado y próximo a la derecha sociológica- la mayoría de la ciudadanía parece concluir que para mejorar las condiciones de vida hay que construir un proyecto alternativo del que emana de la Transición del 78.

Llegar a la situación actual, pues, ha sido inevitable en la medida que refleja el cambio de posición de los actores en un conflicto político más vivo que nunca. La volatilización del sistema de partidos políticos existentes hasta hace una década y la movilización soberanista a las urnas y en la calle, tan intensa como sostenida y excepcional a nivel internacional, es el gran exponente, mientras que la deriva autoritaria y la represión contra responsables civiles y representantes escogidos democráticamente ha sido la (triste) respuesta de un Estado incapaz de formular ningún tipo de propuesta política constructiva.

Sí, esta respuesta violenta por parte del Estado se habría podido evitar en una democracia con voluntad de madurar para acomodar la diferencia, pero diríamos que el Estado ha aplicado las recetas de siempre. Y de los olvidos y silencios de la Transición hemos heredado la inviolabilidad borbónica incluso por corrupción, una ley mordaza que no deroga ni “el gobierno más progresista”. O un poder judicial que mantiene el encargo político de garantizar la unidad de España al precio que sea, como diría Pérez Rubalcaba, incluso de condenar derechos fundamentales y encarcelar ciudadanos que representan entidades cívicas.

Como parte de la sociedad civil organizada, pienso que nada del que hizo Òmnium fue en vano, en la medida que ejercimos derechos fundamentales que es la mejor manera de preservarlos.

El derecho a la protesta ante las decisiones judiciales es igual de legítimo como el derecho de la protesta ante cualquier otro poder del Estado. Y esto es lo que hacíamos en la concentración del 20-S, protestar por unas actuaciones con las que no estábamos de acuerdo, protestar ante el intento de registro sin orden judicial a la sede de un partido político, la clausura sin ninguna autorización de decenas de páginas webs, la detención de 16 altos cargos, entradas y registros a empresas o los más de 40 registros que se estaban llevando a cabo en diferentes edificios de la Generalitat. A todo esto, hay que sumar que aquel mismo día 30 de los 750 alcaldes investigados por la fiscalía tenían que declarar por haber apoyado públicamente el referéndum.

Se ha evidenciado un modelo autonómico y centralista obsoleto, ejemplificado por la desinversión estructural y la suspensión permanente de las leyes sociales aprobadas por amplias mayorías en el Parlament de Catalunya

Porque el 1-O y ante el dilema entre ejercer derechos fundamentales o acatar una suspensión cautelar de celebración del referéndum dictaminada por un Tribunal que no nos interpelaba como ciudadanos, la decisión fue meridianamente clara: ejercer de nuevo el derecho en la protesta pacífica. Y por eso aquel día miles de ciudadanos salieron a la calle con una papeleta en la mano y se produjo – de manera posiblemente más inconsciente del que nos pensamos- uno de los actos de desobediencia civil más masivos de la historia del Estado.

Un ejercicio de derechos, enmarcado en la lucha no violenta, que precisamente toma sentido cuando incomoda y molesta, porque si no es así; ¿qué sentido tendría protestar? “El acto de desobediencia como acto de libertad es el principio de la razón”, dice Erich Fromm.

Posiblemente, ninguneamos la brutalidad de la respuesta represiva del 1-O y tomamos conciencia a medida que todo respondía perfectamente a un manual antiguo y orquestado para descabezar un movimiento considerado disidente, con la ceremonia final de un juicio al Supremo como colofón y escaparate jurídico. Décadas atrás, de hecho, una de las grandes obras del gobierno de Aznar fue precisamente la reforma en profundidad de la cúpula del poder judicial, convirtiendo el Consejo General del Poder Judicial en un tipo de guardianes de las esencias de la patria.

Y hoy, más de 1.000 días de prisión después, sabemos que el Estado -desde el gobierno hasta el propio tribunal sentenciador- ha decidido asumir el coste de ignorar las denuncias del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU o de Amnistía Internacional exigiendo nuestra liberación como ciudadanos de la UE. Es un hecho preocupante en un Estado de Derecho: sabemos que la única sentencia justa solo la podemos esperar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y que esta será gestionada según convenga en el Estado español.

Posiblemente, ninguneamos la brutalidad de la respuesta represiva del 1-O y tomamos conciencia a medida que todo respondía perfectamente a un manual antiguo y orquestado para descabezar un movimiento considerado disidente, con la ceremonia final de un juicio al Supremo

El compromiso de “Ho tornarem a fer” responde precisamente a la voluntad de volver a ejercer todos y cada uno de los derechos condenados en el Supremo, porque son derechos universales y colectivos. Por eso la estrategia jurídica ha sido acusar el Estado de vulnerarlos con cada día de prisión y cada sesión del juicio, no solo nosotros, sino que las conclusiones de los observadores reunidos en el International Trial Watch son alarmantes en términos democráticos.

La movilización soberanista que Òmnium ha impulsado junto a otras organizaciones civiles responde a una apuesta por la no violencia y, cuando convenga como fue el caso del 1-O, a la desobediencia civil, como a los instrumentos más potentes que tiene una sociedad o un colectivo para transformar una realidad que considera injusta, asumiendo las consecuencias de los propios actos. Porque consideramos legítima la aspiración ciudadana de ejercer el derecho en la autodeterminación, aprovechamos el juicio del TS para defender la desobediencia civil como una herramienta democrática de progreso colectivo, también porque Catalunya pueda escoger su futuro político en las urnas.

La obediencia ciega a la ley no hace progresar ninguna sociedad. Desde la Huelga de la Canadiense o al boicot de la Huelga de los tranvías, pasando por la insumisión o el movimiento contra los desahucios, la desobediencia civil ha sido siempre un instrumento muy útil para lograr conquistas sociales. Para denunciar el racismo sistémico en los EE.UU., por la democracia en Hong Kong o salvar vidas en el Mediterráneo. Si queremos hacer frente a la crisis migratoria o la climática, no podemos renunciar al ejercicio de la desobediencia civil para transformar leyes y decisiones judiciales amparadas en la legalidad, pero tan injustas como injustificadas. Sin confundir ni frivolizar, porque siempre reclama una estrategia y unos objetivos claros y compartidos.

La existencia de presos políticos y exiliados, pues, refleja ciertamente el fracaso de la palabra, del diálogo político entre Catalunya-España, pero consideramos que a la vez forma parte de una etapa colectiva de crecimiento y aprendizajes positivos no solo para el movimiento y la causa que representamos sino para el conjunto de la ciudadanía. Porque, honesta y humildemente, denunciando esta situación contribuimos a hacer visible el conflicto, en lugar de resignarnos a normalizar la frustración y la respuesta autoritaria para soterrarlo. La represión no puede convertirse en un chantaje ni un tope que limite la voluntad de una mayoría democrática, ni aquí ni en ninguna parte.

Nos parece fundamental no confundir la esfera política con la ciudadana, porque el anticatalanismo es ciertamente un arma electoral, una fuente de votos explotada tanto por el PP como por Ciudadanos y Vox, pero a la vez por el alma más nacionalista del PSOE. Pero como dijimos en la última palabra en el Tribunal Supremo, esto no va de confrontar ciudadanos ni pueblos, sino que, para transitar hacia otra situación posible, es fundamental dejar de deshumanizar el otro y conocernos más y mejor los unos a los otros.

Creemos que va de tener muy presente que el único adversario real a batir es el miedo; el miedo a la palabra, el miedo a la diferencia y, en muchos casos, el miedo al diálogo sin apriorismos ni limitaciones. Una democracia consolidada y madura no puede tener miedo del empoderamiento de su ciudadanía. El mundo se encuentra y se encontrará ante conflictos que lo han hecho evolucionar y no podemos tener miedo de los conflictos. De lo que tenemos que tener miedo es de las salidas no democráticas a los conflictos, de enquistarlos en lugar de gestionarlos con la profundidad e inteligencia necesarias.

Lo que es alarmante es que el joven Dani Gallardo lleve más de 8 meses de prisión preventiva para manifestarse en Madrid contra la sentencia del Supremo; los meses que dos jóvenes catalanes de origen magrebí, Ibrahim y Charaf, también perdieron la libertad antes de quedar absueltos por carencia de pruebas.

Como preso político, he reiterado que mi prioridad no es salir rápido de la prisión sino salir con dignidad y, sobre todo, la resolución democrática del conflicto. Aquello que sea bueno para el conjunto de la sociedad catalana lo será para los presos políticos, que no pueden ser un obstáculo. Desde Òmnium reivindicamos el diálogo sincero y sin límites o renuncias de ninguna parte para encontrar soluciones efectivas para el conflicto político.

El único adversario real a batir es el miedo; el miedo a la palabra, el miedo a la diferencia y, en muchos casos, el miedo al diálogo sin apriorismos ni limitaciones

Y esta es una demanda del 80% de la ciudadanía catalana, un gran consenso de país que sobrepasa el soberanismo, que no se puede ignorar si realmente se quiere avanzar en este sentido, en lugar de seguir avalando la vía represiva y vulnerando derechos fundamentales de una mayoría social y política. Es obvio que esto reclama liderazgo y empatía, coraje político, para dejar de una vez por todas de externalizar la gestión a los tribunales y no traspasar el conflicto a las próximas generaciones.

Lo decimos con toda la exigencia y el respeto por el valor de la palabra. Con más de 2.500 represaliados y cerca de ciento años de condena en el Tribunal Supremo, la amnistía y el fin de la represión sería un buen punto de partida. Pero sin un cambio de posicionamiento de un gobierno español de Pedro Sánchez que mantiene la misma posición que su predecesor Mariano Rajoy es obvio que el interés de los poderes del Estado es contrario al diálogo.

Y, en cualquier caso, negligiríamos como ciudadanos si lo dejáramos todo solo en manos de los partidos políticos y las instituciones: nuestro deber también es continuar movilizándonos y presionando por la solución democrática. Continuar exigiendo que hablen claro a la ciudadanía sin caer en el enfrentamiento estéril, tanto interno como externo, que la represión precisamente persigue. Rehuyendo personalismos y fortaleciendo también nuevos liderazgos en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde Òmnium tenemos muy claro que para avanzar realmente hacia una República nos hace falta ser más y más determinados, tenemos que fortalecer la legitimidad de las decisiones que tome el conjunto de la ciudadanía como tenemos que tener siempre presente, que ni la prisión ni el exilio pueden condicionar este legítimo anhelo.

Pero también es evidente que la vía represiva ha fracasado en el objetivo de alterar la mayoría democrática de Catalunya y su continuidad, como pasa en sociedades maduras y organizadas, no hace más que consolidar esta realidad. Por lo tanto, exigir unas reglas de juego estrictamente democráticas y parar el chantaje sistémico de poderes del Estado es fundamental si realmente la normalidad institucional y política son objetivos compartidos.

Cuando acabo estas líneas, uno de los protagonistas de la Transición, el rey emérito Juan Carlos I, huye por corrupción y con la complicidad de los poderes del Estado -del heredero Felipe VI hasta el gobierno español- y la anestesia colectiva de una inmensa parte de la sociedad española, alimentada por una notable intelectualidad y medios de comunicación acríticos. Hechos que constatan una vez más el grado de exigencia democrática entre Catalunya y una parte muy significativa del resto del Estado.

Òmnium hoy continúa siendo víctima de la represión por el simple hecho de defender el derecho a la autodeterminación por vías pacíficas y democráticas. Pero los poderes de este Estado no han conseguido liquidar nuestra misión fundacional de servicio público con la lengua, la cultura y la cohesión social.

De hecho, somos un modesto ejemplo más de una red asociativa que se organiza -muy a menudo de manera horizontal- por causas sociales y valores universales que reflejan un país inclusivo que, como en el caso de la lucha contra la Covid-19, en las situaciones más adversas es capaz de sumar fuerzas para volver a levantar el país como lo hicieron nuestros abuelos y abuelas.

Somos un modesto ejemplo más de una red asociativa que se organiza por causas sociales y valores universales que reflejan un país inclusivo que, en las situaciones más adversas, es capaz de sumar fuerzas para volver a levantar el país

Por esta razón, creemos que nos corresponde recuperar, generar, fortalecer y consolidar grandes consensos de país, en ámbitos como la educación, la vivienda, la pobreza energética y la exclusión social, pero también el derecho a decidir nuestro futuro político como nación, el derecho a la autodeterminación. Poniendo en valor éxitos compartidos como el modelo de escuela catalana pero también luchando por la defensa de los derechos civiles y políticos, que hoy son vulnerados a varios activistas, artistas o periodistas, así como compartiendo las letras catalanas o el audiovisual en catalán con todos nuestros conciudadanos, para fortalecer el imaginario colectivo de país, sin pedir renuncias a nadie.

Somos conscientes que los retos de país desbordan nuestros ámbitos de trabajo e intentamos ser coherentes con nuestros objetivos, capacidades y rol, desde la sociedad civil. Es decir, que el buen gobierno y unas instituciones fuertes son imprescindibles para el interés general y el progreso colectivo, como los estragos de la Covid-19 evidencian en todo el mundo.

Sigue lloviendo sobre mojado, así que nos hace falta mucha empatía y confianza mutuas para poder salir de esta nueva crisis sin que la fractura social sea irreversible y el ascensor social se pare definitivamente en Catalunya. La vieja “normalidad” eran consecuencias enquistadas por la crisis económica del 2009, como un millón de catalanes al paro o el 25% en situación de pobreza. Esta sí que es una fractura real y alarmante que hay que revertir, para no dejar a nadie atrás.

Por todas las personas que hoy viven en los Països Catalans y las que todavía no están y acabarán forjando aquí su futuro. Sentimos el mismo orgullo por ser un país donde se hablan más de 300 lenguas y que el catalán haya podido resistir hasta el S.XXI convirtiéndose en una lengua útil y una señal de identidad compartida, en los patios de escuela, en las asambleas o en el mundo digital. Compartimos los versos de Estellés o Marta Pessarrodona hasta las voces internacionales de Rosalia o Sílvia Pérez Cruz.

Com a societat civil organitzada, doncs, tenim la responsabilitat democràtica de seguir enfortint l’espeComo sociedad civil organizada, pues, tenemos la responsabilidad democrática de seguir fortaleciendo el espíritu crítico para estrechar la cohesión y construir sociedades más libres. Porque tampoco un mejor acceso en la educación y la cultura no ha impedido que arraigue el discurso del odio en las mismas sociedades que sufrieron las peores atrocidades del siglo XX. La extrema derecha, blanqueada en las pantallas y promovida en los tribunales, crece en los parlamentos y se aprovecha de todas las rendijas que encuentra.

Porque, al final, el racismo que sufren refugiados y migrantes que luchan por el derecho a vivir o bien la emergencia climática también nos recuerdan, como lo hace un virus mundial, que como humanos hemos generado un sistema que tiene fallas globales de gravedad extrema y requiere respuestas drásticas. Y que en el origen hay la carencia de calidad democrática de nuestros sistemas de gobierno, en Catalunya, en los Estados Unidos o en China. Sin ir muy lejos, millones de ciudadanos de Hungría o Polonia sufren el abuso de poder gubernamental ante la timidez sino el silencio más vergonzoso de la Comisión Europea

Cultivar la fraternidad entre los pueblos y la conciencia ambiental, el humanismo, es una necesidad inaplazable, por más que gobiernos e instituciones se empecinan en mesurar el bienestar en términos materiales y a corto plazo. Porque la crisis no es solo entre Catalunya y el Estado español, sino que es en todo el planeta, donde millones de personas pugnan porque las recetas autoritarias y populistas no se impongan a derechos y libertades individuales y colectivas. Posiblemente sea esta la más grande y esperanzadora de las luchas compartidas.

Jordi Cuixart
Presidente de Òmnium Cultural
Cárcel de Lledoners, 4 de agosto de 2020