Es difícil analizar los acontecimientos del otoño de 2017 y todo lo que vino después si no se parte de una premisa básica: los partidos que actualmente gobiernan en Catalunya no saben cómo hacer la independencia porque nunca han creído del todo que la independencia fuera posible. No es que no la quieran, es que les parece demasiado difícil. La serie de despropósitos que se desencadenaron después del 1 de octubre -y en los que voy a entrar a lo largo de este artículo también tienen que ver con esto y habría que separarlo de las acusaciones de «traidores» e «hiperventilados» que a menudo se han espetado unos a otros para evitar ir al núcleo del problema.

Al mismo tiempo, sin embargo, estos mismos partidos necesitan la idea de la independencia para ganar elecciones. Esto funcionaba sin muchos inconvenientes antes del 1 de octubre, en que efectivamente hubo la oportunidad de culminar una aspiración supuestamente compartida -o al menos intentarlo. Después del 1 de octubre ha sido necesario activar otras armas electorales, relacionadas con la represión, que están funcionando con bastante éxito. Ahora bien, el camino que han elegido los partidos que actualmente gobiernan la Generalitat no se puede transitar sin una degradación de las instituciones y un vaciado de las palabras que serán muy difíciles de revertir y que el proceso, tal como se concibió, ya presagiaba desde el principio. El 1 de octubre fue, en este sentido, un punto de no retorno.

Los partidos que gobiernan en Catalunya no saben cómo hacer la independencia porque nunca han creído del todo que fuera posible

En este artículo intentaré analizar todo esto, empezando por el otoño de 2017 y los subterfugios diversos que se han hecho circular con posterioridad para describir aquella victoria convertida en fracaso. También hablaré de las secuelas que ha dejado aquel otoño y de cómo creo que los partidos que nos llevaron hasta allí pretenden -a mi entender, erróneamente- encarar el futuro. Finalmente, haré una breve pincelada de lo que creo que le falta al independentismo, que es básicamente darle la vuelta al marco y hacerse a sí mismo una enmienda a la totalidad.

El otoño de 2017

Con el relato del 9N agotado y tras prometer la independencia en 18 meses en tras elecciones plebiscitarias con lista conjunta, el gobierno Puigdemont/Junqueras empieza a caminar con la necesidad de dar un salto en la historia del procés y seguir alimentando la rueda. La propuesta de una pequeña parte del independentismo de celebrar un referéndum oficial y vinculante se abrazó con poco convencimiento, pero poco a poco fue tomando forma en el imaginario de la gente y en la opinión pública. Poco se podían pensar los promotores de aquel manifiesto de julio de 2016 que su idea acabaría siendo abrazada por los que lo tenían que llevar a cabo, exactamente como terminan todas las ideas que son universales cuando pasan por la política catalana: manoseadas hasta que casi ya no quieren decir nada.

Pero el referéndum era -y es- el instrumento democrático más limpio y claro para ejercer el derecho a la autodeterminación. Por primera vez desde que comenzó el procés, se ponía sobre la mesa algo homologable al resto del mundo. Parecía que podían desterrarse para siempre del debate público aquellos eufemismos vacíos que el procés había erigido, como «derecho a decidir» o «proceso participativo». El referéndum es conocido en todas partes y más o menos todo el mundo lo entiende de la misma manera: una pregunta binaria, con respuesta de sí o no, y un resultado que tiene consecuencias y que se debe aplicar.

Pronto se vio que aquella idea tan noble corría el riesgo de acabar hecha añicos, pero la gente empujaba mientras los dos partidos del gobierno se miraban de reojo, a ver quién podía colgarle primero el sambenito al otro antes del día en cuestión (esto si el gobierno español no actuaba antes, claro). La cadena de acontecimientos de aquel mes de septiembre de 2017 es por todos conocida y no es necesario que entremos en detalles, pero sí conviene recordar que ambos partidos de gobierno se comprometieron a aplicar el resultado del referéndum de acuerdo con las leyes del referéndum y de transitoriedad aprobadas en el Parlament, y tal como los líderes de ambos espacios políticos no pararon de repetir durante las semanas previas cada vez que se les preguntaba sobre el día siguiente.

La misma noche del referéndum, sin embargo, el gobierno no sólo evitó hablar de la aplicación de los resultados, sino que ni siquiera dio las cifras de participación a pesar de que, supuestamente, los datos habían sido introducidos en el sistema antes de que algunas urnas fueran incautadas por la Guardia Civil y varios colegios fueran clausurados por órdenes de los Mossos. Se confirmaba así la sospecha de que el Gobierno pretendía contravenir las leyes aprobadas por el Parlament (sospecha que, por otra parte, había ido creciendo con el cese de la Sindicatura Electoral por parte del gobierno unas semanas antes, o con la campaña de la ANC para hacer una movilización frente a los colegios sin llegar a votar, por poner sólo dos ejemplos). El Govern no tenía nada a punto. Nadie había pensado en el día siguiente, tal y como han admitido recientemente Oriol Junqueras y Marta Rovira. La represión ayudó a tapar esta constatación, y el debate público quedó eclipsado por las imágenes de la violencia policial que todo el independentismo con representación parlamentaria hizo circular como si no hubiera nada más. El objeto del referéndum se desvaneció de repente. Los partidos del Govern -y en menor medida la CUP, que dio apoyo externo en todo momento- habían convocado el referéndum concibiéndolo como una mera movilización.

Los partidos del Govern y, en menor medida, la CUP, habían convocado el referéndum concibiéndolo como una mera movilización

Algunos han dicho que esta es una lectura infantil que no tiene en cuenta factores importantes como la fuerza represiva del Estado que descubrimos entonces, la polarización de la sociedad catalana en relación a la independencia o la falta de apoyos a nivel internacional. Desde mi punto de vista, y dejando de lado el hecho de que los partidos nunca tuvieron la intención de aplicar los resultados del referéndum, son elementos que no fueron determinantes y que se han señalado con poco rigor y, en muchos casos, deshonestamente.

Los subterfugios

Los análisis posteriores al 1 de octubre de 2017 a menudo han sido, como decía antes, intentos de soslayar las responsabilidades políticas del despropósito:

En primer lugar, la violencia policial que vimos ese día fue de baja intensidad, teniendo en cuenta que nadie perdió la vida y que los cuerpos de seguridad españoles desaparecieron a partir del mediodía. Aquel fue, seguramente, el máximo grado de violencia que España podía asumir en una situación como aquella. Por otra parte, afirmar que la actuación policial impedía que se aplicara el resultado es una manera de legitimar la violencia y lanzar el mensaje de que, ante cualquier acción política, será suficiente con enviar unos cuantos agentes antidisturbios para desactivarla.

En segundo lugar, la exigencia de mayorías más amplias les puede funcionar a los partidos para ganar tiempo, pero parte de un planteamiento viciado en términos democráticos que nunca nos han explicado suficientemente, y es que consideran que hay proyectos políticos que requieren una mayoría amplísima y otros que pueden imponerse en minoría. Puedo llegar a entender el argumento de fondo, según el cual para romper el statu quo se necesita más fuerza que para mantenerlo. Pero el mensaje es peligroso, porque puede valer para todo, y convertir en fútiles y absurdos todos los planteamientos políticos que se planteen en términos democráticos. Además, una parte importante de la capacidad para consolidar esta mayoría dependerá del grado de movilización.

La violencia policial del 1 de octubre fue de baja intensidad, teniendo en cuenta que nadie perdió la vida y que los cuerpos de seguridad españoles desaparecieron a partir del mediodía

Un tema que tampoco abordan quienes defienden estos argumentos es que, siendo hasta cierto punto, son contradictorios entre ellos -o, por lo menos, no pueden ser complementarios. Si uno de los problemas para materializar la independencia es la ofensiva violenta del Estado, huelga decir que este supuesto impedimento no desaparecerá por el simple hecho de que el independentismo alcance mayorías muy superiores al 50% + 1.

Mención aparte merece la falta de reconocimientos internacionales, comprensible si tenemos en cuenta que es difícil que alguien otorgue unas facultades determinadas a quien dice no considerarse merecedor.

Las secuelas

Ciertamente, no sabemos qué hubiera pasado si el Govern se hubiese mantenido leal al Parlament y hubiese aplicado el resultado en el plazo de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados tal como establecía la ley. Teniendo en cuenta cómo se desarrolló la votación, sin embargo, se hace difícil pensar que la situación hubiera desembocado en un conflicto violento en la calle. Hay que tener presente, además, que al día siguiente del 1 de octubre la posición de fuerza del independentismo era enorme, mientras que buena parte del unionismo se escondía avergonzado bajo la mesa. Incluso si entendemos que la intención real del Govern no era en ningún caso declarar la independencia sino forzar al Estado a acordar un referéndum, el margen de maniobra para dar un paso más en la presión era grande.

En mi opinión, este fue un elemento -la propia fuerza- que los líderes políticos tampoco supieron calibrar. Seguramente porque desconocían tenerla, sobrepasados por la calle y la presión que ejercía una sociedad civil organizada al margen de las entidades que creían controlar.

Este punto es importante, porque desde entonces, y en situaciones mucho más inocuas, el independentismo ha sido incapaz de hacer valer sus convicciones y se ha ido desproveyendo de todas las herramientas que lo situaban en una posición de fuerza o que constituían medidas de presión ante el Estado. Tanto es así que el Estado se ha podido permitir, incluso, decidir quién puede ser Presidente de la autonomía y quién no, mientras ciudadanos sin ninguna responsabilidad política son perseguidos penalmente y, en algunos casos, encarcelados. Sin unos mínimos de firmeza, la represión ha ido encontrando el terreno abonado para proliferar.

Un ejemplo muy claro de esto es la investidura triplemente fallida del President de la Generalitat. En lugar de ir probando investiduras hasta encontrar el candidato que no le suponía ningún problema al Estado, el Parlament podría haberse plantado con su primera opción y hacerse fuerte en esta posición. Las desventajas de tener las instituciones bloqueadas durante algún tiempo más habrían sido mínimas, mientras la estructura administrativa siguiera funcionando. Otra cosa bien distinta son los cargos que dependen de estas instituciones, que son muchos, y habían sido cesados desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Aquí radica buena parte de la política catalana.

El independentismo ha sido incapaz de hacer valer sus convicciones y se ha ido desproveyendo de todas las herramientas que lo situaban en una posición de fuerza o que constituían medidas de presión ante el estado

Esta falta de firmeza que se desprende de los hechos contrasta con la retórica de resistencia y del «no lo vamos a permitir» que impera en los discursos tanto de los partidos del govern como de la CUP. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace ha terminado vaciando las palabras de significado. Cuando el lenguaje se pervierte de esta manera y lo que se dice no tiene ningún valor porque no se traslada en nada tangible, la política y la vida pública se degradan y la democracia se debilita. Este es, desde mi punto de vista, el peor de los legados del proceso, porque es el más profundo.

Para tener éxito, el independentismo debe devolver su valor a las palabras, liberarse del chantaje emocional del que se ha servido gracias y por culpa de la represión y huir de las excusas y las trampas que sólo están pensadas para ganar elecciones y dar vueltas alrededor del concepto «independencia» sin abordar cómo hacerla. Decir la verdad es un buen comienzo. Da miedo recuperar discursos y declaraciones públicas y comprobar que, a pesar de todo, lo que se ha acabado haciendo es exactamente lo contrario de lo que se predicaba.

Los nuevos señuelos

El próximo 14 de febrero, el independentismo será llamado nuevamente a las urnas para elegir los diputados de la XIII legislatura tras la inhabilitación de Quim Torra, que accedió a la presidencia de la Generalitat diciendo que haría la independencia a pesar de ser la cuarta opción del Parlamento. Porque las condiciones que llevaron a Quim Torra a aceptar la presidencia son las mismas que lo han inhabilitado: la aceptación que el Estado interfiera en todo.

Agotada la represión como arma electoral, y con la idea de complementar el voto de simple adhesión identitaria («o nosotros o ellos»), Junts, ERC y la CUP están obligados a encontrar otras maneras de alargar el procés. Unos agitarán la «unidad» que no quiere decir nada y los otros dirán que van a ampliar la base hacias los márgenes: ambas estrategias son eslóganes vacíos con respecto al independentismo.

Sumada a las anteriores, recientemente ha empezado a circular la idea de «la mayoría en votos» como nuevo señuelo para movilizar los votantes independentistas, que en las últimas contiendas electorales han ido a votar con objetivos muy diversos, pero todos igual de fútiles desde el punto de vista estrictamente político. Los programas electorales tienen menos importancia que nunca: lo único que cuenta es conseguir diputados para que la ultraderecha no tenga representación, para que los otros no ganen, o porque «no nos rendimos», o porque somos buenas personas. La estrategia «independentista» -es decir, para conseguir la independencia- no se explica jamás. Seguramente porque no existe.

En el momento de redactar estas líneas, todavía no se conoce la configuración exacta de las campañas electorales de cada uno de los partidos, pero es improbable que la irrupción de nuevos actores, de producirse, haga cambiar estrategias a corto plazo. Sin embargo, es posible que el 1 de octubre de 2017 se vuelva a poner sobre la mesa: ¿es el 1 de octubre un mandato válido para declarar la independencia?

Ahora ha empezado a circular la idea de «la mayoría en votos» como nuevo señuelo para movilizar los votantes independentistas, pero la estrategia para conseguir la independencia, no se explica jamás, seguramente porque no existe

Más arriba he explicado los peligros de banalizar aquel referéndum. Después de 3 años, en los que ha existido en la mente de los líderes políticos sólo como un recuerdo bonito y a la vez infausto, tejer una línea de continuidad es posible sólo si nuevos actores, que no se podrán encontrar en los partidos actuales, lo reivindican con la intención de declarar la independencia en caso de obtener una mayoría de escaños. No pasará, porque los partidos actuales no lo reivindicarán en este sentido y no habrá mayorías alternativas que lo abanderen, pero el nacimiento de nuevos actores puede sacudir la política catalana y situar todo el espectro político frente al espejo de sus contradicciones, obligándole a cuestionar todos y cada uno de sus planteamientos y abordar las preguntas incómodas. Si lo que se ha hecho hasta ahora ha sido ineficiente, porque la acción política debe juzgarse por los resultados que genera y no por las intenciones de quien la lleva a cabo, empezar de nuevo es un buen punto de partida.

Darle la vuelta al marco

Con la mera aparición de nuevos actores no será suficiente, es cierto. En Catalunya, los debates públicos están tan patas arriba que crear las condiciones para materializar la independencia es mucho más difícil que volver a empezar.

Admitámoslo: si no hay un cambio radical de paradigma, los partidos que nos llevaron al 1 de octubre se habrán cargado la independencia, al menos, para un par de generaciones. Las instituciones están más debilitadas que nunca, el lenguaje se ha pervertido hasta la insignificancia, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace es enorme, y las estructuras de partido funcionan y se alimentan por pura inercia porque no proyectos de ningún tipo. La pandemia ha puesto de manifiesto -aún más- que la Generalitat es una gestoría sin liderazgo político y que todo pende de un hilo. Desgraciadamente, las mentiras sobre las que los partidos del gobierno han sustentado el procés han dejado un vacío tan grande que hay que volver a llenar las palabras de significado y darle la vuelta al marco de todo lo que se ha construido sobre lo que no se dice y las lealtades viciadas.

Cuando decíamos que el 1 de octubre marcaba un punto de no retorno nos referíamos precisamente a eso: era imposible dar marcha atrás porque la autonomía, tal como lo habíamos conocida, ya no existiría nunca más. Cuesta creer que los partidos que nos llevaron hasta allí no fueran conscientes de ello y decidieran jugar con algo tan noble como un referéndum de autodeterminación, pero es así. Si no iban en serio no eran sólo ellos los que saldrían mal parados: eran las escasas instituciones autonómicas, era el grueso de la gente a la que se dejaba a merced de la represión, era la hondonada que tardará años en desaparecer. Si no pensaban ir a por todas, habría sido mejor para la credibilidad del independentismo no intentarlo.

El independentismo necesita una nueva estética, un discurso moderno sobre las cosas que pasan en el mundo, dejar de ser un movimiento de perdedores que se victimiza y debilita con el objetivo de blindarse ante la crítica y practicar la política de la tierra quemada. Un proyecto político que se quiere realmente ganador, además, no puede proyectar la superioridad moral de nosotros somos los buenos y hemos sufrido mucho y los otros son malas personas que no nos entienden, pero a quienes estamos dispuestos a evangelizar porque, pobrecitos, no saben. Así tal vez se amplíe la base de determinados partidos, pero dudo que se amplíe la base de la independencia, entendida como la creación de las condiciones socialmente necesarias para que se pueda materializar. Dicho de otro modo: los discursos infantiles infantilizan, alienan y no fortalecen la sociedad para ningún reto.

El independentismo debe apostar por una profundización democrática que vaya a la raíz de los problemas y cambie las preguntas; hay que hacer una enmienda a la totalidad al procés y hacerse responsable de sus convicciones

Para tener credibilidad, el independentismo debe apostar por una profundización democrática que vaya a la raíz de los problemas y cambie las preguntas. Es ganando credibilidad que crecen los proyectos, no mercadeando con la lástima y las mentiras. Hay que devolver el valor a las palabras y al voto, y que votar por una opción u otra tenga consecuencias.

En definitiva, el independentismo tiene que hacer una enmienda a la totalidad al procés y hacerse responsable de sus convicciones, con el objetivo de crecer por sus propios méritos y no por la actitud del Estado. La verdad es un valor en sí mismo, y ningún movimiento político ha triunfado desde el lamento, ni con discursos que debilitan sus partidarios, ni cultivando todos los señuelos posibles. El independentismo no será una excepción.

Maria Vila

Maria Vila

Maria Vila es abogada y profesora asociada en la Universidad de Barcelona. Licenciada en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, además de ejercer también es una personalidad activista del mundo jurídico catalán. Fue una de las fundadoras de la asociación Drets, que nació para "frenar la 'catalanofobia' desde las redes sociales y tribunas de opinión con sede en Madrid" y que en la actualidad denuncia que "el encarcelamiento de los políticos catalanes responde a un uso ideológico del Derecho ". También forma parte de la consultoría Besllum, un equipo de abogados especializado en transparencia y participación. Colabora habitualmente con varios medios de comunicación como el 3/24, TVE y RAC1, y es articulista en Nació Digital.