La importancia de Asia a nivel global es innegable. El auge de China como actor global ha provocado un aumento de la competitividad no solo con EE. UU., sino también con India y el resto de las potencias regionales. Entre las características que destacan la contemporaneidad asiática, están la exacerbación de los conflictos regionales, de la competición entre países o el nacionalismo excluyente. En el área de los derechos humanos (DDHH), el siglo XXI está marcando una época especialmente aciaga. La principal tendencia es la criminalización de sus defensores, lo que aumenta la tensión entre la sociedad civil y los Estados.

1. Introducción

Sin llegar a hacer una clasificación, tal vez los derechos más atacados sean la libertad de expresión, de creencia, de reunión y asociación pacíficas. Desafortunadamente, no son los únicos. Los gobiernos, de forma torticera, instrumentalizan discursos del odio para acallar las voces que discrepan. El objetivo de esta represión es la población en general y, especialmente, determinadas minorías, que son demonizadas, consideradas desleales y a las que se responsabiliza de todos los males.

A pesar de los riesgos, las protestas multitudinarias han marcado esta segunda década de siglo. Durante los últimos años, esta expresión de desacuerdo político en la esfera pública ha sido especialmente atacada. El peligro de ser detenido ilegalmente, torturado bajo custodia, desaparecido, y en casos extremos, asesinado por participar en una manifestación o publicar críticas contra el gobierno, ha coartado la libertad. Esta criminalización de la protesta se ha atacado en el plano narrativo y gestionado vía judicial. Los gobernantes han recurrido a diferentes medios (discursos, prensa, redes sociales), redefiniendo el ciudadano leal frente al «traidor» y «antinacional» (Pakistán, India) o «rebelde» (Indonesia). Gracias a la reinterpretación de la legislación vigente, esta discrepancia se juzga en varios países vía penal (Indonesia, Malaysia, Pakistán), a través de cargos de sedición (China, Pakistán) o difamación (Myanmar), o usando leyes antiterroristas (Filipinas).

Finalmente, los DDHH se usan como herramienta política. Su instrumentalización genera una atmósfera hostil que perjudica la funcionalidad de los pocos organismos regionales de cooperación. Los crímenes cometidos contra varios colectivos se argumentan en base a las injusticias contra otros, mientras que se mantiene silencio respecto a los crímenes perpetrados por gobiernos aliados. Tradicionalmente, los «valores asiáticos» se usaban como hecho diferencial para relativizar la universalidad de los derechos humanos. La tendencia actual es considerarlos como asunto nacional y subordinarlos a otras prioridades, como el crecimiento económico. La principal crítica que hace buena parte de los países asiáticos es la selectividad y despolitización de organismos internacionales.

2. Principales derechos y colectivos afectados

2.1. Panorama institucional

Asia, a diferencia de Europa, América y África, carece de un tratado propio de Derechos Humanos. Hay presencia de organismos internacionales, algunas instituciones regionales, y en general, comisiones nacionales. Entre los organismos internacionales, está la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Asia, con sede en Bangkok (Tailandia); oficinas y asesores en Bangladés, Filipinas, Malaysia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Papúa Nueva Guinea y Timor-Leste; dos oficinas regionales para el Pacífico y el sudeste asiático (Fiyi y Tailandia); un servicio de DDHH en la Misión de Asistencia para Afganistán (UNAMA); y una oficina en Seúl para supervisar Corea del Norte [1]1 — UNHR Report 2019, p. 298. .

Asia tiene el peor récord de ratificación de tratados a nivel global. No obstante, el principal problema es que los tratados firmados o ratificados no se implementan. Todos los países han ratificado las Convenciones sobre los Derechos del niño, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y sobre los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, no son parte Malaysia y Myanmar, y Bután no ratificó. Estos tres países tampoco forman parte de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, China no la ha ratificado. Malaysia y Bután no forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Corea del Norte, Myanmar, Malaysia y Papúa Nueva Guinea están fuera de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tampoco ratificada por India. Tan solo Bangladés, Filipinas, Indonesia y Sri Lanka forman parte de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Japón, Mongolia y Sri Lanka ratificaron la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Faltan por ratificar Cambodia, India, Indonesia, Laos y Tailandia [2]2 — Para más información sobre los Protocolos adiciones, consultar la página de la CDH: https://indicators.ohchr.org .

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tiene representación en las cinco subdivisiones regionales asiáticas: Asia Central, Oriental y Pacífico, Sudoriental, Meridional y Sudoccidental. Asimismo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cuenta con oficinas en Bangladesh, Filipinas, Indonesia, Japón, Myanmar, Nepal, Papúa Nueva Guinea y Sri Lanka, más las dos oficinas regionales en Fiyi y Tailandia.

2.2. Nivel de cooperación regional

Respecto al multilateralismo y la cooperación, hay elementos en los que los intereses confluyen, como el comercio y la seguridad. Los derechos humanos, en cambio, son un elemento divisorio. En general, Asia es un vecindario en el que cada país encuentra difícil fiarse del otro y donde buena parte de los conflictos enfrentan a Estados que comparten fronteras. Sin confianza, las organizaciones regionales, a pesar de ser un avance, acaban siendo disfuncionales.

Un ejemplo es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) compuesta por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. La Declaración de Phnom Penh sobre la adopción de la Declaración de Derechos Humanos de ASEAN (AHRD, 2012) sentó las bases de la cooperación en esta materia. En dicha declaración, los países firmantes se comprometieron a respetar los DDHH, así como a mejorar la situación de las mujeres e implementar la declaración de eliminación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la AHRD no es funcional. Los principios fundamentales de la ASEAN de respeto por la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de los otros Estados prevalecen sobre los DDHH. Otro factor común en estos países es la preferencia a que sea el Estado el que gestione los derechos, en lugar de permitir que las comisiones nacionales sean más independientes o que la sociedad civil participe.

Otra asociación regional es la que reúne los países de Asia Meridional, SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation). Aunque sus Estados miembros se han reunidos periódicamente, lo que prima es la desconfianza. La asociación está caracterizada por la hegemonía regional de India y su enfrentamiento con Pakistán. Las áreas de cooperación acaban supeditadas a esta dinámica tóxica que perjudica a los países más pequeños (Bangladés, Bután, Maldivas, Nepal y Sri Lanka), que tienden a sufrir el efecto de arrastre indio. El nivel de cooperación es considerablemente inferior al de ASEAN. La cooperación en materia comercial o de seguridad es difícil y falta un organismo adherido de derechos humanos. Solo en el sur de Asia se concentran tres de los conflictos más prolongados del escenario global: la guerra en Afganistán, el conflicto de Cachemira y la crisis de refugiados rohinyás.

2.3. Instrumentos jurídicos que afectan a la población en general

La falta de confianza de algunos gobiernos en su población hace que restrinjan la participación ciudadana. Para limitar el espacio público, la legislación vigente suele estar redactada con lenguaje ambiguo. Los gobiernos introducen elementos vagamente definidos como «interés público» o «daño a la moralidad pública» para poder aplicarla arbitrariamente. Pocos países escapan a esta tendencia:

• Ley de Seguridad Digital; Ley de Comunicación e Información (Bangladés)

• Ley de Seguridad Nacional (China)

• Ley de Delitos Informáticos (Filipinas)

• Ley de Derecho a la Información; Ley de Seguridad Públicas (India)

• Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas (Indonesia)

• Ley de Prensa y Publicaciones (Malaysia)

• Ley de Telecomunicaciones; Ley de Secretos Oficiales (Myanmar)

• Ley de Transacciones Electrónicas (Nepal)

• Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (Pakistán)

• Ley de Protección contra las Noticias Falsas y la Manipulación (Singapur)

• Ley de Ciberseguridad (Vietnam)

Como potencia global, China está introduciendo cambios normativos en la esfera internacional y utiliza su poder económico para conseguir adeptos. La nueva Ley de Seguridad Nacional no solo tiene vigencia sobre ciudadanos en territorio nacional, sino que puede aplicarse extraterritorialmente. Cualquier ciudadano chino en el extranjero que critique o desapruebe públicamente de la política gubernamental, sea académico, estudiante, periodista o artista, puede acabar condenado bajo esta ley.

Estas medidas son aún más graves en tanto que China está incrementando su presencia en las instituciones internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU. La retirada de EE. UU. del CDH en junio de 2018 fue especialmente preocupante para un sistema que antes defendía. China llena ese vacío para conseguir reescribir las normas y manipular los procedimientos existentes [3]3 — Piccone (2018), p.6. .

En marzo de 2018, el CDH aprobó una resolución presentada por China de «cooperación mutuamente beneficiosa». La resolución propone la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales en la que los DDHH no se utilicen para interferir en los asuntos internos de otros países. ¿Qué puede querer decir «promover la cooperación mutuamente beneficiosa en el campo de los DDHH»? [4]4 — Human Rights Council, 2020. ? En un lenguaje aparentemente inocente («todos ganan», «universalidad», «cooperación y diálogo genuino»), la base está en promover la cooperación principalmente entre Estados, marginando el papel de la sociedad civil y las asociaciones de DDHH. Las violaciones de derechos pasarían a ser un factor de negociación entre gobiernos, en lugar de un derecho universal inalienable, esquivando así la rendición de cuentas.

2.4. Ataques a colectivos minoritarios: principales grupos afectados

La violación de derechos humanos en Asia afecta a un conjunto amplio de colectivos, fundamentalmente: minorías religiosas y étnicas y colectivos indígenas; mujeres y niños y niñas; personas LGTBI; activistas de los DDHH, periodistas y académicos. Sin ignorar la opresión a la que son sometidos otros colectivos, es necesario destacar algunos grupos que han sufrido especial persecución en los últimos años.

Las Leyes Anti-Blasfemia en países de mayoría musulmana como Afganistán, Brunei, Indonesia, Malaysia y Pakistán, son usadas como arma arrojadiza contra las minorías religiosas. Estas leyes contemplan desde cadena perpetua hasta la pena capital. Por ejemplo, en el sultanato de Brunei, la apostasía se castiga con pena de muerte. Al mismo tiempo, en Malaysia existen planes para convertir a todos los grupos indígenas animistas al islam para el año 2049 [5]5 — Amnistia Internacional, Human Rights in Asia-Pacific, 2019, p. 34. y se detiene a los chiíes que conmemoran la Ashura.

Pakistán es un caso excepcional. El grado de susceptibilidad a considerar como blasfemo cualquier comentario (especialmente si viene de un cristiano o un ahmadí) raya el paroxismo. La trampa es que el delito no puede ser repetido, ni siquiera ante el tribunal que juzga la blasfemia. La única prueba de que una persona ha cometido dicho crimen es la mera acusación. Pero lo más marcado de la blasfemia en Pakistán es que promueve el que muchas personas se tomen la ley por su mano.

El recientemente creado partido político Tehrik-e Labaik (Ya-Rasul-Allah) Pakistan (Movimiento Aquí Estoy Profeta Mahoma, TLP) consiguió más de 1,8 millones de votos en las elecciones de 2018 solo en Punyab. Su líder, Khadim Hussain Rizvi, hizo carrera a través de discursos de odio contra ahmadíes y cristianos. Rizvi organizó manifestaciones en repulsa por el apoyo del gobernador de Punyab, Salman Taseer, a la reforma de la ley y a Asia Bibi. Esta mujer cristiana fue condenada a muerte por blasfemia. Pasó nueve años aislada en prisión y tras salir de la cárcel, tuvo que exiliarse. Rizvi y el TLP tomaron las calles en rebelión por su liberación y llamando a su asesinato. No en vano, Mumtaz Qadri, asesino de Tasser, es venerado por grupos como el TLP como héroe nacional.

Los activistas que trabajan para la protección de las áreas forestales donde viven grupos indígenas, son silenciados, desaparecidos o encarcelados. En China, los cambios legislativos permiten la expulsión de unos dos millones de familias de zonas forestales. Igualmente, en India se está restringiendo los derechos de las tribus, fundamentalmente, por intereses comerciales. Esta población no solo pierde su hogar y medio de vida, sino que además sufre discriminación. En Indonesia, el racismo contra estudiantes de las provincias de Papúa y Papúa Occidental es habitual. El interés en las minas de oro sirve para expulsar a los papuanos de la jungla. La constitución tailandesa no reconoce el término de «pueblos indígenas», por lo que estos grupos son marginados y a falta de documentos oficiales, carecen de acceso a servicios básicos.

La provincia de Baluchistán es rica en minerales y gas. Desde la firma del acuerdo del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) y la construcción del puerto de Gwadar, amplios sectores de la población han sido desplazados. Los crímenes cometidos por grupos insurgentes nacionalistas sirven a Islamabad para justificar la represión brutal del resto de baluchíes. El acceso a este territorio está prohibido, solo se puede visitar con permiso de los militares, que son quienes están acusados de la comisión de los delitos de torturas, desapariciones arbitrarias y forzadas, y de crímenes sumarios. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, citando al activista baluchí Mama Qadeer, cifra los desaparecidos en más de 82.000 (entre baluchíes y pastunes).

La ausencia de derechos de la población indígena también está ligada a la falta de protección del medioambiente. En comparación con otros países, Bangladés, Cambodia, Filipinas y Nepal han sido más respetuosos con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la construcción de la presa Lower Sesan II en Cambodia, en uno de los afluentes del río Mekong, ocasionó el desplazamiento de miles de personas. Varios grupos ecologistas alertaron sobre el impacto negativo medioambiental en todo el caudal del Mekong. La diversidad no solo quedaría afectada en Cambodia, sino también en Vietnam, Laos, Tailandia y China.

Por su parte, India está deshaciendo la legislación vigente que protege los pueblos tribales (adivasis) en pos del desarrollo económico de sus tierras en los estados de Chhattisgarh, Odisha y Jharkhand. La reforma de 2018 de la Ley de Derechos Forestales de 2016 otorga todos los poderes a los agentes estatales y elimina la participación de la población local en la gestión y protección de sus hábitats. Además, India ha cedido la explotación de estos bosques a empresas privadas. Nueva Delhi está planificando duplicar la producción de carbón en 2020 y para su extracción, está expulsando a los adivasis de sus territorios. Nueva Delhi se comprometió a mejorar la calidad del aire bajo el Acuerdo de París en 2015 y a reducir las emisiones de carbón para 2030 y aumentar la superficie forestal. El gobierno está haciendo todo lo contrario.

Ignorando un problema acuciante, los gobiernos asiáticos ignoran los peligros de la contaminación. En India se hallan 14 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo. Es más, en 2019, 49 de las 50 ciudades más contaminadas del mundo estaban en India (26), China (14), Pakistán (6), Bangladés (1), Indonesia (1) y Mongolia (1) [6]6 — Si vamos a los países más contaminados, Bangladesh, Pakistán, Mongolia, Afganistán, India, Indonesia y Nepal están entre los 10 primeros. Los datos son de 2019, de World Air Quality. . La mala calidad del aire afecta a la salud de las personas y puede considerarse un derecho humano relacionado con el derecho a la vida, la salud y a un entorno saludable. El cambio climático afecta todos los años a centenares de miles de personas con fallecimientos y desplazamientos a causa del calor excesivo, lluvias torrenciales, la contaminación o las sequías.

Otra tendencia imperante en Asia es el modelo de guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas. Desde que comenzó en 2016, los afectados son las clases más desfavorecidas. La policía goza de carta blanca para detener y forzar confesiones. Las estimaciones de esta guerra van desde más de 12.000 (Human Rights Watch, HRW) a 27.000 (ONU) personas desaparecidas o ejecutadas, y más de 350.000 detenidas sin garantías judiciales. Asimismo, su cobertura mediática es perseguida.

3. Casos más significativos de represión de derechos

Es difícil clasificar qué países o qué violaciones de derechos humanos son más graves, o quiénes son los más afectados. En Asia, ciertamente, no faltan candidatos. Afganistán es un caso extremo. A pesar de que se ha iniciado un proceso de paz en el que, por primera vez, se han sentado a negociar los talibanes con el gobierno norteamericano, y posteriormente con el gobierno afgano, la violencia no ha cesado. Junto a Siria y Yemen, la guerra afgana es un caso grave de violación del derecho internacional humanitario. No hay norma de protección de la población civil que no haya sido transgredida por las partes. En la actualidad, existe una campaña para atacar selectivamente a periodistas, defensores de la paz y los derechos humanos, con el fin de eliminar las voces discordantes contra la forma en la que se gestiona el proceso de paz y también, debilitarlo. A pesar de ser cerca del 50% de la población, solo cuatro mujeres formaron parte de uno de los dos equipos negociadores enviados a Doha por el gobierno afgano. Fauzia Kufi, Fatema Gailani, Habiba Sarabi y Sharifa Zurmati eran el 1,68% de la delegación [8]8 — Villellas Ariño, 2020, p. 3. .

Los siguientes casos destacados son de especial gravedad. En primer lugar, la situación de los uigures y otros musulmanes de origen túrquico en la provincia china de Sinkiang. En segundo, la realidad de la minoría rohinyá en Myanmar y Bangladés. Finalmente, el trato de los musulmanes en India, y más en concreto, la población en Cachemira.

3.1. Sinkiang: la cárcel de los uigures

En 2009, la muerte de un trabajador de una fábrica en Urumchi provocó una serie de disturbios. Las tres amenazas que identifica el gobierno del Partido Comunista son «el separatismo, el extremismo religioso y el terrorismo internacional» [9]9 — Prieto, 08/09/2019. . Temeroso de que el islamismo como ideología impere entre sus minorías musulmanas, para evitar otro Tiananmen y dejar claro el orden establecido, el gobierno chino procedió a la represión. Según Amnistía Internacional, Pekín ordenó detenciones masivas (en base a la pertenencia étnica y religiosa) durante los disturbios y ordenó redadas casa por casa. Desde entonces, las dudas sobre el paradero de miles de desaparecidos y las denuncias de tortura en custodia aún no han sido solventadas por las autoridades [10]10 — Amnistia Internacional, Urumqi riots three years on – crackdown on uighurs grows bolder, 04/07/2012. Disponible en línea. . Desde 2016, el número de policías y las instalaciones de tecnología de vigilancia colectiva en Sinkiang fueron en aumento.

Con posterioridad, se han filtrado datos de instalaciones en las que, entre uno y tres millones de uigures, kazajos y otros musulmanes están retenidos en contra de su voluntad. China los denomina «campos de capacitación contra el extremismo» y «de reeducación». Según HRW se les somete a sesiones de «adoctrinamiento forzoso, castigos colectivos, restricciones de movimiento y comunicación, restricciones de la libertad religiosa y vigilancia masiva» [11]11 — Human Rights Watch, 09/09/2018. . China intenta erradicar la cultura uigur. Para hacer los musulmanes de Sinkiang «más chinos», se ha extendido la práctica de introducir una persona de la etnia han para convivir en casas de familias uigures. Esta persona tiene que informar de qué hablan, quién reza, si llevan barba o velo, o si ayunan en ramadán. El adoctrinamiento también se extiende al resto de la población uigur, bajo amenaza de internamiento. Entre otros, se obliga a musulmanes a comer cerdo o beber alcohol [12]12 — Genocide Watch, 10/02/2019. , deben estudiar libros del Partido Comunista y hablar en mandarín.

Los abusos cometidos contra las mujeres uigures son, si cabe, más graves. La Base de Datos de Víctimas de Sinkiang estima que constituyen el 27% de todos los retenidos [13]13 — Xinjiang Victims Database. . Además de la «reeducación», los trabajos forzados o las torturas, las mujeres sufren violaciones, esterilizaciones y abortos forzosos. De igual forma, las uigures que están embarazadas son separadas de sus hijos al nacer. Estos niños son segregados de sus familias (constitutivo de genocidio) e internados en centros donde son adoctrinados. Según los testimonios de hombres y mujeres que han conseguido escapar de estos centros, estos ataques cumplen algunos de los elementos recogidos en el Art. 7 del Estatuto de Roma sobre los Crímenes de Lesa Humanidad [14]14 — En Asia, solo son miembros de la Corte Penal Internacional Afganistán, Bangladesh, Camboya, Corea del Sur, Japón y Mongolia. Tailandia ratificó y Filipinas abandonó en 2019. Texto del Estatuto disponible en línea. .

Varios organismos internacionales han intentado investigar sin éxito. Entre ellos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el CDH. Pero China bloquea constantemente diferentes iniciativas, especialmente si se llevan al Consejo de Seguridad (CdS) de la ONU. En julio de 2019, en lugar de tratar el tema directamente en una sesión, como es habitual, los embajadores representantes permanentes de 24 Estados miembros en el CDH presentaron una carta conjunta. En ella se instaba a investigar las condiciones de los centros de detención en Sinkiang. Pedían a China parar las «detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de movimiento de los uigures, y otros musulmanes y comunidades minoritarias» [15]15 — Texto de la carta disponible en línea. . La respuesta fue otro escrito en el que 37 países se oponían a la investigación. En noviembre, una vez más, 39 países del CDH solicitaron la despolitización de los derechos y que cesasen los abusos en Sinkiang, Tíbet y Hong Kong. China contestó con otro comunicado firmado por otros 54 países en el que se respaldaba la versión oficial de que los centros formaban parte de la política de desradicalización y contraterrorismo.

Este cisma entre países profundiza la disfuncionalidad de las instituciones internacionales que deben velar por los DDHH. Seis de los firmantes a favor de China eran países asiáticos: Cambodia, Corea del Norte, Filipinas, Laos, Myanmar y Pakistán. Aquí se manifiestan tres tendencias: 1) el interés de algunos gobiernos de fortaleer el autoritarismo; 2) la relativización de los abusos de DDHH en función de quiénes son las víctimas, dónde viven y quién las comete; y 3) la complicidad de quienes negocian favores a cambio de su silencio. Un ejemplo es el de Pakistán, activista de los derechos de los musulmanes en Palestina y la Cachemira india. En cambio, el primer ministro Imran Khan declaró en repetidas ocasiones desconocer qué ocurría en Sinkiang. Sin duda, el desarrollo del CPEC y la crisis económica son factores fundamentales que impiden la ecuanimidad.

Varios países asiáticos repatriaron a uigures huidos. A pesar de ser solicitantes de asilo, Indonesia, Cambodia, Vietnam y Tailandia expulsaron a decenas de ellos a través de aviones fletados por el gobierno chino. Malaysia, en cambio, a pesar de no firmar la carta, se negó a repatriar a 11 uigures que escaparon de una cárcel tailandesa. En Japón, los uigures asilados denuncian que China les presiona para que espíen al gobierno japonés, bajo amenaza de represalias contra sus familiares en Sinkiang. Japón es uno de los 24 signatarios a favor de la investigación.

El silencio de India es interesante. El gobierno de Nueva Delhi lleva tiempo acogiendo a refugiados de Sinkiang y del Tíbet. Además, la presencia del Dalai Lama tensa las relaciones con China. Pero India se mantuvo al margen de firmar ambos escritos. Lo que pretende evitar es la «intrusión» de una investigación sobre Cachemira. China, de hecho, presiona con este tema. En 2019 y 2020, como miembro del CdS, Pekín llevó varias mociones para tratar las violaciones de DDHH en Cachemira, reclamación no surgía desde 1971.

3.2. Rohinyás: abandonados a su mala suerte

Durante la descolonización británica tras la Segunda Guerra Mundial, se produjeron enfrentamientos entre musulmanes y budistas en torno al territorio de Rakáin. Los rohinyás, minoría étnica y religiosa, ha vivido a lo largo de siglos en este estado birmano. Sin embargo, el gobierno se niega a considerarlos parte de los 135 grupos étnicos que forman el país y se refiere a ellos como «bengalíes». Hay que tener en cuenta que el nacionalismo birmano está enraizado en la identidad budista. En Rakáin vivían cerca de 1,3 millones de rohinyás. El gobierno birmano les privaba del derecho a la nacionalidad, lo cual les impedía el acceso a sanidad, educación, vivienda, trabajo y el movimiento dentro y fuera de Myanmar [17]17 — OCHA, Myanmar Humanitarian Brief 2018. . Asimismo, tras el advenimiento de la democracia en 2014, su exclusión del censo les privó del derecho a voto.

Los primeros éxodos rohinyá comenzaron en 2011, después de unas revueltas instigadas por un grupo budista radical. Más de 100.000 cruzaron la frontera y la misma cantidad de personas quedaron confinadas internamente en poblados irregulares. A raíz de unos ataques de grupos insurgentes rohinyás contra la policía en 2017, las represalias fueron en aumento. El Ejército birmano lanzó una ofensiva contra la población civil que provocó la huida de cerca de 725.000 rohinyás. Zeid Ra’ad al-Hussein, comisionado del CDH calificó las circunstancias que llevaron al éxodo masivo como «ejemplo de libro de limpieza étnica» [18]18 — 36ª Sessión del CDH, 11/09/2020. Disponible en línea. .

La relatora especial para los derechos humanos de Naciones Unidas, la coreana Yanghee Lee, acusó a los generales militares de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra [19]19 — AP News, 29/04/2020. . Otras minorías étnicas (mro, daingnet y chin) también sufren la persecución del Ejército birmano. Asimismo, en Rakáin y Chin, la escalada de violencia en diciembre 2018 entre el Ejército birmano y el Ejército de Arakán (de etnia Rakáin y mayoría budista) provocó más de 29.000 desplazados internos y probablemente, impida el retorno de los refugiados.

La palabra rohinyá es tabú en la prensa birmana. La Constitución vigente en Myanmar, que data de 2008, no incluye garantías para la protección de la libertad de expresión, libertad de medios y de acceso a la información. En 2018, los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo de Reuters ganaron el premio Pulitzer por una investigación sobre la represión de los rohinyás. La respuesta del gobierno de Myanmar fue condenarles a siete años de cárcel en 2018. Ambos cumplieron 500 días en prisión, tras los que fueron liberados al beneficiarse de una amnistía presidencial.

Bangladés gestiona varios campamentos en los que se hacinan más de un millón de personas. La llegada cíclica de números superiores a las decenas de miles iniciales llevó a la aparición de campamentos irregulares en distintas zonas. El incremento gradual de la violencia desde 2015 llevó a que oleadas de cientos de miles personas indocumentadas cruzaran la frontera y se asentaran en diversos campamentos, algunos improvisados en el distrito de Cox’s Bazar y sus alrededores. Además de contar con el campo de refugiados más grande el mundo (Kutupalong), según ACNUR, la densidad de población es de 8m2 por persona, por debajo de los 45m2 por persona estándar para gestionar una emergencia. Las condiciones son infrahumanas.

En la democracia incipiente en Myanmar sigue habiendo tensiones entre el gobierno civil y los militares, habituados a la impunidad y con un largo historial de violaciones de DDHH. En junio de 2018, se firmó un memorándum de entendimiento entre la ACNUR, la agencia de desarrollo de la ONU y el gobierno de Myanmar, para facilitar el regreso de los rohinyás. Un informe de la misión internacional independiente de la ONU publicado en agosto de 2019, lamenta que Myanmar no coopere. La misión encontró, entre otros indicios, relación entre el Ejército e intereses económicos y empresariales, que «la realización de negocios en régimen de participación con sociedades extranjeras y las ventas y los traslados de armas han contribuido a la crisis de derechos humanos del país». Respecto al regreso de los rohinyás a Rakáin: «el Gobierno ha recabado la asistencia de empresas privadas para ejecutar sus políticas, so capa de actividades de desarrollo económico y reconstrucción, para alterar la distribución demográfica y evitar que la población rohinyá desplazada regrese a su tierra» [20]20 — Consejo de Derechos Humanos (2019), p.4. . Myanmar ha rechazado el informe por infundado. Cuenta con el apoyo de Rusia y China.

Este conflicto también se ceba con las mujeres. Entre los ataques destacan «la comisión continuada y deliberada de graves actos de violencia sexual y de género —entre ellos, violaciones sistemáticas, violaciones en grupo y actos sexuales forzados— por parte de las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar contra mujeres, menores y personas transgénero rohinyás, en el marco de una campaña de limpieza diseñada para aterrorizar y castigar a las minorías étnicas; que se utiliza la violencia sexual para dividir a comunidades enteras y disuadir a mujeres y niñas de regresar a sus hogares; que, en los campos de refugiados, las víctimas de violaciones pueden estar expuestas a la exclusión social por parte de sus comunidades» [21]21 — Resolución del Parlamento Europeo, 19/09/2019. .

3.3. India, musulmanes y Cachemira: la geopolítica del castigo colectivo

India es uno de los países donde las minorías religiosas sufren mayor persecución. Desde que Narendra Modi llegó al poder en 2014, la tensión entre las comunidades hindú y las comunidades cristiana y musulmana, ha ido en aumento. El partido de Modi pertenece a la corriente nacionalista hinduista (Bharatija Janata Party, BJP), y sus socios son partidos supremacistas. Los discursos de odio contra las minorías han aumentado desde entonces, y estos van en línea con las decisiones políticas. Tres de ellas marcan el declive en la protección de las minorías: la elaboración de un nuevo registro de ciudadanos en el estado de Assam; la derogación del artículo 370 de Yammu y Cachemira (J&K); y la introducción de una enmienda de la ley de ciudadanía.

En el estado de Assam, la renovación del Registro Nacional de Ciudadanos (RNC, 1951) provocó la exclusión de unos dos millones de personas. La principal comunidad marginada no asamesa es bengalí (hindúes y musulmanes), considerados foráneos por los asameses y las tribus locales. En 1983, miles de musulmanes bengalíes (emigrados durante las décadas de 1940 y 1950) fueron ejecutados en la conocida masacre de Nellie. Tras este pogromo, el primer ministro Rajiv Gandhi firmó un acuerdo por el que podían obtener la ciudadanía quienes emigraron entre 1951-1961 y quienes llegaron a partir de 1971 serían deportados.

En las elecciones de Assam, el BJP prometió deshacerse de los «extranjeros» (léase bengalíes). La elaboración del nuevo RNC tenía como objetivo la obligatoriedad de los ciudadanos de probar documentalmente que nacieron en Assam y que emigraron antes de 1971. Muchos de ellos no tienen documentos de identidad, por su pobreza y la falta de registros. En el primer borrador de la RNC (junio 2019), cuatro millones de personas quedaron excluidas. En la revisión posterior de agosto, el total excluido era casi dos millones, la mayoría, musulmanes. India pretende confinarles en campos de detención hasta su deportación, pero ni Bangladesh ni Pakistán les reconocen como sus ciudadanos.

La misma agenda de Assam se puede aplicar en el próximo censo nacional (abril 2020-febrero 2021). La Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA en sus siglas en inglés) introdujo la religión como factor para la obtención de la nacionalidad. Según esta ley, aquellas personas migrantes o refugiadas en India que procedan de Pakistán, Afganistán y Bangladés que se encuentren en situación irregular, podrán solicitar la ciudadanía si son cristianas, hindúes, budistas, sijs o parsis. Uno de los grupos afectados por esta política son los rohinyás. Ser musulmanes ha supuesto que India les deniegue el estatus de refugiados. Nueva Delhi les considera migrantes irregulares y están siendo repatriados involuntaria o forzosamente a Myanmar.

Cachemira ha sido el epicentro del conflicto desde la división de India y Pakistán en 1947. La accesión de Yammu y Cachemira (J&K en sus siglas en inglés) se hizo con la condición de mantener cierta autonomía de gobierno. La revocación del artículo 370 de la constitución el 5 de agosto de 2019 acabó con su estatus especial y dividió el territorio en dos. Entre otros cambios, la anulación del artículo abre la puerta a la compra de terrenos y propiedades a ciudadanos de otros estados indios. Los cachemires creen que esta medida pretende cambiar la composición de la población y revertir la mayoría musulmana.

El trámite para llevar a cabo el cambio de estatus fue irregular. El gobierno de Modi tomó la medida sin la aprobación de las instituciones y sin previo aviso. Para ello, evacuó turistas, trasladó a miles de policías y soldados y sometió a la población local al total aislamiento: cortes de internet, teléfonos, controles de carreteras y toques de queda. La conexión a internet solo fue restaurada el 25 de enero 2020, aunque con baja velocidad. Tres anteriores ministros del Partido Democrático Popular de J&K (Farooq y Omar Abdullah y Mehbooba Mufti) fueron puestos bajo arresto domiciliario para evitar que convocaran protestas. Las manifestaciones en contra fueron reprimidas de forma desproporcionada. Para reprimir las protestas, como viene siendo habitual en el Valle de Cachemira, las fuerzas de seguridad disparan con perdigones. Estos han provocado heridas a más de 6.000 personas y daños oculares o ceguera a miles de manifestantes, incluidos niños.

4. Los derechos humanos en tiempos de pandemia: Asia y el Covid-19

En el lado positivo, Japón, Corea del Sur y Mongolia son los países que mejor han gestionado la pandemia. En el resto, la crisis del COVID-19 ha servido para que los gobiernos pongan excusas para controlar más los medios de comunicación. Asimismo, la falta de recursos ha amenazado con el colapso de los servicios médicos. Según la Organización Mundial de la Salud, hace falta al menos 2,3 médicos por 1.000 habitantes para que haya una suficiente cobertura sanitaria. Los datos del Banco Mundial muestran que Asia tiene radios bajos: Papúa Nueva Guinea tiene el más bajo, con 0,1 y Maldivas el más alto, con 4,8. Asia Meridional tiene 0,8 de media, Asia Oriental y Pacífico, 1,7.

La libertad de expresión es uno de los derechos más perseguidos. No en vano, Asia concentra los países del mundo más peligrosos para el periodismo. Según el ranking de Reporteros Sin Fronteras, Corea del Norte es el peor (puesto 180 de 180 países), China está en 177º lugar. En otros puestos están Vietnam (175), Laos (172), Singapur (158), Bangladés (151), Pakistán (145), Camboya (144), India (142), Tailandia (140), Birmania (139), Filipinas (136), Sri Lanka (127), Afganistán (122), Indonesia (119), Nepal (112), Malaysia (101), Hong-Kong (80), Timor Oriental (78), Mongolia (73), Bután (67), Japón (66), Mauricio (56), Fiyi (52), Papúa-Nueva Guinea (46), Taiwán (43), y Corea del Sur (42).

Según International Press Institute, Asia es el continente donde hubo más obstáculos a la información durante la pandemia: 91 detenciones, 29 restricciones de acceso a la información, 10 casos de censura, seis de excesos de regulación de “noticias falsas” y 29 ataques físicos o verbales contra medios. Para las detenciones, se utilizó el código penal en el 66% de los casos, otras leyes en casi el 30% y las creadas ad hoc para combatir bulos, el 4% [23]23 — International Press Institute, 2020. . En Myanmar se bloqueó el acceso a 221 páginas web acusadas, a criterio gubernamental, de difundir bulos [24]24 — Barron, 26/06/2020. . En Singapur se recurrió a la Ley de protección contra las noticias falsas y la manipulación contra un State Times Review tras acusar al gobierno de ocultar la cantidad real de víctimas del virus [25]25 — Barron, 26/06/2020. .

El periodista Chen Quishi desapareció en febrero tras investigar un hospital temporal en Wuhan. Quishi trabajaba sobre las dificultades de los médicos y la falta de recursos para tratar la pandemia. En India la policía aplicó una fuerza desproporcional contra ciudadanos que intentaban saltarse el confinamiento o que simplemente, estaban en la calle camino del trabajo [26]26 — Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 03/06/2020. . El Tribunal Supremo, a petición del gobierno central, ordenó a los medios que solo difundieran la versión oficial de la lucha contra el virus. Los jueces de la nueva orden apelaron a la Ley de Gestión de Desastres de 2005, que impone sanciones de multas y hasta un año de cárcel [27]27 — International Federation of Journalists, 2020. . En Filipinas las críticas al gobierno durante la pandemia han sido punibles bajo la ley antiterrorista, al considerarlas actividades que «ponen en riesgo la salud pública».

Con relación al conflicto en Cachemira, Amnistía Internacional denuncia que India ha detenido a más de 70 políticos de diferentes partidos, excepto del partido del gobierno. La falta de internet 4G (solo se restaura internet interrumpidamente a una velocidad 2G) impide a los juzgados llevar su ritmo habitual, a estudiantes seguir sus clases, a las empresas y ciudadanos llevar a cabo trámites administrativos, y finalmente, a los hospitales y centros médicos, acceder a los datos, expedir recetas, o solicitar medicamentos.

La comunicación tampoco ha sido eficaz ni se ha basado siempre en datos científicos. Algunos líderes han recurrido a discursos populistas para evadir responsabilidades. En Pakistán, Imran Khan se dirigió al público en diferentes ocasiones infravalorando la magnitud de la crisis o contradiciendo lo que hacían los gobiernos de otros partidos en las provincias. Mientras otros países cerraban las mezquitas para impedir los contagios, Khan decidió que debían seguir abiertas durante el ramadán. Las teorías conspirativas extendían la creencia de que el virus era un complot para cerrarlas. En el evento anual en Lahore de la tablighi jamaat (TJ), con unas 150.000 personas reunidas, un líder dijo que el virus era responsabilidad de la indecencia de las mujeres [28]28 — Khattak, 2020. .

En India la TJ también estuvo en el epicentro de la crisis. La sede en Delhi reunió entre el 12 y 13 de marzo a miles de adeptos de todo Asia. Cuando Delhi impuso el confinamiento (22 de marzo), un tercio de los casos ya tenía origen en la tabligh. Esto provocó que surgieran rumores de que era un virus terrorista: el corona-yihad. De la misma manera, se continuó convocando eventos en templos sij o hindúes, provocando una innecesaria extensión del virus. Algunos líderes nacionalistas hindúes del partido del gobierno recomendaron beber orina de vaca para fortalecer las defensas ante el virus.

Más de 100.000 afganos, entre quienes perdieron su trabajo en Irán y refugiados expulsados forzosamente, fueron el principal foco del virus al regresar a Afganistán. En cambio, el cierre de fronteras dejó atrapados a grupos de trabajadores en condiciones pésimas. Unos 20.000 nepalíes quedaron en India intentando regresar a Nepal. Decenas de miles de emigrantes de Cambodia, Myanmar y Laos quedaron retenidos en la frontera tailandesa tras perder sus trabajos [29]29 — Narayan, 2020. .

La pandemia ha puesto en evidencia la extrema vulnerabilidad de los más pobres. En Asia, buena parte de los trabajadores subsisten con lo que ganan al día. Los confinamientos han impedido su trabajo cotidiano, ahondando la brecha entre quienes pueden teletrabajar o confinarse en un hogar y quienes no. La magnitud de la población y la alta densidad demográfica impiden la distancia interpersonal, tanto en el espacio público como en las familias (con una media de 6-10 personas en infraviviendas de pocos metros cuadrados). Se calcula que solo en India, más de 120 millones de trabajadores de sectores informales perdieron su trabajo. El éxodo de millones a sus localidades de origen tras el confinamiento en Delhi o Mumbai, y la falta de medios de transporte, obligó a muchos a hacer un viaje de cientos de kilómetros a pie.

5. El futuro de los derechos humanos en Asia

Es difícil augurar una mejora de la protección de DDHH. El cambio normativo no lo favorece. El auge del populismo, junto con el atractivo del autoritarismo, colocan los derechos al final del orden de prioridades. En China, India, Pakistán o Filipinas, quienes gobiernan, lo hacen de forma autoritaria y con gran desdén por la ley.

India se acerca cada vez más a un Estado en el que la discriminación de minorías religiosas y étnicas es oficial. En Pakistán, los militares ya no necesitan dar golpes de Estado. Gracias a políticos complacientes y un Parlamento debilitado, han conseguido infiltrarse en las instituciones democráticas. En Filipinas, Duterte declaró que la Constitución es poco más que papel higiénico. Sheij Hasina ha enterrado a la oposición bajo tantos casos judiciales, que ha conseguido que Bangladés se convierta en un país de partido único. El regreso de los hermanos Rajapaksa al gobierno de Sri Lanka hace tambalear los acuerdos de paz tras la guerra civil. Los países que más respetan los DDHH, Japón, Corea del Sur, Taiwán, y el territorio de Hong Kong, ven cómo China transgrede las normas mientras la alternativa, India, duda en posicionarse. Sin el respaldo inequívoco de la Comunidad Internacional, quienes rompen las normas seguirán haciéndolo.

Pero esta comunidad internacional envía mensajes contradictorios. Tras el paso de Donald Trump por la Casa Blanca, los talibanes se han sentado en la mesa de negociación de paz sin necesidad de dejar la violencia. Los cortejos de Trump con Kim Jong Un o Narendra Modi (a quien se le denegaban visados por su complicidad en el pogromo de Gujarat de 2002), envían una señal de que los derechos son relativos. Otrora premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi negó los cargos de genocidio contra los rohinyás en la CPI, a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario.

La Unión Europea tampoco contribuye a las normas internacionales en materia de migraciones y asilo, favoreciendo con ello una relativización útil para los gobiernos de la región. Por ejemplo, el desembolso de más de 2.700 millones de euros (desde 2014) para gestionar la crisis de refugiados afgana tiene como objetivo fundamental que sean Irán y Pakistán quienes sigan gestionando y albergando millones de refugiados.

El aumento de las sensibilidades religiosas se podría atajar recuperando la Resolución 16/18 del CDH [31]31 — Resolución 16/18 del CDH. . Para evitar que leyes como la de Blasfemia produzcan líderes (como el mencionado Rizvi), cuyo objetivo sea obtener rédito del odio, es necesario fomentar la libertad de expresión, de creencia y la no discriminación de las minorías religiosas. Los líderes políticos deben dejar de usar el odio hacia los más débiles como forma de llegar al poder.

La redefinición de ciudadanía en base a la pertenencia a determinadas religiones o grupos étnicos provoca conflictos que se podrían evitar presentando una visión favorable de la pluralidad. El hecho de que algunos grupos quedaran divididos entre diferentes países tras las descolonizaciones a mediados del siglo XX sigue generando conflictos internos y multilaterales. Para que estas comunidades olvidadas no se sientan solas, es necesario que los llamados “estados responsables” de la comunidad internacional se impliquen sin reparos en la denuncia de violaciones de DDHH. Urge frenar el cambio normativo y no es momento de primar el crecimiento económico a costa de la protección de las personas.

• Referencias

  1 —

  UNHR Report 2019, p. 298.

  2 —

  Para más información sobre los Protocolos adiciones, consultar la página de la CDH: https://indicators.ohchr.org

  3 —

  Piccone (2018), p.6.

  4 —

  Human Rights Council, 2020.

  5 —

  Amnistia Internacional, Human Rights in Asia-Pacific, 2019, p. 34.

  6 —

  Si vamos a los países más contaminados, Bangladesh, Pakistán, Mongolia, Afganistán, India, Indonesia y Nepal están entre los 10 primeros. Los datos son de 2019, de World Air Quality.

  7 —

  Las agencias implicadas son el Batallón de Acción Rápida, la policía y la oficina de policía de Dhaka.

  8 —

  Villellas Ariño, 2020, p. 3.

  9 —

  Prieto, 08/09/2019.

  10 —

  Amnistia Internacional, Urumqi riots three years on – crackdown on uighurs grows bolder, 04/07/2012. Disponible en línea.

  11 —

  Human Rights Watch, 09/09/2018.

  12 —

  Genocide Watch, 10/02/2019.

  13 —

  Xinjiang Victims Database.

  14 —

  En Asia, solo son miembros de la Corte Penal Internacional Afganistán, Bangladesh, Camboya, Corea del Sur, Japón y Mongolia. Tailandia ratificó y Filipinas abandonó en 2019. Texto del Estatuto disponible en línea.

  15 —

  Texto de la carta disponible en línea.

  16 —

  Organización de la Conferencia Islámica, p. 5.

  17 —

  OCHA, Myanmar Humanitarian Brief 2018.

  18 —

  36ª Sessión del CDH, 11/09/2020. Disponible en línea.

  19 —

  AP News, 29/04/2020.

  20 —

  Consejo de Derechos Humanos (2019), p.4.

  21 —

  Resolución del Parlamento Europeo, 19/09/2019.

  22 —

  Estas medidas son previas a la pandemia del COVID-19.

  23 —

  International Press Institute, 2020.

  24 —

  Barron, 26/06/2020.

  25 —

  Barron, 26/06/2020.

  26 —

  Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 03/06/2020.

  27 —

  International Federation of Journalists, 2020.

  28 —

  Khattak, 2020.

  29 —

  Narayan, 2020.

  30 —

  UN Women, 2020.

  31 —

  Resolución 16/18 del CDH.

• Notas bibliográficas

  Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2019); United Nations Human Rights Report 2019. Disponible en línea.

   

  Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2020); Asia: Bachelet preocupada por las restricciones a la libertad de expresión durante la COVID-19 . Disponible en línea.

   

  Amnesty International (2019); Human Rights in Asia-Pacific. Review of 2019. Disponible en línea.

   

  AP News (2020); “UN human rights expert accuses Myanmar Army of fresh abuses”, AP News. Disponible en línea.

   

  Barron, Laignee (2020); “It’s Not Just Maria Ressa’s Arrest. Coronavirus Is Accelerating Crackdowns on Press Freedom Across Asia”. Time. Disponible en línea.

   

  Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2011); Resolution 16/18 . Disponible en línea.

   

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  Human Rights Council (2020); Report of the Human Rights Council on its forty-third session. Disponible en línea.

   

  Human Rights Watch (2018); “Eradicating Ideological Viruses. China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims”. Disponible en línea.

   

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  Khattak, Daud (2020); “Pakistan’s Confused Covid response”. The Diplomat. Disponible en línea.

  Narayan, Rajiv (2020); “How Covid-19 has been battering human rights: an Asia-Pacific perspective”. Global Asia, Vol. 15(2). Disponible en línea.

   

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  Parlamento Europeo (2019); Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre Myanmar/Birmania, en particular la situación de los rohinyás . Disponible en línea.

   

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  Villellas Ariño, María (2020); “Las negociaciones de paz en Afganistán en un año decisivo”. Escola de Cultura de Pau, nº 8, novembre 2020. Disponible en línea.

   

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