Estado de los derechos y las libertades en América Latina

El presente informe sintetiza, desde tres referentes documentales, el estado que guarda la región de las Américas en materia de derechos humanos y da cuenta de la represión política experimentada en el último quinquenio. La región de América Latina es considerada como una de las más peligrosas del mundo para sus habitantes, según lo documenta la más importante la producción académica (Roniger, 2018; Gándara, 2019; Estepa, 2020; Estepa et al., 2020). De igual manera lo reportan los informes preliminares de 2020 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2020), Amnistía Internacional (AI) (2020), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) (2020), el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019), las recomendaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (2020) y las denuncias realizadas por colectivos y actores que denuncian todos los días las violaciones de los derechos humanos y son víctima de constante represión por parte de los gobiernos de Latinoamérica. En particular, el peligro sobre la vida y la dignidad es experimentado por aquellos grupos de población expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad y situados en profundas e históricas desigualdades en el acceso a oportunidades que limitan o impiden el pleno ejercicio de sus derechos (Tinoco; Mena; Martinez; Rojas, 2019). Los principales grupos de poblaciones expuestos siguen siendo aquellos que son defensores de los derechos humanos y que denuncian los abusos de poder por parte de los gobiernos en toda América Latina.

1. Introducción

La rica producción académica, los múltiples informes anuales, y las denuncias elaboradas por distintos actores sociales coinciden en remarcar los distintos tipos de violencia, hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado de las poblaciones civiles relacionados directamente a la represión política experimentada en Latinoamérica. La histórica desatención en materia de salud, educación y empleo ha sido acentuada, en los primeros ocho meses del año 2020, por las dinámicas propias del confinamiento social producto de la COVID-19, y abonan a distintos niveles de la represión política, entendida como la forma en que los gobiernos violan derechos humanos mediante la detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, el asesinato y desaparición de personas, así como la participación de las autoridades gubernamentales con el crimen organizado. Todas las violaciones anteriormente descritas se consideran acciones que lastiman profundamente a la sociedad y son cotidianamente alimentadas por actos de violencia, corrupción e impunidad que prefiguran distintas escalas de terror político (López, 2020). Particularmente en las Américas, dichas acciones vulneran brutalmente los derechos humanos de las infancias y juventudes, mujeres, población adulta, comunidades originarias, migrantes y personas LGTBQI+.

Por tanto, el informe reconoce y enfatiza cinco apartados que presentan la compleja situación en temas relacionados con los feminicidios, violencia, separación forzada, persecución política, desempleo y salud, por la que atraviesan las Américas en plena pandemia y confinamiento social, momento en que se escribe este informe y la población lucha por una vida digna en medio de la sindemia global producto de la COVID-19.

1.1. El debate teórico sobre los derechos humanos desde América Latina

Es indispensable partir del amplio trabajo desarrollado por varias instituciones académicas que, comprometidas por el estado que guarda la región de las Américas en materia de derechos humanos y represión política, se posicionan en valientes debates que confrontan el actuar de los gobiernos de Latinoamérica. Aquí una síntesis de las principales obras editadas por los más importantes espacios académicos de las Américas.

En Historia mínima de los derechos humanos en América Latina (Roniger, 2018), el Colegio de México plantea el reto de recorrer la historia de los derechos humanos en América Latina con un ejercicio que implica examinar los avances logrados a partir del siglo XX, y el impacto que reflejan las generaciones de principios del siglo XXI en relación con los crímenes sistemáticos de lesa humanidad y los genocidios, hasta el punto de reconocer, en la actualidad, el “derecho a tener derechos”. La obra invita a apreciar la universalidad e inalienabilidad de los derechos humanos, tanto para quienes ejercen posiciones de poder como para quienes disputan tales posiciones en un deber ético de respeto a la integridad y dignidad de todas las personas. La obra nos invita a no hacer caso omiso a las históricas violaciones a los derechos humanos en América Latina, las cuales se resumen en: la discriminación y xenofobia que enfrentan los inmigrantes al ser grupos subalternos y sus distintos desafíos pendientes en la agenda de derechos humanos; los casos de violencia represiva oficial, de forma especial la violencia de Estado durante la ola represiva de las dictaduras, origen de la violencia sistémica que la región ha experimentado por múltiples generaciones; la actuación de las izquierdas revolucionarias que actuaron activamente en la política en las universidades y las esferas públicas que marcaron diversos quiebres en la convivencia democrática y la transición a gobiernos autoritarios en gran parte de América Latina.

Otra aproximación académica imprescindible la presenta el libro Los derechos humanos en el siglo XXI (Gándara, 2019), que invita a replantear la noción occidental de dignidad que, aunque formulada desde los inicios de la ilustración, sigue siendo en la actualidad base de disertación para muchos académicos, y para otros tantos el único modo de comprender y resguardar la dignidad. La obra invita a considerar una concepción intercultural de los derechos humanos, ordenada en la interrelación de sentidos locales mutuamente inteligibles y en permanente diálogo en toda América Latina. El cambio de la concepción de universalidad hacia la de interculturalidad no es un tema menor, y responde a la gran necesidad de crear una alternativa a las prácticas colonizantes que han experimentado, hasta la fecha, los principales conflictos en las Américas. La coordinación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) enarbola uno de los proyectos más importantes para enfrentar los retos que desde Latinoamérica se establecen para enfrentar la universalización del localismo occidental que opera a través del discurso hegemónico liberal de los derechos humanos.

Finalmente, la obra titulada Derechos Humanos desde América Latina: discusiones y estrategias actuales (Estepa et al., 2020), editada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), coloca en el debate la crítica de las totalizaciones que fundamentan el sistema mundo moderno colonial capitalista, con la que se permite cuestionar algunas teorías sociales sobre los derechos humanos desde las Américas. En la actualidad, en el campo de los derechos humanos predomina la relación entre una pretendida “pureza” científica que conforma el pensamiento de quienes defienden los discursos y los modelos tradicionales de los derechos humanos y que deriva en un formalismo acrítico. En el predominio de esta lógica, y de una pedagogía memorista, se ha formado predominantemente a profesionales tecnócratas, alejados de la realidad y de las necesidades de su propio pueblo, especialmente de las de las víctimas del sistema vigente. La obra editada por la UNR clama por realizar un análisis constante en la aplicación de derechos humanos desde el “Sur”, y marca el punto de partida en la resistencia y en la posterior clasificación del ser colonial, racial, eurocentrado y sus subproductos teóricos y científicos.

Las discusiones teóricas antes expuestas, fortalecen y renuevan el horizonte teórico de los problemas, experiencias y tendencias en materia de derechos humanos desde América Latina. Intentan establecer el origen y destino de la reacción social ante las múltiples violencias y las causas de las represiones políticas que son experimentadas en lo cotidiano. Sin embargo, no se desconocen obras que tocan temas puntuales con enfoques interseccionales y que logran un debate más fino como lo hace el libro VIH, migraciones y derechos humanos perspectivas internacionales (Rivera I. et al., 2019), editado por CLACSO, que retoma una discusión colectiva en donde se resaltan dos de los fenómenos más dolorosos de toda América Latina. Los autores se refieren a los múltiples procesos migratorios experimentados en las caravanas migrantes que recorren el continente. La experiencia migratoria constata la existencia y necesidad de actualizar los datos sobre la población migrante en los países de Latinoamérica y el Caribe y la exigencia hacia los países de destino o paso para garantizar, por razones humanitarias, la promoción de servicios de salud preventivos donde se cambie paradigmáticamente el enfoque de salud mercantilista prevaleciente por uno que incluya el reconocimiento de esta como derecho humano.

Las obras anteriores desarrollan y presentan discusiones amplias acerca de las diversas crisis humanitarias que experimenta la región. Sin embargo, contamos en los años recientes con investigaciones que analizan las múltiples polarizaciones políticas de izquierdas y derechas que desembocan en un absurdo bipolarismo, en tanto la población está exigiendo caminar hacia el pluralismo ideológico de gobiernos, partidos políticos, ciudadanos, que trabajen por el derecho a la paz bajo los principios de equidad y justicia (Bermejo y Lamadrid, 2020). También presentan la manera en la que desde América Latina se utilizan algunas de las herramientas políticas y jurídicas a su alcance, para visibilizar y reconstruir los agravios en contextos de represión política, conflictos armados y nuevas expresiones de la violencia y la guerra, con límites territoriales y temporales porosos (De Marinis y Macleod, 2020).

Búsquedas recientes insisten en la necesidad de que América Latina redefina el marco del poder político. Desde la ciudadanía se está produciendo un compromiso radical con los derechos humanos, tanto individualmente como en el ámbito de los grupos y movimientos sociales

Por último, las investigaciones permiten hacer claros llamados a la necesidad de que en Latinoamérica se trastoque y redefina el marco del poder político. Así, se observa que se produce un compromiso radical con los derechos humanos desde la ciudadanía ―tanto desde sujetos, grupos y movimientos sociales― como parte de su propia autoconstrucción ciudadana, en la medida en que exista una necesaria tensión entre lo institucional y lo ciudadano, espontáneamente conflictiva, y en donde será imprescindible la participación en los proyectos de emancipación de cualquier tipo de subordinación o dependencia, tanto de los sujetos individuales como colectivos en toda América (Garcé, 2020).

El trabajo que se realiza desde la academia latinoamericana tiene muchos debates teóricos pendientes que se desahogan en otros tantos artículos académicos. Sin embargo, hay que reconocer que las reflexiones científicas, en muchas ocasiones, palidecen ante las emergencias humanitarias que aún persisten en las Américas y por tanto es vital un replanteamiento de la academia y su funcionamiento en estos temas.

2. Informes sobre el estado de las Américas en el contexto actual

Como lo plantean Roniger (2018), Gándara (2019), (Rivera et al., 2019) y (Estepa y Maisonnave, 2020), es obligada la consulta de los informes de los órganos que vigilan, sistematizan y denuncian los múltiples casos en materia de derechos humanos y de la represión política en las Américas.

El Informe 2020 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acerca de América Latina, alerta sobre los casos de militarización de las policías, desaparición y asesinatos de defensores de derechos y periodistas, y casos de violencia rural y desalojos de comunidades sin tierra en Colombia, Honduras, México, Brasil y El Salvador, reservando su valoración para Nicaragua y Venezuela. En Brasil, México y El Salvador se observa una mayor participación militar en asuntos relacionados con seguridad pública aumentado las acusaciones por abusos y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares, sin tener mejoras observables en la seguridad de sus poblaciones.

Amnistía Internacional (2020) considera, en las actualizaciones de su informe, datos muy alarmantes sobre la situación de los derechos humanos en América Latina. El documento centra su atención en cómo se han restringido el asilo y el derecho a la manifestación en 2019; recapitula las manifestaciones civiles de los años 2018 y 2019, cuyas expresiones civiles se observaron en protestas masivas en las calles en contra de las distintas demandas relacionadas con la corrupción, la desigualdad y la impunidad, pero también con la exigencia de mejores condiciones de vida a sus gobernantes. Para Amnistía Internacional es clara la incapacidad de los Estados de las Américas para formular políticas públicas que beneficien a la ciudadanía para enfrentar la violencia, desigualdad, inestabilidad institucional, problemas a los que se sumó la impunidad. Para AI la violencia en la región de Centroamérica se replicó con el fenómeno migratorio; en concreto con la expulsión de personas que salen de sus países de origen, por la violencia generalizada y la incapacidad de los Estados de protegerlos. A esto se unen las olas de violaciones a los derechos humanos en los países de tránsito y de destino, como cuando pasan por México hacia Estados Unidos. Por último, destaca la grave situación y escalada de violencia de género que se recrudeció en la región y que es generalizada en las Américas.

Además, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2019) destaca las iniciativas para que los Estados de las Américas adopten medidas en materia de igualdad y no discriminación, participación social, verdad, justicia y reparación, acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas, protección prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, en particular con respecto a personas y poblaciones migrantes y para la inclusión de la perspectiva de género y diversidad. El informe ayuda además a identificar tendencias y desafíos en derechos humanos observados en 2019, tales como: la persistencia de la discriminación y la violencia contra mujeres, personas LGBTI, afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes y en particular contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales.

El informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó en su informe de 2020 una alarmante valoración sobre feminicidios —homicidios de mujeres por motivos de género— hasta noviembre de 2019 basada en cifras oficiales de 16 países de América Latina y el Caribe. Según estos datos, al menos 3.500 mujeres fueron asesinadas por razón de género en 2018. La verdadera cifra probablemente es muy superior, ya que 10 países solo proporcionaron datos de mujeres que habían sido asesinadas por su pareja o expareja. Apenas el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la actual emergencia mundial de salud pública. Debido a la pandemia COVID-19 se ha agravado la ya difícil situación de muchas personas en contextos de movilidad humana. Muchas mujeres migrantes están en la primera línea haciendo frente a la pandemia y, asimismo, ellas están entre las poblaciones que son más afectadas por los impactos de la COVID-19, tanto en términos de su salud —menores niveles de cobertura de salud y peores condiciones de vida— como de los impactos económicos —precariedad laboral y pérdida de ingresos — y sociales. El acceso limitado a la seguridad social pone a las personas en un alto riesgo de perder sus medios de subsistencia, de contraer el virus y de que no se respeten sus derechos humanos. La información publicada en la estadística de género de la CEPAL, entre 2005 al 2018, ha reportado información oficial sobre 15 países de América Latina y el Caribe y muestra que al menos 3.287 mujeres han sido víctimas en 2018 de femicidio —muerte violenta de una mujer por ser mujer— o feminicidio —término acuñado por la investigadora mexicana Marcela Lagarde y que añade a la definición la connotación de “crimen de Estado”, por la omisión, silencio o inactividad que demuestran los Gobiernos para prevenir y erradicar este tipo de delitos—. Si a estas estadísticas se suman los datos de los 10 países de la región que solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, se puede afirmar que el número de estos delitos para el año 2018 ha alcanzado al menos a 3.529 mujeres. Los países con el mayor número de feminicidios son Brasil, con 1.206 mujeres, México con 989 mujeres, Argentina con 255 mujeres, Honduras con 235 y El Salvador con 232. Sin embargo, la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres es mayor: 6.8 en El Salvador, 5.1 en Honduras, 2.3 en Bolivia, 2.0 en Guatemala y 1.9 en la República Dominicana.

Por último, el informe de Human Rights Watch (HRW) (2020) —que a su vez es segmentado en varios informes por países— reconoce un común denominador en las Américas y lo relaciona con el descontento regional por el uso de medios violentos para reprimir manifestaciones. Destaca el caso de Chile, el cual utilizó “fuerza excesiva” para responder a las multitudinarias protestas que se dieron en octubre de 2020. En Bolivia, el informe hace un recuento del número de muertos y heridos durante las movilizaciones del pasado noviembre de 2019 y apunta a que el decreto aprobado y luego derogado por el Gobierno interino, que otorgaba inmunidad penal a militares y policías, incumplía los estándares de derechos humanos. En Ecuador se reporta la violencia desatada en el contexto de las protestas, el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos cuerpos de seguridad y las limitaciones a las libertades que se dieron por el estado de emergencia declarado por el Gobierno. Mientras tanto, Venezuela sigue ejerciendo diferentes acciones represivas dirigidas a la oposición, utilizando la violencia contra los manifestantes, encarcelando a dirigentes políticos y llevando a civiles a tribunales militares. Cuba tiene reportes de represión en contra de los críticos y detenciones arbitrarias para silenciar a defensores de los derechos humanos y periodistas independientes. En Nicaragua, la ONG acusa al Gobierno de Daniel Ortega de haber desmantelado casi todos los controles institucionales al poder presidencial y de reprimir de forma violenta y a través de la justicia a críticos y opositores. En el caso de México, se denuncian violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad del Estado incluidas torturas, desapariciones y abusos contra migrantes. El informe destaca también el enorme problema de la violencia en varios países centroamericanos, con algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, situación que ha forzado a la población a llevar a cabo desplazamientos masivos.

La sindemia, producto de la COVID-19, crea peores escenarios sociales y hace de la incertidumbre un elemento más para el rezago de los avances en materia de derechos humanos

Los informes antes citados, en su carácter parcial para 2020, presentan consistentemente las mismas preocupaciones que refieren los trabajos académicos de largo aliento. Sin embargo, todos presentan serias preocupaciones por la forma en que los Estados recurren a la represión para mantenerse en el poder. En muchas naciones, precisamente para mantenerse en el sillón presidencial, los Gobiernos debilitan además sus sistemas nacionales de protección de derechos humanos. La preocupación por la perduración de gobiernos radicalmente populistas y autocráticos y por el papel que están ejerciendo en las múltiples crisis económicas y de salud, sin duda desalientan muchas de las acciones que intentan llevar a cabo, para que actúen como balances democráticos, muchos sectores de la oposición. La sindemia, producto de la COVID-19, crea peores escenarios sociales y hace de la incertidumbre un elemento más para el rezago de los avances en materia de derechos humanos.

3. Casos emblemáticos de derechos y colectivos afectados

Este tercer apartado recapitula los casos emblemáticos, por países, relacionados a cinco causas centrales en la afectación de los derechos humanos y de la represión política en las Américas:

La crisis ambiental y la disputa por el territorio
La crisis política y económica en la mano de la corrupción regional
Las múltiples violencias y el feminicidio
La libertad de expresión y persecución a líderes sociales
Las crisis sindémicas caracterizadas por la COVID-19

Las cinco afectaciones son parte otras muchas que conforman la crisis civilizatoria que aceleró el COVID-19, caracterizada por una profunda crisis en materia de derechos humanos y de la represión política en las Américas relacionada a las crisis ambiental, económica, política, social y de salud. Además, retoman las denuncias realizadas por colectivos y organizaciones de la sociedad civil, los cuales están en la primera línea, y expuestos a las principales represiones del poder político.

3.1. La crisis ambiental y la disputa por el territorio

Tanto la CIDH como Corte IDH destacan algunos casos preocupantes en relación con la crisis ambiental y la disputa por el territorio como factores cruciales para la represión política que se experimenta en los países latinoamericanos. La crisis más amplia se refiere a la crisis de la Panamazonia, considerado como un territorio históricamente ocupado por pueblos y comunidades indígenas, que han experimentado una importante presión en su territorio debido a que prácticas económicas foráneas que trajeron a la región una serie de cambios en el modo de vida de esas poblaciones, incluyendo graves afectaciones a sus derechos humanos, desapariciones y muerte de sus líderes. Desde hace más de un quinquenio las organizaciones de derechos humanos hacen un enérgico llamado a priorizar un desarrollo en donde se tome en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas, y donde nunca más sean esclavizados y forzados a extraer los recursos naturales del territorio. Sin embargo, el llamado se vuelve más necesario cuando aparece la pandemia por el coronavirus, la cual ha profundizado otros daños relacionados a las prácticas extractivistas, contaminantes, todas ellas con relación a asesinatos por invasión de tierras e incendios forestales, tal y como lo denuncia el coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la cual agrupa a organizaciones indígenas de 9 países de las Américas.

Para la ONG Global Witness la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales son: Argentina, Brasil, Colombia, México, Guatemala, Honduras y Perú. La represión política ante la defensa del territorio es reportada en los últimos cuatro informes de la ONG, pero el publicado en 2019 señala que el 40% de las víctimas reportadas pertenecía a pueblos originarios. A continuación, se presentan algunos casos emblemáticos en los países de América.

La República Argentina tiene una sentencia de la Corte IDH en la se le declaró la responsabilidad internacional por la violación de distintos derechos a 132 comunidades indígenas que habitan en dos lotes al noreste de la Provincia de Salta. La Corte determinó que el Estado argentino violó el derecho de propiedad comunitaria y violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos derechos.

En Brasil, durante el año 2020, el Estado entró en pugnas con las comunidades originarias y la comunidad internacional por la desatención del 82% de los incendios forestales en la Amazonía. El gobierno hostiga a las propias organizaciones de la sociedad civil de ser las responsables de los incendios y acusa a Greenpeace de ser responsable del vertido de petróleo que afectaba a aguas brasileñas y a más de 2.250 km de sus costas. Como respuesta Greenpeace presentó una demanda por difamación contra el ministro de medio ambiente ante el Tribunal Supremo Federal.

En Colombia, las industrias extractivas legales e ilegales, el narcotráfico o los grupos armados han actuado con plena impunidad en la última década, y no disminuyen sus operaciones en el periodo de emergencia por el COVID-19. La escalada de violencia es avasalladora y parece ir de la mano con los contagios, que hasta la primera semana de septiembre de 2020 se habían reportado por parte de las autoridades sanitarias. La ONG Indepaz tenía contabilizados 10,062 casos de coronavirus en 70 de los 120 pueblos indígenas que hay en Colombia.

En México los pueblos originarios afrontan un agresivo contexto de violencia denunciado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, el cual señala el recrudecimiento de una guerra emprendida por las empresas, el gobierno y las organizaciones criminales contra los pueblos indígenas. México experimenta en las últimas décadas un largo proceso de despojo territorial, en donde la persecución de defensores ambientales y la violación de los derechos humanos en las 68 comunidades indígenas de México se agudiza en la actual crisis sanitaria por COVID-10 en el sur sureste del territorio; y es encabezada por conflictos con la industria del turismo y los grandes proyectos de sistemas eólicos y fotovoltaicos son la principal amenaza para los indígenas a la cual se suma el megaproyecto del Tren Maya.

3.2. La crisis política y económica en la mano de la corrupción regional

La corrupción es otro de los flagelos que experimentan las naciones latinoamericanas. La magnitud de este fenómeno es de carácter estructural y tiene consecuencias negativas no solo para el sistema democrático sino también para el Estado de Derecho. Por tanto, el llamado que hace la sociedad civil, los movimientos sociales y toda la población se hace más radical para exigir transformaciones que erradiquen la corrupción. Además, hacen constantes llamados a la conformación de un liderazgo político que impulse esos cambios y lleve a cabo la concientización de que la corrupción afecta a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Se destacan los esfuerzos en materia judicial que realizan algunos gobiernos de las Américas para denunciar los graves casos de macrocorrupción. Por dar un ejemplo, se tiene el caso Odebrecht que en diciembre de 2016 destapo el sistema de soborno y fraude masivo que implicó la participación de 12 países durante el último quinquenio, y en la que se estima se han distribuido al menos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno, partidos políticos y candidatos en toda Latinoamérica. Este caso pudo corromper a los gobiernos para imponer presidentes y obtener ventajas en la adjudicación de contratos de obra pública y en el desarrollo de sus negocios en distintos países. Las investigaciones siguen en curso y nuevos antecedentes han involucrado a las más diversas esferas del poder, pasando desde funcionarios públicos, partidos políticos, candidatos, universidades, y hasta ministros de estado e inclusive presidentes de la república han sido investigados. Países como Perú, Guatemala, México, Colombia y Ecuador se han visto golpeados por el caso Odebrecht, considerara por la ONG Red Latinoamericana Anticorrupción como el caso más grave que atenta con la gobernabilidad de las naciones de las Américas.

Además del caso Odebrecht, otros fenómenos sociales relacionan gobernabilidad, corrupción y represión política. Por ejemplo, en Ecuador, en Chile y en Bolivia se han visto sacudidos por crisis políticas relacionadas con la corrupción, las cuales han desembocado en multitudinarias protestas sociales; en México, destacó el riesgo de desbordamiento de la violencia asociada al narcotráfico y la debilidad estatal; la crisis de Venezuela, considerada la más grave y de largo alcance, ha generado en la última década un éxodo poblacional masivo que afecta al conjunto de la región; en Argentina, la profunda recesión económica ha provocado una grave crisis social que motivó que en las elecciones presidenciales se haya producido un cambio de gobierno y de orientación de la política exterior y de desarrollo que es la expresión de un amplio descontento social. En Centroamérica, países como Nicaragua, Guatemala y Honduras presentan un escenario problemático en términos de estabilidad y gobernabilidad democrática.

En suma, la estabilidad reportada por gobiernos liberal-conservadores de América Latina es ampliamente cuestionada desde la academia, los órganos internacionales y nacionales de derechos humanos, activistas y una amplia franja de población en condición de vulnerabilidad que reaccionan ante la recesión económica y las múltiples violencias. La pasividad de los gobiernos de las Américas exacerba la frustración, el descontento y el malestar en la democracia que se concreta en profundas crisis de representación política, desafección ciudadana y desconfianza en las instituciones, que se ha manifestado ya en el ciclo electoral de 2017-2019 por toda Latinoamérica.

3.3. Las múltiples violencias y el feminicidio

Otro tema emergente relacionado la represión política y gobernabilidad en las Américas es la constante y certera amenaza producto de las múltiples violencias institucionalizadas por los gobiernos de las Américas y su instrumento más perverso expresado en la desaparición forzada y el feminicidio. Desde la academia latinoamericana se analiza la urgencia y pertinencia de trabajar el análisis interseccional de los fenómenos sociales en donde la equidad sea relacionada a otros factores que afectan al género femenino, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias; la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género.

La constitución de la violencia feminicida como problema social crece en América Latina a la par del reclamo de organizaciones civiles feministas y defensoras de los derechos humanos de sus víctimas y familiares y reclaman la construcción de acciones preventivas en la construcción de ciudades y movilidad seguras para las mujeres. Las denuncias y la lucha política permiten que por lo menos 11 países hayan registrado una disminución en el número de feminicidios, como en Uruguay, Argentina, Paraguay y Costa Rica. En naciones como México, Brasil, Chile y Ecuador los asesinatos de mujeres han aumentado, indicó Alejandra Valdés, investigadora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). A continuación, algunos casos emblemáticos por países.

En México, ONU mujeres reporta que en el primer semestre de 2020 se registraron 489 feminicidios en el país y representa un aumento de 9.2% respecto a los feminicidios registrados en 2019. Estados como Colima, azotados por el control del narcotráfico, reporta 2.03 feminicidios por cada 100,000 habitantes mujeres; es la entidad con la tasa más alta en este delito del fuero común, seguido de Morelos con 1.90 y Nuevo León con 1.25, en tanto que el promedio nacional es de 0.75 feminicidios.

En Brasil la Red de Salud Feminista, reporta que al menos 497 mujeres han sido víctimas de feminicidio desde el inicio de la pandemia en el país sudamericano, reportando un promedio de tres muertes por día. Los estados con más feminicidios en el período son Sao Paulo, con 79 casos, Minas Gerais con 64 y Bahía con 49 en el primer semestre de la pandemia. La Red de Salud Feminista, indica que el número de intentos de feminicidio sigue en aumento.

En Chile la Red Chilena contra la Violencia reporta que desde el 2010 hasta el 2019 se registraron 515 femicidios consumados según los datos entregados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero estas cifras no incluyen los delitos cometidos durante las relaciones matrimoniales o ex matrimoniales, sino aquellas producidas por la represión política y luchas sociales.

En el Ecuador la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) reporta el aumento de las cifras de femicidios en el país sigue en aumento y después de una década de análisis, se reporta que desde el inicio de la pandemia se reportan 81 femicidios incluidas las de 11 menores de edad. La misma asociación reporta el caso de transfemicidos o asesinatos a personas transexuales o transgénero bajo violencia machista.

En Perú, el Ministerio de la Mujer informó que 149 mujeres fueron víctimas de feminicidios durante 2018, y que entre enero y julio de 2019 las víctimas fueron 99. Los reportes de feminicidios han provocado múltiples movilizaciones multitudinarias contra la violencia de género desde el año de 2015.

3.4. Libertad de expresión y persecución a líderes sociales

Otro de los temas que más preocupa en este tipo de informes es el relacionado con la libertad de expresión en todos los ambientes posibles; entre ellos, las redes de internet. La represión política se ejerce contra el derecho a la libre manifestación, protesta pacífica y denuncia ciudadana de fenómenos que azotan a las Américas, encabezadas por la corrupción, violencias feminicidas y contra las infancias y el derecho al territorio. Todos los anteriores son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas, y a distintos grupos de la sociedad, expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno, a su situación particular, así como para lograr el acceso y cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

El informe de la ONU acerca de la libertad de expresión reporta que, a finales de septiembre de 2020, se contabilizaron 39 asesinatos de periodistas en los primeros 9 meses del año. En las Américas los periodistas, activistas y luchadores de distintas causas sociales, han sido criminalizados y estigmatizados por las autoridades. Los gobiernos de las Américas han respondido al reto sanitario de enfrentar al contagio de la COVID-19 de distintas formas. Uno con la imposición de estados de emergencia y restringiendo los derechos de expresión y asamblea en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Particularmente en América Latina, los periodistas son rutinariamente el objetivo de agentes estatales y no estatales en un marcado incremento de actos violentos y de intimidación. El asunto se agrava por entornos políticos cada vez más polarizados y la continua estigmatización de profesionales y activistas, sobre todo en México, Brasil, Venezuela, Cuba y El Salvador, por tanto, de estos países presentaremos algunos casos.

En Chile, el informe The Global Expression de la agencia EFE destacó los casos de represión donde la respuesta del Gobierno chileno contra las protestas en los últimos tres años ha sido excesiva y desproporcionada y ha resultado en un enorme número de casos de activistas heridos”. A finales de 2019 se desataron manifestaciones, con frecuencia por descontento con políticas gubernamentales.

En Ecuador, el mismo informe, reporta una subida en la violencia durante los últimos diez años, y vio un progreso en 2019 debido a las actitudes del gobierno del presidente Lenín Moreno en sus intentos por reprimir manifestaciones de protesta en contra a la corrupción de su gobierno. En aquel país las amplias protestas y disturbios y liderazgos autoritarios socavan la democracia, en tanto la corrupción y el crimen organizado son problemas clave, junto con desapariciones forzosas y violencia contra periodistas y activistas, particularmente mujeres e indígenas.

En Brasil, la llegada del presidente Jair Bolsonaro marcó un momento icónico en la relación entre el gobierno y los medios caracterizado por las agresiones verbales del gobernante a los periodistas en su labor informativa y de denuncia. El presidente ha sido directamente responsable de 10 ataques contra reporteros al mes en 2019, particularmente dirigidos a mujeres de ascendencia africana y contra activistas indígenas.

En México, a inicios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se revela una preocupante obstinación por calificar a la prensa como “vendida” y “elitista”, si esta alude a las fallas del gobierno. Varios organismos reportan con preocupación las medidas que el gobierno actual desarrolla en contra la oposición, que califica y juzga de corrupta aún y cuando los procesos judiciales que investigan diversos casos de corrupción en las tres gestiones anteriores aún no concluyen como casos juzgados.

Países como Venezuela y Nicaragua, son quienes tienen más señalamientos en contra de la libertad de expresión y persecución de civiles, periodistas y opositores en la última década. Corresponde a un claro declive de la libertad para denunciar posibles actos de corrupción, abusos de autoridad y conductas antidemocráticas y autoritarias. En el caso de Venezuela, con la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, las denuncias en su contra han aumentado, sobre todo en la forma como su gobierno ha arremetido contra críticos a través de una sistemática represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar, además de intentos de despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. En el caso de Nicaragua se resalta que en la presidencia de Daniel Ortega se ha minado las estructuras democráticas y ha sido documentada una brutal represión brutal en particular en el año de 2018 contra manifestantes opositores al Gobierno.

3.5. Represión política y crisis sindémicas caracterizadas por la COVID-19

Las políticas de restricción de la movilidad ordenadas por los gobiernos para detener la expansión del coronavirus han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen distintos territorios y silencien a los líderes civiles que denuncian las atrocidades cometidas en la última década. La pandemia ha acelerado y amplificado en el año 2020 los llamados al descontento y desorden social.

Los primeros signos de desorden social, vistos en casos de fugas de presos en Venezuela y Brasil, con reclusos reaccionando violentamente a las nuevas restricciones asociadas con la COVID-19, mientras que en Colombia disturbios carcelarios y un intento de fuga por la supuesta falta de protección contra la enfermedad resultó en la muerte de 23 reclusos en la cárcel La Modelo. Saqueos a camiones de comida en México, Guatemala, Venezuela, Colombia, El Salvador, son parte de la protesta social por los efectos económicos de las decisiones tomadas relacionadas al decrecimiento económico, a la recesión financiera o, como en el caso de Colombia y Venezuela, al cierre de la frontera entre ambos países por razones de salud. El caso de Perú es alarmante cuando las autoridades han arrestado a cientos de ciudadanos por violar las reglas de cuarentena, en algunos casos con resultados violentos. A continuación, algunos casos preocupantes:

Brasil tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus después de Estados Unidos, rebasando el millón de casos reportados. Una de las causas del mal manejo de la pandemia puede ser relacionado a que funcionarios gubernamentales de al menos siete estados están bajo investigación por supuesta malversación de más de 200 millones de dólares en fondos públicos durante la crisis.

Colombia reporta e investiga informes realizados por la sociedad civil en donde denuncia que más de 100 donantes de campañas políticas recibieron contratos lucrativos para proporcionar suministros de emergencia durante la pandemia.

En Perú renunciaron funcionarios públicos después de que sus subordinados compraron desinfectante diluido y cubrebocas endebles para los agentes de policía, que después comenzaron a morir a tasas alarmantes de infecciones por el virus.

México se ha catalogado como el peor país en el manejo de la pandemia, al rebasar la cantidad de 100 mil muertos. El organismo de Transparencia Internacional México, un grupo anticorrupción, reporta la opacidad de la información, y la nula supervisión independiente del Congreso en el manejo de la pandemia.

Las políticas de restricción de la movilidad aplicadas por los gobiernos para detener la expansión de la Covid-19 han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen diferentes territorios y silencien líderes civiles que denuncian las atrocidades cometidas la última década

En lo que va de 2020, la CIDH instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia de la COVID-19 (SACROI COVID-19) con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales para dar seguimiento cercano a la situación de los derechos humanos en el contexto de la pandemia, reforzando su integralidad e intersectorialidad, a la luz de la protección de los derechos humanos y así poder recopilar evidencias sobre su impacto y monitorear acciones de respuesta adoptadas por los Estados de la región. La respuesta a la crisis se enfoca en el desarrollo de mecanismos para trabajar de manera preventiva en situaciones que puedan generar afectaciones de los derechos humanos en la región y garantizar un acceso efectivo a la justicia interamericana y a la protección a los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos de una forma más eficiente y rápida; ya sea articulando y coordinando mecanismos de monitoreo y diálogo con Estados, organizaciones de la sociedad civil, academia, y otros organismos y agencias internacionales, regionales y subregionales para la protección de los derechos humanos.

4. Posibles acciones para garantizar los derechos humanos y evitar mayor represión política en América Latina

Sin menospreciar los avances logrados en materia de derechos humanos, este informe de las Américas nos invita a atender el tema de la discriminación y xenofobia que siempre acompañan los casos de violencia represiva oficial, de forma especial la violencia de Estado que la región ha experimentado por múltiples generaciones acompañadas de prácticas colonizantes productos de la universalización del localismo occidental que opera a través del discurso hegemónico liberal de los derechos humanos.

Será obligación de los Estados Americanos continuar con las tareas, tratados y contratos que garanticen el servicio sanitario, y en los próximos meses respondan a una eficiente distribución y manejo de la cadena de vacunación en contra de la COVID-19, con la cual se mitigue el riesgo de que los desplazados internos y los refugiados enfrenten brotes y rebrotes de COVID-19 a gran escala, movilizándose nuevamente hacia lugares seguros y que en el traslado se expongan a que las autoridades locales reaccionen con fuerza para contenerlas desatando una potencial escalada de violencia.

Ante la pobreza y marginación reportadas en la región de la Américas, provocadas por el desempleo y la crisis económica global, recrudecidas por la pandemia, será una tarea de todas y todos realizar esfuerzos para clarificar los puentes culturales que permitan la construcción permanente de condiciones, interculturalmente discernidas, que posibiliten a los sujetos formular y construir mundos desde sus particulares y diferenciados horizontes y contextos, facilitando distintos análisis para la aplicación de derechos humanos desde el “Sur”, y nuevos puntos de partida en la resistencia y en la posterior clasificación del ser colonial, racial y eurocentrado.

El gran reto para Latinoamérica es identificar y rechazar desde las instituciones y las leyes la violencia generada y permitida por acción y omisión por parte de los Estados Americanos que, de la mano del capital global, las mineras, las bandas de narcotráfico, la trata de personas, y la corrupción imperan en muchos niveles de los gobiernos. Los reclamos sociales deben ser atendidos con mayor celeridad a partir de la conformación de comités municipales y estatales de derechos humanos, los cuales permitan crear un nuevo orden de gobierno más próximo a la población que atiendan y prevengan todo tipo de represión en contra las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Los nuevos gobiernos de izquierda deben de dejar las prácticas clientelares y corruptas que caracterizaron los gobiernos autoritarios y dictaduras. Los hoy nuevos gobiernos “democráticamente electos”, deben de abandonar sus programas económicos de desarrollo basados en la exportación de recursos naturales, la corrupción, y la omisión por enfrentar efectivamente los grandes retos para que la democracia, la equidad de género y la libertad de expresión.

En América, internet constituye un territorio fundamental para la comunicación, el empleo, la educación y la salud en los momentos del confinamiento social producto de la pandemia por COVID-19. El aislamiento de millones de personas ha obligado a que muchos sectores productivos y la totalidad del sistema educativo permanezcan en casa. Por tanto, el acceso universal y gratuito a la red de internet debería conformarse como un pilar de la estrategia regional para la educación, teletrabajo y telemedicina. Los Estados Americanos deberán potenciar el uso masivo y el acceso gratuito a internet de amplias franjas de la población en la región. Múltiples derechos deberán tener una expresión digital a partir de las interacciones sociotécnicas que sobre internet dinamizan nuevos controles y dinámicas para la denuncia de violaciones a los derechos humanos.

La pandemia se suma a los múltiples problemas que ya eran experimentados en las Américas y hace emergente un cambio paradigmático de la organización social, económica y cultural. Es imprescindible que los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales operen de manera eficiente y expedita a las denuncias ciudadanas en el amplio respeto y atención al derecho a la libre manifestación y protesta pacífica. Sobre todo, deben atender las denuncias que alerten de las múltiples violencias en los entornos laborales, escolares, familiares, y, de manera emergente, aquellas expresadas en las violencias feminicidas y contra la dignidad de las infancias.

La cooperación internacional y los niveles de gobierno nacional, estatal y municipal deben de reinventar su funcionamiento con el objetivo de atender las tensas situaciones por la disputa del territorio causadas por las mafias del crimen organizado, las cuales imponen gobernantes, atentan contra los bienes comunales, y ponen en riesgo la salud y tranquilidad de las poblaciones civiles.

Las naciones de las Américas, a raíz de la colonización cultural, deben de abandonar la reproducción del sistema económico neoliberal y la dependencia estructural de la política hacia las actividades ilícitas que, posibilitando las rutas para el narcotráfico, explotación sexual y asesinatos, hacen que la ciudadanía enfrente una seria y tensa situación social y política.

El tema de los liderazgos públicos se convierte hoy en un imperativo para mejorar la gobernanza de las instituciones y los diversos sectores de la región. Las sociedades democráticas y participativas necesitan cada vez más personas que interactúen entre ellas, intervengan en la toma de decisiones públicas, generen diálogos constructivos, planificando el accionar público de manera transparente y colaborativa.

Los tratados nacionales e internacionales deben verse reflejados en resultados y negociaciones de corto plazo entre países de América Latina y el Caribe. Un ejemplo es la firma del Acuerdo de Escazú que en 2018 signaron 24 países de la región con el propósito de tener un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Acuerdos como el anterior, garantizan la inclusión de la ciudadanía al acceso a la información ambiental y a la participación en las políticas públicas relacionadas al tema que aborda el acuerdo.

Por último, los gobiernos deben de poner especial atención en las dinámicas propias del confinamiento social, emergencias sanitarias, y procesos de incertidumbre producto de la COVID-19, que hacen que se exacerben distintos tipos de violencia, hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado de las poblaciones civiles. La indefensión experimentada en diversas poblaciones impacta cruelmente en las infancias y juventudes, mujeres, población adulta, comunidades originarias, migrantes y personas LGTBQI+, es constante y llega a sus límites en medio de la sindemia global producto de la COVID-19.

Informes de referencia

Amnistía Internacional (2020). Actualización de los informes de Amnistía Internacional (31 de agosto de 2020).

Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). Informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019. Freedom of Information America.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019). Informe Anual 2019. Disponible en línea.

Human Rights Watch (2020). 30a edición del Informe Mundial 2020. Human Rights Watch.

Organitzación de les Naciones Unidas (2020). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en línea.
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