Bonavista es un barrio de Tarragona separado del núcleo histórico por varias barreras urbanísticas; polígonos, parkings, descampados y la carretera nacional han llevado a los vecinos de Bonavista a ir por libre. La renta per cápita está muy por debajo de la media catalana -algunas secciones censales están entre el 4% de las más pobres de Catalunya- y en las urnas la suma de PSOE, Ciudadanos, PP y Vox supera ampliamente el 50%, con un crecimiento notable de Vox en las últimas elecciones españolas.

En Catalunya hay muchos barrios como Bonavista, que configuran este país de acogida donde conviven desde hace décadas personas de procedencias diversas. Pero no siempre el independentismo ha sido capaz de ver esta realidad, de afrontarla, y lo más importante, de trabajar sin el objetivo evangelizador de eso que se conoce como «convencer indecisos», sino con la voluntad de dejarse influir por esta realidad, de encontrar los espacios de intersección de los diferentes mundos y ver qué pueden compartir y cómo pueden enriquecerse mutuamente, desde la igualdad y con la mirada puesta en el futuro.

La realidad catalana también es la de todas las calles de todas las Bonavista del país, y no saberlo ver ha sido, en mi opinión, uno de los principales errores que el soberanismo ha cometido en el último ciclo protagonizado por un choque con el Estado que nos permitió ejercer el derecho a la autodeterminación. En resumen: pretendimos transformar la sociedad sin tenerla en cuenta en toda su globalidad y sin comprender su complejidad.

Es precisamente en la medida que los ciudadanos nos sentimos parte de una comunidad que tenemos la oportunidad de contribuir al bienestar colectivo y, al mismo tiempo, beneficiarnos de este bienestar

Un grupo de jóvenes de Bonavista pidió hace un par de años en la sede territorial de Òmnium en la comarca del Tarragonès que se programaran actos culturales también en Bonavista. Allí comenzó uno de los proyectos más desconocidos de Òmnium Cultural, pero que si llega a buen puerto y consigue replicarse a otros barrios de toda Catalunya será clave para la cohesión social del país. Aquellos jóvenes pusieron una necesidad sobre la mesa y la entidad respondió abriendo una «Casa de Cultura» en el barrio; asume el alquiler pero más allá de eso Òmnium no decide la programación; el local lo gestionan las propias entidades del barrio, los vecinos y asociaciones son los protagonistas y se hace un trabajo comunitario y horizontal. Òmnium se pone a disposición para ser útil a la sociedad y para escucharla y aprender, y sólo pide que la acción cultural que se lleve a cabo contemple en los ejes de trabajo de la entidad: lengua, cultura, país y cohesión social. El espacio se convierte en lugar de encuentro de los colectivos del barrio y hace de la cultura una herramienta de cohesión social y el motor para generar un sentimiento de pertenencia colectiva entre ciudadanos de un territorio con independencia de su origen, de su lengua materna o de sus circunstancias de carácter social.

Es precisamente en la medida que los ciudadanos nos sentimos parte de una comunidad que tenemos la oportunidad de contribuir al bienestar colectivo y, al mismo tiempo, beneficiarnos de este bienestar. Es precisamente este sentimiento nacional inclusivo que justifica acciones colectivas como el ejercicio del derecho a la autodeterminación, que consideramos una necesidad social compartida.

La historia demuestra que en las sociedades que viven situaciones extremas como catástrofes naturales, transiciones de régimen, guerras o pandemias, se hace tan evidente la necesidad de que todo el mundo coopere para lograr objetivos comunes, que esto refuerza la idea de nación social, de la nación construida gracias a la fuerza y ​​la aportación de sus ciudadanos al proyecto colectivo. Lo hemos comprobado durante la pandemia de la Covid-19: ante un Estado que utilizaba mecanismos del siglo XIX y luchaba contra el virus con un ejército de militares, la ciudadanía ha actuado de forma horizontal y solidaria -desde los profesionales de la salud hasta los trabajadores de los supermercados-, aportando su grano de arena para que nadie quedara atrás. Y exactamente eso es lo que pasó el 9N de 2014 y en el otoño de 2017 en Catalunya; el intento del Estado de impedir que la ciudadanía catalana votara sacó la voluntad de la gente de aportar su grano de arena para que se pudiera llevar a cabo el referéndum, manteniendo escuelas abiertas, imprimiendo papeletas o, sencillamente, haciendo cola para depositar un voto en una urna; el gesto subversivo que ha marcado ya para siempre la historia del país

Octubre de 2017: la gran lección colectiva

De lo que pasó en el otoño de 2017 extrajimos una gran cantidad de lecciones, de los cuales dos son, en mi opinión, fundamentales: por un lado, descubrimos de lo que era capaz el movimiento soberanista catalán organizado y, por otro, de lo que era capaz el aparato represor del Estado. Admitámoslo: ambas cosas nos cogieron desprevenidas casi a partes iguales.

Durante estos casi tres años transcurridos desde la celebración del referéndum convocado por el gobierno Puigdemont-Junqueras, nos hemos puesto de acuerdo en que fue un gran acto colectivo de desobediencia civil en el marco de la lucha no violenta. Pero lo hemos teorizado a posteriori; ha sido después de llevarlo a cabo cuando hemos tomado conciencia, como movimiento, de la épica de nuestro gesto.

La ciencia política, como la económica, tiende a hablar de ciclos porque defiende que las sociedades oscilan ideológicamente de una parte a la otra de manera periódica por sus propias dinámicas internas. No hay consenso dentro del independentismo sobre cuándo empieza y cuando termina el ciclo político que llevó Catalunya al intento de proclamación de la República Catalana, pero apoyo la tesis de que el proceso independentista arranca, por contradictorio que parezca, con el debate del Estatuto de Autonomía. Sin la valentía que tuvo Esquerra Republicana de Catalunya de plantear desde el independentismo una reforma de la autonomía, no se habría podido dar por cerrado el modelo autonómico. La sentencia del Tribunal Constitucional español rechazando un Estatuto refrendado en las urnas desembocó en una rotura emocional profunda con el Estado de una parte muy importante de la sociedad catalana, y ya no hubo marcha atrás. La decisión de ERC de poner como condición para gobernar con el PSC en 2003 que Pasqual Maragall se aviniera a impulsar una reforma estatutaria fue criticada entonces por una parte del independentismo tradicional, pero se reveló que era la vía acertada; había que quemar todas las etapas para evidenciar la inexistencia de la tercera vía, la imposibilidad del encaje con España y, en definitiva, la necesidad de disponer de un Estado propio.

Retroceder hasta el tema del Estatuto me permite hablar de la importancia de los proyectos políticos que nacen cadáver, cuyos mismos impulsores saben que no pueden llegar a buen puerto pero que, sin embargo, hay que impulsarlos porque es la manera de demostrar que son inviables y pasar a la etapa siguiente con el máximo apoyo social posible. Es impopular decirlo, pero estoy convencida de que es así: gracias a todas las veces que los independentistas han tendido la mano en Madrid bajo una lluvia de acusaciones desde su propio campo, ha crecido en Catalunya la certeza de que con España no había nada a hacer. Desde la intervención en 2014 en el Congreso de Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera defendiendo el traspaso de la competencia para convocar referendos -sabiendo que el Congreso lo rechazaría- hasta la petición de referéndum acordado de Puigdemont, la actual Mesa de Diálogo pactada con Pedro Sánchez o la petición de amnistía para los presos políticos; se trata de pasos imprescindibles, aunque sean la crónica de una muerte anunciada, porque demuestran la incapacidad de los sucesivos gobiernos españoles para encontrar una solución política, y esto incrementa automáticamente la capacidad de aglutinar fuerzas del movimiento independentista. No ha surgido hasta ahora una manera mejor de avanzar sin dejar el grueso de la sociedad por el camino.

Gracias a todas las veces que los independentistas han tendido la mano en Madrid bajo una lluvia de acusaciones desde su propio campo, ha crecido en Catalunya la certeza de que con España no había nada a hacer

Volvamos a los ciclos. Si damos por bueno que el proceso arranca con el debate del Estatuto poniendo fin al oasis catalán y removiendo las conciencias autonomistas, podemos considerar que este ciclo termina en octubre de 2019 con la sentencia del juicio contra los presos políticos catalanes, un momento de máxima escalada represiva de los poderes del Estado y de movilización en la calle. Con la sentencia del juicio por el 1 de octubre en el Tribunal Supremo se cierra un ciclo político que ha dejado una sociedad catalana más empoderada, más formada en el ámbito de la desobediencia civil y en sus consecuencias (la cárcel ya no es disuasoria, ya no marca el límite de la lucha). Y, en definitiva, más consciente de la magnitud del reto.

Nadie puede negar que gracias al 1-O se perfiló el marco del debate ideológico que se plantea: un pueblo que quiere votar frente a un Estado que lo quiere impedir con el uso de la violencia. O, dicho de otro modo: democracia contra autoritarismo. Esta certeza, junto con la fuerza de la gente de la calle pacíficamente organizada avanzando en complicidad con las instituciones y partidos es el legado que nos deja el ciclo vivido y que debe permitir afrontar el próximo ciclo.

Asimismo, el periodo vivido ha dejado un Estado más débil, con la credibilidad internacional tocada, y perdida la batalla de la opinión pública. A la espera del juicio en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aquellas ONG y entidades internacionales que se han posicionado lo han hecho en contra del Estado español: el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura y Front Line Defenders han exigido la liberación, como mínimo, de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. También es cierto que se ha constatado que la diplomacia la controlan los Estados y que, más allá de alguna reacción de apoyo extraoficial, Catalunya no ha podido contar con el apoyo de ninguna cancillería europea. Europa es un club de Estados, y cuando los estados se sienten amenazados cierran filas. Sin novedad en el frente.

El ciclo también deja una sociedad más madura políticamente, una sociedad que ha vivido la represión policial, judicial y política, que ha visto como se suspendían las instituciones propias, como las cloacas del Estado intentaban hundir los líderes políticos. Una sociedad que ha vivido con perplejidad el “A por ellos”, el discurso del Rey del 3 de octubre y decenas de juicios políticos -muchos aún pendientes de celebrarse- que han llevado a la cárcel y al exilio las personas más relevantes del movimiento. A esto hay que sumar el abandono de los sindicatos mayoritarios, de las principales organizaciones empresariales y las presiones por los traslados de sedes de las empresas, la agresividad de los principales medios de comunicación españoles, el intento de dividir la sociedad catalana movilizando el españolismo en la calle. La catalana es una sociedad que ya ha vivido como es perder. Pero que también ha visto que puede llegar a ganar.

Lo volveremos a hacer, ¿pero cómo?

Ser más y más determinados

Algunas de las escenas del juicio contra los líderes civiles y políticos catalanes en el Tribunal Supremo quedarán para siempre en la memoria de las generaciones que lo vivieron. Uno de los episodios que seguro que perdurará es el alegato final del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, dirigiéndose a Marchena con voz firme y afirmando: «Lo volveremos a hacer, ho tornarem a fer«. Una frase que concentraba la voluntad de todo un movimiento de mantenerse de pie y en lucha. Preguntado después en varias entrevistas a qué se refería exactamente, Cuixart concretó que hay que volver a ejercer todos aquellos derechos y libertades fundamentales que fueron condenados en la sentencia del juicio; desde el derecho a la autodeterminación, hasta el derecho de reunión y manifestación o la libertad de expresión. Hay que recordar que los líderes de la ANC y de Òmnium fueron condenados por la concentración ante la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, un ejemplo claro de ejercicio del derecho a manifestación que les acarreó unas consecuencias impropias de un Estado democrático.

Hay que ser conscientes: volver a ejercer los derechos condenados supone, en la práctica, volver a plantear un choque con el Estado. Tenemos a favor las lecciones aprendidas del ciclo vivido, pero falta todavía una cuestión fundamental, que el periodista Eduard Voltas ha definido con una expresión que suscribo plenamente: «Tenemos que ser más y más determinados». No existe, pues, ningún dilema entre sí hay que trabajar para ser más, o si hay que forzar el nuevo choque; habrá que hacer ambas cosas.

Ser más tiene sentido por sí mismo, independientemente de los comicios electorales y del proceso independentista, porque significa fortalecer el sentimiento de pertenencia colectiva a un país

«Ser más» significa construir el país con la gente, incorporando su voz, garantizándoles la igualdad de oportunidades y de participación política, sin que nadie tenga que renunciar a nada. Ser más no es «ampliar la base» con la esperanza de obtener unos determinados resultados electorales. Ser más tiene sentido por sí mismo, independientemente de los comicios electorales y del proceso independentista, porque significa fortalecer el sentimiento de pertenencia colectiva a un país. Pero este sentimiento de pertenencia cuesta mucho de conseguir si hay grandes diferencias en las condiciones materiales de las personas; no podemos ser un solo pueblo, para decirlo en términos propios de Candel, mientras una tercera parte de la población viva en riesgo de exclusión y un 35 por ciento sufra una situación de precariedad económica. Cualquier proyecto para ser más que no trabaje para mejorar esta situación no es creíble y está condenado al fracaso.

Por consiguiente, es necesario trabajar para reconocer la labor de las redes vecinales y entidades sociales y reforzar el tejido comunitario que genere soberanía en todos los ámbitos. Y hay que trabajar codo con codo para hacer un país mejor con los del No, para romper bloques y para demostrar que la idea de las «dos Cataluñas» difundida por C’s no es real. Y hay muchos frentes desde los que hacerlo: la casa de cultura de Bonavista es uno, el gobierno de la Generalitat y los Ayuntamientos es otro. Gobernar bien es, sin lugar a dudas, la mejor manera de conseguir reforzar el sentimiento de pertenencia, de garantizar la justicia social que es la base de la cohesión, de transformar el país y poner las bases de la República. Gobernar bien también es una manera de hablar con los del No y de diluir reticencias y prejuicios.

Los grandes consensos de país

Se ha dicho a menudo que Catalunya ha pervivido a lo largo de la historia gracias a los grandes consensos de país. El consenso para ser una sociedad avanzada y que mira a Europa, el consenso para mantener viva la lengua catalana en la clandestinidad durante la larga noche del franquismo, el consenso para implementar la inmersión lingüística en las escuelas como poderoso instrumento de cohesión, la lucha por los derechos de las mujeres o los derechos laborales, … son algunas de las luchas compartidas, llevadas a cabo por personas anónimas que a lo largo de la historia han trabajado por el bien colectivo y han contribuido a construir un barrio, un pueblo, una ciudad, un país y un mundo mejor. A menudo estas luchas no fueron compartidas por muchos de nosotros, pero todos nos beneficiamos de los avances conseguidos.

Se ha dicho a menudo que Catalunya ha pervivido a lo largo de la historia gracias a los grandes consensos de país. A menudo estas luchas no fueron compartidas por muchos de nosotros, pero todos nos beneficiamos de los avances conseguidos.

Las encuestas demuestran que los grandes consensos de país perduran y se incorporan otros nuevos; uno de los nuevos consensos que más cristalinamente describe el estado de opinión de la sociedad catalana sobre la situación política es el desacuerdo con la estrategia represiva del Estado. Una encuesta publicada por La Vanguardia en junio de 2018 revelaba que cerca del 80% de los catalanes estaban a favor de la liberación de los presos, y según una encuesta publicada por el diario Ara en diciembre del mismo año, el 80,4 por ciento estaría de acuerdo en que se convocara un referéndum acordado en que se pudiera votar sobre la independencia de Catalunya, unas cifras que se han ido repitiendo. Y de entre los nuevos consensos que se incorporan hay, indudablemente, el de la lucha contra la corrupción y el desengaño con la monarquía española que ha llevado la Corona al precipicio y ha acelerado la quiebra democrática del Estado.

De la capacidad del movimiento independentista de liderar estos consensos depende, en buena parte, su capacidad de aglutinar fuerzas. Si la idea de la amnistía genera consenso, hay que impulsarla. Si la corrupción y el descrédito hacia la monarquía española es compartido, hay que ponerlo de relieve. Si en España no hay separación de poderes, hay que denunciarlo a instancias internacionales. Sólo así podremos conseguir que la República catalana -como solución para dejar atrás este Estado maltratador- sea también una lucha compartida de país, defendida por sectores amplios y diversos del conjunto de la sociedad catalana.

El cómo y el cuando

La función de las entidades civiles no es plantear por qué vía política debe materializarse la República -ni son partidos ni sus dirigentes han sido escogidos por la ciudadanía-, en cambio sí que incumbe a las organizaciones políticas y a las instituciones proponer una solución política que pueda ser refrendada en las urnas y avalada por una mayoría suficiente de la ciudadanía, que debe ser la mayoría más grande posible si queremos que la decisión tomada por el conjunto de la sociedad catalana sea legítima e incuestionable.

Y para ello se necesitará mucha determinación. Pero esto no se traduce como se ha dicho muchas veces, al menos en mi opinión, en una fusión de partidos políticos bajo unas mismas siglas o en la configuración de candidaturas electorales unitarias. Es necesario que entendamos la diversidad ideológica del independentismo que reflejan las elecciones al Parlamento de Catalunya como una riqueza; ser diversos y plurales nos hace más fuertes y no más débiles porque garantiza que en el espacio independentista hay lugar para ideologías diversas y que, por tanto, tiene una capacidad aglutinadora mayor. Precisamente de nuestra capacidad para incorporar gente al proyecto del catalanismo y organizarla depende nuestro futuro como país.

Ahora bien, del mismo modo que defiendo que las candidaturas únicas son contraproducentes, también estoy convencida de que es necesario que el independentismo tenga una unidad estratégica sobre el cómo y el cuándo, una estrategia compartida que en estos momentos está lejos de conseguir, y es en este objetivo donde las organizaciones políticas deberán invertir sus esfuerzos y toda su inteligencia política en los próximos meses. ¿Cuándo y cómo debe ser el próximo choque, para que esta vez en resultamos ganadores? ¿Cómo ejerceremos el derecho a la autodeterminación de manera que el resultado sea aplicable? Seguramente no conseguiremos pactar nada con un gobierno español que ya se ha visto que, por mucho que cambie de color político, es alérgico a la idea de que sus ciudadanos ejerzan el derecho a la autodeterminación, por lo tanto, no se puede descartar la unilateralidad. Y para eso es aún más necesario que, pase lo que pase, el resultado sea avalado por una mayoría amplia. Las lecciones del otoño de 2017 nos permitirán afrontarlo con más garantías de éxito, pero hay que profundizar más en la estrategia de la desobediencia civil y concienciarnos para asumir las consecuencias.

Marina Llansana

Marina Llansana

Marina Llansana i Rosich és periodista, filòloga i política catalana. És llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment treballa a Lidera Comunicació, una agència de comunicació cofundada per ella mateixa al servei d'empreses, institucions i associacions. Forma part de la junta directiva d’Òmnium Cultural; des de l'any 2015 en qualitat de vicepresidenta. Vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya, va ser-ne la portaveu nacional durant el període 2004-2008. També va ser diputada al Parlament de Catalunya entre el 2003 i el 2010, i Secretària quarta del Parlament del 2003 al 2004. Col·labora habitualment al diari El Punt Avui i és autora, juntament amb Santi Vidal, del llibre Una Constitució per a Catalunya (2015).