¿Cuál es el punto de partida del conflicto?

Aunque hubo algunos movimientos entre asociaciones y grupos de profesionales reaccionando al recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut de Catalunya que presentó el PP en 2006, considera que se puede fijar el punto de partida del conflicto el 28 de junio 2010, cuando se hace pública la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara nulos 14 artículos del Estatut. El contenido impugnado se replica en otros estatutos que se aprueban más o menos en la misma época que el catalán, y que no se tocan. El agravio es evidente y se añade al descontento por la crisis económica y su gestión desde el gobierno central. La manifestación del 10 de julio (“Som una nació. Nosaltres decidim”) convocada por Òmnium Cultural fue un hito destacable, en el que se evidenció el apoyo a la independencia en un sector nada despreciable de los principales partidos catalanistas (por ejemplo, con las Juventudes de CDC desplegando una pancarta que decía “Catalonia is not Spain”). Con respecto a la amplitud del apoyo a la convocatoria, no olvidemos que en la cabecera de la manifestación había el presidente de la Generalitat José Montilla, además de personalidades de los principales partidos catalanes, excepto el PPC y Ciudadanos. El actor político que se benefició directamente de este punto de inflexión fue CiU, que ganó las elecciones en noviembre del mismo año.

Aquí entraríamos a la segunda fase del conflicto, en el que reivindicaciones de naturaleza económica se añaden tanto a los deseos de autogobierno de aquellos que se venían identificando con el independentismo ya en décadas anteriores como de los que se sienten agravados por la sentencia contra el Estatuto. Esta fase empezaría con la propuesta de pacto fiscal para Catalunya propuesta por Mas y rechazada por Rajoy en otoño de 2012, que lleva a la disolución del Parlamento catalán y a la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas en que CiU se presenta con el lema “La voluntad de un pueblo». Es en este punto que el independentismo gana suficiente base social como para fijar la agenda de la política catalana y convertirse en el primer y principal problema para políticos y muchos ciudadanos. El independentismo gana prácticamente un millón de apoyos casi de un día para otro -sobre todo entre simpatizantes y votantes de Convergència- como consecuencia de las decisiones estratégicas de las élites.

De repente, a partir del año 2012, el independentismo se convierte en una opción válida y no particularmente extrema o exótica. El hecho que el partido que más tiempo ha ostentado el poder en Catalunya opte por el independentismo hace pensar que es una opción viable

De repente, el independentismo se convierte en una opción válida y no particularmente extrema o exótica, ya que la “casa grande del catalanismo” (la marca que Mas inventó para CDC en 2007) lo abraza y lo reivindica. Con este movimiento, se generan una serie de mecanismos en la opinión pública. Por una parte, se rompe la espiral del silencio de los que ya tenían preferencias o identidades independentistas, pero consideraban que no era una opción lo bastante popular como para significarse públicamente. Por otra, el hecho que el partido que más tiempo ha ostentado el poder en Catalunya (y que por lo tanto más conoce las instituciones y sus interioridades) opte por el independentismo hace pensar que esta es una opción viable. Si esta formación cambia de opinión oficialmente, es que es el signo de los tiempos, lo que “toca”. Finalmente, tenemos votantes fieles de CiU, acostumbrados a seguir y creer en las habilidades negociadoras de sus líderes, y que perciben un cambio en la orientación de su partido, con el que se identifican. Hablo de los votantes, no de las bases. En CiU siempre hubo un sector independentista, que crece con los agravios del Estatut (2010) y que se vuelve mayoritario en el congreso de Reus en marzo de 2012, en el que se aprueba la independencia como objetivo político.

Por consiguiente, la secuencia sería: radicalización de las bases de Convergència a partir de los agravios de 2010, y radicalización de los ciudadanos a partir del cambio oficial de objetivos con respecto a la independencia con el congreso de 2012 y el rechazo de Rajoy al pacto fiscal. Diría que a partir de aquí la piedra des desliza por la pendiente y todas las decisiones que toman los líderes y partidos independentistas en la tercera y cuarta fase del conflicto (la de preparación del referéndum y la posterior a su represión, respectivamente) son consecuencia de las expectativas y de los climas de opinión generados hasta aquí.

Para evitar la situación actual, hubiera sido suficiente que el PP no hubiera interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut de Autonomía en 2006. También estaba en su mano encontrar un acomodamiento a las demandas de pacto fiscal de Mas, incluso explorar las posibilidades de concierto económico. Entre 2012 y 2016, también hubiera podido condicionar esta y otras demandas al resultado de un referéndum siguiendo la estela del gobierno británico con el referéndum escocés. Más adelante, ya en pleno 2017, el PP hubiera podido ignorar completamente los movimientos de las instituciones políticas catalanas sobre el referéndum. En 1997 la Liga Norte organizó un referéndum sobre la independencia de Padania, en el que participaron que 5 millones de votantes y obtuvo un apoyo a la independencia del 97%. ¿Qué hizo al estado italiano? Considerarlo un acto de partido, es decir, ignorarlo. ¿Qué hizo al Partido Popular? Reprimirlo con prácticamente todos los medios disponibles. Aumentar la apuesta. Como ha vuelto a hacer cada vez que ha tenido ocasión de humillar a su oponente. Evidentemente, el PSOE hubiera podido ser más valiente tanto en su defensa del Estatut como en la gestión de la última fase de la crisis; y hay muchas más instituciones del Estado que han intervenido por interés y convicción; pero el actor político que más ha hecho para llevarnos donde estamos ahora es el Partido Popular, y buena parte de los otros organismos y actores que han intervenido, o son consecuencia de los nombramientos del PP o representan exactamente los mismos intereses y valores.

Por otra parte, es cierto que los partidos y entidades independentistas hubieran podido retroceder en algún momento, pero no podemos olvidar dos cosas. Primero, que la mayor responsabilidad recae sobre quien tiene más poder, en este caso el gobierno español. Segundo, que la inercia de hacer de Catalunya el chivo expiatorio por parte de las fuerzas nacionalistas españolas queda establecida en el 2006 y se consagra con la creación de Ciudadanos el mismo año. Desde entonces se instaura un tipo de lucha para ver quién tiene más mano dura con Catalunya, para definir un grupo social de identidad anticatalana y reivindicarse como su representante político. El PP se entrega claramente a ello con el estallido de la crisis económica, al darse cuenta de que no podrá hacerlo mejor que los socialistas, y que no podrá volver a reivindicarse como “buen gestor económico”. ¿Qué le queda, pues, para convencer a su electorado? La defensa de la unidad de España. También tenemos que tener en cuenta otro factor: el cese definitivo de la actividad armada de ETA el 20 de octubre del 2011, que provoca la necesidad de encontrar un nuevo archienemigo. Si no hubiera habido demandas de un pacto fiscal, un referéndum o la independencia; hubieran buscado razones en la política lingüística, en la escuela o la televisión públicas. La competición partidista y el hecho de que Catalunya se haya convertido en un “issue” de la política nacional son claves para entender dónde estamos y la dificultad para salir del problema.

La competición partidista y la inercia de hacer de Catalunya el chivo expiatorio por parte de las fuerzas nacionalistas españolas son claves para entender dónde estamos

No contemplo la posibilidad de haber resuelto el conflicto en algún momento de 2017 con la materialización de la independencia, porque ni existían las famosas estructuras de estado, ni el convencimiento sobre la conveniencia y la factibilidad de la independencia entre muchos políticos independentistas era real, ni había apoyos significativos por parte de actores internacionales relevantes, ni el grueso de los ciudadanos independentistas estaba mentalizado de los costes a corto y largo plazo de lo que implicaba la declaración de independencia.

¿Qué han hecho mal las partes implicadas? ¿Qué han hecho bien?

Las fuerzas constitucionalistas han hecho muchas cosas mal si consideramos que el objetivo es la paz social; pero lo que han hecho les ha ido muy bien para su propia supervivencia y cohesión interna. Demonizar un acto de democracia directa (el referéndum) no es algo que haya mejorado la cultura política española. Habernos traído el lawfare (la judicialización del conflicto) tampoco es algo que nos haya acercado a los estándares democráticos. La guerra jurídica es uno de los aspectos que tendrían que detenerse por higiene democrática, ya que en otros países algunos autores coinciden en calificarla de “golpe de estado blando”, y VOX se ha avenido a jugar a este juego mejor incluso que el PP, al ganar presencia mediática erigiéndose como acusación particular de líderes independentistas. En el mismo sentido, la represión del independentismo –a pesar de no haber tenido la resonancia internacional que se esperaba– no ha apaciguado la catalanofobia, sino al contrario, ha despertado un ansia difícil de parar.

¿Qué se ha hecho mal desde el independentismo? Muchas cosas, empezando por ir de farol sin tener una buena mano. No calibrar bien el alcance de acciones y los recursos inagotables del Estado ha sido un gran error del independentismo. Entre las cosas que ha hecho bien, está haber construido –durante un tiempo– un relato coherente y capaz de ir sumando apoyos entre sectores no particularmente nacionalistas. Entre la ley de consultas (2014) y aproximadamente la ley del referéndum (septiembre de 2017) se asoció efectivamente la independencia con una lucha por la democracia, cosa que generó un consenso importante. Pero a medida que se acercaba el 1-O, quizás como respuesta a las señales del Estado que anunciaban la represión, se produjo un cambio. Por una parte, la apelación a los derechos humanos, que supeditaba la posibilidad de crecer a que la represión por parte del Estado fuera brutal, y además reconocida internacionalmente como tal, cosa que no pasó. Posteriormente, hemos vuelto a los agravios surgidos de la represión y a los símbolos. Personalmente echo de menos el clima previo al 9-N (2014), en el que los partidos independentistas hacían un esfuerzo pedagógico al explicar las ventajas (políticas, sociales, económicas) que tendría la consecución del estado propio. Considero que los discursos más normativos, morales, identitarios y los elementos simbólicos no tienen potencial para convencer a quien no está ya identificado con la causa independentista o agraviado. Pienso que no se ha intentado lo suficiente apelar a las preferencias de organización territorial de los ciudadanos, en vez de a sus identidades.

Los discursos normativos, simbólicos e identitarios no tienen potencial para convencer a quien no está ya identificado con la causa independentista

Finalmente, algunos autores han hablado de la figura de un héroe de la retirada, ahora mismo ausente del panorama catalán si no es por la voz de algunas políticas exiliadas y, en parte, por el papel que está haciendo ERC –o algunos de sus líderes– en la política estatal. Sin reconocer una derrota sin paliativos no se puede plantear un nuevo calendario para nuevas expectativas (más realistas) independentistas. Cualquier movimiento sobre el tablero, cualquier concesión a las fuerzas independentistas parecería ridícula a la sombra de las expectativas creadas.

¿Cómo conseguir que las fuerzas independentistas, catalanistas y constitucionalistas de todas las tendencias consigan un acuerdo para proponer una oferta unitaria a la salida del conflicto?

En primer lugar, dudo mucho de que haya un interés real por parte de los partidos políticos e instituciones a enfriar el nivel de conflicto entre Catalunya y España. Para algunos partidos, la lucha contra las pretensiones independentistas constituye su principal herramienta de movilización política. Sólo las fuerzas políticas con una agenda centrada en otros temas que no sean el territorial pueden estar interesadas en desencallar el conflicto para atraer la atención de la opinión pública hacia estos otros asuntos. Tal vez los partidos mejor situados para destensar la situación son los que no tienen nada que perder ni que ganar con el conflicto territorial, y que son a menudo calificados despectivamente de “equidistantes”.

Otro tema es como tendrían que llevarse a cabo estos movimientos. La pasión e inmediatez con la que se reacciona a cualquier declaración de los políticos catalanes o españoles en relación al conflicto –tanto desde los medios tradicionales como desde las redes sociales– pueden poner en peligro cualquier intento de enfriamiento, quemando a los actores implicados. Parece paradójico, porque la transparencia es una calidad democrática esencial, pero si el conflicto fue sembrado y espoleado por las élites, quizás tengan que ser estas mismas élites las que pacten y lleven a la mesa de negociación una propuesta cerrada que no tambalee durante el proceso por las críticas de los partidarios de una u otra opción.

En segundo lugar, ¿cuál es la propuesta que puede contentar moderadamente todas las partes, aunque no totalmente? ¿Cuál es el punto intermedio? Uno que prácticamente ningún actor defiende con pasión, y que supone un retroceso humillante para los independentistas y un paso adelante prácticamente revolucionario para el inmovilismo españolista: el federalismo. Se trata además de una opción poco conocida por el público en general. Existe también la posibilidad de impulsar reformas tibias del Título VIII de la Constitución que más o menos todo el mundo apoya desde hace años, pero que no están ahora mismo en la agenda pública, como por ejemplo reformar el Senado para que se convierta una cámara de representación territorial o blindar una lista corta de competencias para el Estado, dejando la distribución del resto en manos del principio de subsidiariedad.

Creo que sería más plausible a corto o medio plazo trabajar para conseguir un grado de autonomía fiscal similar a la del País Vasco. Supondría, además, un retorno al punto de inflexión, al inicio del “procés” como lo entendemos ahora. Aunque implicaría una reforma importante del ordenamiento jurídico español, creo que sería más fácil de vender a la opinión pública españolista. Para empezar, los diversos motivos por los que los distintos gobiernos catalanes no consideraron seriamente esta posibilidad antes de 2012 (crisis económica, por ejemplo) podrían hacer que los distintos gobiernos del resto de autonomías se inhibieran de pedirlo, evitando una generalización en la línea del “café para todos”. El “cupo” no es ningún regalo, es una compensación simbólica y un reconocimiento parcial de cierta soberanía, pero con determinadas contrapartidas, digamos, molestas, ya que es un sistema de riesgo unilateral.

Además, la atención actual de la opinión pública española hacia aspectos relacionados con la economía y la salud pueden ayudar a enmarcar esta reforma como un asunto más administrativo que político; enfatizando el hecho de que ya existen antecedentes en el territorio y que estos no han llevado a las autonomías que disfrutan de esta diferencia más cerca de la independencia. En los meses posteriores a octubre de 2017 esta posibilidad era considerada totalmente ridícula entre los partidarios de la independencia, ya que la percepción de la viabilidad de la ruptura total con el Estado, sumada a los agravios posteriores (represión, encarcelamientos), presentaba cualquier tipo de acuerdo fiscal como meras migajas Pero tres años después, quizás se puede volver a poner el tema sobre la mesa y presentarlo como una de las famosas estructuras de estado.

Si el conflicto fue sembrado y espoleado por las élites, quizás tengan que ser estas mismas élites las que pacten y lleven a la mesa de negociación una propuesta cerrada que no tambalee durante el proceso por las críticas de los partidarios de una u otra opción

Otro tema es la amnistía para los presos políticos catalanes. Hay voces que califican la demanda independentista como un intento de framing antidemocrático al gobierno de España, al remitir a la amnistía de 1977, pero eso es absurdo. Para empezar, porque existen antecedentes de una amnistía a presos independentistas durante la II República. Además, una amnistía supondría un freno al lawfare. Igualmente, ahora mismo la veo poco viable –que no poco razonable–, y lo más probable sea algún tipo de vía intermedia, como un indulto y la reforma del delito de sedición. Para el PSOE se trataría de llegar a un resultado similar sin irritar a sus votantes.

Finalmente, está el gran elefante en la habitación: el referéndum y el derecho a decidir. Por una parte, considero que hay que recuperar la demanda por ser la que más consenso social alcanzó durante todo el proceso soberanista en Catalunya. Pero esta demanda implica abandonar el discurso de la unilateralidad, y entender que hay ciertos escenarios en la arena política española donde eso es más probable que se acepte; lo que al mismo tiempo hace retroceder los partidos independentistas a una casilla autonomista y aceptar su posible papel clave en el Parlamento español. Creo que más o menos tácitamente es eso lo que está haciendo ERC.

Retos sociales, políticos y económicos en Catalunya

A mí me preocupa especialmente la polarización afectiva. Siempre se ha dicho que las élites enarbolaban una ruptura social en Catalunya que en realidad no existía. Pero las encuestas nos indican que últimamente sí que existe una tensión más acusada entre partidarios de distintas fuerzas políticas y configuraciones territoriales. Se ha visto una deshumanización del adversario mediante la creación de epítetos derogatorios –muy utilizados en redes sociales– para los partidarios de la opción contraria y, finalmente, comprobamos que la distancia entre nuestro partido preferido y el partido más odiado –que es como medimos la polarización afectiva– se ha ido ensanchando, particularmente desde 2012. En este sentido sería necesario que los partidos tomaran responsabilidades, desactivando algunas de las líneas del conflicto, y dejaran de utilizar algunos símbolos y expresiones que movilizan este capital emocional.

Finalmente, me preocupa también cómo puede evolucionar la percepción que los ciudadanos tengan de la participación política, más allá del voto. Si entienden que la participación en un referéndum no es posible, que la participación en marchas y manifestaciones multitudinarias pacíficas no es útil, y que la expresión de la ira en protestas más contundentes tampoco lleva a ningún sitio, ¿cuál será su conclusión? La represión que han sufrido los CDR puede haber transmitido la idea de que la acción directa no es legítima. La experiencia del Tsunami Democrático parece haber sido pensada desde arriba para canalizar la ira, más que para alcanzar un objetivo concreto y puede haber alimentado la desconfianza hacia iniciativas surgidas, aparentemente, de la sociedad civil. Las elecciones “plebiscitarias” y sus representantes no llegan al final del mandato, y no acabamos una legislatura con normalidad desde la Octava (2006-2010). En definitiva, una ciudadanía más apática, desilusionada, desafecta y desconfiada no es la base ideal para construir el “demos” de un nuevo estado, ni tampoco una sociedad funcional en el marco actual.

Carol Galais

Carol Galais

Carol Galais es politóloga. Actualmente, es investigadora y profesora agregada en el Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con una beca Ramón y Cajal. Es Doctora en Ciencia Política por la Universidad Pompeu Fabra y ha llevado a cabo varias estancias de investigación postdoctoral en la UAB, en la Universidad de Montreal y en la Universidad Abierta de Catalunya (UOC). Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Stanford y profesora asociada en la Universidad Pompeu Fabra. Sus intereses de investigación se centran en la opinión pública y la participación local, con especial énfasis en los factores psicológicos que conducen a la participación, y ha realizado estudios sobre el interés político, la eficacia interna y el voto como deber. Actualmente, sus investigaciones también incluyen los vínculos entre el uso de Internet y la participación política y el proceso de socialización política.