«La posteridad no podrá creer que,
después de que se hubiera hecho la luz,
hayamos tenido que vivir de nuevo
en medio de tan densa oscuridad»

Castellio, De arte dubitandi (1562)


Brújula y retrovisor, camino largo y paso corto, hace falta retrospectiva y perspectiva –y un radical arraigo al presente– para acabar de entender todo lo que nos pasa desde la perspectiva del retroceso acelerado, global y local, contra los derechos civiles, sociales y políticos. Una regresión palmaria, desigual y arbitraria, agudizada en las últimas dos décadas en todo el mundo y, en los últimos tres años, desatada contra la sociedad catalana y española muy desigualmente –algunos recibiéndola, otros legitimándola. A pesar de que todo viene de lejos y algunos quieren que vaya para largo, la regresión adentra las raíces en un doble proceso internacional y estatal. O en uno solo fusionado, si se quiere, con especificidades particulares celtibéricas. El global es el retroceso ya incuestionable y la inquietante demolición del llamado constitucionalismo social de posguerra, que ya trajina entre la desdemocratitzación mundial, el Weimar global o lo que se ha denominado autoritarismo posdemocrático. El local-particular es aquello que denominamos régimen del 78, mediado por la vigente involución democrática en el Estado español e incubada reforma penal detrás reforma penal –treinta desde el año 1995. La combinación hace estragos y nos sitúa en el único lugar de Europa Occidental donde medio gobierno legítimo está en la prisión y el otro medio en el exilio y los dos portavoces de los mayores organismos civiles y sociales, encarcelados hace tres años por ejercer el derecho de protesta. Así están las cosas, por muchos videos mediocres que España Global, dispositivo de fake-news de Estado, haga correr.

¿Por dónde empezar? Quizás por un punto donde, extrañamente, dos líneas paralelas, torcidas e irreconciliables, se tocan. Paradójicamente, arrancando por una misma reflexión –dicha el 2018, en términos parecidos, en sentidos antagónicamente diferentes y por dos personas muy distintas– que lo vendrían a resumir todo. Por un lado, un hombre de Estado como Alfredo Pérez Rubalcaba. Por el otro, un intelectual social como Ignacio Sánchez Cuenca. El primero, acuse de recibo, asumía que el Estado abonaría el precio autoritario y pagaría los costes despóticos de la represión al independentismo: la degradación democrática, la retorsión del Derecho y la devaluación institucional. El segundo, Ignacio Sánchez Cuenca, decía prácticamente lo mismo, pero en un sentido completamente opuesto, es decir, denunciándolo, el septiembre de 2018 y mucho antes de la sentencia del Supremo:

«En estas condiciones, los magistrados se sienten impunes. Nada los para. Están dispuestos a deteriorar todavía más la reputación democrática de España, dado que el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar para ellos por encima de cualquier otra consideración. Para frenar el disparate y la injusticia que se está cometiendo con las acusaciones de rebelión, haría falta una sociedad civil que se tomara seriamente que en una democracia resulta inadmisible juzgar a políticos por hechos que no han cometido. No estamos aquí todavía» [1]1 — Sanchez Cuenca, Ignacio; «La postverdad suprema«, 1 de septiembre de 2018, La Vanguardia. .

Uno y otro convenían el mismo, uno atizándolo, el otro levantando la voz y la palabra para oponerse. Pero patentizaban lo mismo: la construcción (anti)jurídica de un estado de excepción informal que opera a pleno ritmo sin haber sido declarado en ninguna parte. La Razón de Estado, siniestra y funesta, hace el resto en la peor variación y desviación del Estado de Derecho: el Estado de Derecho Penal de Enemigo donde corren los palos, incluso con la zanahoria.

De la síntesis hoy sabemos, cuando menos, las frías consecuencias estadísticas, a pesar de que los números siempre esconden los rostros: cerca de tres-mil personas represaliadas –denunciadas, imputadas, investigadas o condenadas– detrás del 1-O de 2017. Por querer votar: este es el precio que ha puesto el estado al libre ejercicio de la democracia. Por unas urnas, por unos silbatos, por una nariz de payaso o por una pancarta, da igual. Todo por la patria, se entiende mejor en este contexto. Y todo quiere decir todo –juicios especiales, cloacas estatales, espionaje industrial, operaciones encubiertas, batalla diplomática por el relato, complicidad y amparo a la extrema derecha, Pegasus y todo el arsenal represivo disponible. Y con el personal dispuesto, está claro: policías patrióticas, fiscales patrioteros, magistrados patriotas. Tecnoestructura de Estado al servicio del Nacionalismo de Estado. Y doble rasero, está claro: no hay derecho penal de enemigo, sin derecho penal de amigo. Homenaje de Estado a la impunidad y la violencia de persecución contra las urnas, siempre tendríamos que recordar, día tras día, que los máximos mandos de la represión policial de octubre de 2017 han estado –todos– galardonados, ascendidos y condecorados.

Y, aun así, habría que añadir que no lo consiguen. O no del todo. Digan lo que digan, el embate represivo, con unos impactos sociales altísimos e irreparables, tampoco ha logrado sus objetivos –«vamos a aplastarlos» le confesó Soraya Sáenz de Santamaría a un periodista. A pesar del brutal retroceso –devaluación democrática, degradación institucional, degeneración jurídica– no ha menguado, ni una coma ni un gramo, ni ha disminuido en nada el triple apoyo a la independencia, al referéndum como mecanismo democrático resolutivo y a la denuncia transversal de la represión. 48%-75%-80%. Digámoslo así. Mientras tanto, un 57% de la sociedad catalana votaría hoy contra la actual constitución española y solo un 10% apoya a la monarquía borbónica, la que sistematizó y elevó aquel «a por ellos» a doctrina oficial del Estado, detrás del inquisitorial discurso del rey del tres de octubre. Quizás no hemos ganado en corto –a la larga, nunca gana nadie cuando se limitan los derechos civiles– pero aquello acreditado social y políticamente es que ya nos han perdido. Y de aquí, de la radical pérdida de toda legitimidad, se deriva todo lo demás: la acometida de Estado y los incontables abusos perpetrados en nombre de una democracia simulada. Un tipo de injusticia civil con olor a justicia militar, en formato revancha y escarmiento –el antónimo de justicia– contra la mayoría democrática de una sociedad considerada díscola, rebelde, desobediente o sediciosa. El precio de la libertad tiene el reverso de la factura de la demofobia.

Quizás no hemos ganado en corto –a la larga, nunca gana nadie cuando se limitan los derechos civiles– pero aquello acreditado social y políticamente es que ya nos han perdido. Y de la radical pérdida de toda legitimidad se deriva todo lo demás

Todo ello, como en una doctrina del choque de manual: conseguir por vías policiales, judiciales y represivas lo que ya saben que nunca conseguirán por vías electorales, pacíficas y democráticas. Es esto que nos pasa y más valdría no despistarse. No se han limitado en decirlo. El mismo fiscal Javier Zaragoza, que encima presume de progresismo y es el icono del llamado clan de los fiscales que se han atribuido un peligroso y mediocre rol salvapatrias, lo remachó así mientras el gobierno socialista aragonés le concedía una medalla por los servicios prestados la primavera del 2019: «La supremacía de la voluntad popular sobre la ley está detrás de funestas experiencias históricas bien conocidas». Que alguien le explique, por favor, que ha pasado cada vez que la ley se ha impuesto sobre la voluntad popular democrática y qué experiencias históricas hay detrás. Más dura será la caída.

Tres octubres, tres años después

Este otoño, como sinopsis y spoiler, ya podemos decir que un mismo hecho ha sido sentenciado bajo tres prismas jurídicos totalmente contradictorios. Y esto aclara unas cuántas cosas, ni que sea kafkianamente. Un solo hecho –todo lo relativo al primer día de octubre de 2017– y tres sentencias muy distintas: la absolución a la Audiencia Nacional del mayor Trapero y los responsables de Interior; la condena al TSJC por desobediencia contra la Mesa del Parlamento; y los más de 100 años de prisión por sedición impuestos por el Tribunal Supremo. Que esto ya sea así, nos sitúa hoy, irremediablemente, en el reino de la arbitrariedad y la feria represiva de Calaf de la inseguridad jurídica. Puedes entrar a un juzgado y salir libre, condenado o preso: por el mismo hecho. Que le pregunten sino a Tamara Carrasco: un día eres terrorista y dos años después, todo lo contrario, es decir, una víctima de la violencia. De la violencia de Estado. Pero mal nos pese, y pesa demasiado y adolece la memoria, esta pulsión ni es nueva ni somos los primeros. La novedad introducida desde 2017 radica en su extensión masiva y la intensificación en todos los frentes, dentro de la historia de una continuidad represora: de castigar los márgenes y las tangentes disidentes se ha pasado a castigar una mayoría democrática, inhabilitar tres presidentes e investigar el 80% de los alcaldes y alcaldesas del país.

En forma y fondo, pero, esta deslizante deriva regresiva, autoritaria y liberticida arrancó hace demasiado en el Estado español, seguramente el 1998 bajo la primera aznaridad a pesar de que venía con defectos de fábrica. Porque concurren circunstancias ralentizadoras, denominaciones de origen y transiciones mitificadas. Y un punto de partida frágil y débil. Cómo dice Augusto Gil Matamala, como consecuencia de 40 años de la misma dictadura que pilotó la nada modélica transición, el Estado español llegó a aquella democracia de posguerra apenas cuando empezaba a agrietarse vía Reagan y vía Thatcher. Gil Matamala lo metaforiza afirmando que el Estado español siempre es el último en incorporarse a cada nueva conquista democrática y… y el primero en marchar. Y empezó a marcharse a finales de los años noventa en los ángulos oscuros de la lucha antiterrorista, cuando se decretó un largo periodo de excepcionalidad judicial, penal y penitenciaria en el País Vasco. Traducido en el cierre de cinco medios de comunicación, la ilegalización de decenas de organismos sociales, el apartheid electoral y la confección de una lista negra de 40.000 ciudadanos y ciudadanas que dejaban de serlo. Pocos, muy pocos, levantaron la voz. Y, aun así, venía de fábrica la tara: el mismo Gil Matamala sitúa como elementos constituyentes de los tres pilares del régimen la unidad de España, el orden económico capitalista y el principio de autoridad. Cualquier persona que lo cuestione pasa a ser enemigo. Enemigo de Estado. Es decir, que el recurso a este tipo de dispositivos –el miedo como tecnología del poder y la excepción como técnica de gobierno– viene de fábrica.

Memoria antídoto, como antecedente ineludible, del particular caso hispánico en tierras vascas, incluso el Financial Times lo intuía hace casi dos décadas. Lo leí asombrado, pérdida de ingenuidad política y de inocencia juvenil incluida, a las notas que el periodista José Martí Gómez nos regalaba en 2002: el rotativo británico alertaba de una desdicha de GAL judicial que tenía por epicentro difusor la Audiencia Nacional, nacida –no por casualidad– el día siguiente de la muerte del TOP franquista, con el mismo personal y al mismo lugar. Aquel GAL judicial de nuevo cuña no secuestraba, ni asesinaba, ni soterraba en cal viva, ni operaba con uniformados descontrolados por la noche. Pero desde instancias judiciales desmenuzaba sin miramientos derechos civiles, clausuraba sin pruebas medios de comunicación, castigaba proyectos y propuestas políticas, encarcelaba sin garantías y expandía los efectos multiplicadores del miedo a la arbitrariedad de Estado, vulnerando garantías jurídicas, derechos individuales y libertades fundamentales. El escritor Joxe Arzumendi lo rebautizó como «kale borroka de Estado».

Este otoño, como sinopsis y spoiler, ya podemos decir que un mismo hecho ha sido sentenciado bajo tres prismas jurídicos totalmente contradictorios. Y esto aclara unas cuántas cosas, ni que sea kafkianamente. Un solo hecho, todo lo relativo al 1 de octubre de 2017, y tres sentencias muy distintas: la absolución a la Audiencia Nacional del mayor Trapero y los responsables de Interior; la condena al TSJC por desobediencia contra la Mesa del Parlamento; y los más de 100 años de prisión por sedición impuestos por el Tribunal Supremo

En aquellos mismos compases nefastos, hace 20 años, alguien más escribió que en el Estado se estaban superponiendo simultáneamente, peligrosa mezcla de precursores de la excepción, las tres doctrinas penales más regresivas de siglo XX: el derecho penal de enemigo –a la gente se la juzga por quién es no por lo que hace–, las doctrinas de seguridad nacional –el enemigo es dentro y es la propia ciudadanía– y la tolerancia cero contra cualquier malestar –la criminalización de la protesta. Ahora ya estamos en un lugar peor: de facto, en un sistema penal dual. Uno, formalmente garantista; el otro, discrecionalmente excepcional. Se ha ido introduciendo una excepción en la norma hasta que la norma ha acabado siendo la excepción. Y con una escala geométrica evidente: más subes en el escalafón judicial, menos justicia encuentras y más Estado afrontas.

De esta tentación, obvio, no se libra nadie ni ningún país. Autocrítica y crítica, esta disposición autoritaria que anida en el populismo punitivo de impulso gubernativo también la vivimos a la catalana, a raíz de las protestas del 15M bajo el lema Aturem el Parlament ante los peores recortes sociales desde el final de la dictadura. Fueron tildadas, mediáticamente también, como golpe de estado por los más compatriotas tertulianos. Gobierno y Parlamento de Catalunya recurrieron a tipos penales especiales –sedición–, a tribunales de excepción –la Audiencia Nacional– y a extrañas parejas de acusación –la compartían con la asociación ultraderechista Manos Limpias. Si no lo decimos todo, no decimos nada. Memoria de un pasado anterior, quien anuló la primera sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional contra aquellos indignados –dando la razón al voto particular de un tal Fernando Grande-Marlaska– fue el Tribunal Supremo. La sentencia, les sonará, la firmaba un tal Manuel Marchena y en ella consagró un nuevo tipo penal meteorológico, salido al gusto de su sombrero de copa y funcional a los intereses del Estado: la violencia ambiental. Cuatro años después aquel mismo tipo penal se giraba como un calcetín contra el gobierno catalán, que pasaba de acusador a acusado. Las derivas se sabe siempre donde empiezan, pero nunca donde acaban –o sí: al TEDH, que se pronuncia siempre tarde, a toro pasado y sobre los restos de los escombros. Que les pregunten a los independentistas torturados el 1992, a Arnaldo Otegi o a Martxelo Otamendi, que han visto como el TEDH les daba la razón muchos años después.

En todo caso, en la perspectiva global del giro autoritario, ha habido un cambio de enser y un claro desplazamiento de la dirty war al lawfare. Escala cromática, se ha pasado del verde oliva del general al negro toga del magistrado. Ayer cuarteles militares, hoy búnkeres judiciales. Los golpes del Estado –o incluso, el golpe de estado– han encontrado una forma menos incruenta que las antiguas irrupciones e interrupciones militares. manteniendo, esto balsa, el objetivo final: reprimir, violentar, alterar o adulterar la voluntad popular democrática mayoritaria. Cómo cargarse la democracia en siete pasos, ha escrito crudamente la periodista turca en el demoledor Como perder un país [2]2 — Temelkuran, Ece; Cómo perder un país. Los siete pasos de la democracia a la dictadura, Anagrama, 2019. . En el penúltimo macrojuicio político en el Estado español, el sumario 18/98 que juzga 47 ciudadanos vascos por sus actividades políticas, el añorado periodista vasco Mariano Ferrer recordó lúcidamente Thomas Paine: «aquel que quiera salvaguardar su libertad tendrá que proteger de la arbitrariedad incluso a sus enemigos o se establecerá un precedente que se le girará también contra él». Ferrer se hacía entonces una pregunta abierta todavía no respondida: ¿quién deconstruirá –y cómo y cuándo– tanta arquitectura represiva? Y añadía tres motivos para no guardar un silencio que solo sería pura complicidad

«Teníamos tres razones de peso para solidarizarnos; una, que era una buena causa porque estas personas no tenían que ser sometidas a un juicio bajo legislación antiterrorista porque la actividad que los incriminaba se tenía que entender como el ejercicio legítimo de sus derechos civiles y políticos y porque, si tenían que ser juzgados, que lo fueran con las garantías que corresponden a ciudadanos de un Estado de Derecho; la segunda, que al defenderlos nos defendíamos nosotros y toda la sociedad (en cuanto que sociedad democrática); y tres, que éramos conscientes que al unirnos a esta causa nos uníamos a una buena causa global, la que trata de proteger la herencia de la Ilustración y de los derechos del hombre de la acometida desatada contra ellos tras el 11-S de 2001». Han pasado trece años [3]3 — Ferrer, Mariano; Análisis del proceso y sentencia del sumario 18/98; 22 de diciembre de 2007, disponible en línea en Viento Sur. desde aquellas palabras y parece que hayan sido escritas ayer mismo.

Porque tal vez no nos queremos creer lo que ya sabemos. Porque pretender hoy que las desventuras del comisario Villarejo o las confesiones del comisario Pino son una anécdota a pie de página del alcantarillado estatal –y no todo un dispositivo de Estado que para poder operar es desplazado a las afueras del sistema ordinario– es no querer afrontar la dimensión del retroceso ni asumir la profundidad de la deriva ni evaluar los daños permanentes. La antología del choque, jarabe de caña, ya es infinita: del «a por ellos» policial a controlaremos la Sala Segunda por «la puerta de detrás»; del «lo volveremos a hacer» pronunciado cuarterlariamente por un general de la Guardia Civil al «Hemos hecho operaciones que pondrían los pelos de punta. Por el interés de España» dicho en sede judicial por el comisario Eugenio Pino; del «acabar con los independentistas de una puta vez por todas»» espetado por el comisario Villarejo al marido de Cospedal al «nos hemos pasado, pero ha colado» con el que fue pillado el fiscal general Conde Pumpido, tras la enésima ilegalización de la izquierda abertzale. «Estas elecciones se convocan para que gane el bloque constitucional» dijo Cospedal; «hemos descabezado el movimiento» dijo Soraya. Tecnoestructura de Estado, sí, al servicio de la unidad nacional española, que no es ningún principio democrático. Es un principio nacionalista uniformizador contra la permanente y fallida construcción, en términos históricos y políticos, de la nación española.

Que un presidente del Parlamento de Catalunya sea espiado por Pegasus y el gobierno español de turno –el más progresista de la historia– diga que ‘no le consta’ y emplace a poner una denuncia a los juzgados, también esclarece unas cuántas cosas. Que todos los organismos de derechos humanos, los de más prestigio y mayor relevancia e incidencia internacional, hayan levantado acta de la realidad catalana y de la vulneración de derechos no es menor. La antología desnuda demasiadas cosas, empezando por los reiterados informes, obstinados y pertinaces, del Grupo GRECO del Consejo de Europa que cuestionan y critican periódicamente la falta de independencia de las altas esferas judiciales del Estado español: monitorizadas gubernamentalmente, capturadas ideológicamente y teledirigidas políticamente. Que los últimos días se llegue a filtrar interesadamente que los magistrados del Supremo están inquietos por la politización de la justicia raya la broma macabra y recuerda aquellos que decían que los medios públicos catalanes no estaban politizados mientras anunciaban leyes, literalmente, por «desgovernamentalitzarlos». A la postre, que el caduco Carlos Lesmes –aunque caducado hace dos años– sea el máximo responsable del CGPJ no nos tendría que hacer olvidar, puertas giratorias, que fue el director general de relaciones con la administración de la Justicia de la segunda aznaritate.

En todo caso, lawfare, deep state, shock doctrine o anglicismos nuevos que solo nos desvelan de viejas prácticas, es obvio que el Estado español ha desplegado una respuesta represiva de largo recorrido y amplio espectro. Para hacerlo, les ha hecho falta recurrir a la cloaca, como recordaba sin tapujos Felipe González, y a la violencia, como vivimos el otoño del 2017. Y al asalto de la vida de los otros. Ya lo avisó José Antonio Zarzalejos, codorniz del régimen, el lejano 2014, con previsora anticipación y mafiosa claridad y desde un enmohecido pero rutinario axioma dictatorial que aclara que quien no cuestiona el Estado no tiene de qué quitarse el sueño: «para enfrentarse al Estado, desafiándolo, hay que atarse los machos y estar limpio como una patena, con los bolsillos transparentes y en disposición de que los servicios de inteligencia pasen el escáner y no encuentren nada que no esté en su lugar».

Una condensación posible de los años vividos la ha escrito Antoni Puigverd, desde las páginas de La Vanguardia, este último septiembre [4]4 — Puigverd, Antoni; «La cuina i el cràter«, 8 de septiembre de 2020, La Vanguardia. . Lo reseño porque no son las páginas habituales donde leer este tipo de reflexión: «El Estado desató su inmensa capacidad de atemorizar, reprimir y vengarse. Sobre este cráter no se puede construir nada bueno. Los altos tribunales españoles (que ahora están constitucionalmente en falso por falta de renovación) han demostrado un sesgo político espantoso. Garantismo y escrúpulos máximos cuando se trata de políticos de PP o PSOE. Fundamentalismo legalista contra los independentistas. Los defensores de la Constitución tendrían que ser los primeros en defender igualdad de trato. O escrúpulos y prudencia para todo el mundo. O integrismo jurídico para todo el mundo». Aunque Pedro Vallín ya se lo había husmeado, en las mismas páginas, el 2018 –a ‘Godzilla contra el 155’ y requiriéndose que era un Estado: «Un organismo complejo y en cierto sentido tan peligroso y por supuesto más poderoso que los monstruos que combate». Hace no mucho alguien que conoce demasiado bien las tripas del Estado me dijo: «solo tienen un martillo». ¿Cómo? «Que el Estado a la caja de herramientas del Estado solo tiene un martillo; y si abres la bandeja de debajo, un martillo más grande». Que el ponente de la sentencia del caso Trapero sea el mismo que firmó la categórica absolución por unanimidad de Egunkaria o la absolución de los encausados del Parlamento, nos tendría que hacer pensar también. Una concepción del Derecho, de los derechos, está en disputa: Derechos contra Derecho, Estado de Derecho vs Derecho de Estado o la sustitución gradual del Estado Social por el Estado penal. La disputa abierta acumula muescas incontables aquí y va acumulando severos reveses allá, en las instancias judiciales europeas.

La actual degradación democrática demuele también aquello construido, no sin hipocresías, carencias y déficits, por las tradiciones del liberalismo político, nacido precisamente contra el abuso, contra la intolerancia del poder

Y esto nos hace devolver al imposible consenso del disenso irreconciliable entre Sánchez Cuenca i Pérez Rubalcaba –que decían lo mismo en sentido completamente antagónico, es decir, que no hay derrota posible del independentismo sin autodegradación democrática. En este sentido, hay que hacer algunas reflexiones sobre la llamada deriva iliberal europea y global –Orbán en Hungría, los gemelos en Polonia, de Trump a Bolsonaro y hasta la inhumanidad de la UE en la frontera sur, alimentada por el auge ultra. La actual degradación democrática demuele también aquello construido –no sin hipocresías, carencias y déficits– por las tradiciones del liberalismo político, nacido precisamente contra el abuso, contra la intolerancia del poder y contra la crueldad feudal de los absolutismos, como respuesta civil a la crueldad de las violencias amargas del sometimiento y la dominación. Lo digo para escudarme (así están las cosas, de mal) en uno de los principios políticos liberales clásicos, nacido del espanto o del susto: la sospecha del abuso de todo Estado, el temor de la arbitrariedad, el miedo a la indefensión.

Tres reflexiones liberales finales

Hace poco Miquel Seguró me regaló El liberalismo del miedo de Judith Shklar [5]5 — Shklar, Judith; El liberalismo del miedo, Herder, 2018, Barcelona. . Un texto corto y penetrante que podríamos recuperar hoy, ahora y aquí, porque cambia la idea del liberalismo, recordando que no aspiraba a crear situaciones deseables, sino a impedir situaciones condenables. A pesar de que uno diría que la mejor forma de evitar el segundo es empecinarse al generar las primeras. Sugerente y evocador, quizás interferido por el actual momento político, me retumbó esto: «La construcción de un orden político sobre la evitación del miedo y la crueldad no tiene nada de reduccionista». Decía más: «la libertad que desea garantizar es la libertad frente el abuso de poder y la intimidación de los indefensos». Y añade: «mientras esto no se haga, no hay ninguna razón para suponer que el liberalismo del miedo tiene algo a ofrecer a las víctimas de la tiranía política». Con cerecita incluida, escrita el 1989: «Quién crea que, sea la que fuere su apariencia, el fascismo está muerto y enterrado, se lo tiene que pensar dos veces antes de decirlo».

Leyéndolo recordé la premeditada confusión e injusta equiparación entre liberalismo político y neoliberalismo económico, con el trasfondo de la fragilidad de la democracia. Simple y llanamente, el liberalismo político nació, resumidamente, para evitar las salvajadas que somos capaces de hacernos los unos a los otros; el neoliberalismo, en cambio, para atizarlas en la orden caníbal del mundo. En cuarentena global y tiempos pandémicos, Santiago Alba Rico ha filosofado [6]6 — Alba Rico, Santiago; «Contagio y comunicación. La cuarentena estructural», La Maleta de Portbou, número 42, septiembre-octubre 2020, Barcelona. que la idea que uno mismo –y no solo el otro– es una amenaza tiene algo de esperanzador, porque invierte la rutina securitaria: tengo que proteger a los otros de mí, en un tipo de bloque histórico de supervivencia entre cuerpos vulnerables, donde cada cual protege todo el resto. Ayer noche, precisamente, un amigo me escribía: «Aquí hay un mal que opera de topo infernal: la gente se piensa que existe el bien químicamente puro, de forma que no aceptan la posibilidad del ‘mal’».

Las salvajadas las hemos visto, de todos colores y en todos los rincones, en la última década. También como la mitificada Europa destituía un presidente griego por querer hacer un referéndum, imponía un gobierno tecnocrático sin urnas en Italia para imponer el ajustamiento neoliberal y era capaz de reformar, de la noche a la mañana, la irreformable constitución española. Y al mismo tiempo –paradoja y contradicción– tenemos que continuar sosteniendo que la UE es todavía el mayor espacio de garantías de derechos y libertades. Enseguida hay que matizarlo todo, está claro: si lo es, cada día menos, es gracias a larguísimas luchas civiles y populares, al bagaje y herencia de la Ilustración y a muchísimos sufrimientos acumulados. Tras cada garantía jurídica, tras cada libertad fundamental, tras cada derecho social hay luchas inagotables, fracasos espesos y batallas perdidas. El gemido de la humanidad en cada recodo de la historia, que diría Kant; el freno de emergencia al que nos urgía Walter Benjamin; o la vulnerabilidad constituyente que nos define –y que es el que nos hace iguales a todas y todos– como nos recuerda Judith Butler. Incluso Emerson reclamaba un partido de la memoria, más que un partido de la esperanza.

Frente la tradición liberal, el conjunto de tradiciones del republicanismo democrático nos obliga a replantearnos, como diría Antoni Domenech [7]7 — Domènech, Antoni; El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Akal, 2019. , qué concepción tenemos y queremos de libertad, de democracia, de la justicia y de humanidad. Este mismo debate, actualmente, nos tendría que llevar a una aporía global en una contradicción ya irresoluble: hoy, fruto de la orgía neoliberal y la pornografía represiva, no hay mayor incompatibilidad ni más radical que la que distancia y separa el Estado de Derecho del pleonasmo de Capitalismo Salvaje. Lo que uno consagra en la legalidad, el otro lo devasta en la realidad. Vivimos tiempos de excepcionalidades permanentes en la vieja manía de sacrificar libertades en el altar de la seguridad. Y a pesar de todo, luz entre los añicos, acabo este texto el día que Chile ha rechazado en referéndum, de pleno y de plano y con un 78% de los votos, la herencia envenenada de la constitución pinochetista y ha decidido abrir una convención constituyente paritaria, entre mujeres y hombres.

Vivimos tiempos de excepcionalidades permanentes en la vieja manía de sacrificar libertades en el altar de la seguridad. Cuesta poco destruir y mucho reconstruir

Cuesta poco destruir y mucho reconstruir. Y acabo donde comenzaba. Retrovisor y brújula, paso corto para el camino largo, perspectiva y retrospectiva –y un arraigo al presente radical– para poder acabar de entender todo lo que nos pasa desde la perspectiva del retroceso acelerado, global y local, contra los derechos civiles, sociales y políticos. Ahora que vivimos tiempos desconstituyentes, es más urgente que nunca recordar los tiempos constituyentes. Corría el 1947 y Piero Calamandrei nos dejó estas palabras a la constituyente italiana nacida de la derrota del fascismo. Haría falta ciclostilarla y embuzonarla de forma permanente:

«Creo que nuestros descendentes sentirán más que nosotros, de aquí a un siglo, que de nuestra Constituyente nació realmente una nueva historia: y se imaginarán que en nuestra Asamblea, mientras se discutía la nueva Constitución republicana, sentados en estos escaños no estábamos nosotros, hombres efímeros los nombres de los cuales serán borrados y olvidados, sino todo un pueblo de muertes, estos muertos que nosotros conocemos uno por uno, caídos en nuestras filas, en las prisiones y en los patíbulos, en montañas y planas […] desde Matteotti a Rosselli, desde Amendola a Gramsci, hasta nuestros chicos partisanos. […] Ellos murieron sin retórica, sin grandes frases, con simplicidad, como si se tratara de un trabajo cotidiano a cumplir: el gran trabajo necesario para volver a Italia la libertad y la dignidad. […] A nosotros nos corresponde una tarea cien veces más soportable: la de traducir en leyes claras, estables y honestas su sueño de una sociedad más justa y más humana, el sueño de una solidaridad que una todos los hombres en esta obra de erradicar el dolor. Bastante poco, en realidad, piden nuestros muertos. No tenemos que traicionarlos».

  • REFERENCIAS

    1 —

    Sanchez Cuenca, Ignacio; «La postverdad suprema«, 1 de septiembre de 2018, La Vanguardia.

    2 —

    Temelkuran, Ece; Cómo perder un país. Los siete pasos de la democracia a la dictadura, Anagrama, 2019.

    3 —

    Ferrer, Mariano; Análisis del proceso y sentencia del sumario 18/98; 22 de diciembre de 2007, disponible en línea en Viento Sur.

    4 —

    Puigverd, Antoni; «La cuina i el cràter«, 8 de septiembre de 2020, La Vanguardia.

    5 —

    Shklar, Judith; El liberalismo del miedo, Herder, 2018, Barcelona.

    6 —

    Alba Rico, Santiago; «Contagio y comunicación. La cuarentena estructural», La Maleta de Portbou, número 42, septiembre-octubre 2020, Barcelona.

    7 —

    Domènech, Antoni; El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Akal, 2019.

David Fernàndez

David Fernàndez

David Fernàndez es periodista y activista social. Durante el periodo 2012-2015 fue diputado del Parlament de Catalunya por la CUP, después de haber encabezado la lista de esta formación en las elecciones del 2012. Es miembro del Grupo de Periodistas Ramon Barnils y de la red Economía Solidaria. Desde 2003, forma parte de Coop75, la cooperativa de crédito de finanzas éticas y solidarias. En 2014 fue nombrado presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre fraude y evasión fiscales y prácticas de corrupción política. Ejerce de redactor y editor en el semanario La Directa, donde coordina la sección de investigación "Estirant del Fil". Como periodista, también ha colaborado en varios medios como Vilaweb, Gara, Berria o Media.cat. Es autor del libro Cròniques del 6 i altres retalls de la claveguera policial (2006) y de Foc a la barraca (2013), una recopilación de artículos que ha escrito durante los últimos años. Recientemente, ha participado en el proyecto "Ovidi 3", un homenaje musical al cantautor Ovidi Montllor con motivo del 20 aniversario de su muerte. También es miembro de Entrepobles y participa en la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura.