La tensión entre los métodos democráticos y los valores del liberalismo político afecta las democracias liberales contemporáneas y, en gran medida, es una cuestión latente en el principal eje de conflicto de la política catalana de los últimos años. El politólogo Yascha Mounk, en su libro El pueblo contra la democràcia (Ediciones Paidós, 2018), identifica tres fenómenos que han impulsado la fragmentación y la polarización social en las sociedades occidentales de una manera inaudita en el transcurso de nuestras vidas. En resumen, podríamos describirlos como el fin del optimismo económico, la percepción de una mayor complejidad étnica y cultural y unas nuevas tecnologías de la comunicación que favorecen tanto las opiniones más radicales como las informaciones falsas. El resultado de esta combinación son unas sociedades más inseguras y crispadas en las que cada una de las partes se encierra en su burbuja informativa de tal manera que se acaba percibiendo el otro como el enemigo. Esta tendencia provoca el desgaste de aquellas virtudes cívicas que sostienen nuestras democracias: el respeto al adversario (pluralismo) o el respeto a la ley (Estado de derecho).

El caso catalán no es una excepción. No lo señalo buscando consuelo en el mal ajeno, sino como una manera de poner en perspectiva lo que nos pasa y tratar de huir de una visión maniquea entre buenos y malos catalanes. Esta visión debería ser rechazada no sólo porque no ayuda a un necesario reencuentro social, sino porque es falsa. La realidad siempre es más compleja. Lo que nos pasa es el mismo exceso de emociones adversativas que se sufre desde Estados Unidos hasta Europa del Este; es el exceso de tribalización política, bien descrita por el psicólogo social Jonathan Haidt, que provoca que personas sensatas y con buenas intenciones se odien o, al menos, vivan en realidades paralelas. Aceptan o se relativizan la mentira y la hipocresía si provienen de los que consideran «suyos». Los incentivos son, pues, perniciosos y la política se convierte en tóxica para la convivencia, incapaz de romper el círculo vicioso, lo que imposibilita la confianza, el diálogo y, por tanto, cualquier alternativa reformista. La cuestión del diálogo es un claro ejemplo de este juego de las apariencias: se acusa al otro bloque político de no querer el diálogo, pero se penaliza a aquellos «de los nuestros» dispuestos a ceder y pactar. Es algo que hoy sucede en casi todas las sociedades complejas.

Se acusa al otro bloque político de no querer el diálogo, pero se penaliza a aquellos «de los nuestros» dispuestos a ceder y pactar. Es algo que hoy sucede en casi todas las sociedades complejas

Sin embargo, en cada sociedad la deriva hacia la fragmentación y la polarización adopta rasgos propios procedentes de su sustrato cultural. En el caso catalán, podríamos hablar de una mutación del catalanismo para entender esta división social que ha provocado el denominado «procés independentista». Pongámosle ahora perspectiva temporal. El catalanismo fue clave a la hora de construir la actual España, la democracia que nace de la Constitución de 1978. Esta, que es imperfecta, como todos los sistemas políticos del mundo, no deja de ser una democracia reconocida internacionalmente como plena, además de ampliamente descentralizada como fruto, fundamentalmente, de las reivindicaciones catalanistas durante la Transición. Así, el catalanismo más transversal tuvo éxito (democratización, autogobierno, protección de la lengua y la cultura catalanas y también integración europea), pero ese mismo éxito ha supuesto en parte su muerte, o su estado comatoso, al agotarse las metas integradoras.

El discurso predominante

Así pues, estos últimos años, los partidos nacionalistas catalanes no han resistido a la tentación de un discurso victimista que permitía ocultar la responsabilidad propia ante cualquier problema y evitar, de este modo, una actuación verdaderamente democrática y necesaria para garantizar la rendición de cuentas. El último ejemplo es la gestión del gobierno Torra de la crisis de la Covid-19. La promoción del resentimiento, detrás de tantas políticas de identidad, tampoco es exclusivo del Procés y ha corroído democracias mucho más maduras que la nuestra como la norteamericana, como señala Mark Lilla en El regreso liberal (2018) [1]1 — Mark Lilla. El regreso liberal. Más allá de la política de identidad. Editorial Debate, Barcelona, 2018. . Es indudable el rédito electoral que puede dar esta estrategia en los tiempos actuales, ya que simplifica el mensaje político en un entorno social y económico tan complejo que sobrepasa la capacidad de entendimiento de cualquier ser humano. Por tanto, tenemos, pues, desde el inicial «España nos roba» hasta el ya más depurado «derecho a decidir», y, de esta manera, se ha ido imponiendo un relato que ignoraba tanto la responsabilidad en el ejercicio de las competencias propias como los anhelos y preocupaciones de una buena parte de la ciudadanía que se sentía ajena al discurso político predominante.

En definitiva, cuando la crisis económica y financiera golpeó y la respuesta a los ajustes o a los recortes fue contundente –recordemos el asedio al Parlament de 2011–, el partido que gobernaba la Generalitat bajo las consignas del «gobierno de los mejores» y la política bussiness friendly viró su discurso, adoptando, en 2012, los tintes más populistas con una campaña, la de «la voluntad de un pueblo», que, sin obtener los resultados esperados, inició una etapa de la política catalana que ilusionó a muchos ciudadanos, pero también angustió muchos otros. La coincidencia temporal del procés con la grave crisis económica y financiera hizo creer a una parte decisiva de los representantes del Estado que, centrando la política sólo en la recuperación económica, también se resolvería una parte de la tensión política en Catalunya. Se habían activado, sin embargo, unos resortes culturales y sentimentales que iban más allá de cualquier cuestión económica y que terminarían desbordando las previsiones de un Estado carente de instrumentos para dar respuesta a un reto que autores como Daniel Gascón, ha definido como posmoderno. El Estado no estaba preparado –y sigue sin estarlo– para contrarrestar una campaña de desprestigio tan potente como la que financiaba la Generalitat. Así pues, terminó demostrando muy poca flexibilidad más allá del BOE y los presupuestos, y llegó tarde y no de la mejor manera a todos los desafíos que se le planteaban.

La coincidencia temporal del procés con la grave crisis económica y financiera hizo creer a una parte decisiva de los representantes del Estado que, centrando la política sólo en la recuperación económica, también se resolvería una parte de la tensión política en Catalunya

Por otra parte, las dinámicas internas de un independentismo fragmentado y en continua competencia electoral dificultaron cualquier alternativa realista y promovieron una tensión dentro de la sociedad catalana que fue escalando hasta llegar al verano y al otoño de 2017, unos meses en los que el conflicto civil no fue una posibilidad improbable. Durante aquellos meses la división de la sociedad catalana se convirtió en una auténtica falla tectónica. No era una cuestión de lengua, se trataba de un lenguaje diferente. Conceptos diferentes de libertad, conceptos diferentes de democracia. El constitucionalismo en Catalunya percibió, en gran medida, que había una ruptura moral a raíz de la gestión que el nacionalismo hizo de la manifestación en respuesta de los atentados yihadistas de aquel agosto. No entendía que se utilizara el dolor de aquella manera tan partidista. Había un dolor sincero y profundo que fue ignorado por las autoridades públicas catalanas y por las asociaciones que, en ese momento, parecían dirigir la política catalana. Durante las semanas siguientes, gran parte de los catalanes no independentistas se sintieron desamparados por parte de todas las administraciones, también de la estatal, siendo esta una de las claves de la victoria de Ciudadanos en aquellas elecciones autonómicas que se acabarían convocando en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Si al independentismo le faltó un liderazgo claro que pudiera decantarse por opciones más pragmáticas, sin verse arrastrado por el emotivismo coyuntural, al constitucionalismo le faltó voluntad más firme de hacer sentir su voz antes, de romper la apariencia de unanimidad y poder tener un debate más abierto y sincero en Catalunya. Para que éste se movilizara de manera clara tuvo que soportar los plenos del Parlamento del 6 y 7 de septiembre, la celebración de un referéndum que había sido declarado ilegal y una proclamación de independencia rectificada a los pocos segundos. El constitucionalismo había sido tan poco representado en los medios catalanes que, cuando se manifestó en las calles de Barcelona el 8 de octubre, la primera reacción de algunos líderes independentistas fue negar la catalanidad de los manifestantes. La reacción de los constitucionalistas catalanes fue la de descubrir que no estaban solos y que también podían ser un actor importante de la política catalana.

En general, y abusando de la simplificación, Catalunya quedó dividida en dos bloques cada vez más impermeables y con unas dinámicas competitivas internas que hacían que la línea de fractura fuera cada vez más ancha. Ya en el pasado reciente se habían dado indicios de que algo se rompía en la sociedad catalana, pero en lugar de construir puentes, se incrementó el distanciamiento. Se ignoró, por ejemplo, aquella llamada a la rectificación que seis intelectuales catalanes promovían el año 2006 con un libro intitulado precisamente La rectificació. Cabòries, exhortacions i premonicions sobre Catalunya [2]2 — Lluís Bassets, Albert Branchadell, Josep Maria Fradera, Enric Juliana, Antoni Puigverd y Ferran Sáez Mateu. La rectificació. Cabòries, exhortacions i premonicions sobre Catalunya. Editorial Destino, Barcelona, 2006. . Estos autores pedían entonces «una rectificación basada en una dialéctica más sincera con la realidad». Temían que una confrontación de «blanco o negro, de “todo o nada» rompiera una sociedad relativamente pequeña como la catalana y que «ha quedado impregnada de un idealismo resbaladizo» con el proceso de aprobación del último Estatuto. Se pedía realismo y seriedad, pero la política catalana apretó imprudentemente el acelerador y los peores vaticinios se cumplieron. Ahora la frustración que está generando una rectificación, más o menos encubierta, será más grande y más difícil de manejar que si no se hubieran hecho, por el camino, aquellas promesas imposibles de cumplir.

Reconnexión con la realidad

La reconexión con la realidad no está siendo fácil. La desconfianza es demasiado grande y, en ocasiones, parece que se quieran repetir errores del pasado que sólo nos llevarían a repetir el bucle de los últimos años de una manera más agria e, incluso, peligrosa para la paz cívica. Ahora, desde el mundo nacionalista, vuelve la pregunta de qué ofrece España a los catalanes. Sin confundir España con Gobierno y catalanes con nacionalistas, es una pregunta, como todas, legítima; sin embargo, también podríamos preguntarnos qué han ofrecido los últimos gobiernos de la Generalitat a los catalanes no independentistas y que piensan ofrecer para que muchos dejen de percibir el autogobierno como un instrumento hostil a sus intereses y a su identidad. Los medios de comunicación públicos no son representativos de la pluralidad política. La devaluación del castellano como lengua casi extranjera en la escuela pública no parece una decisión respetuosa con la pluralidad lingüística. La retórica de los líderes nacionalistas hacía, no ya el constitucionalismo, sino incluso hacia aquel sector que se ha denominado «equidistante» tampoco parece indicar que se quiera respetar en Catalunya el pluralismo que se le exige al Estado. De hecho, la negación del pluralismo ha llegado a un punto que, en Catalunya se produce una fractura sobre la fractura. Una parte importante del nacionalismo niega la realidad de una sociedad dividida, pero este discurso contrasta con la experiencia vivida por muchos catalanes no independentistas que viven esta ruptura como una profunda herida emocional.

Hay fractura y hay fragmentación. No hay diálogo sincero ni dentro de las propias partes de este conflicto. Y eso dificulta la eficacia de iniciativas como la denominada mesa de diálogo entre gobiernos. No existe confianza entre los diferentes partidos constitucionalistas. El presidente Sánchez comete el mismo error de Zapatero al tratar de marginar al PP de cuestiones que podrían afectar a la estructura constitucional de España. Y el partido que ganó las últimas elecciones catalanas, Ciudadanos, pone la supresión de esta tabla como condición de su apoyo a las políticas del PSOE. La situación, sin embargo, aún es más tensa entre los partidos que forman el actual Gobierno de la Generalitat, lo que hace que la inicial retórica revolucionaria del presidente Torra haya ido disolviéndose en medio de una notable parálisis legislativa. La situación nos lleva hacia lo que Francis Fukuyama denominó vetocracia. No se avanza hacia ninguna parte, simplemente se conforman alianzas coyunturales para vetar la propuesta ajena. Así pues, ante este escenario de impotencias y desconfianzas se necesitaría no sólo un cambio de liderazgos, sino también un cambio de lenguaje para reducir la carga emocional. Si una parte intenta monopolizar la dignidad, el entendimiento será imposible. Iniciativas como la mesa del diálogo sólo transformarán la realidad política si hay liderazgos más claros e integradores que los actuales.

Los réditos electorales que el choque emocional pueda dar a corto plazo no compensan la pérdida de credibilidad que genera a medio plazo, ni tampoco el desgaste de aquellas virtudes cívicas tan necesarias para la convivencia en una democracia pluralista como la nuestra

En este sentido, se necesita una política más humilde. Un primer requisito para dirigirse hacia una mejora es dejar de pensar que hay una solución, al menos una solución única y definitiva. Esta creencia es paralizante, porque construye metas inalcanzables o que dejan atrás una gran parte de la ciudadanía. Para recuperar la confianza, hay que empezar por el diálogo sobre aquellas cuestiones que pueden alcanzar grandes consensos dentro de la sociedad catalana. Esto supone una racionalización de la política y un compromiso con la compleja realidad social. Los réditos electorales que el choque emocional pueda dar a corto plazo no compensan la pérdida de credibilidad que genera a medio plazo, ni tampoco el desgaste de aquellas virtudes cívicas tan necesarias para la convivencia en una democracia pluralista como la nuestra. No es fácil priorizar la prosa de la gestión por encima de la retórica romántica de la confrontación, pero los retos actuales son demasiado grandes y ignorarlos supone una irresponsabilidad absoluta. La crisis múltiple que supone la pandemia de la COVID-19 debería ser un catalizador de propuestas de mejora de políticas públicas y de superación de confrontaciones identitarias. Además, si hay algo que realmente une hoy todos los catalanes es el cansancio hacia la tensión y no sería extraño que se empezara a premiar electoralmente aquellas posiciones más moderadas, como ha ocurrido en las últimas elecciones gallegas y vascas.

También se requerirá recuperar las instituciones parlamentarias como espacios de encuentro. Y será necesario un cierto olvido. Como asegura David Rieff en Elogio del olvido (2017) [3]3 — David Rieff. Elogio del olvido. Las paradojas de la memoria histórica. Editorial Debate, Barcelona, 2017. , tanto la glorificación del pasado como la rememoración continua de las heridas no son imperativos morales y pueden ser realmente tóxicos para la convivencia y el futuro de una comunidad. Por tanto, no hay que buscar la raíz del problema para encontrar soluciones; no hay que buscar la causa primera, sino hacer un buen diagnóstico sobre la situación presente, que no se confundan causas con síntomas, ser conscientes de los fenómenos que he mencionado anteriormente y que sobrepasan la realidad catalana, y empezar con los pequeños remedios que, si bien no solucionarán inmediatamente el conflicto, sí servirán para no enrarecer el ambiente, para construir la confianza y para facilitar el reencuentro. No se trata de que nadie renuncie a sus sentimientos, pero sí de hacernos todos juntos responsables de nuestras acciones individuales, ya que no estamos condenados a amargarnos la existencia unos a otros. Lo más realista es pensar que este reencuentro al que hago alusión –por no utilizar el concepto reconciliación, demasiado controvertido para los que niegan la fractura– se iniciará en la sociedad antes que en la política y será fruto de experiencias compartidas en la persecución de objetivos ajenos al proceso. Progresivamente, los cambios en la actitud de una sociedad, que conformara una voluntad mayoritaria de reencontrarse con sus conciudadanos, conllevaría la creación de nuevos incentivos políticos y, finalmente, de un cambio de estrategias de los partidos.

El factor pandemia

De hecho, la tragedia que está suponiendo la pandemia de la COVID-19 nos obliga a seguir este camino. Sería iluso deducir que de esta tragedia vamos a salir mejores personas o que supondrá el fin de los diferentes populismos, pero sí que nos pone ante una realidad brutal en que las soluciones mágicas no tienen cabida y la irresponsabilidad política será menos tolerada. Se hace obvio que hay una demanda de un mejor liderazgo político, y no sólo político. También en otros estratos sociales se necesita una mejor selección de élites, más meritocrática, más integradora y más innovadora.

La eterna dicotomía centralización-descentralización entre Generalitat y Estado central no sirve cuando lo que hay que potenciar es el principio de subsidiariedad; en algunos casos, la mejor institución para afrontar los grandes retos será la Unión Europea; en otras materias, se deberá potenciar el mundo local, el tercer sector, las empresas o las familias

Así, ante la pérdida repentina de un mundo de ayer que nunca volverá, son necesarias nuevas visiones políticas. La eterna dicotomía centralización-descentralización, entre Generalitat y Estado central, no sirve cuando lo que hay que potenciar es el principio de subsidiariedad en todos los sentidos. En algunos casos la mejor institución para afrontar los grandes retos será la Unión Europea; en otras materias, en cambio, se deberá potenciar el mundo local, el tercer sector, las empresas o las familias.

La nueva realidad pandémica, pero también tecnológica o demográfica, nos exige, además, un reformismo ambicioso. El diálogo y el pacto que lo hagan posible en áreas como la enseñanza, la sanidad o la fiscalidad podrían ayudar a recuperar la confianza perdida entre los actores políticos, pero también entre la ciudadanía y las instituciones. De este modo, a pesar de parecer una paradoja, será necesaria una política más humilde y más ambiciosa a la vez. Por un lado, hay que recuperar una política menos épica y más realista, es decir, más cercana a la realidad micro de las familias, los trabajadores y las empresas. Pero, por otra parte, con el fin de acabar con el bloqueo que supone la lógica conflictual del procés y recuperar consensos en la sociedad catalana, también será necesario un proyecto español que afronte la cuestión por elevación, que no intente el tradicional pacto político entre las élites madrileñas y barcelonesas obviando las necesidades económicas y sociales, sino que consolide un proyecto atractivo para todos, para los catalanes y para el resto de españoles, de auténtica regeneración democrática de todas las instituciones –también de la Generalitat– y que libere las fuerzas sociales promoviendo una economía de oportunidades.

A la larga, la reconstrucción de los puentes nos llevará a una reforma institucional –no a una ruptura que dañe el mejor legado de nuestros antepasados– que nos conduzca hacia una doble reconciliación, entre catalanes y catalanes y con el resto de españoles. Y, en este sentido, habrá que fortalecer un doble pluralismo, entendiendo España no como un mosaico donde cada región o nacionalidad es una tesela monocolor, sino como un cuadro impresionista en el que tanto los colores como los rastros culturales, sociales y económicas se entremezclan; donde los matices y las diferencias son importantes, pero que nunca se olvida de lo que nos es común.

Así pues, vale la pena explorar propuestas que garanticen el pluralismo lingüístico tanto en el Estado como en la administración catalana y también una mayor presencia del Estado en Catalunya en base a una desconcentración del poder, desde la sede de instituciones –se habla del Senado, pero podrían ser otras, tanto políticas como económicas– hasta el reforzamiento de la capitalidad cultural de Barcelona. No se conseguirá mañana, se necesitará paciencia y voluntad de abandonar los maximalismos. Se deberá fortalecer la corresponsabilidad, sobre todo la fiscal, así como la cooperación entre administraciones. Estos cambios supondrán reformas institucionales importantes, pero éstas sólo serán posibles si dejamos atrás la actitud de confrontación procesista y abrazamos una cultura política más pluralista e integradora.

  • REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

    1 —

    Mark Lilla. El regreso liberal. Más allá de la política de identidad. Editorial Debate, Barcelona, 2018.

    2 —

    Lluís Bassets, Albert Branchadell, Josep Maria Fradera, Enric Juliana, Antoni Puigverd y Ferran Sáez Mateu. La rectificació. Cabòries, exhortacions i premonicions sobre Catalunya. Editorial Destino, Barcelona, 2006.

    3 —

    David Rieff. Elogio del olvido. Las paradojas de la memoria histórica. Editorial Debate, Barcelona, 2017.

Juan Milián Querol

Juan Milián Querol

Juan Milián Querol es politólogo, especialista en consultoría en comunicación y estrategia política. Es Coordinador General de Estrategia Política del Partido Popular de Catalunya y asesor de comunicación y estrategias políticas en campañas municipales, autonómicas, generales y europeas. Ha escrito libros como El acuerdo del seny. Superar el nacionalismo desde la libertad (Unión Editorial, 2014). Colabora con varios medios de comunicación como El debate de Hoy, ABC, Nueva Revista o The Objective. Fue diputado del Parlament de Catalunya por el Partido Popular durante tres legislaturas, entre 2011 y 2017. También ha sido miembro del Consejo Rector del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) y es integrante de la junta de la Associació Catalana de Comunicació i Estratègia Política (ACCIEP).