Como politóloga feminista, comparto la idea de que siempre es un acto de honestidad explicitar desde qué posicionamiento se habla. Es como feminista, de izquierdas e independentista –encausada por haber formado parte de la Sindicatura Electoral del 1 de octubre– que respondo a las preguntas planteadas. A estas alturas del conflicto, toda neutralidad partirá indefectiblemente de una posición situada.

¿Cuál es el punto de partida del conflicto? ¿Qué deberían haber hecho las partes para evitar la situación actual?

A pesar de que se haya establecido la sentencia del Tribunal Constitucional como punto de partida del conflicto, su origen va mucho más allá del 2010. Se trata de una doble dinámica estructural inherente en España: incapacidad de reconocer y respetar las minorías nacionales, por un lado, y la sistemática vulneración de la autonomía de los territorios que componen el Estado, por el otro. La confusión banal –es decir, naturalizada o inconsciente– o deliberada del estado con la nación por parte de la mayoría de la clase política, del sistema mediático, del sistema judicial y de la academia española distorsiona cualquier debate y es la verdadera semilla del conflicto. Entendiendo que la Constitución prefigura la nación española y su supremacía sobre el resto de pueblos del Estado, han vaciado de contenido la idea de la España plurinacional y todas aquellas expresiones que vayan más allá del folclore son percibidas como una amenaza. Sosteniendo que el derecho al autogobierno proviene de la Constitución, como expresión de la soberanía de la nación española, España se concibe como un estado unitario que se descentraliza y donde los derechos de las otras naciones emanan de esta decisión soberana. Por lo tanto, todas aquellas reivindicaciones de mayor autogobierno son percibidas como un chantaje o como un reclamo de privilegios. Que para justificar estas premisas se ponga la Constitución como elemento superior al principio democrático, cuando se debería poder dialogar y plantear alternativas, es simplemente una aberración democrática.

La verdadera semilla del conflicto, que distorsiona cualquier debate, es la confusión banal o deliberada del estado con la nación por parte de la mayoría de la clase política, del sistema mediático, del sistema judicial y de la academia española

Como afirmaba Caminal en su Trilogía federal: tres cartas de un federalista catalán (2013), la cultura política e intelectual española ha interiorizado la ecuación entre modernidad e igualdad como unidad, como indivisibilidad de la nación española. Decía, «la unión voluntaria sólo es posible si se produce un igual reconocimiento para todos con su identidad de origen. El sentimiento de pertenencia compartido surge cuando existe esta igualdad «. Así, pues, la manera en que un estado reconozca y acomode las minorías nacionales determinará la autodeterminación que estas persiguen: una descentralización más o menos profunda, un pacto federal, una libre asociación o la independencia. Por eso, el tipo de configuración de la comunidad nacional (el reconocimiento) y el de la comunidad política (el acomodo territorial) están íntimamente relacionados. Es, pues, la quiebra de España como comunidad nacional y como comunidad política que niega y vulnera el derecho a la autodeterminación la que ha supuesto el punto de partida del conflicto.

¿Qué han hecho mal las partes? ¿Qué han hecho bien?

La carga principal de la prueba –del conflicto, en este caso– y de la responsabilidad de evitarlo, o al menos de gestionarlo democráticamente, en mi opinión, recae en la mayoría nacional y en el Estado sobre la que se apoya. Cuando una minoría nacional no puede ejercer el veto sobre decisiones que violan su autogobierno, cuando se impone por vía judicial un Estatuto contra la voluntad del Parlamento y de la ciudadanía, cuando se invita a defender en el Congreso una propuesta de referéndum que, previo al debate, ya tiene determinado el resultado –y recordemos que dos de las tres personas que en 2014 pidieron a la Cámara Baja española que se transfiera a la Generalitat la capacidad de convocar un referéndum están encarceladas (Jordi Turull) o exiliadas (Marta Rovira)– la retirada del consenso al poder establecido resulta inevitable. De hecho, este derecho de la ciudadanía es la base de todos los demás derechos, como establece el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso resulta tan gratuito e intelectualmente perezoso hablar de referéndum ilegal o de golpe de estado. Nada ha sido más unilateral que la ruptura del pacto territorial y la negativa al diálogo por parte del Estado.

La respuesta del Estado a la convocatoria del referéndum de autodeterminación de Catalunya no ha sido digno de una «democracia ejemplar». Podría haber permitido su celebración, pero ignorar los resultados, así como podría haber escuchado los resultados sin aceptar su carácter vinculante, estableciendo algún tipo de negociación para dar salida al clamor de tres cuartas partes de la población catalana que quiere decidir libremente su futuro. En cambio, la respuesta ha sido basada en la dominación, combinando represión política (disolución «temporal» del autogobierno), represión policial (incluyendo palizas a los votantes, el cierre de webs, la suspensión de actos políticos, e identificaciones, registros y detenciones arbitrarias) y represión judicial (persecución penal del debate parlamentario, prohibición de la investidura de candidatos que no tenían sus derechos políticos restringidos, despliegue de una causa general con más de 1000 personas imputadas, encarcelamiento de cargos políticos y de líderes de organizaciones sociales por delitos inventados, y exilios forzados).

Resulta gratuito e intelectualmente perezoso hablar de referéndum ilegal o de golpe de estado. Nada ha sido más unilateral que la ruptura del pacto territorial y la negativa al diálogo por parte del Estado

Toda una vulneración de derechos humanos bendecida por toda la derecha y también por buena parte de la izquierda política y cultural y de la academia española. Se hace muy difícil entender el aval y la justificación a una respuesta autoritaria en nombre de la unidad nacional, partiendo de una interpretación sui generis de una supuesta «legítima defensa del Estado de derecho», que niega la existencia de presos y presas políticos –porque la justicia ya «corregiría» cualquier potencial abuso en las detenciones– y contribuye a criminalizar la protesta y la desobediencia civil ejercida por más de dos millones de personas. Esto sin entrar a valorar la lamentable acusación que el independentismo ha despertado la extrema derecha. Imagino que los hechos más recientes, donde la coordinación de la extrema derecha política y judicial ha afectado a fuerzas no independentistas, demuestra la debilidad de un argumento en el segundo país donde más cuerpos de disidentes permanecen enterrados en las cunetas y donde la sacralizada transición no rindió cuentas con el pasado fascista del Estado.

La ingenuidad del independentismo en 2017, no sólo de los partidos políticos y de las grandes entidades soberanistas sino de una mayoría de la población que defiende esta opción, basada en la infravaloración de hasta donde podría llegar la represión y la sobrevaloración del apoyo que podría llegar del exterior, especialmente en el caso de que esta deriva autoritaria se produjera, no puede tener el mismo peso en la lista de errores que los cometidos por el Estado. Las rivalidades entre las principales formaciones políticas soberanistas y la represión del Estado –que no esconde que uno de los resultados buscados es la división interna del soberanismo– dificultan sin lugar a dudas rendir cuentas de las decisiones adoptadas, incluyendo la definición de unos plazos para alcanzar la independencia de factibilidad dudosa. Después del 1 de octubre deberían haber sabido encontrar el espacio para identificar un diagnóstico común entre todos los partidos soberanistas y las principales entidades sobre las expectativas generadas por el referéndum, las cuales no se podrían cumplir sin la aceptación de la votación por parte del Estado español, entre las que se encontraba la creación de estructuras de estado. También deberían haber consensuado qué consecuencias políticas se derivaban del referéndum, especialmente a partir del nivel de participación obtenido, muy elevado ateniendo a las circunstancias adversas bajo las que se celebró, pero insuficiente para implementar los resultados. El legitimismo que ha adoptado una parte del independentismo sólo ha contribuido a avivar la rivalidad partidista. Más complicada de valorar es la declaración unilateral de independencia, porque hay que tener en cuenta las emociones y el contexto del momento. Una primera cuestión tiene que ver con si valía la pena hacer una DUI que no sería defendida desde las instituciones, especialmente una vez descartada la movilización y resistencia permanente, con el potencial coste de reputación que esta decisión podría tener a nivel interno y externo. También hay que tener en cuenta, sin embargo, que el Estado avisó por activa y por pasiva que no detendría la ejecución del artículo 155, ni las causas judiciales o la prisión preventiva que ya se había impuesto a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Es igualmente discutible la tesis de que la simpatía de los sectores contrarios a la independencia con la causa de la autodeterminación sería hoy más elevada de no haberse producido la DUI. Creo que la simpatía tendría más que ver con poderse haber sentido partícipe de un proceso deliberativo o pre-constituyente, al margen de cuál fuera el resultado del referéndum, sobre el futuro del país que se pretendía construir. No hablo de los partidos mal llamados «constitucionalistas», es decir, los partidos unionistas o nacionalistas españoles, sino de la ciudadanía que no era favorable a la independencia o que no tenía un posicionamiento claramente definido. Evidentemente, la negativa de España a aceptar el derecho a decidir impidió poder celebrar en Catalunya un debate sereno, sectorializado, territorializado y ampliamente participativo, pero las desavenencias entre los partidos soberanistas y la propia falta de definición programática de algunos partidos también hicieron fracasar los intentos de proceso participativo organizados desde la sociedad civil.

¿Cómo conseguir que las fuerzas independentistas, catalanistas y constitucionalistas de todas las tendencias alcancen un acuerdo para proponer una oferta unitaria a la salida del conflicto?

Sin reconocimiento del derecho a la autodeterminación no habrá salida al conflicto, porque la falta de reconocimiento de la soberanía y la identidad de Catalunya es precisamente el punto de partida del conflicto. Teniendo en cuenta que la preferencia por la opción federal es minoritaria en el resto del Estado y que, en todo caso, rechaza la posibilidad de revisar la indivisibilidad de la soberanía, un pacto federal no es posible bajo esta premisa. Tampoco es viable la que fue la última propuesta federal del catalanismo (el Estatuto de autonomía de 2006) ya que se vivió como una distopia tanto por la derecha como por una parte muy significativa de la izquierda española. Por lo tanto, es iluso pensar que una reforma «en sentido federal» de la Constitución sea posible. Además, España tiene un problema de credibilidad muy grave. No sólo ha demostrado que era falsa la afirmación de que sin violencia se podría hablar de todo, sino que incumple sistemáticamente sus acuerdos en materia de política territorial, gobierne quien gobierne en el centro.

España tiene un problema de credibilidad muy grave: no sólo ha demostrado que era falsa la afirmación de que sin violencia se podría hablar de todo, sino que incumple sistemáticamente sus acuerdos en materia de política territorial, gobierne quien gobierne

Cuando se controla todo el aparato represivo, y en ausencia de instancias de co-gobierno efectivas (en inglés, shared-rule), quien defiende el statu quo no tiene ningún incentivo para reconocer el derecho a la autodeterminación, y menos aun cuando se ha constatado que el Estado está dispuesto a asumir cualquier costo en términos de calidad democrática y respeto a los derechos humanos. El no reconocimiento sólo puede conducir a prolongar el conflicto. En ningún lugar del mundo los derechos se han alcanzado sin conflicto con el estado que les negaba, es decir, sin movilización, protesta y desobediencia. Visto que el ‘procés’ no ha sido ningún soufflé, el unionismo debe decidir cuánta inestabilidad política está dispuesto a asumir a corto, medio y largo plazo. Por su parte, el soberanismo ha de valorar el grado de coordinación necesario entre actores políticos y sociales para sostener el conflicto en el tiempo manteniendo el amplio apoyo social a la realización de un referéndum y siendo consciente de los límites de la desobediencia institucional.

Ningún acuerdo podrá ser viable para dar salida al conflicto, pues, si no hay un reconocimiento explícito del derecho a la autodeterminación que conduzca a una pregunta clara y vinculante al pueblo de Catalunya sobre la independencia. Es evidente que este sólo es el final del camino. Antes hay voluntad de diálogo por parte de quien controla el aparato represivo y judicial, siendo difícil que este diálogo pueda ser percibido como sincero cuando se mantiene la represión a través de la prisión, el exilio y los múltiples casos pendientes de juicio como resultado de haber aplicado –y de seguir aplicando– el derecho penal del enemigo. Ningún diálogo podrá ser sincero ni viable si una de las partes desprecia la capacidad intelectual de la otra. Así como no se puede sostener a nivel comparado que España sea un estado autoritario, a pesar de los graves déficits democráticos derivados de una transición pactada con el régimen franquista que ha tenido un impacto profundo en la cultura política del país y en el funcionamiento de sus instituciones, tampoco tiene sentido sostener que el apoyo a la independencia sea fruto de la existencia de masas nazis y totalitarias que han sido adoctrinadas por la burguesía o, simplemente, que un sector de la población catalana se haya vuelto loca -por ejemplo, a los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O se nos definió como «politólogos borrachos» [1]1 — José Ignacio Torreblanca, «Politólogos borrachos». Artículo de opinión publicado en el diario El Mundo el 15 de diciembre de 2018. Disponible en línea. . Negar la capacidad de las personas y de los colectivos de ser, de razonar y de disponer de libre albedrío es una estrategia deshumanizadora que ha facilitado el silencio de muchos ante la represión o incluso su aval activo. No es posible el diálogo con quien no reconoce la posibilidad de ser ni la capacidad de agencia del otro. Se trata de una actitud antidemocrática.

¿Cuáles son los grandes retos sociales, políticos y económicos que debe encarar Catalunya en los próximos años?

Más allá de cuáles puedan ser los grandes retos que debe encarar Catalunya en los próximos años, la cuestión de con qué herramientas puede encarar estos retos es muy relevante. La crisis económica y financiera de la última década y la emergencia sanitaria de la COVID19 son dos ejemplos claros. Por un lado, las políticas de austeridad aplicadas por la UE y por el gobierno español afectaron profundamente las Comunidades Autónomas, porque la centralización fiscal vigente limita sus facultades de recaudación de impuestos y su capacidad de gasto, a excepción del País Vasco y de Navarra. El gobierno central también limitó sustancialmente la implementación de políticas sociales y políticas de igualdad de género a nivel autonómico, incluso haciendo un uso político del Tribunal Constitucional –ya de por sí altamente politizado y que siempre resuelve a favor de más recentralización– para detener las políticas de rescate social impulsadas por algunas CCAA. En el caso catalán quedaron suspendidas, entre otras, las medidas para evitar desahucios y para mitigar la pobreza energética, la revocación de la exclusión de las personas migradas en situación irregular de los servicios de salud, y otras medidas de protección social. Por otra parte, en el caso de la COVID19 la distribución de las competencias entre niveles territoriales ha vuelto a quedar en papel mojado con la imposición de una gestión centralizada, a pesar de que hace décadas que la competencia en salud está en manos de las CCAA. Ha quedado patente una vez más la debilidad y la falta de voluntad política para articular una gobernanza compartida, con unas reglas de toma de decisiones intergubernamentales de naturaleza jerárquica.

Negar la capacidad de las personas y de los colectivos de ser, de razonar y de disponer de libre albedrío es una estrategia deshumanizadora que ha facilitado el silencio de muchos ante la represión o incluso su aval activo. No es posible el diálogo con quien no reconoce la posibilidad de ser ni la capacidad de agencia del otro

No se puede afirmar que con un estado independiente Catalunya lo hubiera hecho mejor en todos estos ámbitos, pero es precisamente en circunstancias excepcionales cuando resulta más evidente que los derechos se garantizan en un territorio determinado con unas herramientas concretas. Los estados pueden asumir la responsabilidad exclusiva; los territorios de un estado obsesionado con la recentralización, en cambio, están sometidos a la arbitrariedad del centro. Por eso quiero retomar aquí uno de los puntos discutidos más arriba. Aquellas personas que están tan convencidas de que la unidad de España es un bien superior, ¿por qué son tan reacios a participar de un debate de fondo sobre la independencia? El feminismo de izquierdas independentista es quizás de los pocos colectivos que ha realizado una reflexión de esta cuestión. Es difícil resumir en unos pocos ejes cuando lo que se plantea es un cambio de paradigma que afectaría de manera inseparable los ámbitos social, político y económico. Sin destituir al capitalismo patriarcal y racista, no se puede instituir ningún nuevo proyecto que sea verdaderamente liberador. En tanto que se estarían construyendo nuevas soberanías, se ha trabajado como asegurar que todas las herramientas y estructuras estatales se conciban desde la máxima de que «lo personal es político» y que tengan como objetivo último garantizar la sostenibilidad de la vida sin subordinarse a los intereses del mercado ni delegando la reproducción social en las mujeres [2]2 — Ver Gatamaula (eds.). (2017). Terra de ningú. Perspectives feministes sobre la independència. Barcelona: Pol·len Ediciones. Ver también el segundo volumen: Gatamaula (eds.). (2019). Terra de ningú. Perspectives feministes sobre la repressió. Barcelona: Pol·len Ediciones. . También se han planteado propuestas para despatriarcalitzar la ‘Política’ con mayúsculas y para velar para que el formato y los mecanismos de participación sean equitativos y garanticen el reconocimiento de la voz de las mujeres en toda su diversidad [3]3 — Ver Tània Verge Mestre (coord.), Rosa M. Ortiz Monera, Montse Pineda Lorenzo, Carme Riu Pascual y Montse Romaní Draper (2019). “Imaginant una República Feminista”. Monográfico Revista IDEES, Núm. 47, Feminismo(s). Disponible en línea. .

Durante los últimos años ha sido, de hecho, muy frustrante ver cómo han sido pocos los espacios de debate del mundo soberanista que han contado con contribuciones feministas, no sólo con una ponencia específica sobre la igualdad de género sino de manera transversal en los diferentes temas. El unionismo, por su parte, ni siquiera se ha esforzado en explicar el valor instrumental que atribuyen a la unidad de España.

La dirección de mi pregunta es, pues, doble. Para los no independentistas, ¿cuándo se podrá hacer un debate donde los argumentos no sean del tipo “una Catalunya independiente vagaría eternamente por el espacio sideral” o “no sería viable económicamente”? Si tan sólido es su proyecto, ¿por qué no explican razonadamente cuáles son los beneficios de la unión frente a la independencia para la vida de la gente? ¿Cuáles serían las ventajas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o para a la garantía de los derechos de las personas migrantes, por ejemplo? Y dentro del independentismo, ¿cuándo se organizará por fin un debate territorializado y participado, sobre el modelo de país con el conjunto de la población, al margen del lugar de nacimiento y de la situación administrativa que reconozca el Estado? ¿Con qué legitimidad se puede pedir aparcar las diferencias ideológicas hasta que se haya alcanzado la independencia cuando para muchas personas la liberación nacional, social o de género son inseparables?

  • NOTAS

    1 —

    José Ignacio Torreblanca, «Politólogos borrachos». Artículo de opinión publicado en el diario El Mundo el 15 de diciembre de 2018. Disponible en línea.

  • REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

    2 —

    Ver Gatamaula (eds.). (2017). Terra de ningú. Perspectives feministes sobre la independència. Barcelona: Pol·len Ediciones. Ver también el segundo volumen: Gatamaula (eds.). (2019). Terra de ningú. Perspectives feministes sobre la repressió. Barcelona: Pol·len Ediciones.

    3 —

    Ver Tània Verge Mestre (coord.), Rosa M. Ortiz Monera, Montse Pineda Lorenzo, Carme Riu Pascual y Montse Romaní Draper (2019). “Imaginant una República Feminista”. Monográfico Revista IDEES, Núm. 47, Feminismo(s). Disponible en línea.

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Tània Verge Mestre

Tània Verge Mestre es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde también dirige la Unidad de Igualdad. Su investigación se centra en las relaciones de poder basadas en el género en el marco de la participación y la representación política, así como en las resistencias a la implementación de las políticas de igualdad. Es autora de numerosos artículos. También es activista en diferentes espacios feministas, entre los cuales Dones per la República y la iniciativa #OnSónLesDones.