El siglo veintiuno es definitivamente un siglo multipolar. Estos últimos años se han caracterizado por un retorno de las tensiones entre las diferentes potencias regionales, especialmente entre los Estados Unidos y China, mientras Rusia también reivindica ser reconocida como superpotencia. China está intentando claramente promover su modelo político y convertirse en el principal poder económico mundial, en tanto que Rusia parece estar muy interesada en desacreditar a las democracias y aumentar su esfera de influencia, a la vez que los Estados Unidos tratan de mantener su estatus de líder hegemónico y económico mundial. Podríamos describir estos países según una gradación, en la que China sería una dictadura asumida y Rusia mantendría la apariencia de una democracia, aún solo formal, gestionada por un partido leal que domina la escena política, con elecciones fraudulentas y donde se vulnera la mayoría de las libertades fundamentales. Por su parte, los Estados Unidos han demostrado durante las últimas elecciones presidenciales que las garantías democráticas siguen funcionando y que la alternancia en el poder de demócratas y republicanos aún es posible a pesar del populismo de Trump. Es en este contexto que este articulo compara la represión política en estos tres países y el impacto de la COVID-19.

1. Represión política en China, Rusia y Estados Unidos

La represión política presenta muchas similitudes entre China y Rusia: si por una parte el Partido Comunista Chino se ha mantenido aferrado al poder des de la creación de la República Popular de China en 1949, convirtiendo de facto el país en un estado de partido único, el partido Rusia Unida de Putin ocupa el poder desde hace prácticamente dos décadas. En estos dos países no se tolera la disidencia y se la reprime sistemáticamente. Ambos sistemas políticos se basan en una legislación muy represiva, poderosas estructuras de seguridad y un poder judicial encargado de controlar, asustar, acosar, criminalizar y detener arbitrariamente a los disidentes. Aunque el espacio civil norteamericano no se ve afectado por tantas restricciones, las motivaciones políticas fundamentan ciertos procesos, y persisten la discriminación estructural y la violencia policial contra la población afroamericana. Así, a veces se han instrumentalizado el poder judicial y las fuerzas del orden de los EUA para perseguir lanzadores de alerta y defensores de los derechos de los migrantes. Bajo la administración Trump, se ha socavado sistemáticamente el espacio democrático mediante órdenes ejecutivas, noticias falsas e incitaciones a la violencia, lo que ha conllevado un incremento de la violencia política en el país y ha dividido peligrosamente la sociedad estadounidense.

1.1. Represión política del Partido Comunista en la China continental y más allá

La vida política en China está dominada por el Partido Comunista Chino (PCCh), que controla los órganos de gobierno centrales, provinciales y locales. En 2018, el Presidente Xi Jinping manifestó su intención de gobernar indefinidamente después de que la Asamblea Popular Nacional modificara la Constitución para suprimir la limitación del mandato presidencial. Esta decisión también es emblemática del incremento de la represión creciente bajo el mando de Xi Jinping.

En este espacio dominado por el PCCh, se reprime duramente cualquier oposición política o expresión de disidencia. Las ONG locales están sujetas a un sistema de registro muy estricto que permite a las autoridades controlarlas férreamente y aplicarles medidas arbitrarias. Además, desde 2017 una ley prohíbe que las ONG extranjeras puedan financiar las ONG locales. Por consiguiente, algunos grupos han decidido funcionar sin ningún estatus oficial o han optado por forma jurídicas diferentes, con todos los problemas que ello conlleva. En este entorno altamente represivo, las pocas ONG y los escasos activistas independientes que defienden los derechos humanos se enfrentan a una criminalización constante.

En julio de 2020, Chen Yuang, Liu Dazhi y Wu Gejianxiong, miembros de la ONG Changsha Funeng, fueron acusados de un delito de «incitación a la subversión del poder del Estado», de acuerdo con el artículo 105(2) del Código Penal. Se enfrentan a una pena de cadena perpetua por haber presentado una demanda defiendo el derecho a la salud de grupos marginalizados y discriminados. El artículo 105(2) se utiliza habitualmente para perseguir personas como defensores de los derechos humanos y abogados que intentan ejercer y defender derechos humanos básicos. Por medio de este artículo, numerosos disidentes han sido detenidos, encarcelados o enviados en campos de “reeducación por el trabajo”. Los disidentes son privados de libertad en condiciones muy duras, como es el caso del premio Nobel de la Paz de 2010 Liu Xiaobo, que falleció en 2017 durante su detención de un cáncer diagnosticado que no fue tratado. Li Ming-Che, un activista taiwanés que milita en la promoción de los derechos civiles y políticos en Taiwán y en China, fue detenido en China en abril de 2017 y sometido a maltratos sistemáticos desde el inicio de du detención. Más recientemente, el 22 de octubre de 2020, el abogado de derechos humanos Chang Weiping fue condenado a “vigilancia domiciliaria en una localización designada”, una forma de desaparición forzada. Seis días antes de su detención, había publicado un vídeo en YouTube donde denunciaba las torturas físicas y psicológicas a las que había sido sometido en el transcurso de una detención anterior en enero de 2020 por supuestos delitos relacionados con el artículo 105(2), incluyendo la tortura de la “silla tigre”.

El derecho a la información en el país también está muy restringido. Los medios de comunicación públicos y privados están sometidos a un control estrecho por parte del PCCh, mientras que los periodistas extranjeros que intentan trabajar en China se topan cada vez con más obstáculos para realizar su tarea sobre el terreno. Según Reporteros Sin Fronteras, más de 100 periodistas y blogueros han sido detenidos en condiciones que ponen en peligro sus vidas. No solo los defensores de los derechos humanos y los periodistas están amenazados, cualquier ciudadano puede ser detenido por comentar artículos publicados en las redes sociales o en aplicaciones de mensajería, o simplemente por compartir en línea determinados contenidos.

Asimismo, la represión política llevada a cabo con la excusa del «antiseparatismo» o la lucha contra el «terrorismo» sigue siendo particularmente dura en el Tíbet, Xinjiang y ahora en Hong Kong. En Xinjiang, los uigures son sometidos a vigilancia intrusiva, detenciones arbitrarias y adoctrinamiento forzado. A lo largo de estos últimos años, las autoridades han llevado a cabo una intensa campaña de represión en la región, que ha supuesto la detención de más de un millón de personas en más de 380 centros de detención. El largo período de detención arbitraria de Ilham Tohti, defensor de los derechos de los uigures y ganador del Premio Sájarov 2019, es uno de los símbolos más emblemáticos de esta represión sistemática. En 2006, Ilham Tohti creó una web uigur moderada para debatir cuestiones sociales sobre las relaciones entre uigures y Han, con artículos publicados tanto en chino como en uigur. Las autoridades chinas afirman que la web tuvo un papel importante en los violentos disturbios que se produjeron en la provincia de Xinjiang en 2009 y que se saldaron con más de 200 muertos. A raíz de eso se clausuró la web e Ilham Tohti fue detenido en enero de 2014, supuestamente por «incitar al separatismo», y posteriormente fue condenado a cadena perpetua.

Más recientemente, China también ha incrementado la represión política en Hong Kong, en un intento de teledirigir un gobierno autoritario de Pequín en la Región Autónoma Especial (RAE) poniendo así en peligro las libertades de las que disfrutan los ciudadanos de Hong Kong desde que el Reino Unido cedió a China la soberanía sobre el territorio en 1997. En 2014, ya se habían producido grandes protestas a favor de elecciones libres que posteriormente se convirtieron en la “Revolución de los paraguas», después de que China anunciara que Pequín vetaría a los candidatos a las elecciones de 2017. En 2019, se desencadenó otro pulso entre los manifestantes pro-democracia y Pequín a raíz de la introducción por parte del gobierno local de Hong Kong del «proyecto de ley de extradición de delincuentes fugados», un proyecto de ley que pretendía permitir la extradición hacia la China continental. El movimiento provocó una cadena de protestas multitudinarias que fueron reprimidas con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua, y que se saldaron con numerosas detenciones. Después de fracasar el intento de aumentar su control sobre Hong Kong por medio de un gobierno local dirigido desde Pequín, el gobierno chino decidió exportar abiertamente su arsenal legal represivo, en detrimento de la ley fundamental progresista de Hong Kong.

China ha incrementado la represión política en Hong Kong. La reciente Ley de seguridad nacional del 30 de junio de 2020 criminaliza una amplia variedad de conductas definidas de manera imprecisa y vaga, como la subversión o la connivencia con un país extranjero. La pena máxima es la cadena perpetua

Así, el 30 de junio de 2020, el propio presidente chino Xi Jinping firmó la «Ley de la República Popular de la China para la protección de la seguridad nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong» (también conocida como «Ley de seguridad nacional» – LSN), que suspende las leyes locales si son «incompatibles» con la nueva normativa. La LSN refleja una legislación draconiana similar a la que está en vigor en China continental y que criminaliza una amplia variedad de conductas definidas de manera imprecisa y vaga. La ley establece cuatro categorías de delitos contra la seguridad nacional: 1) secesión; 2) subversión; 3) actividades terroristas; y 4) connivencia con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. La pena máxima para las personas declaradas culpables en estas cuatro categorías es la cadena perpetua. Estas disposiciones incluso se pueden aplicar a residentes no permanentes de Hong Kong por actos cometidos «desde fuera de Hong Kong». La ley creó una «Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional» (OPSN) con sede en Hong Kong bajo el control directo de Pequín, lo que permite investigar y procesar personas según la Ley de procedimiento penal de China y otras leyes chinas similares, así como juicios a puerta cerrada en casos «relacionados con secretos de estado o de orden público». La ley también permite el control directo y la interferencia de Beijing en las actuaciones de ONG y medios extranjeros en Hong Kong, estableciendo así las bases para el control autoritario de China sobre la RAE.

1.2. Las políticas represivas de Rusia bajo la presidencia de Vladímir Putin

Rusia es un estado autoritario que dispone de una legislación superficial y una ausencia casi total del Estado de derecho [1]1 — Freedom House. Disponible en línea. . El poder político se concentra en manos del presidente Vladimir Putin, que se apoya en las vastas estructuras de seguridad y en los tribunales per aplicar leyes diseñadas para reprimir cualquier forma de disidencia política y limitar a la sociedad civil.

Un número creciente de activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados [2]2 — BUSHUEV, Mikhail. Boris Nemtsov: The man who dared to criticize Vladimir Putin. Disponible en línea. , por desafiar políticamente Putin o su partido Rusia Unida, por criticar las políticas del régimen o por cuestionar los valores imperantes o la narrativa histórica [3]3 — HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2019: Russia. Disponible en línea. . Los defensores de las libertades para el colectivo LGBTI son acosados y perseguidos [4]4 — La llamada Ley de propaganda homosexual, adoptada en 2013, que prohíbe la divulgación de información sobre la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales. Ley nº 135-FZ, de 29 de junio del 2013, de modificación del artículo 5 de la Ley federal sobre la protección de los niños ante información perjudicial para su salud y desarrollo y determinados actos legislativos de la Federación Rusa sobre la protección de los niños ante información que promueve el rechazo de los valores de la familia tradicional. ; por ejemplo, como fue el caso de la comunidad LGBTI de Chechenia, que en 2017 fue objeto de una brutal purga [5]5 — «OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on alleged Human Rights Violations and Impunity in the Chechen Republic of the Russian Federation», 20 de diciembre de 2018. Disponible en línea. . Tras la anexión de Crimea de 2014 se amplió la lista de enemigos del Kremlin a patriotas, religiosos y minorías étnicas como los tártaros de Crimea y otros grupos que el gobierno considerada como extremistas. Actualmente, el número de presos políticos en Rusia es de 362, el más alto desde la época de Brézhnev [6]6 — HUMAN RIGHTS CENTER. «Memorial». Disponible en línea. .

La represión ha ido empeorando gradualmente durante la última década, sobretodo tres las protestas de 2011-2012 contra el fraude electoral [7]7 — Véase, por ejemplo, «May 6, 2012 events on Bolotnaya square. Assessment by the International Expert Commission». Disponible en línea. . Las organizaciones de derechos humanos han identificado más de 50 leyes que, desde entonces, han endurecido el control sobre los medios de comunicación, aumentado el castigo por las reuniones pacíficas, limitado la libertad de asociación y creado nuevos delitos de extremismo y terrorismo para anular los discursos político indeseables [8]8 — Federación Internacional para los Derechos Humanos, «Russia 2012-2018: 50 antidemocracy laws entered into force within last presidencial mandate». Disponible en línea. .

La modificación de la Ley de organizaciones no comerciales de 20 de julio de 2012 impuso a las ONG que participan en actividades políticas y que aceptan financiación extranjera el requisito de registrarse como «agentes extranjeros» [9]9 — Ley federal nº 121-FZ, de 20 de julio del 2012, sobre la introducción de modificaciones en los diferentes actos legislativos de la Federación Rusa relativos a la regulación del funcionamiento de las organizaciones no comerciales que ejercen las funciones de un agente extranjero. . La definición vaga del término «actividad política» ‘ha sido interpretado libremente por el Ministerio de Justicia y los tribunales para incluir tanto a las organizaciones que defienden los derechos humanos, como las que fomentan la educación histórica y la memoria de las víctimas de las represiones soviéticas, las que luchan contra el VIH, las que supervisan las elecciones o las que llevan a cabo estudios sociológicos [10]10 — EURASIANET. Россия: иностранных агентов станет больше. Disponible en línea. . Por medio de una modificación de 2019, se amplió el ámbito de aplicación de la Ley de agentes extranjeros para actuar contra blogueros y periodistas freelance. [11]11 — RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Putin Signs Amendments Allowing Large Fines For ‘Foreign Agents’ Law Violations». Disponible en línea. .

Las autoridades han ido endureciendo la represión contra la libertad de expresión y reunión para sofocar cualquier tipo de oposición a políticas internas impopulares y contrarias a su política exterior, especialmente en relación con la anexión de Crimea [12]12 — Resolución nº 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014. . En mayo de 2014, una modificación de la Ley federal sobre información, obligaba a los proveedores de servicios de Internet y a los propietarios de webs a almacenar datos personales, correspondencia y contenido de sus blogs durante seis meses y diesen acceso a los datos al FSB –sucesor del KGB– en caso de que así lo solicitara so pena de bloqueo al acceso y multas [13]13 — Ley federal nº 97-FZ, de 5 de mayo de 2014, sobre las modificaciones de la Ley federal sobre la información, las tecnologías de la información y la protección de la información y determinados actos legislativos de la Federación Rusa sobre la optimización del intercambio de información mediante redes de información y telecomunicaciones. . Otra medida prohibía la «rehabilitación del nazismo» criminalizando la difusión intencionada de información falsa sobre las actividades de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial [14]14 — Artículo 354.1 del Código penal de la Federación Rusa. . Por medio de otra serie de medidas se amplió la lista de delitos contemplados en el marco de la lucha contra el extremismo y el terrorismo, a la vez que se incrementaron las penas de prisión y las multas para los delitos ya existentes [15]15 — ] Véase, por ejemplo, la Ley nº 5-FZ, de 3 de febrero de 2014, sobre las modificaciones del Código penal de la Ley federal y el artículo 31 del Código de procedimiento penal de la Federación Rusa y la Ley nº 130-FZ, de 5 de mayo de 2014, sobre la modificación de determinados actos legislativos de la Federación Rusa. .

En julio de 2014 las autoridades introdujeron el nuevo artículo 212.1 del Código Penal, que imponía una responsabilidad penal para la participación en protestas o concentraciones no autorizadas, después de una tercera sanción administrativa dictada por un tribunal en 180 días. Inesperadamente, el Tribunal Constitucional dictó sentencia a favor del demandante Ildar Dadin, quien fue la primera persona sancionada en virtud de la nueva ley y torturada mientras cumplía su condena de dos años y medio. El TC consideró que el castigo penal para este tipo de infracciones debe ser proporcional al peligro público real causado por el delito. Sin embargo, desde el caso de Dadin, por lo menos dos otras personas han sido condenadas en virtud de esta ley a penas exageradas, simplemente por haber participado en mítines pacíficos sin que se cumpliera el elemento de “peligro público” [16]16 — Véase, por ejemplo, ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. «Russian Federation: Continuing judicial harassment and arbitrary detention of Mr. Konstantin Kotov». Disponible en línea. .

Tal vez la tendencia represiva más alarmante, que se inició poco después de otro ciclo de protestas contra la corrupción y el gobierno que tuvieron lugar en 2017 y 2018, sea invención por parte de las autoridades de grupos extremistas formados por jóvenes con una actividad social y política, que a menudo pertenecen a movimientos fascistas o anarquistas [17]17 — Amnistía Internacional, «Russia: Prosecution for membership of a non-existent “terrorist” organization must stop». Disponible en línea. . Diecinueve hombres y mujeres, los más jóvenes de los cuales tenían 17 años en el momento de su detención, fueron acusados de haber fundado o participado en organizaciones extremistas llamadas «Syet» (la «Red») y «Novoye Velichiye» (la «Nueva Grandeza»), con el objetivo de cometer actos terroristas o derrocar el gobierno [18]18 — KAGANSKIKH, Andrey. “The Network”: how Russian security services are targeting Russian anarchists and anti-fascists. Disponible en línea. . Se les imputaron mediante pruebas falsas algunos de los delitos de extremismo añadidos en 2014 [19]19 — Ley nº 130-FZ, de 5 de mayo del 2014, sobre la modificación de determinados actos legislativos de la Federación Rusa. , lo que les acarreó duras penas de prisión de entre dos años y medio y dieciocho años [20]20 — RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Seven Russian Activists Given ‘Horrific’ Sentences On Terror Charges». Disponible en línea. . Algunos de los jóvenes fueron presuntamente torturados [21]21 — Amnistía Internacional. «Russian Federation: The Network case, shrouded in secrecy and marred by numerous torture allegations». ; y dos se cortaron las venas en el tribunal como protesta por las acusaciones [22]22 — BRITISH BROADCASTING CORPORATION. «Russians accused of extremism cut wrists in court». Disponible en línea. .

En Rusia, no ha habido elecciones libres o competitivas desde la década de 1990. El número de presos políticos ha crecido radicalmente a raíz de las protestas de 2019 en Moscú contra el fraude en las elecciones municipales

En Rusia no ha habido unas elecciones libres, justas o competitivas desde la década de 1990. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), las elecciones presidenciales del 2018 carecieron de una competencia real y se celebraron en un contexto de grandes limitaciones de las libertades fundamentales [23]23 — OSCE, «Russian presidential election well administered, but characterized by restrictions on fundamental freedoms, lack of genuine competition, international observers say». Disponible en línea. . El número de presos políticos ha aumentado bruscamente tres las «protestas de Moscú» de 2019 [24]24 — Informe de la FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos). «Brutal Repression of Protests in Moscow: a complete account of violations». Disponible en línea. contra el fraude en las elecciones municipales, que se caracterizaron por un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y la persecución legal de casi 3.000 manifestantes pacíficos, algunos de los cuales fueron condenados a duras penas de prisión. El activista Konstantin Kotov fue condenado en virtud de la ley inconstitucional «Ildar Dadin» a dos años y medio por haberse manifestado individualmente [25]25 — RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Russian Opposition Activist Kotov’s Prison Term Shortened». Disponible en línea. .

1.3. La represión política en Estados Unidos

Los Estados Unidos son una democracia. Sin embargo, su historia durante el siglo XX ha sido marcada por episodios de represión política, cuyos ejemplos más destacados son el macartismo y la criminalización de los objetores de consciencia y de sus partidarios durante la guerra de Vietnam. Actualmente, en el siglo XXI, las tres tendencias más preocupantes, agudizadas por la presidencia de Trump son la criminalización de los lanzadores de alertas, la criminalización de los defensores de los migrantes y la discriminación y la violencia contra los afroamericanos.

Criminalización injustificada de los lanzadores de alertas y los defensores de los migrantes

De hecho, ya antes de Trump, en los Estados Unidos se criminalizaba indebidamente a los lanzadores de alertas, especialmente en el campo de la seguridad, tal como lo demuestran los casos de Assange (que reveló a través de su plataforma Wikileaks documentos clasificados, en particular sobre los abusos cometidos por los norteamericanos durante las guerras de Irak y Afganistán) y Snowden (que reveló la existencia del programa de vigilancia mundial de la NSA). Este fenómeno se ha intensificado bajo la administración Trump. La administración Obama había renunciado a pedir la extradición a Assange, mientras que durante la administración Trump la justicia formuló esta petición dos veces en 2019. Assange se enfrenta a 175 años de prisión. Obama también conmutó la sentencia de Chelsea Manning, la soldado que fue condenada a 35 años de prisión por haber revelado los mensajes diplomáticos de EEUU en WikiLeaks. Fue detenida y cumplió un año de prisión entre 2019 y 2020 por negarse a declarar contra Assange.

Del mismo modo, los defensores de los derechos de los migrantes, en concreto de los inmigrantes sin papeles, ya eran objeto de procedimientos legales cuando guiaban, alimentaban o daban agua a los migrantes que se hallaban en lugares como el desierto de Arizona, en aplicación del delito federal de acogida de inmigrantes ilegales de 1999 «para ayudar a una persona extranjera de la que se tiene un conocimiento razonable de que se encuentra en situación irregular en los EE.UU. o que no dispone de permiso de trabajo ofreciéndole transporte, alojamiento o ayuda para encontrar trabajo». Desde la llegada de Donald Trump, las ONG han notado un aumento de la criminalización de defensores de los migrantes en aplicación de esta ley, pero también mediante distintas técnicas de acoso dirigidas especialmente a los defensores de los derechos de los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, defensores los sin papeles, mujeres o homosexuales [26]26 — Front Line Defenders, Red TDT, LIS-Justicia en Movimiento, Prami Universidad Iberoamerica. «Defenders beyond borders: migrant rights defenders under attack in Central America, Mexico & the United States». Disponible en línea. . Todo esto en el contexto de las políticas ilegales de Trump de expulsiones masivas de decenas de miles de solicitantes de asilo en la frontera entre EEUU y México y el retorno forzado a México de decenas de miles de solicitantes de asilo de acuerdo con la política «Quédense en México» (Remain in Mexico).

Discriminación estructural y violencia contra los afroamericanos como forma de represión política

El tratamiento aplicado por la policía y el poder judicial en la población afroamericana, incluidas las detenciones preventivas y las ejecuciones extrajudiciales, que son mucho más numerosas para esta población que para la población blanca, constituye una discriminación contra este grupo que, al mismo tiempo, se podría considerar una represión política. De hecho, la magnitud de este fenómeno en el siglo XXI, combinada con la historia de la esclavitud y posteriormente la segregación racial de los ciudadanos norteamericanos afroamericanos en los Estados Unidos y la legitimación de supremacistas blancos por parte de Trump se puede equiparar a un fenómeno de represión política. Analicemos la situación con más detalle.

Tal como señala el profesor Alston, los Estados Unidos siguen siendo una sociedad segregada crónicamente. «Los ciudadanos afroamericanos tienen 2,5 veces más probabilidades que los ciudadanos blancos de ser pobres, su índice de mortalidad infantil es 2,3 veces más elevado que el de la población blanca, su índice de paro es más del doble que el de los ciudadanos blancos, acostumbran a ganar sólo 82,5 centavos por cada dólar que ganan sus homólogos blancos, su renta doméstica se sitúa por debajo de dos tercios de la de los ciudadanos blancos y su índice de encarcelamiento es 6,4 veces más elevado que el de los ciudadanos blancos. Esta estadística vergonzosa sólo se puede explicar por la discriminación estructural permanente basada en la raza que refleja el legado perdurable de la esclavitud. Irónicamente, los políticos y los principales medios de comunicación distorsionan esta situación para sugerir que la pobreza en los Estados Unidos está relacionada mayoritariamente con la población afroamericana, hecho que desencadena una serie de respuestas racistas y anima la población blanca a interpretar la pobreza como una cuestión de raza. Con demasiada frecuencia el mensaje malintencionado y engañoso que quiere transmitir una parte de los medios es que ‘los afroamericanos vagos viven a costa de los esforzados trabajadores blancos”» [27]27 — ALSTON, Philip. «UN Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights on His Mission to the United States of America». Disponible en línea. .

El poder judicial y la policía son los autores activos de esta discriminación: el encarcelamiento masivo, la violencia policial, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, contribuyen a la desautorización política y a la represión. Los afroamericanos representan el 28% de las personas asesinadas por la policía en 2020 a pesar de ser sólo el 13% de la población [28]28 — Mapping Police Violence. Disponible en línea. . Si eres afroamericano y vas desarmado tienes un 30% más de probabilidades de morir a manos de la policía que un ciudadano blanco [29]29 — Mapping Police Violence. Disponible en línea. . El 98,3% de los asesinatos causados por la policía entre 2013 y 2020 no se ha traducido en una condena penal de los agentes. En relación con los encarcelamientos masivos, en los Estados Unidos, se prevé que uno de cada tres niños afroamericanos nacidos hoy será condenado a prisión, en comparación con uno de cada 17 niños blancos [30]30 — National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). «Criminal Justice Fact Sheet». Disponible en línea. . El 66% de los jóvenes condenados a muerte son personas de color [31]31 — National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). «Criminal Justice Fact Sheet». Disponible en línea. .

La policía no puede considerarse un organismo neutral. Durante los últimos 40 años, la expansión de las políticas con objetivos raciales como la de detener y registrar (stop-and-frisk) [32]32 — Véase, por ejemplo, la jurisprudencia del CCR (Center for Constitutional Rights) en NY, «New Stop-and-Frisk Report: NYPD Racial Bias Persists». Disponible en línea. y la «guerra contra las drogas» han ayudado a promover los encarcelamientos masivos de las personas de color. Eso se produce en un contexto de un aumento de la militarización de las fuerzas policiales. Muchos departamentos policiales locales han incrementado significativamente su grado de militarización en las últimas décadas y el uso de equipos de tipo militar utilizados en intervenciones de los SWAT (Special Weapons and Tactics) y operaciones similares se aplica de manera desproporcionada sobre grupos históricamente marginalizados [33]33 — Inter-American Commission on Human Rights and Organization of American States, African Americans, Police Use of Force, and Human Rights in the United States (2018) . Disponible en línea. . Un estudio de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) revela que el 42% de las personas afectadas por una intervención de los SWAT para ejecutar una orden de registro eran afroamericanas [34]34 — AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU). «War Comes Home« (2014). Disponible en línea. .

Los Estados Unidos siguen siendo una sociedad segregada crónicamente. El sistema judicial y la policía son los autores más activos de esta discriminación racial: los encarcelamientos masivos y la violencia policial contribuyen a la desautorización política y a la represión

Esta discriminación llega hasta tal punto que la historia de la postsegregación en los Estados Unidos también está marcada por los asesinatos de ciudadanos afroamericanos por la policía. Incluso los casos que han llegado a los titulares han quedado totalmente impunes. El último asesinato fue el de George Floyd, ahogado durante más de ocho minutos por un agente de policía en plena calle. Como reafirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el asesinato de George Floyd (Minnesota, 2020), y los de Trayvon Martin (Sanford, 2012), Michael Brown (Missouri, 2014), Eric Garner (Nueva York, 2014), Tamir Rice (Ohio, 2014), Alton Sterling (Los Angeles, 2016), Philando Castile (Minnesota, 2016), Terence Crutcher (Oklahoma, 2016), Breonna Taylor (Kentucky, 2020), así como todos los otros asesinatos de afroamericanos debidos a la violencia policial, no son actos de violencia aislados, sino que forman parte de un proceso histórico y estructural de discriminación sistemática basada en el origen étnico-racial en Estados Unidos. La Comisión observa que estos delitos graves se enmarcan en un contexto de impunidad histórica; y de una rendición de cuentas insuficiente o inexistente del sistema judicial y de las instituciones policiales, respectivamente [35]35 — Organización de Estados Americanos (OAS). «The IACHR Expresses Strong Condemnation for George Floyd’s Murder, Repudiates Structural Racism, Systemic Violence against Afro-Americans, Impunity and the Disproportionate Use of Police Force, and Urges Measures to Guarantee Equality and Non-Discrimination in the United States» (8 de junio de 2020). Disponible en línea. .

2. El impacto de la COVID-19 sobre la represión política en China, Rusia y Estados Unidos

2.1. China: una represión agudizada por las circunstancias especiales de la COVID-19

Desde el brote de COVID-19 a principios de 2020 en Wuhan, la vigilancia sobre el conjunto de la población ha aumentado considerablemente mediante el uso de las llamadas «aplicaciones de salud» para smartphones: a finales de febrero de 2020, al menos 15 provincias y ciudades chinas anunciaron que estaban ya utilizando este tipo de aplicaciones, que se añadían al gran número de herramientas de vigilancia que ya estaban en uso, como el reconocimiento facial y el seguimiento de datos telefónicos. Estas aplicaciones sanitarias, diseñadas para hacer un seguimiento del historial de viajes y del estado de salud de cualquier persona mediante un código QR, todavía eran necesarias a finales de 2020 para entrar en muchos restaurantes, estaciones de metro, oficinas, parques, centros comerciales e incluso bloques de apartamentos.

En el ámbito político, las autoridades han aprovechado la situación excepcional desencadenada por la pandemia tanto para intentar minimizar la difusión de noticias negativas sobre el virus y sus consecuencias internas como para tomar medidas más agresivas contra cualquier forma de disidencia u oposición.

A principios de 2020, se suprimieron sin rodeos las noticias sobre el brote inicial. El doctor Li Wenliang, del Hospital Central de Wuhan, uno de los primeros profesionales médicos que intentó compartir información y alertar sobre el nuevo coronavirus –y que finalmente murió a causa de la enfermedad– fue interrogado por las autoridades y se le ordenó que se callara. Otros denunciantes y activistas como el abogado Chen Qiushi y el residente de Wuhan, Fang Bin, también fueron acosados de manera similar y desaparecieron. Poco después, el PCCh intensificó el despliegue del arsenal de seguridad pública del país para rastrear y detener activistas conocidos y ciudadanos comunes que compartieran información sobre el brote de COVID-19. Entre el 1 de enero y el 26 de marzo de 2020, la ONG Defensores Chinos de los Derechos humanos (CHRD) documentó 897 casos de usuarios chinos de Internet detenidos por la policía por sus comentarios en línea o por compartir información sobre la COVID-19. Uno de ellos era el abogado de derechos humanos Xu Zhiyong detenido el 15 de febrero tras publicar una dura carta en la que reprochaba al presidente Xi Jinping la mala gestión de la crisis de la COVID-19. Un mes después, el señor Xu fue acusado como era de esperar de «incitar a la subversión del poder del Estado».

Durante los últimos meses, las cuarentenas abusivas -a menudo impuestas justo después de que los detenidos hayan cumplido las anteriores- han sido otra forma de reprimir la disidencia. Por ejemplo, Le Wenzu, la esposa del abogado de derechos humanos Wang Quanzhang, finalmente liberado en abril de 2020, no pudo llevar a su hijo a visitar a su padre en Shandong bajo el pretexto de que éste estaba en cuarentena y la policía incluso les negó la posibilidad de comunicarse por vídeo. Muchos otros activistas en cuarentena han sido detenidos sin que lo sepan sus familias, se les ha negado el derecho a comunicarse con el mundo exterior, se les ha recluido en localizaciones secretas y no se les ha dado la posibilidad de pasar la cuarentena en casa. Este régimen de cuarentenas ha proporcionado a las autoridades chinas una nueva herramienta poderosa y arbitraria para detener disidentes basándose en supuestas razones sanitarias.

Volviendo a Hong Kong, quizás tampoco sea casualidad que Pekín lograra estrechar el cerco a la RAE por medio de la LSN durante el verano de 2020, aprovechando un momento en que la máxima prioridad y la atención de la mayoría de países del mundo era la lucha contra la COVID-19. En medio de una situación de crisis sanitaria persistente en todo el mundo, Pekín parece haber aprovechado la disminución de la atención internacional para mantener e incluso intensificar su represión política tanto en la China continental como allende sus fronteras, sin miedo a las consecuencias. O casi. La promulgación de la LSN obtuvo una respuesta mitigada por parte de la comunidad internacional: aunque muchas naciones democráticas han condenado rotundamente la intervención de Pekín, otros países que están bajo la influencia de China como Laos, Vietnam, Camboya, Myanmar, Corea del Norte y Sri Lanka, expresaron su apoyo a la promulgación de la ley.

Las autoridades chinas han aprovechado la situación excepcional para tomar medidas más agresivas contra cualquier forma de disidencia

Esta división se puso de manifiesto en el Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas, cuando a finales de junio de 2020, 27 países presentaron una declaración en la que criticaban la LSN, mientras que al mismo tiempo se presentó otra declaración expresando el apoyo de 53 países. Hay que destacar que la práctica totalidad de estos 53 países participan en proyectos vinculados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, otra iniciativa impulsada por Xi Jinping que, con la excusa del desarrollo económico, pretende exportar las políticas autoritarias y la influencia de Pekín mucho más allá de las fronteras de China.

2.2. Rusia

Las tendencias represivas identificadas anteriormente se han agudizado debido a la pandemia de COVID-19. La crisis ha servido para consolidar aún más el presidente, que la ha utilizado para impulsar cambios radicales en la Constitución rusa [36]36 — Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH). «Constitutional Coup in Russia: Putin’s Move to Devalue International Human Rights Treaties Could Set Dangerous Global Precedent». Disponible en línea. . Se trata de cambios que entraron en vigor el 20 de enero de 2020 y que restringen la libertad de expresión y reunión, el derecho a la intimidad y el derecho a un juicio justo.

Las medidas restrictivas contra la pandemia se adoptaron según una ley federal muy general que delegaba la regulación de las medidas de confinamiento y cuarentena a las autoridades regionales y locales [37]37 — International Partnership for Human Rights, Report, «Human Rights Impact Assessment of the COVID-19 Response in Russia», agosto 2020, p. 14. Disponible en línea. . Nunca se introdujo un estado de emergencia en todo el país, presumiblemente para evitar una mayor carga económica para el Gobierno central. En cambio, el 19 de marzo del 2020, todos los sujetos de la Federación Rusa introdujeron un régimen de “alerta máxima” [38]38 — Citizens’ Watch, Report, «The Right to a Competent Legal Defense During the COVID-19 Pandemic», p. 3. Disponible en línea (en ruso). . El 1 de abril de 2020, una ley federal introdujo sanciones más duras para las infracciones cometidas durante un estado de emergencia, una epidemia o un periodo de cuarentena [39]39 — Ley federal núm. 99-FZ, de 1 de abril de 2020. . El 2 de abril de 2020, el Gobierno aprobó las normas de conducta durante el régimen de máxima alerta, que regulaban las condiciones de circulación para particulares y transportes [40]40 — Normas sobre la conducta de los ciudadanos y las organizaciones durante el aumento de la preparación o el régimen de emergencia. Reglamento nº 417 de 2 de abril de 2020. .

Libertad de reunión y detenciones arbitrarias

Aunque al principio el alcance y el calendario de las restricciones relacionadas con acontecimientos públicos y reuniones multitudinarias variaban según las regiones, a finales de marzo de 2020 se prohibieron todos los acontecimientos públicos y reuniones multitudinarias en 45 de las 85 regiones rusas [41]41 — IHPR Report, p. 29. . Estas medidas siguieron las recomendaciones del consejo médico responsable de la Sanidad del Estado, que pidió restricciones a las «reuniones multitudinarias» [42]42 — Decisión del Jefe de medicina estatal de la Federación de Rusia del 13.03.2020, núm. 6, «Sobre las medidas adicionales per reducir los riesgos de propagación de la COVID-19». . En la práctica, estas también se han extendido a las manifestaciones individuales, que no requieren autorización según la legislación rusa. A finales de mayo de 2020, la policía de Moscú detuvo a siete periodistas y a un escritor que se manifestaban de manera individual en solidaridad con otros periodistas detenidoss [43]43 — Human Rights Watch, «Russia: Journalists Held Over Peaceful Pickets», 29 de mayo de 2020. . Fueron acusados de participar en una concentración pública no autorizada y de incumplir una ordenanza municipal que prohibía las «reuniones públicas y topo tipo de reuniones multitudinarias [44]44 — Resolución adoptada el 7 de mayo de 2020 y efectiva a final de mayo (por la cual se prohíben las reuniones multitudinarias hasta el 31 de mayo de 2020). Disponible en línea. .

Las restricciones a las reuniones pacíficas no se han aplicado de manera uniforme en todo el país. Así, se permitió que ciertas protestas se llevaran a cabo sin obstáculos, mientras que, en otros casos, como por ejemplo una manifestación en Moscú contra las reformas constitucionales, prevista para el 22 de marzo de 2020, no fueron autorizadas, sin que se les ofreciera a los organizadores ninguna fecha ni hora alternativa [45]45 — Novaya Gazeta, «The authorities did not authorize yet another meeting against the Constitution» (13 de marzo de 2020). Disponible en línea. .Aunque el desfile anual del Día de la Victoria del 9 de mayo se aplazó en el último minuto, los ensayos en los que participaban 15.000 miembros de las fuerzas armadas tuvieron lugar durante todo el mes de abril, poniendo en peligro la vida de los participantes [46]46 — Véase, por ejemplo, ROTH, Andrew. «Russia defies calls to halt Victory Day parade rehearsals», The Guardian. Disponible en línea. . Las protestas multitudinarias de Jabárovsk, en el extremo oriente ruso, por lo que parece ser una detención arbitraria en julio de 2020 del popular alcalde de la ciudad Sergei Furgal, han podido continuar de manera intermitente [47]47 — RADIO FREE EUROPE/RADIOLIBERTY. «Russian Police Detain Dozens Amid Continuing Protests in Khabarovsk». Disponible en línea. .

En cambio, una protesta pública multitudinaria que tuvo lugar en el mes de junio en Vladikavkaz, la capital de Osetia del Norte, en la región de Cáucaso del Norte, fue violentamente dispersada y decenas de participantes fueron detenidos, más de 60 de los cuales fueron condenados posteriormente por «incumplimiento de requerimientos legales de los agentes de policía» [48]48 — Informe del IPHR, p. 30. . El organizador Vadim Cheldiyev, popular cantante de ópera y v-logger, fue arrestado pocos días antes de la concentración y detenido durante dos meses en San Petersburgo y se enfrenta a cargos penales adicionales, entre los cuales el de «incitación pública del extremismo», que acarrea una pena de hasta cinco años de prisión [49]49 — RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Opera Singer Arrested For Initiating Anti-Government Rallies In Russia’s North Ossetia». Disponible en línea. .

Libertad de expresión

Hay dos aspectos problemáticos en relación con el respeto a la libertad de expresión durante la pandemia de COVID-19: el acceso a información fiable sobre la pandemia, por un lado, y las restricciones al discurso crítico sobre la gestión de la crisis, por otro.

En cuanto al primero, las organizaciones de derechos humanos, periodistas e investigadores han señalado la falta de información precisa sobre el número de infectados y la tasa de mortalidad, y señalan una tendencia generalizada a encubrir los casos de infección debido a los riesgos de persecución penal entre el personal hospitalario [50]50 — Human Rights Watch, Report, «Russia: Publish Data About COVID-19 in Institutional Care Lack of Information Could Exacerbate Spread of Infection, Deaths». . Los trabajadores sanitarios que han hablado con los medios de comunicación sobre el rápido aumento del número de casos en las instituciones en las que trabajan lo han hecho de forma anónima, afirmando que temen perder su trabajo si hablan abiertamente [51]51 — Human Rights Watch, Report, «Russia: Publish Data About COVID-19 in Institutional Care Lack of Information Could Exacerbate Spread of Infection, Deaths». .

Por otra parte, se ha reprimido cualquier crítica a la gestión de la crisis por parte del gobierno. El 31 de marzo de 2020, los legisladores rusos aprobaron un paquete de leyes «antivirus» que endurecía las penas por difundir intencionadamente información falsa o inexacta sobre circunstancias que suponen una amenaza para la vida y la seguridad de los ciudadanos en momentos de emergencia pública [52]52 — El artículo 207.1 del Código penal considera como delito divulgar públicamente de manera intencionada información falsa sobre circunstancias peligrosas para la vida y la seguridad de la ciudadanía o medidas para garantizar la seguridad de la población. Véase el artículo publicado en el portal web consultant.ru (en ruso). . La nueva ley complementa la legislación de 2019 sobre las denominadas «fake news», que tipificaba como delito la «difusión intencionada de información falsa de relevancia pública» que «ponga en peligro la vida o la salud de los ciudadanos, la propiedad o el orden público» [53]53 — Artículo 13.5, párrafos 9, 10 y 11 del Código de delitos administrativos. . A lo largo de 2020, observadores independientes han identificado más de 200 procedimientos administrativos y penales en virtud de las disposiciones sobre «fake news» [54]54 — Agora International Human Rights Group, «The fake news ‘infodemic’: the fight against coronavirus as a threat to freedom of speech». Disponible en línea. . De estos, sólo dos casos se referían al procesamiento de funcionarios públicos. Diecisiete de los 42 casos de juicio penal están relacionados con declaraciones realizadas por activistas, periodistas, blogueros y políticos [55]55 — Agora International Human Rights Group, «The fake news ‘infodemic’: the fight against coronavirus as a threat to freedom of speech». Disponible en línea. . Así, la ley sobre «fake news» se ha convertido en una herramienta de censura, diseñada para impedir que los periodistas examinen la gestión del gobierno durante la crisis, como, por ejemplo, por haber publicado información sobre la escasez de máquinas de ventilación [56]56 — INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. «New ‘fake news’ law stifles independent reporting in Russia on COVID-19». Disponible en línea. . El gobierno ha utilizado el resto de la legislación a su disposición para llevar a cabo la represión. En los últimos seis meses, ha enviado más de 15.000 solicitudes a Yandex, el motor de búsqueda más popular de Rusia, para pedir los datos de los usuarios, el 84,5% de las cuales se aceptaron [57]57 — TVRAIN.RU, За полгода «Яндекс» получил от властей более 15 тысяч запросов на раскрытие данных пользователей. 84% удовлетворили. Disponible en línea (en ruso). .

Una mayor usurpación del poder

Antes de la aparición de la pandemia, Putin propuso enmiendas a 14 artículos de la Constitución para, entre otras cosas, formalizar la capacidad de los tribunales rusos de negarse a aplicar decisiones de organismos de los tratados internacionales [58]58 — Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). «Constitutional Coup in Russia: Putin’s Move to Devalue International Human Rights Treaties Could Set Dangerous Global Precedent». Disponible en línea. , prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, otorgar al presidente la facultad de revocar los jueces del Tribunal Constitucional y regular el discurso sobre el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial [59]59 — BBC, «Putin strongly backed in controversial Russian reform vote». Disponible en línea. . Aunque no estaba recogido en ninguna norma de procedimiento, las autoridades celebraron un referéndum constitucional en todo el país en un intento de otorgar un aire de legitimidad a las enmiendas propuestas.

En Rusia, las organizaciones de derechos humanos, los periodistas y los investigadores han señalado una falta de información precisa sobre el número de personas infectadas y el índice de mortalidad. También se ha reprimido cualquier crítica de la gestión del gobierno

Antes de la votación, prevista inicialmente para el 22 de abril, Putin introdujo otra medida de cara a legalizar la anulación de sus anteriores mandatos presidenciales, lo que le permitiría presentarse a las elecciones de 2024 y ejercer el cargo, en caso de reelección, hasta el año 2036. En el llamado referéndum, que tuvo lugar entre el 25 de junio y el 1 de julio debido a la pandemia, se pidió a los votantes que votaran «sí» o «no» a un único paquete de más de 200 enmiendas, lo que supone el mayor cambio en la Constitución desde que se aprobó en 1993. La votación no se ajustó a la legislación rusa ni a las normas internacionales. En concreto, no se respetaron plenamente los requisitos de una campaña justa y transparente, el acceso de los observadores, la transparencia del procedimiento de votación y otros criterios que garantizan un proceso electoral democrático. Se denunciaron numerosas violaciones del código electoral: fraude, voto múltiple, obligación de algunos empleados de votar en contra de su voluntad, campaña desleal e incumplimiento de los procedimientos en los colegios electorales [60]60 — Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). «Russia’s Constitutional Vote: France, EU and the International Community Must Not Recognise Results». Disponible en línea. .

2.3. Gestión e impactos de la COVID-19 por parte de la administración Trump

Estados Unidos son el país con la cifra más alta de muertes por COVID (248.000) y uno de los países con el índice más elevado por cada 100.000 habitantes. La desastrosa gestión de la pandemia por parte de la administración Trump ha puesto de manifiesto el carácter populista de su régimen y ha empeorado la represión política contra los grupos del movimiento Black Lives Matter que denuncian la violencia policial contra los afroamericanos. Esta situación tuvo un efecto contrario al que el presidente Trump esperaba.

Desde el inicio oficial de la pandemia, la gestión de Trump se caracterizó por el desprecio y el rechazo de la opinión de los expertos, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que abogaban por un confinamiento y medidas de distanciación social. Estas medidas se rechazaron mediante la minimización del peligro, la negativa explícita a seguir las recomendaciones de los expertos, la humillación, la sanción o el despido de los expertos. Así, Trump afirmó en marzo que el riesgo de propagación de la COVID-19 en Estados Unidos era muy bajo y que el virus desaparecería con la subida de las temperaturas en abril. Luego, mientras declaraba el estado de emergencia en el país, dijo que él no se pondría mascarilla. Afirmó o dio a entender en varias ocasiones, incluso en septiembre de 2020, que la tasa de mortalidad en Estados Unidos estaba inflada y que no se ajustaba la realidad. A menudo humilló en público a sus asesores sanitarios [61]61 — WARLOP, Quentin. «Entre changements de stratégie et contradictions, la drôle de ligne de Donald Trump face au coronavirus» (2020). Disponible en línea. BBC News. «Coronavirus: Trump’s signals ‘not helpful’, says Fauci» (29 de julio de 2020). Disponible en línea. . Esta actitud antielitista y anticientífica es típica del populismo. Según Mudde y Kaltwasser, el populismo es una ideología de poca entidad que divide a la sociedad en dos grupos, el pueblo puro y la élite corrupta. En el discurso populista, la élite se organiza como una oligarquía o una casta tiránica que tiene el monopolio del poder político, pero también económico, cultural y mediático en detrimento del pueblo. La pretensión de los populistas es hacer triunfar la voluntad general de esta «mayoría silenciosa» privilegiando un vínculo directo y sin intermediarios [62]62 — Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (Oxford University Press 2017). .

Sin embargo, otra tendencia relevante que se puso de manifiesto durante la pandemia, fue la instrumentalización de este pueblo «puro» para que utilizara las protestas y la violencia para mostrar su desacuerdo con la política de los expertos basada en la prevención por medio del confinamiento, la distanciación social y las mascarillas, mezclando estos temas con los que suele utilizar como el racismo, el odio contra los medios y las élites. Desde mediados de abril, Trump alentó las protestas contra las medidas de confinamiento y distanciamiento decretadas por los gobernadores de algunos estados, mientras que apenas criticó los excesos o la violencia de los manifestantes. Estas manifestaciones inicialmente dirigidas contra las medidas destinadas a combatir la pandemia en Estados Unidos se volvieron cada vez más violentas, organizadas y armadas. Trump, por ejemplo, dijo de los manifestantes armados que asaltaron el capitolio de Michigan a finales de abril mientras gritaban «arréstenla» en alusión a la gobernadora: «Son buena gente, pero están enfadados» [63]63 — BECKETT, Lois. «Armed Protesters Demonstrate against Covid-19 Lockdown at Michigan Capitol». The Guardian (30 de abril de 2020). Disponible en línea. .

Estas manifestaciones, que se produjeron en más de la mitad de los estados, aunque relativamente pequeñas (unos pocos miles de personas como máximo en cada una), tuvieron mucha visibilidad en los medios de comunicación. Estaban integradas principalmente por seguidores de Trump, incluidos varios grupos de extrema derecha, algunos financiados por personas cercanas a Trump [64]64 — GABBATT, Adam. «Why the DeVos Family’s Backing of the Michigan Protests Is No Surprise», The Guardian (26 de abril de 2020). Disponible en línea. . Además, según una investigación de Associated Press, al menos 40 de los grupos de Facebook que habían sido creados por grupos conservadores o defensores de las armas evolucionaron durante el mes de junio se centraban en ataques a las protestas de Black Lives Matter, tras la muerte de George Floyd [65]65 — SEITZ, Amanda. «Facebook groups pivot to attacks on Black Lives Matter», AP NEWS (5 de julio de 2020). Disponible en línea. . La forma en que Trump habló y trató aquellas manifestaciones contrasta con la manera que trató las manifestaciones de #BlackLivesMatter.

Tras el asesinato de Georges Floyd en mayo de 2020, en plena pandemia, millones de estadounidenses se manifestaron en todo el país contra la violencia racial de la policía. Las investigaciones demuestran que el 93% de estas protestas fueron no violentas [66]66 — BECKETT, Lois. «Nearly all Black Lives Matter protests are peaceful despite Trump narrative, report finds», The Guardian (5 de septiembre de 2020). Disponible en línea. CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT. «Demonstrations & Political Violence in America: New Data for Summer 2020» (3 de septiembre del 2020). Disponible en línea. . Sin embargo, decenas de miles de manifestantes, activistas y simpatizantes de Black Lives Matter han sido detenidos y cientos de ellos se enfrentan a cargos muy graves, algunos de ellos se enfrentan incluso a penas de cadena.

Por ejemplo, en Salt Lake City (Utah), Madalena McNeil y otras dos personas fueron acusadas de arrojar pintura a la oficina del fiscal general y de romper ventanas durante una protesta el 9 de julio. El grupo fue acusado de un delito de vandalismo y disturbios, y los fiscales añadieron el «agravante» de actuación como banda organizada. Esto significa que el grupo podría enfrentarse a penas de cadena perpetua [67]67 — GABBATT, Adam. «Felony charges against BLM protesters are ‘suppression tactic’, experts say», The Guardian (16 de agosto de 2020). Disponible en línea. .

Otro ejemplo es el de Colin Mattis y Urooj Rahman, ambos abogados comprometidos con la justicia social, de origen afroamericano y sur-asiático, respectivamente, detenidos y acusados por el gobierno federal de intentar supuestamente quemar un coche de policía abandonado y carbonizar su interior. Por estos supuestos daños a la propiedad –un delito común según la ley del estado– se enfrentan a cargos federales que conllevan un mínimo de 45 años de prisión. Este es el tipo de cargos que suelen acarrear los incidentes con numerosas víctimas. Dos jueces federales decidieron que Colin y Urooj podían quedar en libertad bajo fianza, y así fue, hasta que el gobierno tomó la decisión muy poco usual de presentar recurso [68]68 — Centre for Constitutional Rights; Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), «USA – No to the Instrumentalization of the Legal System against Two Black Lives Matters Protesters«. Disponible en línea. . Al igual que otros cientos de manifestantes detenidos y acusados, ahora están a la espera de juicio.

Miles de manifestantes y activistas del movimiento Black Lives Matter han sido detenidos, y cientos se enfrentan a cargos muy graves, incluso a penas de cadena perpetua. La criminalización de un movimiento tan poderosamente pacífico ha tenido un efecto disuasorio

Este uso desproporcionado y la instrumentalización del derecho penal constituyen una represión política. La máxima autoridad de Estados Unidos, Donald Trump, que apoyó o se negó a criticar las manifestaciones de supremacistas blancos, pero declaró que los de BLM eran el «símbolo del odio» y afirmó sin pruebas que los «Antifa» «atacarán vuestras casas» [69]69 — LEVIN, Sam; SINGH, Maanvi. «America’s Protest Crackdown: Five Months after George Floyd, Hundreds Face Trials and Prison», The Guardian (27 de octubre de 2020). Disponible en línea. , también firmó el 26 de junio una orden ejecutiva en la que pedía a la fiscalía que sancionara a los manifestantes de Black Lives Matter con todo el rigor que permite la ley federal [70]70 — Orden ejecutiva sobre la protección de los monumentos, memoriales y estatuas de los Estados Unidos y la lucha contra la violencia criminal reciente. .

Esta criminalización indebida de un movimiento que en su inmensa mayoría es pacífico ha tenido evidentemente un efecto disuasivo, además de reproducir el mismo racismo que denunciaban los manifestantes, ya que muchos de los detenidos proceden de minorías étnicas. Esta política está en total contradicción con la de muchos estados y ciudades que parecieron darse cuenta del carácter sistémico del racismo de la policía, y se comprometieron a poner en marcha una serie de reformas.

3. Conclusiones y recomendaciones

Hay muchas diferencias entre los sistemas políticos y los recursos económicos de los tres estados en cuestión, pero se han podido observar ciertas tendencias comunes, puestas de manifiesto por la respuesta oficial a esta situación sin precedentes. En primer lugar, mientras las élites políticas gobernantes han alardeado de una respuesta contundente y eficaz a la pandemia de COVID-19, la realidad es que las autoridades de Estados Unidos, Rusia y China han gestionado mal la respuesta a la crisis. En segundo lugar, los tres estados han instrumentalizado, en mayor o menor medida, la pandemia para incrementar su ataque a los derechos humanos. El impacto sobre determinados derechos ha sido diferente en cada caso: en China y en Rusia, donde la libertad de reunión ya estaba severamente limitada, el foco se ha centrado en la restricción de la información sobre el alcance de la crisis y las respuestas inadecuadas del Estado. Esto es especialmente cierto en el caso de China, donde se originó el virus. En Rusia, además de utilizar las leyes «antivirus» para impedir las protestas públicas y detener a periodistas, blogueros y defensores de los derechos humanos, el difícil acceso de los medios a los tribunales ha facilitado la aprobación de sentencias especialmente duras contra los acusados de los casos «Red» y «Nueva Grandeza», así como una asombrosa condena de 13 años contra el historiador y preso político Yuri Dimitriev [71]71 — The New York Times, «Russian Historian Who Found Stalin-Era Graves Is Convicted». Disponible en línea. , a la vez que se ha evitado la resonancia pública que estos casos de gran repercusión mediática habrían tenido habitualmente [72]72 — El 22 de junio, el Segundo Tribunal Militar del Territorio Occidental condenó a Viktor Filinkov a 7 años e Iuri Boiarshinov a 5 años y medio de prisión en un caso que los miembros de la oposición y los defensores de los derechos humanos han descrito como «inventado». RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Two Defendants In Russian ‘Network’ Case Receive Lengthy Prison Terms». Disponible en línea. . En los Estados Unidos, que son una democracia, la reacción de las autoridades se ha centrado principalmente en la libertad de reunión, afectando de forma desproporcionada a la población afroamericana.

Es probable que estas tendencias negativas continúen en China y Rusia hasta bien entrado el año 2021 debido a sus deficiencias sistémicas en materia de derechos humanos y del Estado de derecho. Para invertir las tendencias actuales, las autoridades deben adoptar medidas sistémicas que refuercen el Estado de derecho, garanticen unas elecciones libres y justas, la separación de poderes y la independencia del poder judicial. En las actuales circunstancias políticas de Rusia y China, deberían adoptarse las siguientes medidas provisionales:

  • La información sobre salud pública, en particular en torno a la crisis de COVID-19, debe difundirse de forma precisa, oportuna y transparente. Deben investigarse las denuncias de ocultación de la gravedad de la crisis y adoptarse medidas eficaces para hacer frente a la escasez de equipamientos médicos y camas de hospital.

  • La legislación sobre «fake news» y seguridad nacional debe ser derogada o no utilizarse de forma arbitraria para disuadir el discurso crítico con la gestión de la crisis por parte del gobierno.

El relevo que se acaba de producir en la Casa Blanca significa un rayo de esperanza para Estados Unidos, y el presidente Joe Biden tendrá que hacer todo lo posible para revertir a tiempo el legado antidemocrático de Trump. Una de las primeras cuestiones que se le plantearán al presidente Biden será la necesaria amnistía para los manifestantes perseguidos mediante normas jurídicas inadecuadas y desproporcionadas. Así pues, nuestras recomendaciones para las autoridades estadounidenses son las siguientes:

  • Los periodistas, activistas, blogueros y defensores de los derechos humanos deben poder realizar su trabajo libremente y ser protegidos de las injerencias de terceros.

  • Las autoridades deben garantizar que las comunidades especialmente vulnerables (incluidas las mujeres y las niñas, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores) no sean discriminadas en términos de asistencia sanitaria, ayudas sociales y acceso a la información sobre salud pública.

  • Deben establecerse sólidas garantías para el uso de la tecnología remota y los juicios virtuales con una revisión y supervisión periódicas.

  • Implementar sistemas independientes de vigilancia y control policial; formación inicial y educación continua sobre derechos humanos, mediación de conflictos y reducción de la violencia con una perspectiva étnico-racial; adoptar medidas especiales para el acceso efectivo a la justicia por parte de las comunidades afroamericanas marginalizadas y otras minorías.
  • Referencias

    1 —

    Freedom House. Disponible en línea.

    2 —

    BUSHUEV, Mikhail. Boris Nemtsov: The man who dared to criticize Vladimir Putin. Disponible en línea.

    3 —

    HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2019: Russia. Disponible en línea.

    4 —

    La llamada Ley de propaganda homosexual, adoptada en 2013, que prohíbe la divulgación de información sobre la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales. Ley nº 135-FZ, de 29 de junio del 2013, de modificación del artículo 5 de la Ley federal sobre la protección de los niños ante información perjudicial para su salud y desarrollo y determinados actos legislativos de la Federación Rusa sobre la protección de los niños ante información que promueve el rechazo de los valores de la familia tradicional.

    5 —

    «OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on alleged Human Rights Violations and Impunity in the Chechen Republic of the Russian Federation», 20 de diciembre de 2018. Disponible en línea.

    6 —

    HUMAN RIGHTS CENTER. «Memorial». Disponible en línea.

    7 —

    Véase, por ejemplo, «May 6, 2012 events on Bolotnaya square. Assessment by the International Expert Commission». Disponible en línea.

    8 —

    Federación Internacional para los Derechos Humanos, «Russia 2012-2018: 50 antidemocracy laws entered into force within last presidencial mandate». Disponible en línea.

    9 —

    Ley federal nº 121-FZ, de 20 de julio del 2012, sobre la introducción de modificaciones en los diferentes actos legislativos de la Federación Rusa relativos a la regulación del funcionamiento de las organizaciones no comerciales que ejercen las funciones de un agente extranjero.

    10 —

    EURASIANET. Россия: иностранных агентов станет больше. Disponible en línea.

    11 —

    RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Putin Signs Amendments Allowing Large Fines For ‘Foreign Agents’ Law Violations». Disponible en línea.

    12 —

    Resolución nº 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014.

    13 —

    Ley federal nº 97-FZ, de 5 de mayo de 2014, sobre las modificaciones de la Ley federal sobre la información, las tecnologías de la información y la protección de la información y determinados actos legislativos de la Federación Rusa sobre la optimización del intercambio de información mediante redes de información y telecomunicaciones.

    14 —

    Artículo 354.1 del Código penal de la Federación Rusa.

    15 —

    ] Véase, por ejemplo, la Ley nº 5-FZ, de 3 de febrero de 2014, sobre las modificaciones del Código penal de la Ley federal y el artículo 31 del Código de procedimiento penal de la Federación Rusa y la Ley nº 130-FZ, de 5 de mayo de 2014, sobre la modificación de determinados actos legislativos de la Federación Rusa.

    16 —

    Véase, por ejemplo, ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA. «Russian Federation: Continuing judicial harassment and arbitrary detention of Mr. Konstantin Kotov»Disponible en línea.

    17 —

    Amnistía Internacional, «Russia: Prosecution for membership of a non-existent “terrorist” organization must stop». Disponible en línea.

    18 —

    KAGANSKIKH, Andrey. “The Network”: how Russian security services are targeting Russian anarchists and anti-fascists. Disponible en línea.

    19 —

    Ley nº 130-FZ, de 5 de mayo del 2014, sobre la modificación de determinados actos legislativos de la Federación Rusa.

    20 —

    RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Seven Russian Activists Given ‘Horrific’ Sentences On Terror Charges». Disponible en línea.

    21 —

    Amnistía Internacional. «Russian Federation: The Network case, shrouded in secrecy and marred by numerous torture allegations».

    22 —

    BRITISH BROADCASTING CORPORATION. «Russians accused of extremism cut wrists in court». Disponible en línea.

    23 —

    OSCE, «Russian presidential election well administered, but characterized by restrictions on fundamental freedoms, lack of genuine competition, international observers say». Disponible en línea.

    24 —

    Informe de la FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos). «Brutal Repression of Protests in Moscow: a complete account of violations»Disponible en línea.

    25 —

    RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Russian Opposition Activist Kotov’s Prison Term Shortened»Disponible en línea.

    26 —

    Front Line Defenders, Red TDT, LIS-Justicia en Movimiento, Prami Universidad Iberoamerica. «Defenders beyond borders: migrant rights defenders under attack in Central America, Mexico & the United States»Disponible en línea.

    27 —

    ALSTON, Philip. «UN Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights on His Mission to the United States of America»Disponible en línea.

    28 —

    Mapping Police Violence. Disponible en línea.

    29 —

    Mapping Police Violence. Disponible en línea.

    30 —

    National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). «Criminal Justice Fact Sheet»Disponible en línea.

    31 —

    National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). «Criminal Justice Fact Sheet»Disponible en línea.

    32 —

    Véase, por ejemplo, la jurisprudencia del CCR (Center for Constitutional Rights) en NY, «New Stop-and-Frisk Report: NYPD Racial Bias Persists». Disponible en línea.

    33 —

    Inter-American Commission on Human Rights and Organization of American States, African Americans, Police Use of Force, and Human Rights in the United States (2018) . Disponible en línea.

    34 —

    AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU). «War Comes Home« (2014). Disponible en línea.

    35 —

    Organización de Estados Americanos (OAS). «The IACHR Expresses Strong Condemnation for George Floyd’s Murder, Repudiates Structural Racism, Systemic Violence against Afro-Americans, Impunity and the Disproportionate Use of Police Force, and Urges Measures to Guarantee Equality and Non-Discrimination in the United States» (8 de junio de 2020). Disponible en línea.

    36 —

    Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH). «Constitutional Coup in Russia: Putin’s Move to Devalue International Human Rights Treaties Could Set Dangerous Global Precedent». Disponible en línea.

    37 —

    International Partnership for Human Rights, Report, «Human Rights Impact Assessment of the COVID-19 Response in Russia», agosto 2020, p. 14. Disponible en línea.

    38 —

    Citizens’ Watch, Report, «The Right to a Competent Legal Defense During the COVID-19 Pandemic», p. 3. Disponible en línea (en ruso).

    39 —

    Ley federal núm. 99-FZ, de 1 de abril de 2020.

    40 —

    Normas sobre la conducta de los ciudadanos y las organizaciones durante el aumento de la preparación o el régimen de emergencia. Reglamento nº 417 de 2 de abril de 2020.

    41 —

    IHPR Report, p. 29.

    42 —

    Decisión del Jefe de medicina estatal de la Federación de Rusia del 13.03.2020, núm. 6, «Sobre las medidas adicionales per reducir los riesgos de propagación de la COVID-19».

    43 —

    Human Rights Watch, «Russia: Journalists Held Over Peaceful Pickets», 29 de mayo de 2020.

    44 —

    Resolución adoptada el 7 de mayo de 2020 y efectiva a final de mayo (por la cual se prohíben las reuniones multitudinarias hasta el 31 de mayo de 2020). Disponible en línea.

    45 —

    Novaya Gazeta, «The authorities did not authorize yet another meeting against the Constitution» (13 de marzo de 2020). Disponible en línea.

    46 —

    Véase, por ejemplo, ROTH, Andrew. «Russia defies calls to halt Victory Day parade rehearsals», The Guardian. Disponible en línea.

    47 —

    RADIO FREE EUROPE/RADIOLIBERTY. «Russian Police Detain Dozens Amid Continuing Protests in Khabarovsk». Disponible en línea.

    48 —

    Informe del IPHR, p. 30.

    49 —

    RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Opera Singer Arrested For Initiating Anti-Government Rallies In Russia’s North Ossetia». Disponible en línea.

    50 —

    Human Rights Watch, Report, «Russia: Publish Data About COVID-19 in Institutional Care Lack of Information Could Exacerbate Spread of Infection, Deaths».

    51 —

    Human Rights Watch, Report, «Russia: Publish Data About COVID-19 in Institutional Care Lack of Information Could Exacerbate Spread of Infection, Deaths».

    52 —

    El artículo 207.1 del Código penal considera como delito divulgar públicamente de manera intencionada información falsa sobre circunstancias peligrosas para la vida y la seguridad de la ciudadanía o medidas para garantizar la seguridad de la población. Véase el artículo publicado en el portal web consultant.ru (en ruso).

    53 —

    Artículo 13.5, párrafos 9, 10 y 11 del Código de delitos administrativos.

    54 —

    Agora International Human Rights Group, «The fake news ‘infodemic’: the fight against coronavirus as a threat to freedom of speech». Disponible en línea.

    55 —

    Agora International Human Rights Group, «The fake news ‘infodemic’: the fight against coronavirus as a threat to freedom of speech». Disponible en línea.

    56 —

    INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. «New ‘fake news’ law stifles independent reporting in Russia on COVID-19». Disponible en línea.

    57 —

    TVRAIN.RU, За полгода «Яндекс» получил от властей более 15 тысяч запросов на раскрытие данных пользователей. 84% удовлетворили. Disponible en línea (en ruso).

    58 —

    Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). «Constitutional Coup in Russia: Putin’s Move to Devalue International Human Rights Treaties Could Set Dangerous Global Precedent». Disponible en línea.

    59 —

    BBC, «Putin strongly backed in controversial Russian reform vote». Disponible en línea.

    60 —

    Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). «Russia’s Constitutional Vote: France, EU and the International Community Must Not Recognise Results». Disponible en línea.

    61 —

    WARLOP, Quentin. «Entre changements de stratégie et contradictions, la drôle de ligne de Donald Trump face au coronavirus» (2020). Disponible en línea.

    BBC News. «Coronavirus: Trump’s signals ‘not helpful’, says Fauci» (29 de julio de 2020). Disponible en línea.

    62 —

    Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (Oxford University Press 2017).

    63 —

    BECKETT, Lois. «Armed Protesters Demonstrate against Covid-19 Lockdown at Michigan Capitol». The Guardian (30 de abril de 2020). Disponible en línea.

    64 —

    GABBATT, Adam. «Why the DeVos Family’s Backing of the Michigan Protests Is No Surprise», The Guardian (26 de abril de 2020). Disponible en línea.

    65 —

    SEITZ, Amanda. «Facebook groups pivot to attacks on Black Lives Matter», AP NEWS (5 de julio de 2020). Disponible en línea.

    66 —

    BECKETT, Lois. «Nearly all Black Lives Matter protests are peaceful despite Trump narrative, report finds», The Guardian (5 de septiembre de 2020). Disponible en línea.

    CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT. «Demonstrations & Political Violence in America: New Data for Summer 2020» (3 de septiembre del 2020). Disponible en línea.

    67 —

    GABBATT, Adam. «Felony charges against BLM protesters are ‘suppression tactic’, experts say», The Guardian (16 de agosto de 2020). Disponible en línea.

    68 —

    Centre for Constitutional Rights; Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), «USA – No to the Instrumentalization of the Legal System against Two Black Lives Matters Protesters«. Disponible en línea.

    69 —

    LEVIN, Sam; SINGH, Maanvi. «America’s Protest Crackdown: Five Months after George Floyd, Hundreds Face Trials and Prison», The Guardian (27 de octubre de 2020). Disponible en línea.

    70 —

    Orden ejecutiva sobre la protección de los monumentos, memoriales y estatuas de los Estados Unidos y la lucha contra la violencia criminal reciente.

    71 —

    The New York Times, «Russian Historian Who Found Stalin-Era Graves Is Convicted». Disponible en línea.

    72 —

    El 22 de junio, el Segundo Tribunal Militar del Territorio Occidental condenó a Viktor Filinkov a 7 años e Iuri Boiarshinov a 5 años y medio de prisión en un caso que los miembros de la oposición y los defensores de los derechos humanos han descrito como «inventado». RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY. «Two Defendants In Russian ‘Network’ Case Receive Lengthy Prison Terms». Disponible en línea.

Jimena Reyes

Jimena Reyes

Jimena Reyes es directora de la Oficina de las Américas en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) desde el año 2003. Desde entonces, ha investigado violaciones de los derechos humanos y políticas públicas en un total de 17 países de América Latina y América del Norte, y ha contribuido a la redacción de más de 30 informes sobre cuestiones de derechos humanos. También ha defendido varias causas relacionadas con los derechos fundamentales en el ámbito nacional, regional e internacional, representando a víctimas de Chile y Honduras ante el sistema de derechos humanos inter-americano y coordinando litigios nacionales en Francia, Bélgica y España. A lo largo de su trayectoria, ha redactado y presentado informes sobre Colombia, Honduras y México ante el Tribunal Penal Internacional. Es coautora de varios libros, informes y artículos como Europe, Diplomacy and Development (2001), "United States-Mexico Walls, Abuses, and Deaths at the borders" (2008), "L’Amérique Latine et l’obligation de juger ou d’extrader les responsables de crimes contre l’humanité" (2011) o "La Corte Penal Internacional y sus primeros 10 años: un enfoque práctico" (2012).


Ilya Nuzov

Ilya Nuzov es director de la sección de Europa del Este y Asia Central en la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y doctorando de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra. Es profesor asociado de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Academia de Derecho Humanitario Internacional y Derechos Humanos de Ginebra (ADH). Sus áreas de investigación giran alrededor de los aspectos legales de la justicia de transición, especialmente en Rusia y en Ucrania. Es autor de varias publicaciones y artículos académicos: algunos de los más recientes son el capítulo "Post-Conflict Justice: Extending International Criminal Responsibility to Non-State Entities" (2020) y el artículo "Freedom of Symbolic Speech in the Context of Memory Wars in Eastern Europe" (2019).


Hugo Gabbero

Hugo Gabbero es el director del Servicio de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desde donde trabaja en la implementación de estrategias y actividades de protección de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, en cooperación con las direcciones temáticas y regionales de la FIDH, miembros internacionales e integrantes del consejo ejecutivo y también organizaciones y socios sobre el terreno. Durante los últimos años, ha llevado a cabo varias misiones sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Bangladesh, Azerbaiyán, Bielorrusia y Filipinas. También redactó y coordinó un conjunto de estudios temáticos y por países sobre los marcos legales y las restricciones prácticas que afectan a la sociedad civil en todo el mundo. Ha hecho seguimiento de misiones de investigación, observaciones de juicios y viajes de defensa. Asimismo, está en contacto diario con defensores de los derechos humanos en peligro en todo el mundo y se encarga de los programas de asistencia, creación de capacidades y movilización para apoyar a aquellos que tienen un riesgo más alto. También interactúa regularmente con grupos de interés institucionales dedicados a la protección de los defensores de los derechos humanos de ámbito mundial y regional.