Se me asigna la tarea de explorar la viabilidad política del elenco de soluciones posibles al conflicto territorial. Parece obligado, sin embargo, y por razones de método, iniciar la pesquisa retrocediendo someramente a la fase de diagnóstico: la génesis del problema. Obviamente, diagnósticos distintos propondrán terapias distintas. Por desgracia, y es la primera dificultad que ofrece este enconado asunto, haríamos mal en suponer que existe un consenso en punto a las causas que nos han traído hasta aquí. Solo destapando la hondura de nuestros desacuerdos podemos aspirar a un verdadero y fecundo acuerdo.

El debate sobre las causas: endógeno versus exógeno

Intentemos sentar un marco compartido para la discusión. Se diría que todas las opiniones sobre lo ocurrido en Cataluña son reconducibles a dos escuelas de pensamiento. El Procés se habría originado de forma exógena o endógena. Según una escuela interpretativa dominante en Cataluña, y asumida por una parte considerable de la izquierda española, la eclosión del independentismo responde principalmente a causas exógenas. En su versión extrema, la sociedad catalana habría sido objeto de una agresión que le obligó a intentar la separación; en la versión moderada, esa agresión se tornaría incomprensión, pero suficientemente irritante para inducir el paso en muchos catalanes de una sentimentalidad federalista o autonomista a una secesionista. En ambos casos «la fábrica de independentistas» está en Madrid. Esta escuela de opinión tiende a absolver de sus responsabilidades al nacionalismo catalán (todo lo más, se le imputa una imprudente «unilateralidad») y hace recaer la carga de resolver la crisis en un Estado que seguiría sin atender correctamente las necesidades de reconocimiento de los catalanes.

Todas las opiniones sobre lo ocurrido en Cataluña son reconducibles a dos escuelas de pensamiento: una que sostiene que El Procés se habría originado de forma exógena y otra que lo atribuye a causas endógenas

Según una escuela interpretativa alternativa, prevalente en el resto de España, pero compartida en Cataluña por el sector de catalanes más afectos a su ciudadanía española, la razón del desbordamiento de la emoción separatista se debe a causas fundamentalmente endógenas: es la propia cultura política catalana la que fabrica, desde dentro, desafección hacia España y, por tanto, independentistas. Lo hace con independencia de lo bien o mal que lo haga el gobierno central, cuyos actos, a veces ciertamente torpes, no funcionarían como verdaderas causas, sino como meros pretextos para el avance del independentismo. Nada significativo cambiará, según esta hipótesis, mientras el catalanismo, forma propia del nacionalismo en Cataluña, siga induciendo en la mentalidad de los catalanes el reconcomio ante el hecho de ser españoles. Objetivamente, se arguye, no hay causa para tal malestar; no hay maltrato: los problemas de los catalanes son los mismos que los del resto de españoles; sus oportunidades, si se saben aprovechar, también son las mismas. La pervivencia del conflicto se debe a un autoinducido estado de manía persecutoria.

Si para los partidarios de la tesis de las causas exógenas, el catalanismo, pal de paller de la política catalana, es parte de la solución, al ser visto como un lugar de encuentro entre nacionalistas y no nacionalistas, para los partidarios del origen endógeno de la crisis, el catalanismo ha demostrado ser parte del problema; el catalanismo político en 2020 no sería más que la problematización del hecho de que Cataluña esté en España, algo que, elevado a metafísica, desbarata cualquier arreglo constitucional: da igual lo que se haga, el problema siempre está ahí, al crepitar de la llama inextinguible del agravio, al pie de cuyo pebetero vela el intelectual catalanista, vigilando que un viento fresco no la apague. Inductor de una hipocondría identitaria, el catalanismo impediría a una mayoría de catalanes asumir que el problema que hubo ya no es; que el llamado encaje de Cataluña en España ya se ha resuelto.

Por descontado, existen análisis que conjugan lo exógeno y lo endógeno. Es justo decir que ese enfoque ponderado está presente en las aportaciones a este volumen. Pero lo cierto es que, en la opinión pública no menos que en la publicada, al final una hipótesis predomina sobre la otra. Bien está: no está escrito que la actitud irenista que busca reconciliar puntos de vista irreconciliables sea siempre la más adecuada para salir al paso de las dificultades. En la vida y en la política a veces hay que atreverse a tener razón (que es, al mismo tiempo, atreverse a equivocarse). Adherirse a una u otra tendencia, viene, por lo demás, cargado de consecuencias. También en este monográfico se hallan ejemplos de la divergencia aludida (lo que no deja de enriquecer y dar sentido al ejercicio). Por ejemplo, si uno sitúa, como hace Gemma UsabartGemma Ubasart, uno de los orígenes de la crisis en la «dilución de las aspiraciones nacionales de las comunidades históricas» en contravención del pacto constitucional, y en las tensiones recentralizadoras del segundo gobierno de Aznar (causas parciales y exógenas de la crecida independentista) entonces es natural que se termine concluyendo que «cualquier salida debería tener en cuenta propuestas que contemplen la asimetría y la realidad plurinacional» del Estado. En mi opinión, esta tesis, muy extendida en la politología catalana, carece de respaldo en los hechos. Durante el despliegue del Estado autonómico, las aspiraciones de un mayor autogobierno por parte de las comunidades históricas no se frenaron; antes al contrario, se frenaron los intentos de ponerle freno: la LOAPA fue tumbada por el Tribunal Constitucional [1]1 — El fallo contra la LOAPA, por cierto, está convenientemente ausente de muchos relatos manufacturados por la prensa y academia catalana. La omisión tiene su motivo: el hecho de que el TC se pusiera de parte de la comunidades autónomas y contra el gobierno central en esa importante sentencia arruina la narrativa de «una incomprensión por parte de las instituciones españolas» y de la voluntad del Estado de cercenar el autogobierno de las comunidades históricas. Dejando de lado los juicios de intenciones, lo que es cierto, lo que es verificablemente cierto, es que el autogobierno de las comunidades no ha hecho más que crecer en cuarenta años de Constitución democrática. . Que con posterioridad el techo competencial de otras comunidades se elevara no significa que no exista, de hecho, un grado considerable de asimetría en la planta autonómica [2]2 — Hay competencias de las que Cataluña dispone y las demás no. Un caso que ha cobrado importancia en tiempos recientes es el de la gestión penitenciaria. Pero más importante es sin duda la existencia de una potente policía autonómica de carácter integral. Salvo el País Vasco, ninguna otra comunidad autónoma tiene un cuerpo de policía propio semejante. ¿No es eso prueba de asimetría? .

Tampoco hay prueba empírica de que los gobiernos de Aznar, el primero o el segundo, fueran recentralizadores (nadie ha sabido nunca mencionar una sola competencia retornada al Estado bajo Aznar). Pero más allá de esto, hay un hecho sin vuelta de hoja difícil de explicar desde la narrativa catalanista del conflicto: es incuestionable que Cataluña tiene hoy más, mucho más autogobierno que en 1978. Si la demanda frustrada de más autogobierno es lo que hace que el independentismo suba, ¿cómo explicar que el apoyo a la separación fuera bajo entonces, cuando el autogobierno era limitado o inexistente? Todos los gobiernos de la democracia han dialogado con las élites catalanistas y acrecido la autonomía de las instituciones catalanas. Si la secuencia históricamente comprobada es a más autogobierno, más independentismo, resulta chocante esperar que concediendo más autogobierno la marea independentista sufra un retroceso. ¿No es más verosímil suponer que el momentum secesionista es la cosecha natural y esperable del proceso de nacionalización madurado durante décadas por las élites catalanistas, inobjetado por Madrid, y del que sí (al contrario del invisible proceso de recentralización aznarista) hay prueba documental [3]3 — Y temprana: véase esta noticia de El País firmada por Jose Antich el 28 de octubre de 1990. “El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales”. Con todo, la tarea de socialización promovida por TV3 y la expulsión de la lengua española o castellana como instrumento vehicular de la escuela resultan en todo caso más efectivas para aminorar el sentimiento de copertenencia a España que cualquier plan maestro desde las alturas. ?

El «problema catalán» subsiste en España principalmente por factores endógenos, promovidos de forma interesada desde dentro de la sociedad catalana. Un sector de la población de un país con rasgos etnolingüísticos propios se socializa en el ideario nacionalista suministrado por unas élites que logran inocular un sentimiento de agravio

Como se habrá adivinado, el autor de este texto se adhiere a la conjetura de que el «problema catalán» subsiste en la España democrática de 1978 principalmente por factores endógenos, promovidos de forma interesada desde dentro de la sociedad catalana. Un sector de la población de un país con rasgos etnolingüísticos propios —una comunidad lingüística diferenciada pero no separada— se socializa en el ideario nacionalista suministrado por unas élites que poco a poco logran inocular un perdurable sentimiento de agravio, que a menudo se exagera y otras veces se imagina, sobre bases afectivas propicias. El anhelo de independencia no sería sino la consecuencia natural de una educación sentimental nacionalista. Sabemos que este diagnóstico no gusta en ciertos estrados académicos o periodísticos catalanes, que legítimamente piensan de otro modo. Confrontar opiniones con franqueza y respeto es precondición de cualquier acuerdo o salida al conflicto. En todo caso, entendemos que el sentido de esta monografía es el de ir más allá del reparto de culpas, y reflexionar sobre lo que cada parte puede hacer para dejar atrás un episodio traumático de nuestra historia colectiva. Pensar que las causas del problema residen principalmente en el interior de Cataluña no legitima el inmovilismo por parte del Estado, que puede y debe propiciar remedios. Mi tesis es que estos remedios serán viables en la medida en que sean novedosos y out-of-the-box, en lugar de insistir en viejas fórmulas ya probadas. Y nada más probado en los últimos cuarenta años que «el diálogo» entre el gobierno de Madrid y las élites catalanistas.

Las estrategias de la transacción

La literatura sociológica distingue entre dos clases de liderazgo: uno de tipo transaccional y otro de carácter transformacional4. El primero gestiona una rutina organizativa estable: al producirse un quebranto de las normas o una fricción perturbadora intentará restaurar el equilibro transaccionando —llegando a acuerdos— para que las cosas vuelvan a funcionar según la pauta conocida. La actitud y el momento del líder transformacional es distinta: aparece en situaciones críticas e inestables. El líder transformacional entiende que el equilibrio perdido es irrecuperable, acaso nocivo, y que la crisis brinda la posibilidad de alcanzar un nuevo y mejor estado de cosas. Buscará no la transacción entre actores, sino la trasformación del viejo escenario en uno nuevo, donde el conflicto, más que hallar solución, se habrá superado.

Creemos que esta dicotomía se adapta bien a la cuestión catalana. Llamaremos estrategias de la transacción a aquellas que suponen que la solución al conflicto llegará de un nuevo acuerdo o transacción entre las partes. ¿Qué partes? De un lado, el gobierno central (abusivamente llamado «España», simplificadoramente «Madrid» e impropiamente «el Estado»); del otro, la Generalitat (a la que, también abusivamente y sin duda impropiamente, se le concede el nombre de «Catalunya»). Las estrategias de la transacción son, en esencia, tres, ordenadas en un crescendo: refuerzo del autogobierno, (profundización de la descentralización); mutación a un régimen de tipo confederal que consagre la plurinacionalidad; referéndum de autodeterminación. Veamos su viabilidad:

Concesión de referéndum de autodeterminación

¿Es la concesión del derecho de autodeterminación a la Comunidad Autonómica de Cataluña políticamente viable? Consideremos esto antes de hacer alguna valoración sobre su eficacia y legitimidad moral. Desde el punto de vista político, la parte independentista tiene dos buenas noticias. La primera es que, según jurisprudencia de su máximo intérprete, la Constitución Española no contiene cláusulas de intangibilidad, tampoco con respeto a la indivisibilidad del territorio. Si bien el actual ordenamiento jurídico no permite, según la mayoría de la doctrina, un referéndum de separación, nada impide que a través de una reforma constitucional este derecho pueda reconocerse a una o a todas las comunidades autónomas. Tradicionalmente el independentismo ha visto en ello un magro consuelo, debido a la rigidez del mecanismo de reforma, que obliga a amplias y reiteradas mayorías. Pero la segunda buena noticia es que el porcentaje de fuerzas dispuestas a considerar una reforma en ese sentido experimenta un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2020, no menos de 71 diputados y once formaciones del Congreso de los Diputados están teóricamente a favor del derecho de autodeterminación. La opinión pública, dividida, no muestra unanimidades imposibles de vencer. (Problema distinto es que el compromiso de algunos partidos –pensamos en la izquierda del PSOE– resultara a la postre retórico e insincero). El independentismo no tendría más que proseguir su labor de apostolado ideológico hasta conseguir las mayorías necesarias. La vía unilateral, se ha visto, no conduce a ninguna parte.

Ahora bien, de celebrarse, ¿sería la consulta autodeterminista solución eficaz al conflicto? Hay razones para dudarlo. El referéndum sería la expresión más aguda del conflicto, no su solución. Significaría, de hecho, que no se ha encontrado solución. Además de resultar un episodio desagradable y polarizador para el conjunto de la sociedad española, nada se ganaría. De triunfar la opción desmembradora, el conflicto se resolvería en el sentido trivial de que un bando ganaría, no en el sentido de que los problemas de convivencia hubiesen concluido (es probable que se agravaran lo mismo en el nuevo como en el viejo Estado, abocados a fricciones durante décadas). Si, por el contrario, triunfara la permanencia en España, el «problema político» tampoco hallaría clausura. La parte independentista propondría en breve plazo realizar otro referéndum. El reciente anuncio de Nicola Sturgeon de su intención de someter a voto por segunda vez la independencia de Escocia muestra las limitaciones del instrumento de referéndum para solucionar este tipo de problemas en sociedades divididas5.

El referéndum sería la expresión más aguda del conflicto, no su solución. Significaría, de hecho, que no se ha encontrado solución

Sobra la legitimidad democrática del referéndum me adhiero a cuanto dicho en este monográfico por Manuel Arias Maldonado. Añadimos una frase de Michael Ignatieff: «en democracia, la secesión es el peor pecado». Lo explica su compatriota Stéphane Dion:

«Hasta hoy, la democracia y la secesión se han mostrado como dos fenómenos antitéticos. El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí más allá de consideraciones de lengua, raza, religión, origen o pertenencia regional. En cambio, la secesión exige a los ciudadanos que rompan la solidaridad que les une y ello, casi siempre, sobre la base de consideraciones vinculadas a pertenencias específicas: lengua, religión o etnia. La secesión es este ejercicio raro e inusitado en la democracia por el cual se elige, entre los conciudadanos, los que se quieren conservar y los que se quieren transformar en extranjeros» [6]6 — Texto de la conferencia de Stéphane Dion en Barcelona por invitación de Federalistes d’Esquerres en marzo del 2014. Disponible en línea. .

Reconocimiento de la plurinacionalidad

El reconocimiento de la plurinacionalidad se presenta a menudo como el expediente idóneo para calmar la tormenta territorial. Se trata de una propuesta confusa y débilmente fundada. Nadie se atreve a formular cuántas y cuáles serían las naciones candidatas a reconocimiento. ¿Sería la nación española una de ellas? En tal caso, ¿conviviría la nación española con la catalana dentro de Cataluña? ¿Con qué consecuencias normativas? (Llamamos la atención sobre el hecho de que una porción considerable de catalanes, que matizadamente podría considerarse incluso mayoritaria, se sienten miembros de la nación española) En suma, nadie explica cómo se articularía jurídicamente la plurinacionalidad en España. Y si se trata solo de simbolismo ¿no es acaso la plurinacionalidad la situación que de facto ya tenemos? Comunidades como Cataluña y País Vasco ya ejercen sus competencias en nombre de una nación que no es la española.

Sin duda, no está prohibido en España sentirse parte de otra nación distinta de la española (la influyente Asamblea Nacional Catalana es una entidad perfectamente legal). Pareciera que el reconocimiento de la plurinacionalidad tan solo consistiría en el desrreconocimiento de la existencia de la nación española, al menos en parte del territorio del Estado. Por lo demás, en España el pluralismo identitario ya está salvaguardado. Normativamente, parece poco interesante convertir una nación que permite sin problemas el pluralismo identitario en un mosaico de naciones yuxtapuestas de identidad uniforme. Como ha resumido con elocuencia el jurista vasco Josu de Miguel la plurinacionalidad parece sugerir que existen varias formas de ser español, pero solo una de ser vasco, catalán o gallego. Es decir, un retroceso, y no un avance, en términos de pluralismo.

Por lo demás, las propuestas de arreglo fijadas a la plurinacionalidad (incluyendo aquellas que buscan salvoconducto en algún retoricismo equivalente, tipo «nación de naciones») razonan sobre la premisa de que es posible desambiguar el uso de la palabra «nación» en la conversación pública. QueQue, en ciertos casos, al hablar de nación estaríamos hablando de nación política y, en otros, de nación cultural. En mi opinión tal aspiración es vana. De declararse la plurinacionalidad la discusión no se terminaría, sino que se desplazaría a la interpretación que cabe darle al término. Es decir, después de una prolija y ruidosa reforma acabaríamos en el punto de partida, donde ya estamos.

Refuerzo del autogobierno

El reconocimiento de la plurinacionalidad se puede conjugar con el otorgamiento de más competencias. Pero el refuerzo del autogobierno puede hacerse sin reconocimiento de la plurinacionalidad. Es la vía más familiar y conocida, que según la sabiduría convencional se acabará imponiendo: una nueva ronda descentralizadora, que pudiera conllevar un nuevo Estatuto. El federalista Stéephane Dion lo llama estrategia del contentamiento:

«Puesto que los secesionistas quieren todos los poderes, se les concederá una parte deseando que los menos radicales queden satisfechos. Si no se contentan, quiere decir que no se han transferido todavía suficientes poderes. Por tanto, es preciso agregar otros».

Para deshacer el equívoco que comporta esta estrategia, cabría evocar la voz de Julián Marías: «No se puede contentar a quien no se quiere contentar». En realidad, basta con un mínimo de realismo empírico. Si, como decíamos más arriba, la secuencia históricamente verificada es a más autogobierno, más independentismo –el conflicto sobrevino estando el autogobierno en máximos históricos– ¿qué hace pensar que un poco más de la misma medicina curará la dolencia? Más autogobierno (y es dudoso que quepa en los márgenes constitucionales) traería un mayor distanciamiento psicológico de los catalanes respecto de un Estado sin margen competencial propio para intervenir en sus problemas. Supone una banalización de la secesión: puesto que somos cuasi independientes, ¿por qué no serlo del todo? Entraña, por último, la exacerbación de la tensión entre regiones, por el conocido efecto emulación.

Por lo demás, aceptando que el margen jurídico se encontrara, ¿es viable políticamente una nueva ronda descentralizadora? Las anteriores se hicieron en un clima en el que todos los partidos consideraban el Estado autonómico un logro histórico y la descentralización algo positivo para los españoles. El centralismo español, si existía, no estaba organizado. En la actualidad, sin embargo, y en parte como reacción a la crisis territorial, existe una corriente organizada que no solo se opone abroqueladamente a más altas cotas de poder para las regiones, sino que propugna un pura y dura recentralización de competencias. Me refiero al fenómeno de Vox, pero también a una difusa pero perceptible tendencia en la opinión pública que sostiene que la descentralización ha ido demasiado lejos y empieza a generar disfunciones en la vida del país. (Percepción que la errática gestión de la pandemia de 2020 no ha hecho más que reforzar).

Más autogobierno supone una banalización de la secesión: puesto que somos cuasi independientes, ¿por qué no serlo del todo?

Si el statu quo autonómico está agotado, fuerza es admitir que lo está por ambos lados: algunos lo jubilan por insuficiente y otros lo critican por excesivo. Así las cosas, pensar que un nuevo gesto descentralizador puede llevarse a término con el mínimo grado de consenso transversal que exigiría es quimérico. Parece más bien una receta para ahondar en la crisis. No allana el camino suponer que la descentralización puede hacerse bajo el paraguas de una reforma federal de la Constitución. El problema persiste: muchos españoles podrían argüir, no sin razón, que en buena teoría federal, lo necesario en este momento son más poderes para el poder federal y menos para los federados: más shared rule y menos self rule.

Las estrategias de la transformación

Si hay motivos para dudar de la viabilidad política de un organizar un referéndum, de legislar la plurinacionalidad o de conceder mayor autogobierno, ¿significa eso que debemos quedarnos sentados y esperar a que escampe? No. Sin desdeñar la noción de que el paso del tiempo puede ayudar, existen vías inexploradas para resolver, y no meramente conllevar, la crisis. No provendrían del «diálogo» entre «España y Catalunya», sino del diálogo de los españoles consigo mismos, sin exclusiones, para lograr una transformación del país que deje atrás su secular cuestión territorial, como dejó atrás su cuestión militar, su cuestión agraria o religiosa. Son las estrategias de la transformación. Bosquejémoslas.

Una estrategia trasformadora no se plantearía ceder más competencias a las comunidades (movimiento típico de la política transaccional) pero sí valoraría desconcentrar las sedes del poder central (llevar el Senado a Barcelona, o hacer de la capital de Cataluña una auténtica co-capital política de España, con ministerios y sedes de importantes organismos estales). Una política transformadora no se plantearía en ningún caso la posibilidad de blindar políticas autonómicas de exclusión de la lengua castellana y monolingüismo en catalán (en Cataluña a dicha exclusión se la conoce como inmersión) consideradas injustas por muchos españoles (y también por muchos catalanes), pero sí exploraría la posibilidad de aprobar una Ley de Lenguas Oficiales que hiciera de España una ejemplar democracia plurilingüe, donde los derechos de todos los hablantes se respetaran. Una política transformadora no pactaría bilateralmente con las élites catalanistas: laes invitaría a un pacto global donde estuviesen todas las sensibilidades, también las de los catalanes no catalanistas. Lejos de ser una política meramente represiva, procedería a un programa intensivo de reformas de nuestro país, porque cualquier reforma acertada e ilusionante para todos, es ya una reforma acertada e ilusionante para los catalanes.

De modo que, frente a la descentralización, desconcentración; frente a la sanción legal del monolingüismo en Cataluña, el plurilingüismo en el Estado; frente a idea de que cada comunidad navega en solitario, un ambicioso programa de reformas ideado entre todos para todos. Desde el punto de vista de la viabilidad política, esta propuesta asume que instalar el Ministerio de Educación en Barcelona no tendría tanta oposición (alguna sí, y ruidosa) como ceder totalmente la competencia de educación a la Generalitat, como tampoco la tendría la co-capitalidad de Barcelona frente a la separación. Son propuestas que distribuyen la soberanía y sus galas, pero no la trocean o erosionan. De igual manera, profundizar en la exclusión de la lengua castellana del ámbito institucional y educativo catalán, blindando legalmente las prácticas de hecho de hoy, difícilmente puede ser asumido por la opinión pública española. Sin embargo, una mayor presencia del catalán en ámbitos estatales no se verá mal siempre se vea acompañado del correspondiente gesto recíproco: mayor respeto al rango del castellano como lengua co-oficial de Cataluña.

No hay solución que no pase por el sincero deseo de que haya solución y deje de haber problema: levantarse un día y asumir que el encaje de Cataluña en España ya se ha producido y no es necesario seguir regañando

La filosofía subyacente a las estrategias de la transacción es: dado que Cataluña no puede salirse de España, hagamos que España se salga lo más posible de Cataluña. Eso y no otra cosa es lo que parece esperarse de las «mesas de diálogo». La filosofía subyacente a la estrategia de la transformación me parece más saludable y se resume así: más Cataluña en España, más España en Cataluña. Por la vía de la transformación desembocaríamos así en una transacción novedosa e inédita, lo que Ignacio Molina llama una aceptación recíproca del pluralismo congénito en ambas sociedades: el único quid pro quo justo y razonable al que podemos aspirar y tendría bazas para ser aceptado por las respectivas opiniones públicas.

A qué llamamos solución

En la recta final de este ensayo, cabe preguntarse a qué llamamos «solución al conflicto». O por mejor decir: ¿cuál es el escenario final en que los distintos actores darían el conflicto por solucionado? Equivale a preguntarse por la idea normativa que cada uno tiene de convivencia democrática. No se nos escapa que para algunos la solución solo puede consistir en vivir en un Estado catalán segregado de España o, alternativamente, en un Estado español centralizado con una única lengua nacional. Cualquier acuerdo al que se llegue para ellos será transitorio, es decir, no será un verdadero acuerdo.

Por su parte, quien firma este escrito se hace la siguiente idea de un escenario ideal: uno en que España, en sus actuales fronteras, es preservada como un Estado democrático en el que sus ciudadanos gozan de una ciudadanía común que conjuga diversos niveles de pertenencia, capaz de expresarse en varias lenguas. En mi escenario el independentismo decrece no porque se le haya satisfecho alguna aspiración pendiente, sino porque las condiciones para ser español y catalán al mismo tiempo sin contradicción se viven como ya dadas y no se percibe ganancia alguna en la amputación de uno de los dos vectores de la identidad catalano-española. Aunque desde mi punto de vista ese escenario es muy parecido al que ya tenemos, es obvio que no todos lo ven así. Sucede, sin embargo, que demasiados actores de la política catalana parecen apostar como única solución por una escenario irreal que podemos llamar de independencia dentro de España. La idea de que, de alguna manera, se puede estar en España sin ser España. Es la recurrente cuadratura del círculo o pentagonización del hexágono de la que un sector del catalanismo quiere convencerse y convencernos al resto, prontamente identificada como quimérica y oximorónica por el republicano Alcalá Zamora, que agudamente reprochaba a Francesc Cambó querer ser al mismo tiempo Bismarck de España y Bolívar de Cataluña.

En su poema Melancolía del destierro, el poeta José Ángel Valente escribe:

Lo peor es creer 
que se tiene razón por haberla tenido 
o esperar que la historia devane los relojes 
y nos devuelva intactos 
al tiempo en que quisiéramos que todo comenzase. 


Cierto: Hubo un tiempo en que ser plenamente catalán en España suponía renuncias que injustas. El catalanismo esgrimió poderosas razones para reformar España. Y lo hizo: en 1978, a través de una Constitución en la que dos de sus siete ponentes eran catalanistas, España se reconcilió con su pluralidad interna. En este trabajo hemos apuntado algunos desarrollos posibles para mejorar aún más nuestro marco de convivencia. Pero no hay solución que no pase por el sincero deseo de que haya solución y deje de haber problema: levantarse un día y asumir que el encaje de Cataluña en España ya se ha producido y no es necesario seguir regañando. El poeta tenía razón: lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido. El catalanismo tuvo razón; ya no la tiene. No la tiene en su premisa mayor de maltrato o incomprensión, aunque sí la pueda tener (o no) en las esperables tensiones cotidianas entre niveles de gobierno que conoce todo Estado democrático compuesto, no solo el español, y que difícilmente justifican vivencias atormentadas o derivas rupturistas. Las estrategias de la transacción se han agotado. Son el yugo que, como diría Josep Pla, nos mantienen «como caballos viejos, dando vueltas a una noria chirriante». Para salir al trote por verdes praderas es necesario pensar de modo distinto. Reconocer que ya no quedan motivos por los cuales ser español y catalán no sean cosas perfectamente compatibles. Por desgracia, no me cabe duda de que nuestra clase política conoce un truco y solo un truco para gestionar el conflicto catalán: el viejo y gastado arreglo insincero entre elites. Seguiremos atados a la noria una temporada hasta que una nueva tormenta se desate.

  • NOTAS Y REFERENCIAS

    1 —

    El fallo contra la LOAPA, por cierto, está convenientemente ausente de muchos relatos manufacturados por la prensa y academia catalana. La omisión tiene su motivo: el hecho de que el TC se pusiera de parte de la comunidades autónomas y contra el gobierno central en esa importante sentencia arruina la narrativa de «una incomprensión por parte de las instituciones españolas» y de la voluntad del Estado de cercenar el autogobierno de las comunidades históricas. Dejando de lado los juicios de intenciones, lo que es cierto, lo que es verificablemente cierto, es que el autogobierno de las comunidades no ha hecho más que crecer en cuarenta años de Constitución democrática.

    2 —

    Hay competencias de las que Cataluña dispone y las demás no. Un caso que ha cobrado importancia en tiempos recientes es el de la gestión penitenciaria. Pero más importante es sin duda la existencia de una potente policía autonómica de carácter integral. Salvo el País Vasco, ninguna otra comunidad autónoma tiene un cuerpo de policía propio semejante. ¿No es eso prueba de asimetría?

    3 —

    Y temprana: véase esta noticia de El País firmada por Jose Antich el 28 de octubre de 1990. “El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales”. Con todo, la tarea de socialización promovida por TV3 y la expulsión de la lengua española o castellana como instrumento vehicular de la escuela resultan en todo caso más efectivas para aminorar el sentimiento de copertenencia a España que cualquier plan maestro desde las alturas.

    4 —

    Joseph Nye (2010). The powers to lead. Oxford University Press. Reprint Edition.

    5 —

    El de Escocia, debe considerarse, por lo demás, el único precedente válido: en Canadá las votaciones no fueron pactadas y Ottawa no se habría sentido vinculada por su resultado.  

    6 —

    Texto de la conferencia de Stéphane Dion en Barcelona por invitación de Federalistes d’Esquerres en marzo del 2014. Disponible en línea.

Juan Claudio de Ramón

Juan Claudio de Ramón

Juan Claudio de Ramón Jacob-Ernst es ensayista, escritor, diplomático y articulista político. Es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales por ICADE-Universidad Pontificia de Comillas y graduado en Filosofía por la UNED. Entre los años 2011 y 2015 fue consejero de la embajada española en Ottawa, Canadá y actualmente es el primer secretario de la embajada española en Roma, Italia. Sus ámbitos de interés son la historia de las ideas políticas, el federalismo y el nacionalismo. Escribe regularmente sobre actualidad política en El País y también sobre cuestiones culturales en revistas como The Objective o Letras Libres. Ha publicado varios libros, entre los cuales Canadiana: Viajes al país de las segundas oportunidades (2018), Diccionario de Lugares Comunes sobre Cataluña (2018) o la obra colectiva Anatomía del procés. Claves de la mayor crisis de la democracia española (2018).