La crisis secesionista [1]1 — Conforme a su significado y uso habitual en la literatura científica especializada, se utilizan aquí como intercambiables (y, por tanto, sin diferencias de denotación o connotación) los conceptos de independencia y secesión, así como sus derivados independentismo y secesionismo. También se usa soberanismo, con el matiz que incorpora el término, pues engloba también a los partidarios de la autodeterminación catalana sin romper necesariamente con el Estado español. de 2017, el proceso judicial a los líderes independentistas que le siguió y la compleja correlación de fuerzas políticas tanto en Catalunya como en el nivel central, han producido una situación de estancamiento o bloqueo de toda iniciativa para solucionar el conflicto territorial cuyos desarrollos se engloban bajo la etiqueta de procés y que tiene como dimensiones tanto la tensión interna a Catalunya como la que existe con el resto de España. Aunque las dos van muy entrelazadas, aquí se pretende incidir en la segunda y atender, por tanto, a las posiciones de los dos gobiernos (el central y el de la Generalitat) sin perder lógicamente de vista a las fuerzas de oposición y al sentir de la ciudadanía.

Como es sabido, desde mitad de 2018 existe un tenue hilo de diálogo entre ambos gobiernos, pero no está nada claro cuáles son los contenidos y las condiciones de avance que permita un acuerdo satisfactorio para ambas partes; y ello al margen de que las frágiles mayorías que sustentan a los ejecutivos en ambos niveles dificultan la capacidad de alcanzar pactos sólidos. Lo que sí parece claro en la nueva situación es que los parámetros habituales de la negociación y los instrumentos generales de consenso en el Estado autonómico parecen haber saltado por los aires. En el caso específico catalán, se ha complicado enormemente la confianza mutua entre los actores intergubernamentales al tiempo que se ha agrandado la distancia entre los actuales gobernantes (de Catalunya y del conjunto de España) y sectores muy importantes de sus respectivos cuerpos electorales. Ya no funciona la panoplia tradicional de respuestas disponibles en el modelo de organización territorial del Estado desde los años ochenta para gestionar conflictos y lograr cierta acomodación.

Las concesiones competenciales o sectoriales, las cesiones fiscales y, en fin, las negociaciones bilaterales en su esquema tradicional de peix al cove parecen no ser ya efectivas como remedio a la reivindicación de las fuerzas políticas independentistas catalanas). Al mismo tiempo, desde el centro (incluyendo el Gobierno y, desde luego, la oposición en el Congreso de los Diputados) tampoco parece haber ni apetito ni mucho margen de cesión de poder y recursos adicionales. Además, el contexto actual pone en cuestión la posibilidad o la utilidad de un acuerdo manufacturado entre élites (mal visto también por un extendido discurso democrático radical, tanto en el movimiento soberanista como en otros sectores de la izquierda española que aboga por la participación ciudadana en cualquier reforma). Los actores políticos, a veces implicados en una competición electoral caracterizada por las exigencias de la sobrepuja identitaria, antes en Catalunya y ahora también en el nivel nacional en el campo de la derecha, y la dependencia del actual Gobierno de diferentes partidos han hecho que el diálogo y la negociación política se vea impedida o contaminada por la polarización, y se complique más la posibilidad de pensar en pactos.

Hay un evidente riesgo de que el conflicto, una vez enfriado con respecto a sus peores momentos, entre en una fase de cronificación, intratabilidad o congelación si no surgen iniciativas o ideas que propicien acuerdos realistas y mínimamente satisfactorios

Todo ello conduce a un evidente riesgo de que el conflicto, una vez enfriado con respecto a sus peores momentos, entre en una fase de cronificación, intratabilidad o congelación si no surgen iniciativas o ideas que propicien acuerdos realistas y mínimamente satisfactorios. A pesar del relativo bloqueo o impasse en la arena política y parlamentaria, en el mundo académico y en la esfera pública española creemos que sigue prevaleciendo un difuso consenso a favor de la necesidad de emprender un diálogo que ayude a cambiar la agenda política y en su caso se plasme en reformas institucionales o incluso constitucionales. La opinión pública, tanto en Catalunya como en el resto de España, parece también apoyar mayoritariamente el dialogo y ciertas reformas. Además, abordar el modelo territorial se entiende también como una oportunidad para repensar el papel general del Estado en el siglo XXI, teniendo en cuenta otros retos estructurales (globalización, europeización, desafío climático, desigualdad, etc.) y sus plasmaciones coyunturales, siendo la última de ellas la crisis del coronavirus. La conveniencia de romper el actual impasse y evitar que el problema devenga intratable es la motivación principal que anima esta iniciativa de deliberación pública coral que presentamos aquí. Con moderado optimismo aunque con un sano escepticismo a la vez. Recordando un comentario del primer ministro belga Wilfried Martens sobre la reforma de la constitución belga en los años ochenta, somos conscientes de que la reforma del sistema autonómico es “posiblemente necesaria pero no necesariamente posible”.

Por supuesto este ejercicio hecho desde una perspectiva general española y reflexionando sobre el problema actual de Catalunya y su encaje en España se hace desde unos presupuestos normativos que probablemente algunos en Catalunya o en el resto de España cuestionarán, y que deben reconocerse abiertamente desde el principio. En primer lugar, partimos de la base que el secesionismo en democracias avanzadas significa un fracaso social, es divisivo y debe ser respondido de alguna forma. Creemos que los Estados actuales deberían ser capaces de acomodar diferentes identidades y proyectos nacionales con dignidad y hospitalidad (Alain Gagnon). Para ello no debemos ni podemos ignorar como país algunas de las reivindicaciones de los nacionalismos minoritarios en el nuestro y, tanto por razones democráticas como pragmáticas, debemos hacer algo. Eso no significa por supuesto que todas las reivindicaciones de los nacionalismos minoritarios sean legítimas o atendibles. Eso es lo que debe decidirse entre todos.

Aunque lo que sabemos sobre la naturaleza y evolución de los secesionismos en democracias avanzadas no es mucho, por la escasez de casos y su relativa novedad, si podemos asumir, como presupuesto de este ejercicio, que las demandas de secesión y la movilización y el conflicto pueden mitigarse mediante actuaciones políticas (políticas públicas, reformas constitucionales, medidas simbólicas y comunicativas) si bien existen circunstancias temporales más propicias que hacen más o menos probable este efecto atenuante. Los gobiernos y parlamentos centrales pueden, por tanto, influir en el secesionismo mediante medidas legales, presupuestarias e institucionales. Sabemos también que los partidos políticos pueden configurar vigorosamente las actitudes y percepciones de sus votantes sobre los agravios, sobre los costes y beneficios de la secesión y sobre la necesidad de la negociación política entre partidos independentistas o de ámbito nacional. Asimismo, podemos asumir que en algunos casos las intenciones y los resultados de estas actuaciones no siempre coincidirán y las políticas producirán a veces efectos o reacciones no deseados. Por último, este ejercicio parte obviamente del supuesto, quizá descabellado, de que la conversación pública sobre el tema es útil y que alguien en los gobiernos y los partidos estará escuchándola.

Dicho esto sobre el contexto y espíritu que anima esta iniciativa, estas páginas intentan presentar, esbozando de forma breve, los temas que subyacen a las distintas reflexiones que irán apareciendo en esta revista por parte de autores de enfoques intelectuales y posturas ideológicas diversas sobre el conflicto catalán. A continuación nos referimos a la cuestión del diagnóstico, y presentamos una modesta propuesta para comprender mejor visiones presentes actualmente, las herramientas disponibles para su solución y las posibles dimensiones a tener en cuenta por los distintos autores para abordar el problema.

Diagnosticar el problema de forma realista y empática

Para tratar de proponer soluciones al conflicto actual debemos, en primer lugar, ser capaces de comprender el fenómeno del independentismo y su extensión y bases sociales ¿Cuál es la particularidad del secesionismo frente al nacionalismo, son cualitativamente diferentes y por lo tanto requieren un tratamiento diferente o ninguno? ¿Es sólo una postura de negociación? ¿Es el secesionismo “acomodable”? ¿Es un conflicto intratable cuando alcanza un cierto umbral? ¿Cuál es su especificidad en las democracias avanzadas plurales (o, por decirlo en términos de Juan Linz, multinacionales) como España y qué significa el secesionismo en ellas, en las que la violencia no es legítima por parte de nadie, en las que no hay posibilidad de asimilación de identidades tan firmemente asentadas (como la catalana en el conjunto de España o, lógicamente también, la española en Catalunya), y en las que las decisiones se toman, y los problemas se resuelven, mediante la política electoral y la políticas institucionales decididas por las mayorías parlamentarias?

La peculiaridad del secesionismo como fenómeno político de masas, sus causas específicas de corto y largo plazo y el tipo de conflicto identitario dentro y fuera del territorio tienen implicaciones decisivas

En segundo lugar, como parte de la búsqueda de soluciones y la identificación de los obstáculos para la resolución del conflicto debemos también aspirar a determinar las causas a largo plazo y los factores desencadenantes de la movilización independentista y el conflicto. Aquí el debate público y académico también ha sido considerable. ¿Es el secesionismo un fenómeno provocado por las élites o un fenómeno de masas? ¿Cuáles son los verdaderos motivos de sus líderes o sus votantes? ¿Son sinceros o estratégicos? ¿Tienen un origen interno en la sociedad y el proceso político de la región en cuestión o dependen de la acción de los gobiernos centrales y otros factores externos? ¿Cuál es el papel del agravio frente a otras motivaciones (intereses, cálculos, emociones como miedo o aprensión, autoestima, ambiciones o aspiraciones de las elites o de las masas)? ¿Cuál es el papel de los agravios percibidos frente a los agravios objetivos? ¿Cuál es la consecuencia de que el movimiento independentista esté más o menos fragmentado en sus reivindicaciones y radicalidad y por consiguiente en las posibilidades de acomodación?

En tercer lugar, como parte del diagnóstico debemos tratar de entender el tipo de independentismo en el contexto de otros casos internacionales con conflictos similares. ¿Es el secesionismo fuera de España muy diferente al nuestro? ¿Existe en Escocia, Quebec, Flandes o Irlanda de Norte, por poner algunos ejemplos, un conflicto identitario interno en el propio territorio que aspira a independizarse (como pasa en el caso de Catalunya)? ¿Qué efecto tiene la autodefinición del país entero en la viabilidad de la secesión de una parte?

Estos tres puntos del diagnóstico, la peculiaridad del secesionismo como fenómeno político de masas, sus causas específicas de corto y largo plazo y el tipo de conflicto identitario dentro y fuera del territorio tiene, creemos, implicaciones decisivas para adaptar las prescripciones de política pública que se hagan: Así, por ejemplo, si llegamos a la conclusión de que el gobierno central ha actuado de hecho en detrimento de cierto territorio, las políticas propuestas para actuar en la mitigación del secesionismo serán muy diferentes que si lo consideramos una confabulación de elites que han usado la movilización identitaria para mantenerse en el poder. Si consideramos que el agravio percibido importa más que el agravio objetivo, deberemos trabajar sobre las percepciones y las campañas políticas más que sobre las supuestas injusticias o desigualdades reales. Si hay una movilización popular basada en agravios históricos o actuales, serían apropiadas políticas simbólicas de reconciliación, teniendo en cuenta las posibilidades de agravio de otras poblaciones. Si los líderes secesionistas son sinceros en sus reivindicaciones y no son estratégicos, algunas respuestas como las concesiones competenciales o el apaciguamiento fiscal no serían convenientes para mitigar el secesionismo e incluso podrían alimentarlo. Si el movimiento secesionista está fragmentado, las respuestas del centro deben ser diferentes y pueden ser menos eficaces o viables para dar satisfacción a todo el movimiento, etc.

Las herramientas disponibles y las diferentes visiones del problema

A pesar del bloqueo de reformas gubernamentales, no podemos decir que no haya habido debate en España sobre el conflicto catalán, a veces con el foco puesto en la reforma general del modelo autonómico, y otras veces con el foco exclusivo en el problema independentista. En los últimos años, el debate público mediático y académico ha traído a la palestra numerosas discusiones sobre propuestas de reforma tradicionales y en otras ocasiones algunas otras más innovadoras. Así, por ejemplo, se ha dado una discusión sobre la posibilidad de celebrar referendos consultivos sobre la independencia bajo el marco constitucional actual y sobre si y cómo constitucionalizar la posible consulta de la población catalana. También se ha debatido sobre si para ello se requeriría una reforma constitucional reforzada o simple o tan solo el cambio de algunas normas orgánicas.

En este sentido, también ha habido algunas propuestas para regular la secesión en la Constitución española, principalmente diseñadas para prevenirla, en una especie de versión española de la Ley de Claridad canadiense. Se han propuesto reformas simultáneas del Estatuto de autonomía de Catalunya y de la Constitución Española, para incorporar algunas medidas asimétricas para satisfacer las reivindicaciones del nacionalismo catalán u otras medidas más innovadoras como una reforma constitucional exprés que incluyera una disposición constitucional adicional para afianzar el reconocimiento de un estatuto distintivo y una identidad específica de Catalunya que, a su vez, abriría la puerta a algún tratamiento especial y a otras medidas estatutarias sobre financiación y facultades materiales. O, basándose en otros países como Canadá, se ha propuesto algún tipo de declaración o moción simbólica del parlamento central de reconocimiento de las naciones internas dentro de la unidad de la nación española, o la reubicación de varias instituciones constitucionales del Estado en diferentes lugares del país, como el Senado en Barcelona.

Por diferentes razones, que no nos impiden su planteamiento aquí, otras soluciones en discusión en algunos círculos han encontrado menos difusión o mayor rechazo bien en Catalunya o en el resto de España en el establishment político y jurídico a pesar de ser usuales en otras democracias nacionalmente plurales. Así, la participación reforzada en las instituciones centrales por parte de las nacionalidades, incluso con ciertos derechos de veto; la introducción en la Constitución y en la interpretación jurídica del Tribunal Constitucional de las nociones de cosoberanía o plurinacionalidad frente a la noción de una soberanía indivisible que descansa en el pueblo español en general; la formalización del llamado derecho a decidir o a separarse o, en el nivel autonómico, un reparto del poder (actualmente sesgado hacia el nacionalismo por diversos mecanismos que van desde la ley electoral hasta la estructura social) e incluso la introducción de mecanismos consociativos de gobierno, formales o informales, entre las dos comunidades lingüísticas.

Tres visiones o paradigmas de reforma frente al conflicto en la discusión en el ámbito español

Simplificando un poco, podría decirse que actualmente en España existen básicamente tres tipos de propuestas de reforma (o no reforma) del Estado autonómico y abordaje del problema del conflicto catalán [2]2 — No incluimos en este elenco ni a quienes proponen como solución acabar con el Estado autonómico recentralizando el poder de modo que se altere el modelo territorial iniciado en 1978 ni a los independentistas mismos. . Estas posiciones parecen basarse en diferentes visiones de la comunidad política española y en diferentes diagnósticos del problema de la existencia de nacionalismos minoritarios y su posible integración o acomodo, así como en visiones diferentes sobre la oportunidad y las posibilidades de varias soluciones de diseño institucional y salida pactada del problema (por ejemplo la actitud de contentamiento frente a la de contención del nacionalismo). Asimismo, muestran diferentes grados de optimismo sobre la viabilidad de la reforma en una línea de más asimetría o reconocimiento, basados en diferentes supuestos sobre el probable comportamiento de los líderes independentistas y los probables efectos políticos de las reformas o sus requisitos procedimentales. A todas estas visiones subyacen, por tanto, diferentes supuestos normativos sobre la justicia y legitimidad de diferentes cursos de acción y diferentes supuestos empíricos sobre su eficacia y viabilidad política que conviene identificar si queremos avanzar en la deliberación pública sobre el conflicto.

La visión del llamado federalismo plurinacional

Un primer enfoque propone una reforma de la Constitución para acomodar las demandas nacionalistas catalanas (y vascas) y resolver el problema secular de la integración en el Estado español, ofreciendo concesiones para convencer a los independentistas de que se queden, a través de un modelo más asimétrico, según varias versiones un federalismo etnoterritorial o cuasi-confederalista, a veces llamado plurinacional, por lo general defendido por intelectuales de la izquierda en Catalunya y algunas otras CCAA. Se propone, por ejemplo, restaurar en la práctica la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones y desarrollarlo en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía o por medio de disposiciones adicionales. También se sugiere el reconocimiento simbólico de las naciones y el multilingüismo en las instituciones centrales del Estado. Asimismo, se propone un nuevo pacto fiscal con Catalunya, parecido al concierto vasco, que conduzca a menores obligaciones de solidaridad y menos redistribución. Por último, en muchas versiones de esta propuesta se incluye el referéndum de autodeterminación trayendo usualmente a colación el ejemplo canadiense o británico, a pesar de su singularidad.

Este enfoque suele típicamente asumir que los líderes y la parte de la población independentista lo son, en gran medida, por estrategia y que si se les ofreciera una oferta de concesiones fiscales, reconocimiento nacional o tratamiento especial, con garantías de competencias exclusivas en la mayor parte de las materias –especialmente en las áreas relativas a la identidad como lengua y educación–, y/o la inclusión de un derecho de secesión en la Constitución, podrían estar satisfechos y aceptar su permanencia en el Estado por algunos años.

Las principales objeciones que se han hecho a este enfoque y las propuestas de reforma institucional derivadas de él han consistido en señalar que representa un riesgo claro de “pendiente resbaladiza” hacia la independencia, o en sugerir que la gran mayoría de los secesionistas no son por definición persuadibles con concesiones, además de recordar la alta probabilidad que se daría de que estas medidas provocaran bien la oposición o bien los intentos o reacciones de emulación por el resto de las CCAA, dando lugar asimismo a reiterados intentos de referendos secesionistas si alguno de ellos fracasara (el llamado en inglés neverendum). Este tipo de reformas no contarían con los catalanes no soberanistas, la oposición dentro de Catalunya y se basarían en una concepción de la sociedad catalana que no es real y trata de promover una homogeneidad étnico-lingüística, por ejemplo mediante su propuesta de blindaje de las competencias en lenguas, las políticas culturales y de educación. Por último, algunos han observado la dificultad práctica de implantar este tipo de reformas, que tienen partidarios principalmente, o sólo, en las comunidades con movimientos nacionalistas.

La visión federal cooperativa con asimetrías

Un segundo enfoque sobre las reformas defiende una reforma de la Constitución que racionalice y mejore el funcionamiento de la democracia española y el modelo territorial en general. La idea es que las reformas aborden no todas las demandas nacionalistas, sino principalmente los problemas que han llevado al aumento de las actitudes independentistas entre la población y que eso resolvería los problemas generales del sistema, y al mismo tiempo ayudaría a convencer a la mayoría de los ahora independentistas de la necesidad de dejar de apoyar la separación, ofreciéndoles un mejor país y atrayendo a la mayoría de los votantes que, como muestra la demoscopia, apoyan una tercera vía y quieren más autonomía pero no la secesión. Por ello, la cuestión aquí sería satisfacer no a los independentistas ideológicos o convencidos, alrededor de un tercio de la población catalana actualmente –ya que no van a estar satisfechos con una reforma constitucional en ningún caso– sino persuadir a los estratégicos o pragmáticos que ahora abogan por la separación como modo de mejorar la posición o el estatus de Catalunya –actualmente, calculamos, en torno al 10-15%–. Esto haría con el tiempo que los partidarios de la separación se convencieran de que no son mayoría, lo que terminaría por llevar a los partidos secesionistas a una moderación de sus demandas.

Este enfoque de reforma, basado habitualmente en otros modelos federales como Alemania, Canadá o Suiza, propone, por ejemplo, clarificar la distribución de competencias, detallando en la Constitución las competencias exclusivas del nivel central y dejando en los estatutos de autonomía el resto de las competencias, manteniendo o no el artículo 150.2, que prevé la ocasional delegación de las competencias centrales; asimismo, también propone el reconocimiento y la consagración constitucional y simbólica de los hechos diferenciales y las asimetrías, la reforma del Senado en la línea del Bundesrat alemán para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial, un nuevo modelo de financiación que constitucionalice los principios que sustentan el federalismo fiscal; la constitucionalización del principio de la participación de las CCAA en las políticas del gobierno central, y la incorporación de otros principios e instrumentos federales de lealtad y cooperación, etc.

La idea es que las reformas aborden no todas las demandas nacionalistas, sino principalmente los problemas que han llevado al aumento de las actitudes independentistas

Estas propuestas también han sido criticadas, sin embargo, por nacionalistas catalanes y otros observadores, por no abordar el problema de la plurinacionalidad y por presentar problemas de viabilidad y legitimidad, especialmente en el caso de que los partidos nacionalistas se negaran a aprobar o apoyar estas reformas de la Constitución. Para otros expertos, por otra parte, la creciente proporción de encuestados que declaran una identidad exclusivamente catalana, la importancia de la identidad catalana como factor relacionado con las preferencias por la independencia, y los fuertes efectos de esta identidad y preferencias sobre el comportamiento electoral sugieren que los esfuerzos del gobierno central para abordar el descontento catalán y mitigar las demandas de independencia deberían centrarse más bien en el reconocimiento y el estatus que en la transferencia de competencias o concesiones fiscales, ya que algunos estudios sugieren que hay pocas medidas de tipo económico, como un mayor control autonómico sobre los ingresos fiscales, que el gobierno central pueda adoptar a corto plazo para reducir el apoyo a la independencia en Catalunya.

La visión de “esperar y ver” y la defensa del statu quo

La tercera visión, que exige aquí menos explicación por razones obvias, es la que defiende que lo más prudente es no acometer procesos de reforma, al menos en el corto plazo. La premisa es que los líderes soberanistas catalanes no quieren negociar y no merecen concesiones, pues serían una suerte de recompensa a su deslealtad. Recuerdan asimismo que cualquier reforma de calado y de acomodación de las demandas independentistas solo puede hacerse con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios españoles y nunca en contra de ellos. Por otro lado, sostienen que la opinión pública está demasiado dividida para hacer nada, y suponen que el paso del tiempo irá mitigando el secesionismo. Es decir, ni se debe ni se puede reformar nada y, si se hace, las reformas o bien no tendrán efectos, o bien los tendrán negativos. Las objeciones a este último enfoque, aparte de una mucha mayor dosis de las que se hacen desde el nacionalismo catalán al federalismo cooperativo con ciertas asimetrías (siendo un paradigma más reformista que éste), es que corre el riesgo de pudrir el problema y crear desafección permanente. Además, solo se mitigaría el secesionismo a muy largo plazo, cuando más bien se puede dar el caso de que cambios demográficos lentos lo hagan incluso aumentar con el tiempo.

Ordenar la discusión sobre el conflicto catalán: tres dimensiones y diferentes enfoques

En la deseable evaluación de la validez o bondad de estas tres visiones y los posibles acuerdos políticos que en su caso se derivaran de ellas o su combinación pragmática, y que se traducirían en políticas o reformas institucionales creemos que subyacen tres dimensiones que debemos distinguir y hacer explícitas en cualquier deliberación pública que aspire a gestionar el conflicto de forma útil y constructiva. Estas dimensiones son: legitimidad, eficacia, y viabilidad.

Subyacen tres dimensiones que debemos distinguir en cualquier deliberación pública que aspire a gestionar el conflicto de forma útil y constructiva: legitimidad, eficacia, y viabilidad
  • La legitimidad democrática y justicia de las posibles respuestas, definidas en términos de valores como la no-dominación, la solidaridad, la equidad, el respeto de las minorías y las mayorías, etc.
  • La eficacia integradora y de los posibles procedimientos, que se refiere a la eficacia de diferentes instrumentos de política o estrategias institucionales para generar acuerdo o consenso y así atenuar el sentimiento y las demandas secesionistas sin generar agravios en la mayoría no secesionista.
  • La viabilidad política, definida como las probabilidades y perspectivas de adopción y ratificación de ciertas decisiones de cambio o reformas constitucionales o institucionales pensadas para acomodar alguna de las demandas del secesionismo en diferentes circunstancias sociopolíticas, capaz de superar los puntos y actores con veto existentes en el sistema.

Si bien somos conscientes de la dificultades para encontrar soluciones óptimas acordadas entre partidos o entre gobiernos que maximicen al mismo tiempo los valores de legitimidad democrática, eficacia integradora y viabilidad política, creemos que es posible valorar diferentes propuestas existentes y las que se propongan a través de estos criterios. Para evaluar estos valores necesitamos una expertise que no tiene todo el mundo y que se encuentra en diferentes enfoques intelectuales y profesionales frente a los problemas políticos. El máximo aprovechamiento de estos diferentes tipos de conocimiento es lo que se persigue con la selección de expertos de toda España en el debate.

Una propuesta de debate público en el conjunto de España

Nuestra propuesta incluye a filósofos políticos, politólogos, juristas constitucionales, y políticos en ejercicio o analistas políticos de toda España y de varias orientaciones ideológicas a los que se les pide responder a una serie de preguntas adaptadas a cada uno de los ámbitos identificados más arriba. Sin espacio para desarrollarlas todas aquí, algunos ejemplos de los temas y autores que han accedido amablemente a participar en este ejercicio de debate son:

  • Cuestiones de diagnóstico del problema del secesionismo y el conflicto catalán, de las que se ocuparán politólogos y políticos como Ignacio Molina, Juan Rodríguez-Teruel, y Jose Mª Lasalle.
  • Cuestiones de legitimidad democrática y justicia de las posibles respuestas, de las que se encargarán renombrados filósofos y teóricos políticos como Daniel Innerarity, Ramón Máiz, Manuel Arias Maldonado, e Ignacio Sánchez-Cuenca.
  • Cuestiones de eficacia integradora y de posibles procedimientos para la reforma o tratamiento del conflicto, que tratarán politólogos y juristas como Eliseo Aja, César Colino y Angus Hombrado, Josep Mª Castellà y Nuria González Campañá y Lucia Payero.
  • Cuestiones de viabilidad política, de las que tratarán responsables políticos en activo y/o analistas políticos como Javier Zarzalejos, Aurora Nacarino y Juan Claudio de Ramón, Rocío Martinez-Sampere y José Fernández-Albertos.
  • NOTES

    1 —

    Conforme a su significado y uso habitual en la literatura científica especializada, se utilizan aquí como intercambiables (y, por tanto, sin diferencias de denotación o connotación) los conceptos de independencia y secesión, así como sus derivados independentismo y secesionismo. También se usa soberanismo, con el matiz que incorpora el término, pues engloba también a los partidarios de la autodeterminación catalana sin romper necesariamente con el Estado español.

    2 —

    No incluimos en este elenco ni a quienes proponen como solución acabar con el Estado autonómico recentralizando el poder de modo que se altere el modelo territorial iniciado en 1978 ni a los independentistas mismos.

César Colino

César Colino

César Colino es politólogo y profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED). Actualmente también es co-editor de la Revista Española de Ciencia Política, editor de Agenda Pública y miembro del consejo editorial de otras revistas internacionales. Ha sido integrante del Board Research Commitee on Comparative Federalism and Multilevel Governance (RC28) de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Sus publicaciones giran alrededor de las políticas públicas y las administraciones comparadas; las políticas de medio ambiente y de bienestar; la europeización de los sistemas nacionales y los gobiernos regionales; la democracia y la participación ciudadana de ámbito local, el federalismo comparado, especialmente la gestión de la diversidad, las relaciones intergubernamentales, los legados históricos, la reforma constitucional de las federaciones, el federalismo fiscal y los efectos de la crisis actual en los sistemas federales, especialmente en los casos español, alemán y canadiense. Ha sido investigador invitado en numerosas universidades de Alemania, Francia y Reino Unido.


Ignacio Molina

Ignacio Molina

Ignacio Molina es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Ciencia Política por esta misma universidad, ha sido investigador visitante en el Trinity College de Dublín, en Harvard y en Oxford. Ha impartido seminarios o clases de posgrado en más de 30 centros académicos o institutos de análisis y ha participado en una veintena de proyectos de investigación nacionales o internacionales. Como experto y consultor, ha colaborado con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el INAP o la Fundación Bertelsmann. Sus áreas de interés son el estudio de la política exterior y europea de España, el futuro de la Unión Europea, la europeización del sistema político español, el análisis de la capacidad institucional del Estado y la calidad de gobierno en España. Tiene varias decenas de publicaciones incluyendo libros, capítulos y artículos en revistas especializadas.